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Campesinos velan armas
contra aeropuerto

Campesinos por millares y arman con machetes,
pipas de PVC, y cinturones ocuparan un region que plane para
tomando por el gobierno Mexicano para un campo de aviacion.
Photo courtesy of Indymedia
Por Diego Cevallos
Mexico City, Mexico, 15 de julio (IPS)—
Los campesinos movilizados contra la construcción de un aeropuerto
en las cercanías de la capital de México liberaron este lunes
a los rehenes que amenazaban con matar como respuesta a la detención
de sus líderes, y el gobierno les ofreció diálogo y perdón.
La liberación de los rehenes y de los dirigentes
campesinos que habían sido detenidos después de un enfrentamiento
de la semana pasada con la policía alivió la tensión en el municipio
rural de San Salvador Atenco, escenario de una virtual rebelión
contra la expropiación de tierras decretada por el gobierno.
Pero los portavoces de los campesinos movilizados
advirtieron que mantendrán el bloqueo de carreteras y las medidas
para responder a un eventual ataque de la policía. Sus armas
son cócteles Molotov (bombas incendiarias), recipientes de gas
y machetes.
En las tierras de San Salvador Atenco jamás se
construirá un aeropuerto, aseguraron los campesinos, que el
jueves se enfrentaron con la policía con un saldo de varias
personas heridas y detenidas y la destrucción de vehículos de
las fuerzas de seguridad y de particulares.
Los habitantes del municipio se declararon dispuestos
a matar o morir, para evitar que sus tierras sean expropiadas.
San Salvador Atenco podría perder 85 por ciento
de su territorio por el nuevo aeropuerto que el gobierno de
Vicente Fox se propone construir para la capital, un proyecto
que abarcará unas 15.000 hectáreas.
Al grito de “tierra si, aviones no”, “ni hoteles,
ni aviones, la tierra da frijoles”, los agricultores liberaron
a los últimos cuatro de los 17 rehenes, en su mayoría policías,
que habían retenido tras los enfrentamientos.
Los pobladores movilizados se mantuvieron atrincherados
el fin de semana en la plaza central del municipio rural, habitado
por una comunidad de campesinos pobres.
La policía y soldados rodearon el lugar y se llegó
a temer un enfrentamiento violento, pero el gobierno de Fox
prefirió buscar el diálogo.
Entre el sábado y el domingo fueron liberados
los líderes campesinos detenidos el jueves, luego de que el
gobierno gestionara el perdón para los responsables de la destrucción
de vehículos y del bloqueo de carreteras y prometiera no usar
la violencia contra ellos.
El proyecto del aeropuerto está detenido a causa
de las protestas violentas de los habitantes de la zona y por
las demandas que interpusieron ante tribunales contra la expropiación
de sus tierras.
El gobierno puso fin en octubre a un debate de
30 años, al anunciar la decisión de construir el nuevo aeropuerto
de México en la zona de Texcoco, a 15 kilómetros de la capital.
Sin embargo, lo que parecía un plan en marcha, se topó con la
oposición decidida de los campesinos pobres de San Salvador
de Atenco, quienes rechazan las ofertas de trabajo y vivienda
que se les ofrece.
“Atenco es la lucha de la cultura contra el llamado
progreso”, escribió Jaime Aviles, columnista del diario La Jornada.
El gobierno asegura que 4.300 personas son las
que perderán sus tierras vía expropiación y que 80 por ciento
de ellas aceptaron ya la medida, pero los pobladores del municipio
sostienen que eso es una mentira.
En juzgados locales se indica que son 2.000 los
propietarios de la zona de Texcoco que han presentado recursos
legales para evitar la expropiación.
El secretario (ministro) de gobernación (interior),
Santiago Creel, advirtió que, sin acuerdo con los pobladores
de Atenco, no se hará el aeropuerto y ofreció revisar al alza
el pago por los terrenos expropiados.
Para apoyar a los campesinos en rebeldía, miembros
de unas 20 agrupaciones sociales de izquierda se sumaron al
grupo que está atrincherado en la plaza central de San Salvador
Atenco.
San Salvador de Atenco es un referente mundial
en la lucha contra el neoliberalismo, dijeron líderes de organizaciones
como el rebelde Frente Zapatista de Liberación Nacional, el
Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional, la Unión
Campesina Democrática y el Comité Obrero de Derechos Humanos,
entre otros.
Para entrar en la zona, donde varios periodistas
fueron agredidos por pobladores los últimos días, hay que pedir
permisos especiales a la comunidad y pasar varios cordones de
seguridad integrados por campesinos.
El gobierno debe renunciar a la construcción del
aeropuerto en Texcoco y brindar apoyo económico y social para
potenciar el desarrollo agrícola del área, apuntó Daniel Pájaro,
uno de los líderes de San Salvador Atenco. Texcoco es una zona
de tierras salitrosas poco fértiles, donde la producción agrícola
es limitada, pero importante para la supervivencia de sus habitantes.
Los observadores estiman que, si la oposición
de los campesinos se mantiene, no se concretará jamás la construcción
del aeropuerto, que despierta el interés de poderosos inversionistas
y que el gobierno aspiraba poner en marcha en 2006.
