Disparos contra la reforma agraria en Venezuela

Por Andres Canizalez

Caracas, Venezuela, 26 ene (IPS)— El asesinato de un partidario de la reforma agraria que impulsa en Venezuela el presidente Hugo Chávez y el atentado contra otro, que resultó herido, sembraron agitación al cumplirse un mes de la entrada en vigor de una polémica ley de Tierras.

En acciones separadas por centenares de kilómetros, pero con poca diferencia de tiempo, hombres armados dispararon en la noche del 10 de enero contra los dirigentes agrarios Alberto Mora, que falleció de inmediato, y José Huerta, quien fue gravemente herido.

Huerta y Mora se desempeñaban al sur del lago de Maracaibo, una importante zona agrícola del occidente de Venezuela donde hacendados y ganaderos rechazan la ley de Tierras promulgada por Chávez y la concesión a campesinos de títulos de propiedad de predios.

El asesinato de Mora, dirigente una organización campesina en el estado de Mérida, y el frustrado intento contra Huerta, comunista y ex director regional en el occidental estado de Zulia del Instituto Agrario Nacional, causaron conmoción en el medio rural.

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), William Lara, dijo a IPS que estos hechos “buscan crear desestabilización” en perjuicio del gobierno. El Poder Legislativo se dispone a investigar la situación, agregó.

“La violencia ha sido una salida marginal” a los conflictos existentes en diversas materias, “y debemos seguir luchando por que eso sea así, que las diferencias no se resuelvan a través de salidas violentas”, sostuvo Lara, perteneciente al Movimiento V República, de Chávez.

Lara indicó que una de las posibilidades para evitar la generalización de la violencia en el sur del lago de Maracaibo sería la extensión de los llamados teatros de operaciones, unidades militares instauradas en el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) en la frontera de Colombia para detener incursiones guerrilleras.

“La gente ve con buenos ojos a los militares”, comentó el legislador.

Estos atentados coincidieron con el agitado debate que rodea a la ley de Tierras aprobada por Chávez. Organizaciones campesinas aseguran que desde 1999 murieron cada año, en promedio, 12 campesinos o líderes agrarios en situaciones relacionadas con la lucha por el derecho a la tierra.

Huerta, quien sobrevivió después de recibir cuatro disparos, es secretario agrario del Partido Comunista de Venezuela. Por su parte, Mora, que recibió 10 balazos, integraba el izquierdista Patria Para Todos, que apoya a Chávez.

“Todo lo que ha rodeado estos asesinatos, porque ya son varios, indica que podría tratarse de sicarios pagados por algunos interesados en acallar y amedrentar las luchas agrarias en Venezuela”, expresó el presidente Chávez.

El mandatario enarbola desde el año pasado la reforma agraria como bandera principal de su “revolución social bolivariana”, y recibió poderes especiales para aprobar por vía ejecutiva cuatro docenas de leyes, incluida la de Tierras, promulgada el 12 de noviembre y en vigencia desde el 10 de diciembre.

En esa fecha, la principal agrupación empresarial del país, Fedecámaras, realizó una paralización general de actividades en el país para protestar por la forma “inconsulta y atropellada”, en que se aprobaron las leyes.

Hacendados y ganaderos afirman que la nueva ley no da garantías plenas al derecho de propiedad, pues no están claramente establecidas las indemnizaciones en caso de expropiación, y porque le da al Estado potestades para fijar cultivos prioritarios, en aras de la seguridad alimentaria.

Mientras, el Poder Ejecutivo se niega a discutir enmiendas con los sectores interesados.

En 40 años de vigencia de la primera ley de reforma agraria, promulgada en 1961, se repartieron 11,5 millones de hectáreas, informó a IPS el no gubernamental Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea).

Los grandes propietarios, con haciendas de hasta 1.000 hectáreas, pasaron en ese mismo periodo de poseer 23 por ciento de la tierra explotada del país al 42 por ciento del total.

Mientras, la superficie explotada por los pequeños y medianos productores, con hasta 50 hectáreas, aumentó apenas de 4,9 a 5,9 por ciento del total en esos cuatro decenios.

“El proceso de reforma agraria implementado a partir de 1961 transfirió enormes cantidades de tierra” a quienes no preveía beneficiar, precisó la ONG.

Por otra parte, los ataques del 10 de enero dieron origen a llamados a un entendimiento en las zonas rurales.

Huerta comentó que resolvió por la vía del diálogo 12 de los 15 casos de disputa de propiedad de la tierra que debió afrontar cuando fue director en Zulia del Instituto Agrario Nacional, a cargo de la reforma agraria.

“Creo en la capacidad de reflexión de la gente, soy militante del diálogo y conversaba mucho con los afectados y siempre busqué la manera de llegar a acuerdos amistosos”, comentó.

En relación con la responsabilidad sobre estos hechos, Huerta indicó que no tenía duda de que quienes le dispararon eran “sicarios”. Según su testimonio, en ningún momento intentaron robarle ni le dirigieron la palabra, sino que, directamente, le dispararon.

El defensor del Pueblo en la región, Antonio Urribarrí, manifestó su temor a que los ganaderos recurran a la violencia con grupos armados privados, “lo cual nos llevaría a una guerra civil, como en Colombia”.

Urribarrí expuso sus sospechas de que los atacantes eran contratados.

En tanto, el ministro de Agricultura y Tierras, Efrén Andrade, dijo que el gobierno tiene como prioridad la reforma agraria. Pero “absolutamente no queremos que sea una guerra”, aseguró.

