Autogestión revive empresas arruinadas en Argentina

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina, 29 de noviembre (IPS)— Casi 150 cooperativas que agrupan a más de 10.000 trabajadores de Argentina se han hecho cargo de administrar empresas quebradas por el colapso económico, y en muchos casos abandonadas por sus propietarios.

Los protagonistas de este nuevo fenómeno de autogestión reclaman al Estado que les garantice el capital de trabajo indispensable para sostener el crecimiento de estos emprendimientos.

La historia se repite casi sin variantes en todos los casos. Los empresarios en crisis dejan de pagar salarios por varios meses, declaran en quiebra sus negocios o abandonan repentinamente el país sin honrar sus compromisos.

El personal de esas firmas, sin dinero y con deudas salariales por cobrar, se hace cargo de la compañía y obtiene el aval de la justicia para organizarse bajo la forma jurídica de una cooperativa de producción.

El fenómeno se multiplicó con la depresión económica que Argentina padece desde fines de 1998.

A partir de entonces, cada mes se suman nuevas empresas. El proceso tomó tal grado que apareció el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), del que participan 70 cooperativas, mientras otras 80 están a punto de sumarse a la organización.

Los rubros son variados: fábricas de alimentos, metalúrgicas, químicas, de repuestos de automóviles, de transporte o imprentas. En muy pocos casos el personal jerárquico se suma al proyecto. Por lo común, la administración queda en manos de operarios que, tras una fase inicial muy crítica, van recuperando ventas y clientes.

Hasta ahora ningún emprendimiento fracasó, aunque algunos son más exitosos y otros apenas permiten a sus integrantes ingresos de subsistencia, relató a IPS Eduardo Murúa, gerente de producción de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA) y dirigente del MNER.

Estas experiencias afrontan problemas de iliquidez y no pueden acceder a préstamos. “Como no tenemos la propiedad definitiva de las empresas, no somos sujetos de crédito. Si tuvieramos apoyo podríamos incorporar más empleados”, aseguró Murúa.

El sector reclama hace casi un año a las autoridades que establezcan un fondo fiduciario al que puedan recurrir como capital de trabajo.

Según cifras oficiales, el desempleo alcanza a 21,4 por ciento de la población económicamente activa, pero un porcentaje similar de personas están subempleadas, y muchos desocupados ya no buscan trabajo, ganados por el desaliento.

La metalúrgica IMPA revivió como cooperativa en 1998. Sólo 40 cooperativistas subsistían por entonces retirando cinco pesos por día, equivalentes a 1,4 dólares, según el cambio actual.

Paulatinamente, los salarios fueron subiendo. Ahora, 147 trabajadores perciben un ingreso mensual de 271 dólares.

“Ganamos todos igual, salvo por la diferencia de las horas extra de cada uno”, aclaró Murúa.

IMPA resultó beneficiada con la devaluación de la moneda argentina frente al dólar, de 70 por ciento desde enero, la sustitución de importaciones, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la reducción de los costos financieros.

“Antes dábamos plazos [de pago] de hasta 120 días que nos costaban caros, ahora eso ya no existe”, explicó Murúa.

En su opinión, la fábrica podría ofrecer más puestos de trabajo con mejores salarios si el gobierno contara con una política para crear y sostener las fuentes genuinas de empleo.

De momento, el gobierno de la oriental provincia de Buenos Aires prometió incluir en el presupuesto del año próximo una partida equivalente a casi nueve millones de dólares para destinar al fondo fiduciario.

Por su parte, las autoridades del distrito capitalino de Buenos Aires, autorizaron la expropiación de dos fábricas en proceso de liquidación.

Los trabajadores de ambas empresas, una imprenta y una fábrica de productos para heladerías, abandonadas por sus propietarios, se organizaron para mantenerlas en funcionamiento.

La medida expropiatoria es temporal para los edificios y definitiva para la maquinaria y bienes de producción.

Manuel Ruiz, integrante de la cooperativa de productos para helados, explicó a IPS que la expropiación de las máquinas fue a cuenta de los salarios adeudados por la empresa.

“Somos trabajadores de planta, expedición, operarios, de laboratorio y de mantenimiento, pero todos ganamos igual”, aclaró Ruiz. En 1999 la firma contaba con 90 empleados, la mitad permanece en la cooperativa.

