Ministros indígenas simbolizan el cambio
en Ecuador
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Libertad de expresión
en franco retroceso
en América Latina

Por Néfer Muñoz

San Jose, Cost Rica, 2 de diciembre (IPS)— El combate contra las leyes que coartan la libre expresión y las presiones sobre los medios de comunicación pondrá a prueba en 2003 a las autoridades de América Latina y el Caribe, donde fueron asesinados 261 periodistas en los últimos cuatro años.

Este año fue uno de los peores de la última década para el ejercicio del periodismo en la región, pues crecieron las restricciones y agresiones de gobiernos y de grupos criminales, señalaron dos de las principales organizaciones internacionales que velan por los derechos de los profesionales de prensa.

Colombia, Haití, Panamá y Venezuela encabezan la lista de países con mayor retroceso de la libertad de expresión y donde se impusieron más obstáculos al ejercicio del periodismo, dijeron a IPS portavoces de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la asociación latinoamericana Periodistas Frente a la Corrupción (PFC).

RSF, con sede en París, mantiene su mirada preocupada sobre Haití y Venezuela, pues se han multiplicado las agresiones contra periodistas, la mayoría de ellas cometidas por agentes del Estado, dijo a IPS el director de la esa entidad para América, el francés Régis Borgeat.

También Colombia es otro foco de constante atención para RSF, ante la muerte en los últimos 12 meses de cinco periodistas y colaboradores en el ejercicio de sus funciones, al igual que las restricciones que sufren los periodistas en Cuba y México.

"La situación en Colombia ya era dramática... y ahora nos preocupa el intento del gobierno de Alvaro Uribe de imponer restricciones a la prensa extranjera", agregó Borgeat.

La empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que de 1988 a este año fueron asesinados 261 periodistas en América Latina y el Caribe. Se detalla que 112 murieron en Colombia, 37 en México, 21 en Guatemala, 20 en Brasil, 19 en Perú y el resto en otros países de la región.

La SIP añadió que en 2000 fueron muertos siete periodistas latinoamericanos, en 2001 otros 11 y este año ocho. Aunque la cantidad de muertes se redujo en 2002, se asegura que las agresiones aumentaron.

Las agresiones contra periodistas están en constante aumento, ya que pasaron de 114 en 2001 a 170 este año, dijo a IPS la estadounidense Linda Hemby, portavoz de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC).

La organización PFC, con sede en El Salvador, proporciona recursos y otros servicios a los periodistas dedicados a investigar actos de corrupción. También les ofrece respaldo cuando sufren represalias o afrontan decretos, leyes y fallos que socavan su labor.

Hemby sostuvo que las represalias y el recrudecimiento de políticas estatales son producto de un mejoramiento en el periodismo de investigación en la región, sobre todo en la cobertura de casos de corrupción.

Para PFC, en México está amenazado el secreto profesional, como se comprobó este mes con la citación por parte del gobierno a siete periodistas de los diarios La Jornada y El Universal para que revelaran sus fuentes de información.

Panamá es otro de los países de la región con concentra la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas, debido a la existencia de una gran cantidad de las llamadas leyes mordaza, que restringen la labor de los periodistas.

Según PFC, casi 100 de los más de 200 periodistas panameños activos enfrentan querellas judiciales desde fines de 2000, muchas de las cuales están relacionadas con investigaciones de actos de corrupción.

Más de 40 de esas demandas fueron iniciadas por funcionarios, entre ellos por la propia presidenta Mireya Moscoso, el procurador General, José Antonio Sossa y el juez Winston Spadafora.

"Lo que está pasando en Panamá ya es un escándalo continental", señaló a IPS la periodista panameña Mónica Palm, reportera y columnista del diario La Prensa, quien corre el riesgo de ser detenida en los próximos días.

Palm publicó en marzo comentarios sobre el empresario panameño Mayor Alfredo Alemán, quien tras la publicación se sintió ofendido y presentó una demanda por injurias y calumnias.

Alemán era el propietario de un banco, declarado en quiebra en 1996, el cual supuestamente era utilizado para el lavado de dinero por parte de narcotraficantes colombianos.

"En Panamá, la libertad de expresión es una utopía. Si bien no estamos a nivel de Cuba, aquí las presiones del gobierno y de los sectores económicos poderosos son enormes", añadió la periodista.

Tanto RSF como PFC han insistido en su preocupación por la gran cantidad de leyes mordaza que siguen vigentes en Panamá y que datan de hace más de tres décadas.

A pesar de haberlo prometido en campaña, los últimos tres gobiernos democráticos de Guillermo Endara, Ernesto Pérez- Balladares y Mireya Moscoso han incumplido su promesa de derogar estas leyes.

Periodistas y activistas coincidieron en que el panorama para los comunicadores de América Latina y el Caribe no es nada halagüeño e hicieron un llamado a la comunidad internacional para presionar y revertir esta situación.

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Ministros indígenas simbolizan el cambio
en Ecuador

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 2 de enero (IPS)— El presidente electo de Ecuador, Lucio Gutiérrez, anunció que los dirigentes indígenas Nina Pacari y Luis Macas estarán a cargo de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, respectivamente.

Pacari afirmó que el anuncio de su nombramiento y el de Macas el lunes constituyó un "reconocimiento a los pueblos históricamente postergados".

