EEUU impone la ley del más fuerte

Por Raúl Pierri

Montevideo, Uruguay, 9 may (IPS-Central Latinoamericana)— Una ola de indignación desató en América del Sur y Europa la ley agrícola aprobada por el Congreso legislativo de Estados Unidos, autoproclamado campeón del libre comercio, que incrementa casi 80 por ciento los subsidios para el sector.

Argentina y Brasil anunciaron que recurrirán a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras Uruguay, otro país agropecuario, todavía estudia los pasos a seguir.

La ley agrícola (Farm Bill), derogatoria de una norma de 1996 que restaba beneficios públicos a los agricultores, establece un aumento de casi 80 por ciento a los actuales subsidios, que llegarán así a sumar 170.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

El proyecto había sido aprobado el viernes pasado por la Cámara de Representantes, y el Senado, dominado por legisladores del Partido Demócrata, lo sancionó el miércoles por 64 votos contra 35.

La OMC prohíbe que los incentivos agrícolas de Estados Unidos excedan los 19.100 millones de dólares anuales, por lo que la nueva ley ordena al Departamento de Agricultura que ajuste los subsidios dentro de esos límites.

La ley le garantiza a los agricultores estadounidenses un ingreso más estable al aumentar los subsidios para los granos y el algodón, además de restaurar los incentivos a la producción de lana y miel, leche, maní y lentejas.

También prevé un incremento de casi 80 por ciento para el gasto en programas destinados a la conservación de tierras, en beneficio de los ganaderos y granjas de frutos y vegetales, históricos huérfanos de la protección oficial.

El presidente George W. Bush prometió promulgar la ley, pese a las críticas de Australia, Canadá, la Unión Europea y en especial de países agropecuarios sudamericanos, cuyo desarrollo depende en gran medida de las exportaciones de ese sector.

Las exportaciones agropecuarias de Argentina representan 52 por ciento del total nacional, las de Bolivia, 39 por ciento, las de Brasil, 33 por ciento, las de Chile, 15 por ciento, las de Colombia, 37 por ciento, las de Ecuador, 67 por ciento, las de Perú, 24 por ciento, y las de Uruguay, 55 por ciento.

Varios gobiernos criticaron la contradicción entre el discurso liberal y las políticas internas de Washington.

Estados Unidos apoyó en septiembre un llamado del Grupo de Cairns, integrado por de 18 países agropecuarios, a una profunda reforma del sistema internacional de comercio y a eliminar “todas las formas de ayuda interna que (lo) distorsionan”.

El representante (ministro) de Comercio Exterior estadounidense, Robert Zoellick, aseguró el martes que la ley agrícola no debe poner en duda la intención del gobierno de Bush “de eliminar los subsidios a las exportaciones y mejorar el acceso a los mercados”.

No obstante, reconoció que Washington no hace todo lo que debería por el libre comercio.

El canciller de Brasil, Celso Lafer, anunció que prepara un arsenal legal contra Estados Unidos para presentar ante la OMC, pues la ley afecta las exportaciones de su país, en particular las de soja.

Brasilia calculó en 9.600 millones de dólares las pérdidas que sufrirá en los próximos cuatro años a causa de la nueva ley agrícola, que aumentará drásticamente la oferta estadounidense y le hará perder mercados a los exportadores sudamericanos.

Por su parte, el secretario de Agricultura de Argentina, Rafael Delpech, afirmó el miércoles que Buenos Aires “no se va a quedar de brazos cruzados si los ingresos de los productores se deterioran por los elevados subsidios agrícolas” estadounidenses.

Delpech advirtió que la ley aprobada el miércoles causará “daños profundos en el comercio internacional” y anunció que su país también recurrirá a la OMC.

El ministro de Agricultura de Uruguay, Gonzalo González, todavía estudia la nueva norma estadounidense, pero el sector productivo uruguayo ya reaccionó con dureza.

“La ley nos crea un esceptisismo muy grande sobre las negociaciones que Estados Unidos estaba llevando a cabo con Uruguay para un acuerdo comercial”, dijo a IPS el vicepresidente de la uruguaya Asociación de Cultivadores de Arroz, Hugo Manini Ríos.

“No se le puede cerrar la puerta a un país que quiere trabajar en lo que tiene que trabajar. Hace una falta de sensibilidad hacia los países emergentes, cuya principal opción para el desarrollo es la producción agropecuaria. No podemos estar regidos por la ley del más fuerte”, añadió el dirigente.

