Contradicciones entre Semarnat y SRA sobre las causas de la matanza de campesinos

Por Matilde Perez U.

Mexico, 4 de junio— Las secretarías de Medio Ambiente y de Reforma Agraria se contradijeron ayer al señalar las causas de la masacre de campesinos en Oaxaca. Las autoridades ambientales afirmaron que el “fondo del asunto’’ está en la disputa por 4 mil 622 hectáreas; las agrarias destacaron que la situación estalló por la entrega del permiso de aprovechamiento forestal a la comunidad Santa María Zaniza. “Es un caso típico de la disputa por la explotación de los recursos forestales’’, dijo el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes.

En Oaxaca existen 656 conflictos agrarios que en promedio tienen medio siglo de existencia; de ellos, 50 son considerados los más conflictivos por tener problemas de límites y de invasiones; su situación es tan grave como la de Xochiltepec y Teojomulco.

La Semarnat rechazó que haya otorgado permisos de aprovechamiento forestal en la zona que se disputan Xochiltepec, Teojomulco, Zaniza y Textitlán. En un comunicado asentó: “La delegación de la Semarnat ha sido especialmente cuidadosa en la expedición de permisos de aprovechamiento forestal, otorgando solamente autorizaciones en aquellas áreas que se encuentran totalmente libres de conflicto’’.

Sin aludir a las aseveraciones del gobernador de Oaxaca, José Murat, quien responsabilizó de la masacre a los funcionarios de la Semarnat por “dar un permiso para talar árboles de un pueblo a gente de otro’’, las autoridades ambientales indicaron que dichas comunidades han mantenido añejos y diversos conflictos agrarios. “No es mediante acusaciones infundadas el mejor camino para llegar a la verdad y a la resolución de este problema’’, dijo la dependencia.

Agregó que por los procesos judiciales que mantienen Santa María Zaniza y Santiago Xochiltepec, en marzo “un juez federal solicitó a la Profepa que acudiera en calidad de perito para que conjuntamente con los representantes agrarios de las dos comunidades recorrieran el área de conflicto para su delimitación física. Durante ese recorrido, realizado el 9 de marzo pasado, se produjo una emboscada en la que perdió la vida un comunero’’.

Ante esos hechos, agrega, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca convocó a una reunión el 11 de marzo con los representantes de las diferentes comunidades; allí las autoridades estatales manifestaron su disposición para investigar los hechos, sin que a la fecha exista resultado alguno. Semarnat lamentó la muerte de los 27 campesinos y se pronunció por la realización de una investigación seria y profunda que permita dar con los culpables.

De acuerdo con datos recabados por La Jornada, el 21 de mayo de 1999 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca otorgó un permiso de explotación forestal por seis años a la comunidad de Santa María Zaniza, la cual podría extraer 7 mil metros cúbicos de madera en rollo de mil 464 hectáreas. Ello motivó que la comunidad de Xochiltepec interpusiera ante el juzgado tercero de distrito en Oaxaca el juicio de amparo número 776/2000, reclamando la expedición del citado permiso de explotación forestal y señalando como responsable al delegado de la Semarnap.

El juez ordenó que se suspendiera el permiso de explotación forestal y como parte del juicio de amparo solicitó el pasado 7 de marzo la realización de un peritaje, por lo que citó a las autoridades de las comunidades involucradas para que se reunieran en el paraje Cerro Ollín, punto donde -- según las autoridades -- convergen sus respectivos límites. La reunión no se realizó por el enfrentamiento entre habitantes de Santiago Xochiltepec y Teojomulco, que tuvo un saldo de un muerto y dos heridos.

En comentario telefónico, el delegado de la Semarnat en Oaxaca, Salvador Anta Fonseca, aseguró que en la entrega del permiso de aprovechamiento forestal a Santa María Zaniza se segregaron de 3 a 4 mil hectáreas que disputa la comunidad de Xochiltepec y con ello evitar conflictos entre las comunidades. La zona -- abundó -- no tiene explotación forestal irregular; incluso, Santiago Textitlán tiene un certificado internacional de buen manejo de sus recursos forestales.

El informe Estados de interés forestal, áreas críticas de atención prioritaria para la inspección y vigilancia forestal y de áreas naturales protegidas, de la Profepa, establece que la sierra sur -- junto con la Mixteca, Valles Centrales, Chimalapas y Chacahua -- está dentro de las áreas críticas de Oaxaca.

“El aprovechamiento forestal de los bosques de pino, encino y oyamel, entre otras especies, se da en forma irregular, sin autorizaciones y cuando éstas existen se llevan a cabo en contravención a lo establecido en los programas de manejo autorizado; hay tráfico de madera y un constante cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola.” Ampliar la frontera agrícola implica también ampliar la frontera del conflicto territorial-agrario. Primero se deforesta para tener un respiro transitorio al ingreso y después esas tierras destinarlas a la ganaderización o cultivo, señala.

La SRA expuso que los acontecimientos en el paraje Aguafría no “obedecen a conflictos que sean de la competencia de la secretaría’’.