"En medio del mundo globalizado, hay un reconocimiento a las identidades que construyen el Ecuador y a un proyecto político que integra esas diversidades y busca promover la participación de sectores sociales que históricamente han sido relegados y discriminados", argumentó.

Las anunciadas designaciones muestran que "Gutiérrez tomó el timón" y decidió despejar las dudas sobre el carácter de su gobierno, comentó el analista político Jorge Vivanco, subdirector del diario Expreso, que se edita en la sudoccidental ciudad de Guayaquil.

Los nombramientos rompen "un largo e injusto ciclo en que los indígenas han sido marginados de toda decisión nacional", destacó.

El Ministerio de Agricultura "debió ser manejado siempre por los indígenas, cultivadores ancestrales de la tierra, desde antes de los incas, sólo que luego de la conquista, en la colonia y buena parte de la época republicana, la siguieron cultivando pero para el terrateniente, a latigazos", sostuvo Vivanco.

Participar en el gobierno de Gutiérrez es un desafío más para el movimiento indígena y los movimientos sociales del campo y la ciudad, y "sólo un paso en la construcción de un país más equitativo y solidario", apuntó Macas.

"Ushay, en kichwa (lengua indígena también llamada quechua) es el poder, que es perfeccionar las condiciones de vida, es la capacidad de desarrollarnos colectivamente, desde el aporte de los distintos espacios. El gobierno puede ser una instancia más de seguir construyendo el ushay", opinó.

Pacari expresó que ocupar cargos de gobierno no debe institucionalizar al movimiento indígena ni a los movimientos sociales.

"La lucha del movimiento indígena empezó en las calles con una propuesta de cambio, y seguimos creciendo como actores desde instancias locales y nacionales. La gestión en los diferentes ámbitos debe estar correspondida por la activa participación de la gente", aseguró.

Pacari dijo poco después de que se anunciara su nombramiento que el proyecto de Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sólo debería entrar en vigencia si se modifican las relaciones entre los países involucrados y se tienen en cuenta las debilidades y particularidades de cada uno.

"En las condiciones que al momento están reflejadas sería un suicidio para Ecuador entrar en el ALCA. Ni siquiera se garantizaría al gran empresariado nacional", dijo a IPS.

También explicó que pondrá especial énfasis en apoyar a los ecuatorianos residentes en el exterior que, según cifras oficiales son más de 1,5 millones, o sea más de 12 por ciento de la población del país.

Es preciso que los países industrializados "inviertan y colaboren en programas sociales para generar empleo, y no impongan (a los inmigrantes ecuatorianos) medidas innecesarias como el visado. Impulsaremos proyectos para que mejoren las condiciones de vida de los emigrantes y de sus familias", anunció Pacari.

La futura ministra señaló que promoverá una acción conjunta de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en defensa de los emigrantes de los países que la integran.

Además aseguró que Ecuador mantendrá una política de no intervención en el conflicto de Colombia y promoverá su solución pacífica, mendiante el apoyo a la reanudación del diálogo entre el gobierno y la guerrilla de ese país.

La concesión a Estados Unidos de la occidental base militar de Manta, realizada por el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), se respetará, porque el acuerdo correspondiente fue ratificado por el Tribunal Constitucional, anunció Pacari.

Pero ese acuerdo especifica que la base sólo puede ser utilizada contra el narcotráfico en determinadas condiciones, y si no se cumple habrá que rescindirlo, añadió.

"Hay que ir a un integración política, económica, social y cultural (de América Latina), que puede comenzar con el acuerdo entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur (Mercosur), para después profundizarla", opinó la dirigente indígena.

Pacari, doctora en jurisprudencia, presidió el Consejo Nacional de Planificación de los Pueblos Indígenas y Negros, integró la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución, promulgada en 1998, y ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional, cargo que nunca había ocupado una indígena.

Macas, también doctor en jurisprudencia, consideró fundamental reactivar la producción agropecuaria con énfasis en los pequeños y medianos productores, para generar seguridad alimentaria.

"Vamos a impulsar el crédito promoviendo redes financieras comunitarias rurales y capitalizando el Banco Nacional de Fomento", aseguró a IPS.

Macas es uno de los dirigentes indígenas más emblemáticos, porque desempeñó un papel fundamental en la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y fue diputado.

En la actualidad, es rector de la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas, director del Instituto Científico de Culturas Indígenas y miembro del consejo editor del quincenario Tintají, editado en Quito.

Hay que generar empleo digno en el campo para evitar la migración interna y hacia otras naciones, alegó el futuro ministro.

También anunció su voluntad de resolver conflictos por la tierra y legalizar la propiedad de terrenos que corresponde a campesinos, para darles seguridad de que no serán expulsados además de "incentivos crediticios, ayuda técnica, acceso al riego y posibilidad de comercializar sus productos".

"Es primordial regular la importación de alimentos, para que nuestra gente produzca en el país", y en las actuales condiciones el ALCA "arrasaría con la producción nacional", aseguró Macas.

"No es posible que se inunde el país con productos importados que provocan la quiebra de nuestro campesinado", enfatizó.

Los nombramientos de Pacari y Macas para carteras que siempre fueron controladas por los sectores más poderosos equivale a "una revolución sin sangre", opinó el analista político Ruben Montoya.