Manini Ríos advirtió que la ley estadounidense dañará a los productores brasileños de soja y algodón, que podrían volcarse a la producción de arroz, que competirá con cultivos uruguayos, originando así en un “círculo vicioso que producirá un desastre” en el Cono Sur de América.

Mientras, el premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz dijo que la ley agrícola aprobada el miércoles “es la perfecta ilustración de la hipocresía del gobierno de Bush” en relación con la libertad comercial.

La norma también causó malestar en los más cercanos aliados de Estados Unidos, como Canadá, su principal socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Crisis del sistema bancario en Argentina

Por Vero Loka

Buenos Aires, Argentina, 13 Mayo (AGR)— En Argentina, el gasto estatal es de 47 billones de pesos por año aprox., pero sólo se recaudan 32 billones. Por un lado mucha gente no paga sus impuestos y por otro, las grandes sumas de dinero que maneja el estado no se reinvierten y quedan en manos de ladrones de guantes blancos. A su vez, los bancos de Argentina dependen del interés de las deudas que el estado tiene con ellos.

En noviembre, se hizo evidente para muchas personas que el estado no podría seguir pagando a los bancos y que esto provocaría la quiebra de los mismos. Entonces los bancos advirtieron a sus mayores clientes, los más ricos, sobre la incipiente crisis. Éstos sacaron su dinero y lo cambiaron por dólares. La extracción de estos fondos y la declaración en “default” del gobierno dejó a los bancos nacionales casi sin dinero. Para salvar a estos bancos de la bancarrota y para detener el control incipiente de los bancos extranjeros sobre la economía nacional, el gobierno de Fernando De la Rua creó el “corralito”, una ley que hizo ilegal la extracción de más de 200 pesos en efectivo por semana, que todavía sigue en curso.

Aún así, los bancos todavía responden por las tarjetas de crédito, dejando a aquellos que tienen ingresos mayores a 200 pesos semanales la posibilidad de gastarlos, pero la mayoría de los negocios sólo acepta tarjetas con un porcentaje de recargo o, simplemente, no lo hacen.

A pesar de que esta ley salvó a los bancos del colapso inmediato, las extracciones de 200 pesos semanales y los más de 20,000 recursos de amparo elevados a la corte que lograron “saltar el corralito” y sacar más dinero (emergencias de salud y coimas, en la mayoría de los casos) han reducido la reserva total de dinero a la mitad, 30 billones de pesos aprox., y sigue bajando.

Se cierra el círculo vicioso:
1. El gobierno entró en default con los bancos debido a la gran corrupción, el malgasto de fondos públicos y la baja recaudación impositiva (causada a su vez, en muchos casos, por la malversación de fondos o el malgasto que llevan a cabo los políticos).
2. Los bancos no devuelven el dinero porque todos lo quieren a la vez y entregarlo haría colapsar al sistema.
3. Hay una gran falta de actividad económica debido a que los bancos no dan dinero para comprar materiales ni pagar sueldos haciendo que el estado cada vez recaude menos.
4. El gobierno no puede seguir disfrazando una economía independiente si colapsa la banca nacional, por lo cual no le es posible levantar las restricciones sobre las extracciones (el corralito). Pero sin inserción de dinero en la economía, éste tiende a desaparecer.

El pago del interés de la deuda externa al FMI aún se está cumpliendo, pero sólo eso. Los representantes de este organismo no están dispuestos a prestarle más dinero a la Argentina hasta que el gobierno recorte el gasto público, y lo que es más, hasta que no haya una completa reestructuración del estado, incluyendo modificación y creación de varias leyes. Al mismo tiempo, se dan manifestaciones y protestas en la puerta de cada ministerio, en las casas centrales de cada banco y en sus principales sucursales demandando el pago de salarios atrasado cuatro meses (o más) o la devolución de los ahorros.

Al principio de la crisis el peso estaba 1 a 1 con el dólar, ahora su valor es de 30 centavos de dólar. La decisión de devaluar fue tomada por el último y vigente gobierno de Eduardo Duhalde y, teóricamente, se llevó a cabo por la urgente necesidad de ser más competitivos para exportar. Lo que se ve por estos días es que las verdaderas beneficiadas con esta medida fueron las grandes empresas endeudadas en dólares con bancos nacionales y los grupos económicos extranjeros al acecho de inversiones más que rentables. En el caso de las empresas, sus deudas fueron licuadas con la “pesificación” cuando se pasaron todas las cuentas y deudas en dólares al valor de pesos a 1,40. Y tratándose del capital extranjero, la cuenta es obvia, actualmente con el dólar al valor de 3,20 pesos, la compra de cualquier empresa se vuelve irrisoria.