Nacimiento: La Jornada

Santa Cruz repudió el abuso policial

Bolivia, 4 de junio— Santa Cruz y sus instituciones más representativas decidieron proclamar: ¡Basta ya! al abuso policial y expresaron ese sentimiento durante una masiva marcha por el centro de la ciudad, exigiendo al Gobierno el esclarecimiento total del asesinato de Jorge Saúl Pinto Tufiño. El adolescente, de apenas 15 años, perdió la vida a manos de agentes de la División de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), tras su persecución al ser confundidos con supuestos ladrones de motorizados. Ayer, poco después de las 16:00 horas, cientos de cruceños marcharon hacia la plaza 24 de Septiembre, a convocatoria del Comité pro Santa Cruz, para repudiar la brutal acción policial. Diversas instituciones, colegios, concejales, organismos de derechos humanos y partidos políticos, exigieron al Gobierno que castigue a los responsables y además se destituya al Comandante Departamental de Policía, José Baldivieso. En el principal paseo público de la ciudad, el presidente del organismo cívico, Lorgio Paz Stelzer, desconoció la autoridad de la Policía en el departamento y exigió la creación de un organismo interinstitucional que se encargue de la seguridad ciudadana. Su voz de protesta se sumó a la del titular del Concejo Municipal, Guido Náyar Parada, quien propuso suprimir Diprove y en su lugar crear una nueva fuerza con personal especializado y dotada de los recursos necesarios para combatir el robo de vehículos. Los partidos políticos tampoco se mantuvieron al margen. El candidato adenista Ronald MacLean señaló que era tiempo de poner un alto al “régimen de terror de la Policía”, declarándose consternado por la muerte de Pinto Tufiño. Por su parte, el emenerrista Gonzalo Sánchez de Lozada señaló que se deberían realizar cambios radicales en la institución del orden, para evitar la repetición de ese tipo de hechos. Finalmente, el candidato a diputado por NFR, Oscar Vargas, pidió la destitución del Comandante de Policía, a quien acusó de encubrir a los supuestos victimadores.

Nacimiento: El Mundo

Ellos quieren participar en la formación de un nuevo país

Bolivia, 4 de Junio— Los indígenas del oriente y occidente del país quieren participar en la formación de un nuevo país a través de una Asamblea Constituyente. No han delineado aún ese nuevo país, pero no quieren que el diseño de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) sea privilegio de los partidos políticos, sino un derecho de todas las organizaciones vivas de la sociedad.

El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, José Domingo Véliz, y el mallku de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí, Vicente Choque, coinciden en que los indígenas deben ser protagonistas de una reforma constitucional.

La Central de Indígenas del Oriente el Chaco y la Amazonía Bolivianos (Cidob) y la Confederación de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) iniciaron las medidas de protesta ante el intento, fallido, de los parlamentarios de aprobar el proyecto Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, elaborado por un consejo ciudadano, que profundiza las reformas neoliberales implantadas en el país desde 1985 con el decreto 21060.

“En los cambios a la Constitución deben participar todas las organizaciones sociales a través de la Asamblea Constituyente y no sólo los partidos políticos. Todas las organizaciones tienen que dar su punto de vista acerca de qué país queremos. Una nueva Constitución debe adecuarse a la realidad nacional”, dijo Véliz.

Choque adelantó algunas reivindicaciones indígenas: “Queremos una Asamblea Constituyente para que los indígenas participen en la admnistración del Estado, para defender nuestro territorio y para consolidar en favor del país los recursos naturales renovables y no renovables”.

Los dirigentes enfatizaron que no están en contra de las elecciones nacionales del 30 de junio, pero que el Gobierno y los parlamentarios deben comprometerse a llamar a un congreso extraordinario antes de las elecciones, para modificar el artículo 230 de la Carta Magna e incluir la figura de la Asamblea Constituyente como el único mecanismo para realizar reformas a la Constitución. Sin ese acuerdo, las medidas de protestas continuarán.

Los partidos no responden a los indígenas

José Bailaba informó que hasta ahora, ningún partido político respondió a las cartas que las organizaciones indígenas les dirigieron planteándoles la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. “Sólo la NFR respondió públicamente que apoyaba nuestra demanda y envió una carta al presidente Jorge Quiroga, informando que estaba de acuerdo con la demanda de una Asamblea Constituyente”.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, encargada del contacto entre indígenas y partidos políticos, anunció la semana pasada que los partidos deberían pronunciarse hasta hoy respecto a la demanda de conformar una Asamblea Constituyente, “pero ese plazo no es fatal, todavía hay tiempo”, informó un responsable ejecutivo de DDHH de Cochabamba.

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Vásquez, planteó ayer a los partidos un acuerdo para reunir al Congreso el uno de julio, un día después de los comicios, para discutir la petición de los indígenas.

ADN, MIR, NFR, favorita para ganar los comicios de junio, MAS y UCS hicieron conocer su disposición de atender la convocatoria.

Sin embargo, el dirigente de las etnias, Marcial Fabricano, quien fue internado en una clínica tras 19 días de huelga de hambre, dijo hoy que esperan una “mayor sensibilidad” de los legisladores para reunirse lo antes posible porque la marcha no se detendrá.

Nacimiento: Los Tiempos