Estados Unidos: frenesi belico

By Jim Lobe

Washington, DC, 1 mar (IPS)-- El gobierno de Estados Unidos se embarca a ritmo vertiginoso, pero con escaso conocimiento del terreno, en operaciones militares para resolver complicados conflictos internacionales.

Algunos legisladores del opositor Partido Demócrata, por lo general respetuosos de la política del gobierno, comenzaron a hacerse preguntas. “Creo que hay una expansión sin una dirección clara”, dijo con delicadeza el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Tom Daschle.

“Si queremos matar a cada uno de los terroristas del mundo, estaremos ocupados hasta el día del juicio final”, advirtió el miércoles con más crudeza el senador demócrata Robert Byrd, durante una presentación del subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, ante el Congreso.

“¿Hasta cuándo podremos soportar semejante presión en nuestro Tesoro?”, se preguntó Byrd, en referencia al incremento de 48.000 millones de dólares al presupuesto militar del año próximo, impulsado por el presidente George W. Bush.

El Departamento (ministerio) de Defensa confirmó el jueves que enviará entre 100 y 200 asesores militares a la república ex soviética de Georgia, y varios cientos más a Yemen, para entrenar a los ejércitos de esos países en el combate a movimientos considerados “terroristas”.

Una semana antes, 10 soldados estadounidenses murieron en un accidente de helicóptero en el sur de Filipinas después de haber transportado el primer contingente de 150 efectivos de las fuerzas de pperaciones especiales para asesorar al ejército filipino en la represión del movimiento insurgente musulmán Abú Sayyaf.

Poco antes, el principal enviado de Washington a Afganistán anunció que una parte de los 4.000 soldados y asesores desplegados en ese país serán enviados a las zonas donde son más graves los combates entre señores de la guerra.

Hasta ahora, los soldados estadounidenses en Afganistán buscaban capturar a los militantes de la red al-Qaida, de Osama bin Laden, acusado por Estados Unidos de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y del derrocado movimiento Talibán.

El miércoles, un importante contingente de asesores llegó a Kabul para iniciar un programa de entrenamiento de dos años destinado a conformar, capacitar y equipar un ejército afgano multiétnico de 30.000 efectivos.

La Casa Blanca también reiteró su pedido al Congreso de 98 millones de dólares para entrenar y abastecer tropas colombianas para proteger un oleoducto de 800 kilómetros propiedad de la compañía estadounidense Occidental Petroleum, ante al fin del proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia.

Washington, que ya envió 250 efectivos a Colombia, prometió al presidente Andrés Pastrana redoblar y acelerar la asistencia militar y de inteligencia, anticipando el recrudecimiento de la guerra civil.

Simultáneamente, el gobierno de Bush anunció que estudiará acciones directas para liberar a cualquier rehén estadounidense capturado en el exterior, ampliando el alcance de la decisión que sólo permitía acciones directas ante el secuestro de funcionarios.

Mientras, crecen las especulaciones sobre una posible campaña militar de Estados Unidos contra Iraq, en medio de los preparativos de la gira del vicepresidente Dick Cheney por países aliados de Medio Oriente y el Golfo.

Los rumores aseguran que Cheney procurará persuadir a los nerviosos gobiernos de la región sobre el compromiso de largo alcance de Washington, prometiendo 250.000 soldados en el terreno y un formidable poder de fuego para derrocar al presidente de Iraq, Saddam Hussein, e impedir una guerra civil.

“Me enteré hace cinco meses que en Afganistán hay uzbekos, tayikos y pashtunes (patanes). No pensé ni por un momento en Georgia en todo el año pasado, y ahora descubro que estamos enviando 200 asesores militares a un lugar llamado Pankisi Gorge, justo en la frontera con Chechenia”, dijo a IPS un asesor de política exterior del Congreso.

Tales decisiones fueron adoptadas en diez extenuantes jornadas en las cuales el gobierno parecía redoblar sus propósitos militares con el paso de las horas.