Así, con la caída del Peso todos los precios han subido, aún los de los bienes de producción nacional. Por ejemplo, los productores argentinos de maíz triplicaron el precio de la harina ya que pueden ganar tres veces más exportando que vendiendo en el mercado interno. Lo cierto es que la revolución industrial nunca llegó a la Argentina. Hay muchas computadoras, autos, compacteras, todas esas cosas que hacen que un barrio de clase media parezca del primer mundo, pero la economía siempre ha sido colonial en cuanto a que el país vende los recursos y las materias primas e importa los productos manufacturados de los países industrializados. Un ejemplo terrible es el de los artículos médicos que no se fabrican aquí. Existe la salud pública, tan complicada y burocrática como es, pero el gobierno no destina el presupuesto suficiente para pagar a los empleados ni comprar lo necesario.

Mientras tanto, los salarios no suben. El desempleo sí. El hambre también. Las escuelas tienen menos clases debido a las huelgas de los maestros. La falta de bienes medicinales está matando a la gente. Los mayoristas de alimentos han elevado los precios de sus productos casi un 40%, mientras que los pequeños comerciantes (a quienes la mayoría les compra) sólo aumentaron un 25%, bajando sus ganancias pero aún así la gente compra en los supermercados o a los distribuidores directamente.

Otra consecuencia de la devaluación es la especulación y el rápido enriquecimiento de las personas que compran y venden dólares en el momento clave. Casi todos los partidos de izquierda y los grupos nacionalistas condenan la compra de dólares porque la gran demanda encarece el precio y provoca esta suba generalizada en todos los ámbitos.

Dos ministros de economía ya dejaron el poder. Cavallo, ministro de De la Rua, con una turba de gente furiosa prendiendo fuego en la puerta de su casa; y Remes Lenicov, ministro de Duhalde, quien renunció al día siguinte de presentar el “Plan Bonex”.

Antes de explicar este plan, hay que decir que en Argentina a pesar de que la moneda nacional es el Peso, mucha gente tiene sus ahorros, cuentas de banco, contratos de alquiler, plazos fijos (los plazos fijos a corto plazo con altos intereses a 30, 60 o 180 días son algo común) y las hipotecas en dólares. La idea del Plan Bonex es que el estado se hace responsable de las deudas que tienen los bancos con la gente, esto se hace canjeando el dinero que deben los bancos por un bono respaldado por el estado, con este bono las personas podrían cobrar su dinero en dólares en un lapso de 3 años (en el caso de cuentas corrientes y cajas de ahorro) con el 2% de interés, o en 10 años para los plazos fijos con un 1,9% de interés anual. Y, aunque ya estaban tomando lugar distintas protestas en el Banco Central y en Casa de Gobierno, con el anuncio de este plan éstas se enfervorizaron y se hicieron más numerosasya que la gente de ninguna manera confió en que vería su dinero otra vez. Entonces Duhalde, el presidente actual, decretó feriado bancario luego de presentar el plan ante el congreso amenazando con no abrir los bancos hasta que se aprobara este plan.

En coincidencia, el mismo día el Scotia Bank de Canadá tuvo que cerrar sus puertas por la negativa de su casa matriz de enviar más dinero. Y, eventualmente, este plan fue completamente descartado, aunque todavía persisten los rumores sobre una posible emisión de bonos.

Otro plan que se ha abandonado es el que tiene que ver con el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), un plan para indexar hipotecas, alquileres, gastos de autos y cosas por el estilo al índice de inflación. Es muy similar a un plan que se aplicó durante otro período de hiperinflación en el país, en 1980 durante la dictadura militar, causando incontables pérdidas de viviendas a manos de los bancos y alargando las hipotecas de muchas casas hasta la infinidad. Aquel plan no le sirvió a la gente ni a los bancos ya que todos los que tenían hipotecas perdieron sus casas y los bancos tampoco quisieron convertirse en inmobiliarias.

Ahora mismo, el único plan discernible es el recorte del gasto público para sosegar al FMI con la esperanza de que inyecte más dinero a la economía argentina. De todas maneras, muy poca gente cree en que algo del dinero que el FMI ha prestado al gobierno haya llegado a la gente en forma de trabajos públicos o para ayudar al desarrollo de la industria. Lo que se espera de todo político, todo funcionario, todo empleado del gobierno es que robe cuanto pueda y más, y la mayoría cumple con las expectativas.