Iglesia frena Convencion sobre la mujer en Chile

Por Gustavo Gonzalez

Santiago, Chile, 27 ene (IPS)— La Iglesia católica logró en Chile una “victoria valórica” al bloquear, por lo menos hasta marzo, la ratificación en el Senado del protocolo facultativo de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer.

El ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, confirmó el martes pasado que el presidente Ricardo Lagos retiró de la cámara alta el protocolo, duramente cuestionado hace dos semanas por el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.

El gobierno de Lagos optó por el retiro ante el inminente rechazo del texto en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aunque la explicación oficial de Muñoz fue que se buscará “una discusión más prolongada y profunda” a partir de marzo, cuando sea presentado otra vez.

La jerarquía católica, encabezada por el cardenal Errázuriz, sostuvo que el protocolo facultativo de la convención podría dar pie para que en Chile se legalice el aborto, por la vía de la interpretación de sus disposiciones.

La Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue promulgada como ley en Chile en 1989, en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990).

El posterior protocolo facultativo, con que se busca cubrir falencias operativas de la Convención, fue suscrito en 1999 por el entonces presidente demócrata cristiano Eduardo Frei.

Chile fue el primer país miembro de la ONU en firmar el protocolo, cuya ratificación legislativa dio su primer paso en la Cámara de Diputados en agosto de 2000, cuando Lagos ya había asumido el gobierno.

El mandatario, con el fin de completar la ratificación, incluyó el respectivo proyecto de ley en la convocatoria de la legislatura extraordinaria, que el Senado debe despachar en enero.

Tras el retiro del protocolo, corresponde ahora que sea sometido al Senado el 11 de marzo, cuando se inicia la llamada legislatura ordinaria con la instalación de un nuevo parlamento.

El 16 de diciembre se realizaron los comicios para renovar los 120 escaños de la Cámara de Diputados y 18 de los 38 cargos del Senado de elección popular.

El gobierno espera que con los nuevos senadores se produzca un cierto giro hacia el progresismo en esa cámara, que permitiría la ratificación del controvertido protocolo.

La decisión de Lagos de posponer la votación fue criticada por el senador derechista Sergio Romero, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, quien dijo que “el gobierno está más preocupado por evitar una votación contraria que por resolver un tema de fondo”.

En cambio, los senadores Gabriel Valdés, de la Democracia Cristiana, y Carlos Ominami, socialista, ambos de la coalición gobernante, calificaron de razonable la estrategia del gobierno, que arriesgaba una derrota si insistía en la aprobación inmediata del protocolo.

Valdés era partidario de ratificar el protocolo con reservas, para impedir que el país cediera eventualmente su soberanía ante el comité de 23 expertos que supervigila su cumplimiento en cada país.

Las facultades del comité fueron el aspecto mas polémico de la presentación del cardenal Errázuriz, quien fue escuchado en una sesión especial de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

En rigor, el protocolo no menciona los conceptos de “género” y “derechos reproductivos”, que han sido permanentemente objetados por el Vaticano y organizaciones conservadoras que se proclaman antiabortistas.

Errázuriz y otros prelados sostuvieron que el protocolo abre, sin embargo, una vía para legalizar el aborto al señalar la obligación de los Estados de proporcionar a la mujer los medios para el cuidado de su salud, incluyendo la planificación familiar.

Con esos preceptos, si una mujer estima que la práctica de un aborto terapéutico es necesaria para la preservación de su salud, podría invocar el protocolo y es probable que el comité le dé la razón, argumentó la Iglesia Católica.

La dictadura de Pinochet proscribió el aborto terapéutico en 1988, con lo cual provocó un aumento de esas prácticas clandestinas, que ascienden entre 150.000 y 200.000 al año, según sostienen organizaciones femeninas.

Las aprensiones de los grupos conservadores y de la jerarquía católica contra el comité hacen pie en el informe que sus expertos emitieron sobre Chile en 1999.

En ese estudio se “recomienda al gobierno (chileno) que promueva el cambio de aptitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto”.

Otra recomendación al gobierno fue que “apoye enérgicamente leyes que autoricen el divorcio” y que modifique la legislación vigente “con el objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, incluida la salud mental”.

El obispo Javier Prado, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, opinó que las recomendaciones del comité constituyen una forma de colonialismo cultural, a partir de “una única visión limitada, reductiva, sobre la familia y la dignidad y los derechos de la mujer”.

Jorge Carvajal, líder de la masonería chilena, sostuvo que la Iglesia Católica intenta imponer sus particulares concepciones a creyentes y no creyentes y sostuvo que “los peores colonialismos son los religiosos e ideológicos, que se arrogan de modo paternalista la custodia moral de toda la sociedad y, en particular, de la familia”.

Enrique Palet, portavoz de la Conferencia Episcopal, declinó calificar como un triunfo de Errázuriz el retiro del protocolo del Senado.

“El cardenal no está en una batalla con victorias y derrotas para nadie”, dijo Palet, quien consideró la decisión de Lagos como prudente, ya que “busca conciliar los compromisos internacionales de Chile con el respeto por la cultura y los valores del pueblo chileno”.

Ximena Zabala, directora del Instituto de la Mujer, se declaró contraria “a los poderes fácticos que todavía intervienen en democracia” y opinó que la Iglesia Católica “tiene un peso desmesurado en este debate”.