Durante los meses de intensa campaña bélica en Afganistán, Washington logró acceder a bases militares de Asia central e incluso comenzó a construir lo que parece ser una instalación militar propia y permanente cerca de Bishkek, capital de Kirguizstán.

“Necesitamos un debate en este país, pues existe una real posibilidad (de que) estemos exagerando”, opinó el ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional Ivo Daalder, en declaraciones formuladas esta semana al diario Los Angeles Times. Lo más notable de estos nuevos compromisos militares es la prrecipitación con que fueron adoptados, violando todos los dogmas del credo que el Partido Republicano proclamó a partir de las desventuras militares de Vietnam (1961-1975) y Somalia (1992-93).

Una ley aprobada por el Congreso a mediados de los años 90, cuando los republicanos eran mayoría, exige que todo despliegue de tropas se adopte sólo cuando peligren intereses vitales, los objetivos sean claros y alcanzables y exista una “estrategia de salida” identificable.

Pero en la guerra contra el terrorismo emprendida por Bush, toda esa sabiduría acumulada parece haber sido echada a un lado. “Parece que somos buenos para desarrollar estrategias de entrada, pero no para las estrategias de salida”, subrayó el miércoles Byrd.

Hasta el secretario de Estado (canciller) Colin Powell, que como cualquier militar considera que los objetivos claros y alcanzables y las estrategias de escape son condiciones indispensables para desplegar fuerzas en el exterior, ha claudicado en sus propuestas de largo alcance.

Powell definió la victoria en la guerra como “un estado donde la gente no tema actos terroristas, y pueda seguir con su vida sin preocuparse por el tipo de hechos que ocurrieron el 11 de septiembre, o los coches bomba de Jerusalén o el terrorismo alimentado (por la guerrilla) en Colombia”.

Al concluir su explicación ante el Congreso, el secretario, que fue jefe del estado mayor conjunto, estimó que “nos llevará mucho tiempo alcanzar ese estado”.

Cóndor en toda su magnitud

By Raúl Pierri

Montevideo, Uruguay, 1 mar (IPS)— Los documentos del “archivo del terror” encontrados esta semana en Paraguay fortalecerán las acciones judiciales en marcha contra los responsables del “Plan Cóndor”, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80.

Unos 200 libros encuadernados y ordenados fueron hallados el martes por funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Paraguay en el Centro de Documentación de la Policía Nacional, conteniendo información detallada sobre actividades de inteligencia durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Estos papeles pasaron a engrosar los “archivos del terror”, compuestos de informes confidenciales de la dictadura hallados en 1992 por el abogado y activista de los derechos humanos paraguayo Martín Almada y que prueban los vínculos entre los servicios secretos de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los documentos hallados el martes serán puestos a disposición de los jueces que investigan a responsables del Plan Cóndor como el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), considerado su principal ideólogo, confirmó Almada a IPS.

El Plan Cóndor era un acuerdo entre las dictaduras para perseguir a opositores políticos exiliados. Algunos fueron entregados de modo clandestino a las fuerzas de seguridad de su país de origen, pero otros fueron asesinados en el territorio en que habían buscado refugio.

El hallazgo de los archivos del terror se convirtió en 1992 en un acontecimiento político en todo el Cono Sur americano y motivó varias órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de complicar a militares de Argentina y Uruguay.

El jefe de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, cumple condena de prisión en Paraguay, al igual que el jefe de Estado Mayor y titular de la inteligencia militar de la dictadura Benito Guanes Serrano.

El ex jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, está junto al dictador (exiliado en Brasil) citado por los tribunales paraguayos como “acusado en rebeldía” y “fugitivo”.

Almada entregó personalmente en Madrid al juez Baltasar Garzón copia de informes de la policía paraguaya que implicaban a Pinochet en el Plan Cóndor, cuando éste estaba detenido en Londres a solicitud del magistrado español, quien pedía su extradición.