La fundición Unión y Fuerza —la única cooperativa que cuenta con apoyo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos—, amplió su plantilla de 30 a 50 trabajadores, que reciben actualmente un salario mensual equivalente a 430 dólares.

La fabricante de tractores Zanello amplió este año su personal de 60 a 240 trabajadores, en buena medida beneficiada por la devaluación.

Un proceso similar, aunque más lento, fue el de la empresa cárnica Frigorífico Yaguané. Desde hace tres años funciona como cooperativa, cuenta con 500 empleados y es una de las tres de mayor producción del país.

Los trabajadores perciben buenos sueldos, además de seis kilogramos semanales de carne vacuna, el alimento tradicional de Argentina.

Pero los primeros tiempos fueron muy duros. Los trabajadores resistieron la caída durante casi un año con la fábrica vacía. Lentamente conformaron la cooperativa, volvieron a recibir hacienda para faenar y pusieron al día el pago de servicios y sueldos.

Ahora Yaguané factura 285.000 dólares por año y exporta carnes a mercados de la Unión Europea.

A juicio de Murúa, estas experiencias constituyen “nuevas formas de lucha de los trabajadores, que ven cómo se van perdiendo sus derechos y buscan la manera de resistir, de defenderse, de evitar transformarse en desempleados estructurales”.

Pero, además, “nos interesa demostrar que los trabajadores podemos conducir la empresa, y hacerlo bien”, añadió.

Las organizaciones sindicales se mantienen al margen. “No hay mucha comprensión del fenómeno, pero sabemos que los sindicatos lo utilizan como herramienta para negociar con la patronal, porque antes un patrón presionado podía amenazar con ir a la quiebra, y ahora saben que eso dejó de ser una amenaza”, subrayó Murúa.

Aunque la dirigencia sindical no respalda estas experiencias cooperativas, tampoco acciona en su contra, admitió.

“Una vez que los empresarios entran en crisis y dejan de aportar al sindicato y a sus servicios de salud, [los dirigentes] comienzan a desentenderse del problema de los trabajadores”, concluyó.

El gran hermano se prepara para vigilarte

Por Jim Lobe

Washington, DC, 25 de noviembre (IPS)— Legisladores de Estados Unidos, incluso del gobernante Partido Republicano, cuestionan un sistema informático que desarrolla el Departamento de Defensa (Pentágono) para rastrear bases de datos con información privada de ciudadanos de este país y del extranjero.

El proyecto Total Information Awareness (acceso o conocimiento de información total, TIA) tiene el objetivo de crear “una gran base de datos virtual y centralizada” que incluya registros financieros, clínicos, de comunicaciones y de viajes de todas las personas que vivan en Estados Unidos o que ingresen en el país.

El plan, que puso en pie de guerra a organizaciones de derechos civiles, fue alentado después de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington por el almirante retirado John Poindexter, uno de los principales involucrados en el escándalo Irán-Contras en los años 80.

Poindexter encabeza desde comienzos de este año la Oficina de Acceso a la Información de la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada (DARPA), el departamento del Pentágono que desarrolla, junto con el sector privado, herramientas tecnológicas para uso militar.

El militar debió abandonar el puesto de consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) a raíz del escándalo, y luego se dedicó al sector de la tecnología informática por casi 15 años.

El sistema TIA podría rastrear patrones de conducta de los ciudadanos —a través del análisis de su uso de la red informática mundial Internet, historias clínicas y compras con tarjetas de crédito— para determinar quién podría participar en agresiones contra Estados Unidos.

La preocupación entre las organizaciones de derechos civiles, que describen el programa como un intento de establecer un “estado vigilante”, surgió cuando el diario The New York Times difundió a comienzos de este mes detalles del proyecto.

Estas críticas se suman a las formuladas por algunas medidas del gobierno tras los atentados del año pasado, entre ellas la ampliación de las potestades de espionaje del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como por el respaldo de los tribunales a detenciones sin orden judicial de supuestos terroristas.

La cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe la “búsqueda y captura” de personas sin motivo razonable, es una de las más delicadas del orden jurídico nacional. Además, las fuerzas armadas tienen prohibida la participación en tareas de mantenimiento del orden interno y de vigilancia.

