Cientos de miles de trabajadores en vilo
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Occidental Petroleum demandada por masacre

Por Jim Lobe

Washington, DC, 25 de abril (IPS)— Familiares de 18 civiles muertos en 1998 en un bombardeo en Colombia responsabilizaron por esa masacre, ante un tribunal de California, a las empresas estadounidenses Occidental Petroleum, petrolera, y AirScan, de seguridad.

La introducción de la demanda, patrocinada por una fundación internacional de abogados, coincidió este viernes con la asamblea anual de accionistas de Occidental Petroleum (conocida como Oxy), también en el sudoccidental estado de California.

La querella se basa sobre la Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, norma del siglo XVIII cuyo objetivo original era luchar contra la piratería.

Sin embargo, la norma fue aplicada con éxito por no estadounidenses que sufrieron violaciones de derechos humanos en otros países y que acusan a sus victimarios o a empresas que los patrocinaron en tribunales de Estados Unidos.

En los últimos años, varias personas presentaron demandas contra empresas estadounidenses de petróleo y gas, luego de sufrieron abusos a manos de militares o personal de seguridad contratado por esas firmas para proteger sus instalaciones.

Los patrocinantes de la querella contra Oxy y AirScan son el Fondo Internacional de Derechos Laborales, con sede en Washington, y la Escuela de Derecho de la estadounidense Northwestern University.

Uno de los demandantes, Luis Alberto Galvis Mujica, cuya madre, hermana y primo murieron en el ataque, preveía entrevistarse con el jefe ejecutivo de Oxy, Ray Irany, y con la junta de directores de la firma, durante la asamblea de accionistas de este viernes.

La demanda se relaciona con las operaciones del oleoducto Caño Limón, que recorre 750 kilómetros desde la región amazónica de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, hasta el Caribe.

El oleoducto ha sido durante años blanco frecuente de sabotaje de organizaciones insurgentes de izquierda.

El incidente ocurrió el 13 de diciembre de 1998, en el poblado de Santo Domingo, a unos 50 kilómetros del oleoducto, durante una batalla entre guerrilleros y soldados regulares en una selva cercana.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana arrojó una bomba de racimo en el poblado, según concluyó un estudio oficial del gobierno colombiano. Entre los 18 muertos figuran seis niños.

Tripulantes del helicóptero afirmaron más tarde que la operación fue planificada en la sede regional de Oxy, donde el aparato incluso se reabasteció de combustible.

Las coordenadas para arrojar la bomba de racimo fue aportada a los tripulantes del helicóptero por ciudadanos estadounidenses a bordo de un avión de vigilancia perteneciente a AirScan, contratada por la Fuerza Aérea colombiana, según informó el diario Los Angeles Times.

Dos de los cuatro tripulantes del helicóptero recibieron una sanción administrativa a fines del año pasado, en uno de los pocos esfuerzos serios del gobierno de Colombia por castigar a militares que violan los derechos humanos. Los acusados apelaron la sanción.

AirScan negó estar involucrada en el incidente.

También Oxy negó tener responsabilidad en la matanza. “No tuvimos oportunidad de estudiar la demanda”, pero “creemos que cualquier sugerencia de que Occidental Petroleum fue responsable en algún modo de la tragedia en Santo Domingo (...) es completamente falsa”.

“Occidental no ha provisto ayuda letal a las Fuerzas Armadas colombianas”, agregó la empresa en un comunicado.

La empresa replicará “vigorosamente” cualquier acusación, dijo un portavoz de la firma, Lawrence Meriage. “De hecho, Occidental y sus empleados han sido rutinariamente víctimas de grupos terroristas armados que operan en las cercanías de Santo Domingo y en todo el estado de Arauca”, agregó.

En diciembre, los insurgentes mataron a cuatro empleados de una empresa contratista de Occidental y herido a otros 15 al detonar una bomba que destruyó un autobús, dijo Meriage.

El Tribunal de Apelaciones de Noveno Turno, con jurisdicción en la costa occidental estadounidense, incluido California, decidió el año pasado que la petrolera Unocal podría ser acusada por trabajo forzado, violación y asesinatos supuestamente cometidos por soldados birmanos que custodiaban un gasoducto.

Esa jurisprudencia, también referida a la más que centenaria Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, tiene validez en el tribunal en el cual se introdujo la demanda contra Oxy y AirScan.

De todos modos, estas sentencias podrían ser derogadas por la Suprema Corte de Justicia. El Departamento de Estado (cancillería) también podría solicitar al tribunal que no perjudique a Occidental Petroleum porque eso pondría en entredicho los intereses estadounidenses.

Demandantes colombianos acusaron a la empresa estadounidense de refrescos Coca-Cola, también sobre la base de la Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, por asesinatos y actos de intimidación cometidos por paramilitares contra sindicalistas de las embotelladoras.

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Cientos de miles de trabajadores en vilo

Por Néfer Muñoz

San Jose, Costa Rica, 24 de abril (IPS)— El gobierno de Estados Unidos guarda silencio sobre una prórroga al Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que ampara a casi 350.000 trabajadores inmigrantes centroamericanos y que expirará en los próximos meses.

Las autoridades de Estados Unidos tienen plazo hasta el 5 de mayo y el 9 de julio para decidir si prorrogan por cuarta vez el TPS otorgado a 347.000 inmigrantes salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

Pero ante el silencio de Washington, la zozobra gana a los inmigrantes y a sus familias en El Salvador, Honduras y Nicaragua. También a los gobiernos de estas naciones, que vislumbran un caos económico y social si estos trabajadores son deportados.

