ONG cuestionan pedido de inmunidad a estadounidenses

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 26 de septiembre (IPS)— Organizaciones humanitarias exhortaron al gobierno de Ecuador a rechazar el pedido de Estados Unidos de un acuerdo que asegure la inmunidad de su personal destacado en territorio ecuatoriano ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Estamos preocupados por el pedido de Washington para que Ecuador firme acuerdos de impunidad para que los ciudadanos estadounidenses acusados de crímenes contra la humanidad o de guerra no sean entregados a la CPI”, dijeron los activistas en carta al canciller, Heinz Moeller, divulgada este jueves.

El pedido de los grupos no gubernamentales se refiere a las gestiones del Secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, en procura de “acuerdos bilaterales” con “tantos países como sea posible” para dejar a funcionarios de ese país fuerza del alcance de la CPI.

“La creación de la CPI es un logro no sólo para el imperio de la ley sino para la justicia universal y los derechos humanos. No obstante, el gobierno de Estados Unidos está decidido a obstruir el establecimiento de la Corte”, argumentaron.

La carta fue suscripta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Auditoría Democrática Andina, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”.

El Colectivo Pro Derechos Humanos, la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas también firman la solicitud.

El grupo se completa con el Grupo de Trabajo sobre Niños/as en Conflictos Armados, la Defensa de los Niños-Internacional, Feministas por la Autonomía, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Grupo Democracia y Desarrollo, Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio, Paz y Justicia.

Reich propuso la semana pasada en Nueva York a Moeller firmar un convenio bilateral para que Ecuador otorgue inmunidad a los ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, a la cual Washington no adhirió.

Moeller respondió que se debía examinar a fondo las “consecuencias políticas y jurídicas de este tema”, en el contexto de las “obligaciones internacionales” del país.

Precisó además que Ecuador ratificó el llamado Tratado de Roma, que creó la CPI, la primera instancia jurídica permanente internacional para juzgar crímenes contra la humanidad, sin reservas, que entró en vigor el 1 de julio, por lo tanto tiene “ciertas responsabilidades en este sentido”.

El convenio por el cual Ecuador cedió en 1999 la base y puerto de Manta, en la costa del océano Pacífico, para ser utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos ya establece condiciones especiales de tratamiento legal para el personal de ese país.

“En la eventualidad de que las autoridades ecuatorianas detuvieren” a un miembro “del personal estadounidense o a sus dependientes” deberán notificar inmediatamente “a las autoridades de Estados Unidos” y coordinarán “su pronta entrega”, dice el convenio en uno de sus puntos.

El gobierno estadounidense de George W. Bush ha solicitado a varios países de América Latina la firma de convenios similares al propuesto a Ecuador en relación a la CPT, y para ello su secretario de Estado, Colin Powell, se reunió el 16 de este mes con una docena de cancilleres de la región.

Bush consiguió en julio que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobase una resolución que otorga a los funcionarios de su país acusados de delitos contra la humanidad un año de gracia antes de ser juzgados por la CPI.

La decisión se tomó luego de que Washington amenazara con retirar su apoyo a las misiones de paz de la ONU si no se concedía esa inmunidad, con el argumento de que podrían ser objeto de denuncias “por razones políticas”.

Philip Reeker, portavoz del Departamento de Estado, señaló que su país negocia esos acuerdos por el temor a que “los ciudadanos estadounidenses se vean afectados por situaciones políticas”, e informó que ya se concretó uno con Rumania y se apresta a firmar otro con Colombia.

Por su parte, la embajadora estadounidense en Brasil, Donna Hrinak, indicó que también se han realizado contactos al respecto con ese país.

Por otro lado, la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, aseguró que las presiones se producen también con Argentina y Ecuador.

El caso de Colombia es especial porque el presidente Andrés Pastrana, poco antes de entregar el cargo el 7 de agosto a su sucesor, Alvaro Uribe, decidió diferir hasta 2009 la competencia de la CPI en ese país.

La canciller colombiana Carolina Barco aseguró que el Plan Colombia, de lucha contra las drogas y la insurgencia y con importante financiación de Washington, ya incluye una cláusula que concede inmunidad a los militares estadounidenses destacados ese territorio.

La no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas manifestó el martes su oposición a un posible acuerdo para negar la competencia de la CPI.

Esa Comisión de expertos, con estatus de consultora de la ONU, consideró que la firma de un convenio de esas características fomentaría la impunidad, violaría el principio de igualdad ante la ley y minaría la integridad de la CPI.

La creación del Corte, promovida por la Unión Europea y Canadá, fue resuelta en una reunión del foro mundial en 1998 en Roma con 120 votos a favor y la oposición de China, Estados Unidos, Irazq, Israel, Libia, Qatar y Yemen.

Su cometido será enjuiciar a responsables de crímenes de genocidio, agresión, guerra y contra la humanidad que escapen a tribunales de los países o éstos se nieguen a hacerlo.

El Sur debe entregar agua a cambio de créditos

Por Gustavo Capdevila

Ginebra, Switzerland, 26 de septiembre (IPS)— El FMI y el Banco Mundial presionan a países en desarrollo para que vendan los servicios de agua a un puñado de compañías transnacionales, como condición para la asistencia financiera, aseguró la organización independiente One World Action.

La privatización de los servicios de agua potable es hoy prácticamente obligatoria en el Sur, porque el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial ponen ese requisito para proveer asistencia a ese sector, explicó Gunnar Aegisson, autor del estudio de esa organización, con sede en Gran Bretaña.

Las empresas de extracción, potabilización y distribución del agua habían pertenecido al dominio público en casi todo el mundo hasta mediados de la década del 80, cuando los dos organismos multilaterales de crédito comenzaron a ejercer la presión privatizadora.

