Corte Penal Internacional nace pobre y débil
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Cuba: Portazo a la ONU

Por Patricia Grogg

La Habana, Cuba, 14 de marzo (IPS)— El gobierno de Cuba se negó este viernes a autorizar la visita de la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christine Chanet, encargada de evaluar la situación humanitaria de este país.

Cuba “no va a permitir que (Chanet) cumpla con su mandato”, dijo este viernes el canciller Felipe Pérez Roque, quien aclaró sin embargo que la negativa no debe entenderse como un gesto contra la representante o contra el Alto Comisionado, Sergio Vieira de Mello.

El jefe de la diplomacia cubana añadió que su país rechaza el “mandato viciado de origen” de la resolución que el año pasado creó la figura de un delegado especial para supervisar la situación de los derechos humanos en este país caribeño.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en abril de 2002, por 23 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones, esa resolución presentada por Perú y Uruguay con el patrocinio de Canadá y varios países de América Latina.

El texto invitaba a La Habana a garantizar los derechos civiles y políticos y pedía la designación de un representante personal del Alto Comisionado para “cooperar” con las autoridades cubanas en la aplicación de este punto.

La Comisión aprobó resoluciones contra La Habana en todas sus seiones anuales desde 1990, excepto en 1998. La de 2002 fue la primera iniciativa de esa naturaleza impulsada por países latinoamericanos.

La cuestión derivó en un incidente diplomático entre Cuba y Uruguay, que finalizó con la ruptura de relaciones entre las dos naciones.

Para el gobierno cubano esas resoluciones son “fabricadas por Estados Unidos con el objetivo primordial de justificar la política de bloqueo (que Washington denomina embargo) y agresiones contra el pueblo cubano”, sostuvo Pérez Roque.

“Cuba ha rechazado y continuará rechazando ese ejercicio anticubano”, del cual responsabilizamos al gobierno estadounidense y a “la mafia cubana de Miami”, dijo el canciller en conferencia de prensa, aludiendo a la comunidad anticastrista en esa ciudad del sur de Estados Unidos.

Pérez Roque viajará la semana próxima a Ginebra para asistir a la sesión anual de la Comisión de la ONU, que se iniciará este lunes.

El funcionario prometió una lucha sin “cuartel” a eventuales nuevos intentos de condenar a Cuba, cuyo gobierno se precia de respetar los derechos sociales como ningún otro.

“Tenemos una obra a favor de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que cada vez es más reconocida en el mundo”, añadió.

Pérez Roque se manifestó esperanzado de que en esta ocasión los gobiernos de América Latina no se plieguen nuevamente en Ginebra “a la presión y el chantaje” y en cambio prime la “soberanía y solidaridad subregional”.

De acuerdo a Pérez Roque, Estados Unidos ya inició gestiones en capitales latinoamericanas para obtener una nueva resolución sobre Cuba en las reuniones de la Comisión que se extenderán hasta el 25 de abril.

Pero en Ginebra, de momento, ningún gobierno expresa interés en patrocinar una resolución contra Cuba, en un clima distorsionado por la crisis de Iraq en el Consejo de Seguridad del foro mundial.

La decisión de no autorizar el viaje de Chanet fue calificada como un “grave error” por sectores opositores cubanos ilegales pero tolerados por el gobierno.

Cuba está gestionando su ingreso al Acuerdo de Cotonou, mediante el cual la Unión Europea (UE) otorga preferencias comerciales a 77 países que fueron enclaves coloniales en Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP).

“Europa ha querido que Cuba entre a Cotonou, pero estas señales que está dando el gobierno no son positivas”, dijo a IPS Héctor Palacios, director del Centro de Estudios Sociales y de la coalición opositora Todos Unidos. En su opinión, la posición cubana “servirá parar aislar al gobierno”.

La situación de los derechos humanos es motivo de discrepancias entre el gobierno de Fidel Castro y la UE, que vota en bloque las resoluciones de Ginebra y condiciona su cooperación a una mejoría en la materia.

El anuncio de Pérez Roque coincidió con la visita a La Habana del Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, Poul Nielson, quien aseguró que el bloque europeo acogió “con beneplácito” la solicitud cubana de ingreso al Acuerdo de Cotonou.

Sin embargo, algunos de los 15 países miembros del bloque comunitario continúan insistiendo en que Cuba debería emitir señales positivas en materia de libertades fundamentales antes de acceder a beneficios de esa cooperación.

Un documento que Cuba hará circular en Ginebra recuerda que la isla caribeña recibió en 1994 la visita del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ecuatoriano José Ayala Lasso.

Sin embargo, también por entonces no autorizó el viaje de un relator especial para Cuba, el sueco Carl Johan Groth, cuya designación consideró “un mecanismo viciado de origen”.

Para Ayala Lasso, que se reunió con Castro e incluso con algunos disidentes, su estancia en el país de régimen socialista tuvo un balance “positivo” en tanto sirvió para iniciar un diálogo con el gobierno cubano.

