Pobreza acecha detrás de acuerdo comercial
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Periodistas escapan para no ser asesinados

Por Yadira Ferrer

Bogota, Colombia, 8 de abril (IPS)— Un grupo de 14 periodistas colombianos huyeron del oriental departamento de Arauca tras ser declarados “objetivos militares” por guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha. Su comunidad quedó desinformada por la censura de los violentos.

Esos periodistas se trasladaron a Bogotá hace una semana sin sus familias, tras saber que figuraban en listas de condenados a muerte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y luego de que dos colegas fueran asesinados desde mediados de 2002.

Los 14 trabajaban en medios de comunicación de la ciudad de Arauca, capital del departamento, o de localidades vecinas. Otros dos comunicadores también amenazados, de la localidad de Saravena, aún no han escapado de ella por temor a una emboscada.

Arauca, con cerca de 300.000 habitantes, es una región estratégica por sus recursos petroleros para las FARC, el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional y las paramilitares AUC.

En septiembre, el presidente Alvaro Uribe transformó a ese departamento en una de las llamadas zonas especiales de rehabilitación o de seguridad, bajo control de las Fuerzas Armadas, al amparo del estado de excepción vigente desde el 12 de agosto, pero eso no puso fin a la violencia.

Un habitante de Arauca que pidió anonimato por razones de seguridad dijo a IPS que desde entonces explotaron nueve coches- bomba, que mataron a por lo menos 10 personas, el comercio decayó en las ciudades, y los asesinatos selectivos aumentaron, al igual que las renuncias de funcionarios amenazados por grupos armados.

Las amenazas para silenciar a periodistas comenzaron a mediados del año pasado, y desde entonces se materializaron dos asesinatos.

La primera víctima, en junio de 2002, fue Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70, y la segunda, el 18 de marzo, Luis Alfonso, director del noticiero de la misma emisora y colaborador del diario El Tiempo, único de circulación nacional.

El asesinato de Alfonso causó enérgicas condenas de la organización no gubermamental Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que cuestionaron la efectividad del gubernamental programa de protección para periodistas.

Angel León, director del noticiero de la emisora Radio DIC, dijo a IPS que tras la muerte de Varela llegó a ese medio de comunicación un correo electrónico del bloque de las AUC en Arauca, con amenazas “a todos los periodistas, a los presentadores de telenoticieros locales, a los gerentes de las emisoras y a los dueños de los medios de comunicación”.

La situación se agravó el 28 de marzo, cuando el corresponsal en Arauca de la radioemisora Caracol, Rodrigo Avila, dio a conocer dos listas de periodistas condenados a muerte, una de las AUC con 10 nombres, que incluía a los asesinados Alfonso y Varela, marcados con una cruz, y otra de las FARC con ocho nombres.

Un periodista que pidió no ser identificado por razones de seguridad dijo a IPS que la declaratoria de Arauca como zona de rehabilitación aumentó los problemas de los reporteros, porque a las presiones de grupos armados ilegales se sumaron las de algunos miembros de fuerzas de seguridad.

Según la fuente, los periodistas se exponen a represalias si no difunden por completo los comunicados que reciben de guerrilleros y paramilitares.

Pero los funcionarios de seguridad también se molestan cuando un periodista omite de los boletines oficiales términos como “narcoterroristas”, “narcoguerrilleros”, o “delincuentes”, usados por el gobierno para referirse a los grupos armados ilegales.

Uribe pide resultados a los militares en todo el país, y especialmente en las zonas de rehabilitación.

Eso a veces lleva a que miembros de las Fuerzas Armadas quieran “utilizar a los periodistas para enviar mensajes de operativos supuestamente exitosos”, y presionen para lograrlo, indicó el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), César Velásquez.

Pero “la prensa no puede ser la caja de resonancia de las partes, para agrandar o achicar los hechos según sus intereses, o para quedarse callados frente a algunos hechos”, aseveró.

Según el vicepresidente Francisco Santos, el gobierno se interesó por la situación de los periodistas de Arauca, y ofreció trasladar a Bogotá a los que quisieron abandonar ese departamento, pero la mayoría lo hizo por sus propios medios.

Santos dijo que ha sostenido varias reuniones con periodistas, organizaciones gremiales y miembros de los ministerios de Defensa y del Interior, para discutir con qué garantías de seguridad podrían regresar a Arauca los periodistas que huyeron, y que se ha planteado un cronograma de actividades para ese retorno.

Los periodistas deben comprender “que en una región tan difícil, que estuvo olvidada durante décadas por el Estado”, cuando el gobierno empieza a intervenir de modo muy directo, “obviamente los guerrilleros y paramilitares que la habían controlado quieren demostrar, mediante la intimidación, que la recuperación está fracasando”, alegó.

Las presiones en Arauca hicieron primero que los periodistas de Arauca practicaran la autocensura, y en la actualidad ese departamento “no sólo es un sitio peligroso, sino que es un sitio sin periodistas”, señaló Ignacio Gómez, de la Fundación para la Libertad de Prensa.

“Si no se aplican correctivos, los colombianos tendrán que acostumbrarse a (contar sólo con) los boletines que emiten el Ejército y los actores violentos”, añadió.

Según organizaciones internacionales, en los últimos 14 años fueron asesinados en Colombia unos 115 periodistas, y eso ha convertido al país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

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Pobreza acecha detrás de acuerdo comercial

Por Emad Mekay

Washington, DC, 10 de abril (IPS)— Estados Unidos y cinco países de América Central no deben apresurarse a firmar un acuerdo de libre comercio, que hundirá a agricultores y otros grupos vulnerables en una pobreza mayor de la que ya sufren, advirtieron 63 organizaciones de la sociedad civil.

