Sur sigue bajo amenaza de hueco de ozono

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina, 12 de septiembre (IPS)— La dimensión del hueco de la capa de ozono se ha estabilizado, pero científicos y ambientalistas señalan la persistencia de los riesgos de ese fenómeno, que amenazó el miércoles y este jueves a los 100.000 habitantes de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina.

En vísperas del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, fijado para el 16 de este mes, los fueguinos fueron los habitantes del planeta más expuestos a los dañinos rayos solares ultravioletas, pues el hueco de ese escudo atmosférico se ubicó sobre su provincia.

La capa de ozono está situada entre 15 y 50 kilómetros sobre la superficie del planeta y es una protección natural contra los rayos ultravioletas, perjudiciales para la vida. La exposición a esos rayos puede causar quemaduras, cáncer de piel y pérdida de la visión a seres humanos, además de afectar cosechas.

“Hace tiempo que los habitantes de Tierra del Fuego sabemos que debemos extremar los cuidados, pero vivimos en una zona donde el sol es un gran ausente, y cuando aparece, es difícil tener conciencia del peligro y no salir” a la intemperie, explicó a IPS Graciela Fuchs, maestra de la ciudad fueguina de Rio Grande.

El invierno (austral) en esa provincia es muy crudo, con promedio de temperatura de un grado y pocas horas diarias de sol.

La Estación de Vigilancia Atmosférica Global de la Fuerza Aérea Argentina informó que durante los dos días de extremo riesgo, la medición sobre Tierra del Fuego de unidades Dobson, que indican la densidad de la capa de ozono, descendió del normal nivel de 300 a menos de 200.

Las autoridades sanitarias pidieron a los fueguinos que permanecieran en sus casas de las 11 a las 15 horas, y que usaran gorros con visera y sustancias protectoras de la piel cuando estuvieran al aire libre.

Desde 1980 se observa un importante adelgazamiento estacional de la capa de ozono sobre la Antártida, de agosto a diciembre de cada año, equivalente por sus consecuencias a un hueco de millones de kilómetros de diámetro.

El fenómeno se debe a la fabricación y el consumo de productos que contienen gases clorofluocarbonados, conocidos por la sigla CFC, y halones.

Los CFC y los halones se empleaban en la producción mundial de aerosoles, espumas, refrigeradoras, equipos de aire acondicionado, extintores de incendios y limpiadores de equipos electrónicos, pero los países industrializados ya dejaron de casi por completo de usarlos.

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, fijó la meta de eliminar el uso de esos gases en 2010. El mundo industrializado avanzó con rapidez en la materia, pero los progresos de países en desarrollo han sido muy lentos, y los expertos dudan de que se alcance el objetivo mundial dentro de ocho años.

“En los últimos años, la situación del agujero sobre la Antártida y el cono Sudamericano se mantuvo en un promedio razonablemente constante”, dijo a IPS el físico argentino Rubén Piacentini, integrante de un equipo latinoamericano de monitoreo del hueco en la capa de ozono.

“Hubo algunas fluctuaciones significativas del máximo de extensión del agujero y su prolongación sobre el Mar Argentino y el sur del país, que llegó a 29 millones de kilómetros en octubre de 2000, dos millones más que el año anterior, pero dentro de una situación general sin grandes fluctuaciones”, explicó.

Este mes, al comienzo de la agudización anual del fenómeno, el agujero se estabilizó con rapidez, y “ahora tiene un tamaño menor que el de 2001”, con evolución similar a la de ese año, señaló el experto.

Una interpretación similar de los datos hizo el doctor Pablo Canziani, director del Grupo Atmósfera Media de la Universidad de Buenos Aires. “Lo que ha ocurrido en estos días es un evento normal que ocurre desde hace 10 o 12 años sobre Tierra del Fuego y el sur del continente”, aclaró a IPS.

Sin embargo, Canziani indicó que el fenómeno se agudiza mucho sobre esa región poblada, con extremos de 145 unidades Dobson, y requiere que los fueguinos adopten en plenop invierno las mismas precauciones y cuidados que las personas que se bañan en playas más al norte del país, en pleno verano.

En definitiva, el problema no parece aumentar con el ritmo observado hace algunos años, y en la actualidad existen instrumentos legales internacionales para neutralizar los factores que lo provocan, pero aún es muy temprano para cantar victoria.

El activista por el ambiente Emiliano Ezcurra, de la filial argentina de la organización no gubernamental Greenpeace, dijo a IPS que el problema es que muchos piensan que el peligro cesó con la firma del Protocolo de Montreal.

“La tarea aún no culminó, y corremos el riesgo de que se debilite ese instrumento (el protocolo), que fue muy valioso y tuvo sus logros”, advirtió.

Personas y las plantas seguirán en grave peligro por muchos años, y aunque hoy se eliminara por completo el uso de CFC y halones, pasaría medio siglo hasta que la capa de ozono recuperara un estado óptima para la protección de la vida terrestre, explicó Ezcurra.

Además, “grandes países en desarrollo como Brasil, China, India, y naciones de Europa Oriental, aumentarán su emisión de esos gases en vez de reducirla, si no reciben ayuda financiera adecuada para reconvertir sus industrias”, pronosticó.

Fuchs relató que hace cuanto puede en su escuela para que niñas y niños tomen conciencia de la importancia de cuidarse de los rayos solares, que sin embargo necesitan para fortificar sus huesos y evitar el raquitismo.

Inmigrantes estrictamente controlados en el Norte

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 11 de septiembre (IPS)— La cruzada contra el terrorismo desatada tras los atentados de hace un año en Nueva York y Washington incrementó la persecución contra emigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y Europa, advirtieron organizaciones humanitarias.