En los últimos años se ha extendido en la comunidad internacional la convicción de que el agua es un recurso limitado. El consumo de agua potable entre 1900 y 1995 aumentó seis veces, un indicador que duplicó el crecimiento de la población en el mismo periodo.

En la actualidad, más de 1.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable y, si no se realizan las inversiones necesarias, en 2025 esa cifra se elevará a 2.500 millones, equivalentes prácticamente a un tercio de la población.

En ese contexto, One World Action precisó en su trabajo, titulado “El Gran Robo del Agua”, que el acceso al elemento constituye un derecho humano y que ese asunto figuró en el centro del debate de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada entre el 26 de agosto y el 4 de este mes en Sudáfrica.

Pero en realidad, a la concepción de que el agua es un derecho humano básico, que los estados deben garantizar a sus ciudadanos, se opone la visión del elemento como bien económico, una materia prima, sujeto a las fuerzas del mercado, apuntó Aegisson.

A ese contraste, que se refleja en las alternativas de los servicios de distribución públicos y privados, se suman otras divergencias sobre los niveles de decisión y de administración de los servicios de agua.

Aegisson, responsable político de One World Action, estimó que las dos esferas deben estar en manos de las comunidades de usuarios, en oposición al criterio de concentrarlas en poder de los proveedores del sector público y de las companías privadas.

La distribución del agua en las ciudades y pueblos de los países en desarrollo se limita a las áreas centrales, lugares de residencia de los habitantes de recursos más altos.

Por lo general los gobiernos y las autoridades municipales no han expandido los servicios a las zonas pobres circundantes, donde la falta de redes de agua potable y de servicios sanitarios representan la causa principal de las altas tasas de enfermedades y de mortalidad infantil.

Una de las razones de la ineficacia gubernamental es la carencia de influencia política por parte de las poblaciones pobres de los países en desarrollo. Mientras esa condición persista, las elites en el poder continuarán ignorando sus necesidades, observó el activista.

Otro obstáculo para el Sur es la falta de capacidad. La crisis de la deuda externa y los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI dejaron a muchos servicios públicos en la bancarrota y debilitados institucionalmente.

El FMI y el Banco Mundial, en ese cuadro, promovieron la privatización con el argumento clave de que la apertura de la competencia en un mercado libre conduciría a un aumento de la eficacia, puntualizó el análisis.

Sin embargo, el autor objetó el argumento de la competencia porque, sostuvo, el abastecimiento de agua corriente “es por su naturaleza un monopolio”.

El consumidor, al no existir redes paralelas que sirvan a los hogares, no puede elegir entre abastecedores y, por lo tanto, no goza de los beneficios de un mercado competitivo, dedujo Aegisson.

En efecto, los servicios de agua privatizados constituyen una excepción en el mundo. Sólo cinco por ciento de esas redes son de propiedad o están bajo administración privada.

En tanto, entre los países industrializados Francia aparece como la excepción, porque un decreto imperial de mediados del siglo XIX estableció la administración privada del servicio. En Gran Bretaña, no sólo la administración sino también la propiedad de las fuentes fueron privatizadas hace poco más de un decenio.

Sin embargo, el autor advierte que en los dos países existen fuertes sistemas de administración pública, capaces de una regulación eficaz de las compañías privadas de aguas.

En otros países industrializados no se perciben señales de cambio alguno en favor de la privatización de los servicios. Por todas esas razones la presión por la privatización se ejerció sobre los países en desarrollo, donde los gobiernos son susceptibles a esas influencias, agregó el estudio.

El autor del trabajo de One World Action identifica detrás de esas fuerzas privatizadoras motivaciones ideológicas y lucrativas.

La ola neoliberal que barrió al mundo en la década del 80, consideró inútiles la intervención y la administración de los gobiernos, mientras prefirió que las decisiones quedaran en manos del mercado, explicó.

Sin embargo, a pesar del actual reflujo parcial del neoliberalismo, los cambios en el FMI y el Banco Mundial son lentos, diagnosticó.

Las motivaciones lucrativas se justifican por la magnitud del negocio del agua, estimado en 2000 por la revista “Fortune” en 400.000 millones de dólares anuales. Ese monto equivalía entonces a 40 por ciento de toda la industria del petróleo y superaba en un tercio al sector farmacéutico mundial.

El Banco Mundial ha calculado que el comercio mundial del agua ascenderá pronto a un billón de dólares, con la mayoría de las previsiones de expansión concentradas en los países en desarrollo.

La industria mundial del agua está dominada por un grupo reducido de empresas transnacionales, entre las que sobresalen claramente dos francesas, Vivendi y Suez, que controlan 70 por ciento del mercado privado del elemento.

En cuanto a 30 por ciento restante se reparte entre Thames Water, que pertenece ahora al grupo alemán de la construcción y la electrónica RWE, SAUR, la subsidiaria de agua del grupo francés Bouygues, y la sociedad entre la estadounidense Bechtel y la británica United Utilities.

El estudio de Aegisson sostiene que gran parte del éxito financiero de las grandes compañias del agua se basa en el respaldo que reciben de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo.

Ese respaldo permite a firmas reducir los riesgos y acrecentar los beneficios. Por ejemplo, el autor cita que Suez invirtió solamente 30 millones de dólares de los 1.000 millones requeridos para un proyecto en Argentina. El resto fue aportado por el Banco Mundial y por bancos argentinos.

La investigación concluye que la responsabilidad de los servicios de agua reposa en los gobiernos y estima necesario un sistema democrático y responsable como requisito para disponer de un servicio equitativo.

One World Action trabaja en Europa y en asociación con organizaciones de países en desarrollo con el objetivo de eliminar la pobreza y promover la democracia y el respeto de los derechos humanos.