Sindicatos y organizaciones de fomento al desarrollo y a la agricultura, de derechos humanos y de solidaridad con países centroamericanos, la mayoría estadounidenses, firmaron una carta dirigida al presidente George W. Bush, quien se reunió este jueves con sus pares de los cinco países centroamericanos.

El tratado comercial ocasionará grandes perjuicios a los agricultores, trabajadores, y gobiernos locales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, según la carta.

Bush recibió este jueves en Washington a los presidentes Abel Pacheco, de Costa Rica; Francisco Flores; de El Salvador, Alfonso Portillo; de Guatemala; Ricardo Maduro; de Honduras; y Enrique Bolaños, de Nicaragua.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, y otros funcionarios del gobierno promocionan el acuerdo como mecanismo para acabar con la pobreza y promover el desarrollo en América Central.

Por su parte, los cinco presidentes de la región latinoamericana argumentan que el tratado reducirá las barreras comerciales estadounidenses a sus productos agrícolas.

El acuerdo abrirá América Central a las exportaciones estadounidenses de maquinarias y equipos, productos químicos, plasticos y textiles, manzanas, maíz, trigo, arroz, y alimentos procesados. Mientras, los países centroamericanos podrán vender a Estados Unidos caña de azúcar, café, y pescado.

La agricultura representa un tercio de la fuerza de trabajo de la región, según la Organización Internacional del Trabajo.

Las exportaciones de Estados Unidos a América Central crecieron 42 por ciento entre 1996 y 2002, año en que ascendieron a 9.000 millones de dólares, cifra y equivalente a las ventas sumadas a Rusia, India, e Indonesia.

Mientras, las importaciones de productos centroamericanos a Estados Unidos sumaron 11.000 millones de dólares, 74 por ciento libres de aranceles.

Pero los activistas manifestaron en su carta a Bush, cuya copia fue enviada también a los cinco presidentes centroamericanos, grandes preocupaciones por “la participación de la sociedad civil y la transparencia en el proceso de negociaciones”.

El diálogo contó, hasta ahora, con limitada participación de la sociedad civil, aparte del sector empresarial, según la carta, que describe el plan de realizar audiencias públicas en los países involucrados como “insignificante”.

“Faltan siete meses para el plazo fijado para terminar el texto del acuerdo, y hasta ahora no se estableció un proceso significativo para la participación de la sociedad civil de América Central”, advierte.

El texto en negociación aún no está disponible al público, lo que sí sucede con los dos proyectos para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), difundidos parcialmente en el sitio de las negociaciones en la red informática mundial Internet.

“Para que cualquier acuerdo comercial sea legítimo, el plazo debe extenderse, el texto debe publicarse y deben crearse mecanismos para la participación en los procesos de negociación e implementación del acuerdo”, dijo la activista Vicki Gass, de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Muchas de las organizaciones firmantes de la carta manifiestan preocupación sobre asuntos concretos de las negociaciones, como agricultura y desarrollo sustentable, derechos laborales, normas de inversión, protección de los conocimientos tradicionales, acceso a las medicinas, y garantías para los servicios públicos esenciales.

Algunos activistas temen que los sindicatos centroamericanos no participen en las negociaciones previstas para mayo.

La actual política comercial estadounidense llama, en principio, al respeto de principios internacionales sobre derechos laborales. Eso obligó a Guatemala a reformar sus leyes laborales, elevar el salario mínimo y aumentar las sanciones a las violaciones de esos derechos.

Pero el tratado comercial en negociaciones no incluye medidas al respecto. “Se aceptan las actuales leyes laborales, que en América Latina están, con frecuencia, por debajo de las normas internacionales”, dijo el activista Stephen Coats, del estadounidense Proyecto de Educación Sindical de las Américas.

El acuerdo en ciernes significará “un retroceso en los compromisos asumidos en las últimas dos décadas por Estados Unidos de proteger los derechos de los trabajadores”, agregó.

Los activistas también manifestaron preocupación por la posibilidad de que el acuerdo incluya una cláusula presente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en los borradores del ALCA, según la cual los inversores extranjeros tendrán el derecho a querellar a gobiernos por leyes que reduzcan sus beneficios.

La cláusula se aplicó para permitir la instalación en una localidad de México de un basurero de residuos tóxicos, contra la ley que vetó en el sudoccidental estado estadounidense de California el uso de un aditivo de combustible carcinogénico y para eliminar los subsidios al sistema postal de Canadá.

“Es un mecanismo antidemocrático y injusto que no debería repetirse en el acuerdo con América Central o en otros, pero todo evidencia que es exactamente lo que los negociadores estadounidenses intentan hacer”, dijo la coordinadora del programa comercial de la organización no gubernamental The Development GAP, Karen Hansen-Kuhn.

Algunos agricultores estadounidenses también se oponen al acuerdo. Desde la firma del TLCAN en 1993, las importaciones de Estados Unidos desde Canadá y México crecieron con demasiada rapidez, lo cual originó un exceso de oferta que redujo los precios en los tres países, afirmaron.

Nuevos tratados comerciales “significarán menos agricultores trabajando”, dijo la activista de la Coalición Nacional de la Familia Granjera Dena Hoff. “Si la intención es mantener a los campesinos en la tierra y que prosperen, deben tener precios por encima del costo de producción”, agregó.

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