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Corte Penal Internacional nace pobre y débil

Por Sanjay Suri

Londres, Gran Bretaña, 12 de marzo (IPS)— La mayor parte del mundo quedó fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra crímenes de guerra y genocidio que comenzó a funcionar esta semana en la ciudad holandesa de La Haya. Además, pasarán años antes de que el tribunal pueda emitir algún fallo.

El Estatuto de Roma promovido por la ONU y constitutivo de la CPI, fue firmado por 139 países pero apenas lo ratificaron 89. Entre ellos no figuran muchas de las naciones asoladas por conflictos cuyos responsables serían candidatos naturales a sentarse en el banquillo.

La Corte sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar crímenes de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.

Para colmo, nadie sabe con certeza cómo hará el cuerpo para hacer cumplir sus órdenes de detención y de traslado de acusados.

Los 18 magistrados del tribunal asumieron sus cargos el lunes. El fiscal será designado en los próximos dos meses. La Corte tiene entre 50 y 60 funcionarios, pero necesitaría 200 sólo para establecerse, lo que insumirá un año o dos, y entre 500 y 600 cuando comience a atender casos, según observadores.

El tribunal internacional especial para los crímenes de guerra en Yugoslavia cuenta con 900 empleados y el constituido para los de Ruanda, varios cientos.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, pero su adhesión no duró mucho tiempo.

El gobierno de George W. Bush envió en mayo del año pasado una carta a los funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a cargo de organizar el tribunal: “Informamos que Estados Unidos no pretende convertirse en parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de julio de 1998”.

Representantes de Washington argumentaron que participar en la Corte dejaría a militares estadounidenses en el extranjero expuestos a acusaciones por motivaciones políticas, lo cual socavaría la guerra internacional declarada por el gobierno de Bush contra el terrorismo.

Los cuatro países más poblados del mundo (China, con 1.300 millones, India, con 1.060, Estados Unidos, con 290, e Indonesia, con 217), así como Pakistán, Corea de Norte, Iraq e Israel, y la mayoría de las naciones bajo regímenes militares, optaron por quedar fuera de la jurisdicción del tribunal.

“Pero el único oponente realmente importante es el gobierno de Bush”, dijo a IPS desde La Haya el activista William Pace, presidente de la Coalición para la Corte Penal Internacional integrada por 2.000 organizaciones no gubernamentales.

Veinte países firmantes del Estatuto de Roma acordaron con Washington, luego de recibir fuertes presiones, acuerdos de inmunidad según los cuales no podrían acusar a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional.

El embajador de Estados Unidos en Holanda no asistió este lunes a la inauguración del tribunal en La Haya. Mientras, otros países adhirieron al tratado “en medio de terribles conflictos”, dijo Pace, entre ellos Afganistán, Colombia y República Democrática de Congo.

Se prevé que la mayoría de los casos que atenderá el tribunal serán iniciados por gobiernos ratificantes del Estatuto de Roma o por organizaciones humanitarias y de la sociedad civil.

Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, principal órgano ejecutivo del foro mundial, podrá presentar sus propias demandas, y en esos casos será irrelevante si el país donde se cometió el crimen a juzgar ratificó o no el Estatuto de Roma.

Francia y Gran Bretaña son los único ratificantes del tratado constitutivo del tribunal entre los cinco miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto y que constituyen el eje del poder del cuerpo. Rusia lo firmó pero no lo ratificó, y China y Estados Unidos optaron por quedar fuera del convenio.

The todos modos, cualquier acusación que eleve el Consejo de Seguridad estará sujeta al veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del cuerpo, incluidos los que no son parte del Estatuto de Roma.

En los países donde la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, el tribunal no invalidará la labor de los gobiernos y los sistemas judiciales.

Si Gran Bretaña, por ejemplo, participa en un ataque contra Iraq y se introduce una demanda contra los militares o el gobierno británico ante la Corte, sería “sólo remotamente” posible que el tribunal realice la acusación, dijo Pace.

“Gran Bretaña podría replicar que tiene un sistema legal en funcionamiento que podría investigar las quejas y acusar a alguien, de ser necesario”, dijo Pace.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional sólo podría actuar en ese caso si comprueba que la actitud británica es, en realidad, una maniobra para encubrir a culpables de delitos, explicó el activista.

Pace pronosticó que el tribunal procesará tres o cuatro casos en los próximos 10 o 15 años, aunque el cuerpo ya recibió cientos de quejas aun antes de comenzar a funcionar. “Pero la Corte no se dejará abrumar con presentaciones frívolas”, aseguró.

La creación de la Corte representa una globalización de la democracia, los derechos humanos y la vigencia de la ley, dijo Pace. “El siglo XX fue el más violento de la historia, y en el presente siglo ese legado ha continuado. Ahora, este tribunal es una de las instituciones antibélicas más grandes de la historia”, aplaudió.

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