Corrupción corporativa en
EEUU es común en el Sur
Por Emad Mekay
Washington, DC, 11 de julio (IPS)— Compañías
multinacionales señaladas por prácticas de corrupción en Estados
Unidos pueden estar cometiendo operaciones similares, y a mayor
escala, en países en desarrollo.
Inversores, accionistas, el gobierno de Estados
Unidos y economistas de todo el mundo aún no se han sobrepuesto
de los fraudes cometidos por altos ejecutivos de las transnacionales
Enron, de energía, y WorldCom, de telecomunicaciones.
Las acusaciones de mal manejo llegaron, incluso,
al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, relativas a
sus años como director de una empresa petrolera.
Washington y sus aliados del Norte industrial
se concentraron en el impacto de los escándalos en la confianza
de los inversores del mundo rico, pero el movimiento antiglobalización
advirtió que las consecuencias de la corrupción puede ser mucho
peor en la economía de los países en desarrollo.
Muchas compañías transnacionales operan con gran
libertad en las naciones pobres, protegidas por condiciones
impuestas a los gobiernos por instituciones multilaterales como
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, así
como por la presión de países del Norte.
Los escándalos de “Enron y WorldCom son apenas
síntomas del modo en que las compañías hacen negocios sin que
se las llame a responsabilidad”, dijo la investigadora Nadia
Martínez, del Instituto de Estudios Políticos, organización
académica con sede en Washington.
“Esto es aun peor en el mundo en desarrollo”,
agregó. Cuando esos casos se conocen en Estados Unidos, “todos
se escandalizan, pero en realidad esto ha sucedido en el mundo
en desarrollo por décadas, en muchos casos con apoyo de gobiernos
del Norte y con respaldo del dinero de los contribuyentes”,
sostuvo Martínez. La organización no gubernamental internacional
Corpwatch, que vigila las actividades de las empresas, afirmó
que las transnacionales violan en muchas ocasiones leyes internacionales,
entre ellas sociales y ambientales, haciendo uso de una flagrante
corrupción.
“La corrupción es uno de los niveles en que estas
compañías se introducen, con mucha arrogancia, en un país y
actúan como si lo poseyeran. Hacen con él lo que quieren. Pueden
sobornar a políticos, contratar fuerzas privadas de seguridad
o sobornar a policías”, sostuvo la editora del sitio en Internet
Corpwatch.org, Julie Light.
A comienzos de mes, el diario The Wall Street
Journal informó sobre el soborno cometido por la empresa de
energía estadounidense AES a un funcionario de Uganda para asegurarse
la aprobación de la represa de Bujagali, en el río Nilo, un
proyecto de 550 millones de dólares. Martínez dijo que Enron,
una firma hoy en bancarrota que fraguó sus balances, continúa
operando en todo el mundo y aún procura financiamiento público
para sus proyectos internacionales.
Enron posee 25 por ciento de la compañía Transredes,
que gestiona un préstamo de 125 millones de dólares del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para expandir un gasoducto
en Bolivia. Se prevé que el BID tome una decisión sobre el crédito
en septiembre.
Martínez dijo que los bienes de Enron en América
Latina incluyen participación en un oleoducto en Colombia, compañías
de gas y de electricidad en Brasil y en Venezuela y otras operaciones
en Guatemala, Panamá y Puerto Rico.
Instituciones públicas como el Banco Mundial y
el Banco Europeo de Inversiones suministraron unos 7.000 millones
de dólares en financiamiento a Enron.
WorldCom, acusada de fraguar sus libros contables
para figurar con beneficios por 3.800 millones de dólares, también
tiene presencia en el mundo en desarrollo. La firma tiene intereses
en telefonía tradicional a redes avanzadas en América Latina,
Asia- Pacífico, Europa y Africa. Los países pobres tienen cada
vez menos controles sobre esas operaciones, en parte por los
reiterados llamados del FMI a desregular en las últimas dos
décadas.
“El FMI, la Organización Mundial de Comercio y
el Banco Mundial le han dicho al Tercer Mundo ‘confíen en el
mercado, desregulen, saquen al gobierno del camino, saquen los
dientes de las agencias regulatorias, dejen a las corporaciones
administrar las agencias del gobierno, privaticemos’”, dijo
Kevin Danaher, de la organización no gubernamental Global Exchange.
“Fue un paquete completo”, explicó. Los países
pobres carecen de defensa ante las grandes corporaciones, algunas
de las cuales tienen presupuestos mayores que muchas naciones
pobres combinadas, agregó Danaher.
“Si estas corporaciones pueden destruir la economía
estadounidense, dominar el gobierno y quebrarlo en su propio
interés, ¿qué harán en Bolivia, Chad o Níger?”, se preguntó
Danaher.
Los activistas atribuyen responsabilidad a la
relación entre política y negocios. Varios altos funcionarios
del gobierno de Bush fueron ejecutivos de las compañías cuestionadas,
entre ellos el propio presidente y el vicepresidente Dick Cheney.
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