El juez chileno Juan Guzmán procesó a Pinochet el año pasado como encubridor de 18 secuestros y 57 homicidios de opositores a su régimen en la denominada “caravana de la muerte”, aunque la Corte de Apelaciones sobreseyó al ex dictador por razones de salud.

Pinochet afronta acusaciones en Francia, donde la abogada Sophie Thonon investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses durante la dictadura chilena, y la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago no afecta el proceso judicial en París.

Jueces de Argentina, Bélgica, España y Suiza también han solicitado la extradición de Pinochet por distintos crímenes, algunos de ellos enmarcados en el Plan Cóndor.

Los nuevos documentos también llegarán a las manos del juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, que procesó el año pasado al ex dictador Jorge Rafael Videla por la desaparición forzada de 72 extranjeros en Argentina entre 1976 y 1983.

Canicoba Corral ha pedido la extradición de Stroessner y del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena Manuel Contreras, además de investigar como testigo al ex secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos Henry Kissinger. Los documentos hallados en Asunción también revelan que el aparato represivo de Stroessner, derrocado por un golpe de Estado de su consuegro Andrés Rodríguez en febrero de 1989, continuó operando hasta octubre de 1990, durante la transición democrática.

El Departamento de Investigaciones de Paraguay seguía espiando entonces ilegalmente a movimientos políticos e informando a la cúpula policial sobre la entrada y salida de personas con actividad política y social, según los documentos. Los materiales encontrados el martes “fortalecerán las acciones judiciales contra Stroessner, sus cómplices y encubridores”, y también serán entregados “a la Defensoría del Pueblo, encargada de hacer cumplir la ley de indemnización a las víctimas de la dictadura”, dijo Almada. Además, serán analizados en el Seminario Internacional “Terrorismo de Estado”, previsto para diciembre en Asunción, en ocasión de los 10 años del descubrimiento de los archivos secretos de la policía paraguaya, señaló.

Almada anunció que promoverá seminarios en la región para analizar en particular el papel de jueces y abogados en el plan represor. También pedirá a universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa que envíen a expertos a estudiar “esta montaña de documentos en cuyas entrañas se encontrarán nombres y apellidos de víctimas y victimarios”.

El activista señáló que el Poder Judicial paraguayo fue sostén de un “estatus injusto e inhuamno, amparando a los escuadrones de la muerte, las escuchas telefónicas, las órdenes de no informar, la prohibición de publicar libros, la censura de películas y el cierre de medios de comunicación”. La Defensoría del Pueblo paraguaya había hallado hace dos semanas libros similares en tres comisarías de Asunción. Todos fueron llevados al juzgado a cargo de Jorge Bogarín González, y posteriormente al Centro de Documentación del Poder Judicial para ser analizados.

La importancia de esta documentación “es fundamental, porque con ella muchas personas van a poder justificar haber sufrido la persecución”, destacó a la prensa paraguaya el presidente de la Defensoría del Pueblo, Manuel Páez Monges. “Hemos encontrado realmente lo que yo llamo una mina de oro. Hemos descubierto libros de investigaciones de la época pasada con lujo de detalles”, dijo, por su parte, el asesor de la Defensoría Juan Francisco Ammiri al periódico ABC Color.

Almada anunció que hará una invitación especial al presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, “ex víctima del operativo Cóndor”, a estudiar los archivos secretos de la policía paraguaya.

“Invito a Cardoso a que visite los archivos secretos de su protegido Alfredo Stroessner para que vea en ‘vivo y en directo’ los documentos que comprometen a Estados Unidos, promotor del terrorismo de Estado en América Latina”, afirmó.

Entre las víctimas de la operación Cóndor se contaron el ex comandante del ejército chileno Carlos Prats y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Los tres fueron asesinados en Buenos Aires. Los documentos de los archivos del terror también dejaron al descubierto un operativo para secuestrar a niños nacidos de madres en cautiverio y cambiarles de nombre para ser luego “adoptados” por militares o civiles colaboradores.