Los trabajadores centroamericanos en Estados Unidos aportan 4.000 millones de dólares por año a sus países de origen bajo la forma de remesas a sus familias, según la Unidad Hondureña, una de las principales asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en la nación norteamericana.

De ese monto, entre 300 y 400 millones de dólares corresponden a envíos de trabajadores amparados por el sistema TPS.

“Estamos con una gran incertidumbre, si Washington no resuelve este problema habrá una situación muy grave”, dijo a IPS el ministro de Trabajo de Honduras, Germán Leitzelar.

“El istmo no está en capacidad de absorber las posibles deportaciones masivas. Esos repatriados regresarían para ampliar las presiones económicas y provocarían un mayor proceso de desequilibrio social”, agregó Leitzelar.

El funcionario explicó que los gobiernos centroamericanos y organizaciones no gubernamentales intensificaron las gestiones ante Washington para promover una nueva prórroga.

“Esperamos una respuesta positiva, sin embargo, es cierto que hay incertidumbre”, reiteró.

El TPS para las tres naciones centroamericanas vencía en 2000, pero fue renovado en tres ocasiones consecutivas. Ahora hay serias dudas de que el gobierno de George W. Bush otorgue una cuarta prórroga.

La incertidumbre se debe a la política exterior del gobierno de George W. Bush, centrada en la seguridad nacional y la “guerra preventiva”, recién aplicada contra Iraq.

La profundización de esta política, en vigor desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, supone una amplia gama de restricciones a la inmigración.

Unos 5.000 nicaragüenses, 82.000 hondureños y 260.000 salvadoreños están acogidos por el TPS.

Se trata de un documento que contiene nombre, fotografía, número de expediente, fecha de nacimiento y huella dactilar del inmigrante, y lo autoriza a trabajar temporalmente.

El Congreso legislativo de Estados Unidos estableció en 1990 un procedimiento mediante el cual, el fiscal general puede otorgar el TPS a extranjeros en Estados Unidos, temporalmente impedidos de regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres ambientales u otras situaciones extraordinarias.

El TPS se otorga a ciudadanos de ciertas naciones consideradas elegibles. Actualmente están comprendidos en este programa Angola, Burundi, El Salvador, Honduras, Liberia, Montserrat, Nicaragua, Sierra Leona, Somalia y Sudán.

Pero esto no constituye un permiso de residencia permanente y expira cuando el fiscal general determine que han cesado las condiciones extraordinarias en el país de origen.

El TPS vence para los nicaragüenses y hondureños el 5 de julio, y para los salvadoreños, el 9 de septiembre.

Sin embargo, la ley estipula que el anuncio de la extensión o del vencimiento definitivo debe hacerse 60 días antes de esas fechas, respectivamente el 5 de mayo y el 9 de julio.

“Lo que nos preocupa es que en América Central no existen las condiciones para que sea eliminado el TPS”, dijo a IPS el presidente de la Unidad Hondureña, José Lagos.

Según Lagos, las eventuales deportaciones masivas provocarían una crisis social y económica en el istmo por el aumento del desempleo.

De acuerdo a datos gubernamentales, el desempleo afecta a cinco por ciento de la población económicamente activa de América Central, de 14 millones, pero el subempleo asciende a 28 por ciento.

“Hemos realizado una campaña de recolección de firmas con cartas dirigidas al presidente Bush y estamos en contacto con oficiales de la Casa Blanca, congresistas, senadores, Iglesia Católica y sindicatos”, agregó Lagos, quien pasó cuatro años sin papeles en Estados Unidos antes de obtener residencia y ciudadanía.

También se recurrió a los buenos oficios del gobernador del meridional estado de Florida, Jeb Bush, hermano del mandatario.

En ese estado reside una numerosa comunidad de inmigrantes latinoamericanos.

Pero los presagios no son buenos. En marzo, las autoridades eliminaron un permiso similar para inmigrantes de Angola.

El reclamo centroamericano va más allá de una prolongación del TPS, pues comprende un rediseño de la política migratoria estadounidense para los inmigrantes de la región.

Por ejemplo, se solicita amnistía y residencia permanente para miles de centroamericanos que trabajan hace años sin documentos.

“La cuarta extensión del TPS sería un milagro. Y hay que decir que esta espera es lo que a uno lo mata de angustia”, dijo a IPS Maureen Zamora, directora del no gubernamental Foro Nacional para las Migraciones, de Honduras.

Washington podría disponer tres medidas: la primera es extender el TPS por un año más, y dar 60 días a los beneficiarios para renovar sus documentos.

La segunda opción es que el gobierno no se pronuncie. En este caso, el TPS sería extendido automáticamente por seis meses y al expirar ese periodo, quienes no tengan pendiente un trámite de residencia deberían abandonar Estados Unidos.

La tercera opción sería anunciar el fin del TPS para los trabajadores de los tres países. Los 350.000 inmigrantes tendrían 60 días para dejar territorio estadounidense. Después comenzarían las deportaciones.

Zamora señaló que muchos esperan una resolución favorable, recordando el apoyo centroamericano a la guerra de Estados Unidos contra Iraq.

Pero la tensión crece. Más alla del TPC, cientos de miles de centroamericanos viven indocumentados en Estados Unidos: 30.000 costarricenses, 100.000 guatemaltecos, 90.000 hondureños, 50.000 nicaragüenses y 100.000 salvadoreños.

La mayoría de ellos se aventuraron a peligrosas travesías por desiertos y bosques del istmo en busca de un trabajo digno.

“Si Estados Unidos renueva o elimina el TPS, no influirá en el flujo migratorio de centroamericanos. Es un problema muy serio que requiere debate y soluciones integrales”, finalizó Zamora.

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