“Hace un año, decenas de latinoamericanos que trabajaban en el World Trade Center de Nueva York murieron bajo los escombros y hoy otros emigrantes son víctimas de la deportación por no poseer papeles o por intentar radicarse en el Norte”, señaló en un comunicado la Asociación de Emigrantes Ecuador Llactacaru.

Datos de la policía indican que en lo que va del año ya fueron detenidos en América Central o en México unos 12.000 ecuatorianos que pretendían llegar a Estados Unidos, mientras que el año pasado habían sido 7.000 los apresados.

Para muchos ecuatorianos lograr el “sueño americano” implica un viaje de seis meses, en condiciones muy precarias y sometidos a vejaciones, extorsiones y explotaciones, aseguró el embajador de Quito en México, Gustavo Vega Delgado, ex rector de la Universidad de Cuenca.

Los traficantes de personas, llamados “coyotes”, cobran hasta 8.000 dólares por guiar a los emigrantes sin los documentos necesarios para radicarse en Estados Unidos, con el agravante que desde el 11 de septiembre de 2001 las posibilidades de pasar la frontera méxico-estadounidense se han reducido de modo drástico.

Pero la situación que afrontan los emigrantes latinoamericanos en Europa occidental tampoco difiere demasiado de los que ocurre en Estados Unidos, como lo indica la deportación en los últimos dos meses de más de 150 ecuatorianos desde España e Italia.

Llactacaru y otras organizaciones de inmigrantes de Ecuador y Colombia denunciaron la puesta en marcha de la llamada Operación Ludeco, un plan de seguridad vigente desde octubre de 2001 para controlar a los inmigrantes en esos dos países europeos.

El delegado del gobierno español para la Inmigración y Extranjería, Enrique Fernández Miranda, señaló hace tres meses a Radio Televisión Española que era necesario incrementar la lucha contra la inmigración ilegal, porque estaba causando daño a su país.

Fernández Miranda arguyó que la presencia de “células dormidas del terrorismo fundamentalista”, la creciente ola de delincuencia “protagonizada por ciudadanos extranjeros” y el “cada vez más acuciante” problema de la prostitución eran lo nuevos frentes de la lucha contra la inmigración ilegal.

La Operación Ludeco persigue frenar el incremento de actos delictivos perpetrados por ”grupos criminales o individuos procedentes de Ecuador y Colombia, agregó.

Las actuaciones en el marco de ese operativo implican, entre otras, la identificación, detención provisional y “fichado policial” de los inmigrantes ecuatorianos y colombianos en España e Italia que sean considerados sospechosos de ser delincuentes.

“Este proceder indiscriminado supone la persecución y el hostigamiento de un amplio colectivo social solamente en función de su aspecto físico y su país de procedencia, lo cual constituye un clarísimo caso de xenofobia y racismo, a la par que vulnera derechos humanos fundamentales como la ‘presunción de inocencia’ y el derecho a la libertad”, apuntó Ecuador Llactacaru.

Esa organización de emigrantes también apuntó que, en principio, “ese tipo de hostigamiento está dirigido contra colombianos y ecuatorianos, aunque nada hace pensar que dicha práctica no se haga extensible en el futuro” a cualquier persona o colectivo “diferente” o considerado “problemático”.

El plan ha creado gran preocupación en especial entre los trabajadores ecuatorianos y colombianos que se desempeñan en áreas agrícolas de España, ya que los furgones en que son trasladados a sus tareas son frecuentemente interceptados.

En tanto en Italia, bares, mercados, parques y hasta escuelas son blanco de policías uniformados y de civil que se han dado a la “caza” de quienes tienen aspecto latinoamericano, según comentaron varios emigrantes a una radio de Quito.

“Tenemos miedo hasta de salir a la calle a comprar cualquier cosa’, dijo Rosa Cárdenas, una emigrante de la meridional provincia ecuatoriana de Azuay.

Estudios realizados en Ecuador calculan que unos 600.000 ciudadanos de este país se han radicado en Nueva York, 60.000 en Washington, 100.000 en Chicago y otros 100.000 en Los Angeles, mientras que en España viven más de 350.000.

En Estados Unidos, más de 150 organizaciones de la sociedad civil comenzaron una movilización para proteger las libertades de estadounidenses y de residentes extranjeros de eventuales excesos de la “guerra antiterrorista” iniciada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados en Nueva York y Washington.

La alianza estadounidense “En defensa de la libertad”, que reúne grupos de tendencia izquierdista y derechista y hasta una asociación de defensa del derecho a la posesión y porte de armas, criticó un proyecto de ley que endurece la política relativa a los inmigrantes.

Mientras, en la III Conferencia Sudamericana de Migraciones, realizada en agosto en Quito, se presentó un plan regional para afrontar el fenómeno del flujo de emigraciones en la región y hacia el Norte industrializado y lanzó una campaña contra el tráfico de personas en América del Sur.

El canadiense Brunson McKinley, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizadora del evento, reclamó el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes más desprotegidos luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

El director de la OIM aseguró que esa protección “sólo se puede lograr con políticas consensuadas” entre los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes y de las naciones receptoras.

McKinley se quejó de las trabas que muchas veces interponen los países industrializados para el libre flujo de personas desde el mundo en desarrollo, que se vieron aumentadas después de los atentados que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, la sede del Departamento de Estado, en Washington.

“Aún queda mucho camino para lograr que los seres humanos disfruten de la libre movilidad, que el mundo globalizado parece haber concedido a los productos comerciales”, puntualizó.

Agregó que es necesario cambiar la percepción de las inmigraciones como un problema o “peor aún como una amenaza de una parte del mundo hacia otra”.