“Esto podría originar una tormenta para las libertades civiles en Estados Unidos”, dijo el director del no gubernamental Centro para la Privacidad de la Información Electrónica, Marc Rotenberg.

Una vez que el Pentágono desarrolle el proyecto TIA, esa tecnología podría ser entregada al FBI o a cualquier otra agencia de seguridad. “El resultado sería un sistema de vigilancia nacional del público estadounidense”, sostuvo Rotenberg.

“Si el Pentágono se sale con la suya, todo estadounidense, desde un granjero de Nebraska a un banquero de Wall Street, se encontraría bajo la mirada cibernética acusadora de un poderoso aparato de seguridad nacional”, agregó la activista Laura Murphy, de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).

Los activistas por los derechos civiles se unieron en sus críticas con derechistas, para quienes el temor al terrorismo parece haber sido superado por su histórico rechazo al fortalecimiento de las instituciones del gobierno central.

Muchos derechistas manifiestan creciente ira hacia uno de los suyos, el secretario de Justicia (fiscal general) John Ashcroft, quien luego de los atentados del 11 de septiembre amplió las facultades de los fiscales federales y del FBI a expensas de las libertades individuales.

“El Departamento de Justicia parece estar fuera de control. Es la mayor amenaza del país a la libertad personal”, se lamentó el recién retirado líder de la mayoría del gobernante Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Dick Armey.

Por su parte, el diputado ultraderechista Bob Barr, calificó el proyecto TIA de “escandaloso”. “Cualquiera debería imaginarse que la planificación por parte del Pentágono de un sistema para recoger datos personales obtuviera un poco más de atención”, dijo.

El diario The New York Times exhortó al Congreso legislativo a “clausurar” el programa y a no permitir su reanudación hasta que realizara una investigación exhsustiva, mientras The Washington Post dijo que, al menos, debería designarse un comité externo para supervisar el plan antes de su implementación.

El Pentágono ha insistido en que el proyecto es inocuo y que, cuando sea establecido, los sistemas de rastreo serán dirigidos por agencias internas sometidas a las habituales salvaguardias constitucionales y legales.

“Es absurdo pensar que la DARPA esté tratando, de algún modo, de convertirse en otra agencia policial”, dijo el subsecretario (viceministro) de Defensa a cargo de compras, logística y tecnología, Edward C. “Pete” Aldridge.

“El propósito de la DARPA es demostrar la factibilidad de esa tecnología. Si resulta útil, [el proyecto TIA] se volcará a la comunidad de inteligencia, contrainteligencia y vigilancia de la ley como herramienta para ayudarla en su batalla contra el terrorismo doméstico”, agregó Aldridge.

El funcionario aseguró que sólo se asignaron hasta ahora al proyecto 10 millones de dólares. Sin embargo, el activista Rotenberg citó documentos de la DARPA según los cuales se asignaron el plan TIA 243 millones de dólares desde el 11 de septiembre de 2001.

Tampoco ayuda a la causa del proyecto TIA que Poindexter sea el máximo funcionario a su cargo. El impávido almirante, fumador de pipa y graduado con honores en la Academia Naval, fue el principal miembro del gobierno de Reagan condenado por mentirle al Congreso por el escándalo Irán-Contras.

En los años 80, el gobierno apeló a un sistema ilegal por el cual lo obtenido por ventas clandestinas de armas a su archirrival Irán se utilizó para financiar a la oposición armada a la revolución sandinista en Nicaragua.

Sin embargo, Poindexter, quien nunca se mostró arrepentido por sus acciones durante la presidencia de Reagan, logró la absolución porque el acuerdo de inmunidad que había pactado con el Congreso para brindarle su testimonio dejaba sin efecto la acusación, según el tribunal que procesó la apelación.

“El presidente [George W. Bush] cree que el almirante Poindexter sirvió muy bien a nuestra nación”, dijo en enero el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, al anunciar su designación al frente de la DARPA. “John Poindexter tiene pasión y entusiasmo por este proyecto”, afirmó meses más tarde Aldridge.

El escudo de la Oficina de Acceso a la Información que Poindexter encabeza es el símbolo masónico de la pirámide con un ojo y el lema latino “Scientia Est Potentia” (“el conocimiento es poder”).