Myrna Mack vuelve a morir
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ChevronTexaco asediada por
jueces de dos países

Por Jim Lobe

Washington, DC, 8 de mayo (IPS)— Treinta mil indígenas demandaron en Ecuador a la corporación petrolera ChevronTexaco por daños ambientales. Si ganan, la justicia de Estados Unidos se encargará de que la compañía pague la compensación de hasta 1.000 millones de dólares.

Se trata de un caso cuyo resultado podría elevar en gran medida el poder de los tribunales de los países en desarrollo en las demandas contra corporaciones multinacionales.

La querella fue introducida en un tribunal del poblado petrolero de Lago Agrio. Los indígenas acusaron a ChevronTexaco de destruir sistemáticamente el ambiente de sus tierras selváticas ancestrales al arrojar miles de millones de litros de desechos y crudo entre 1971 y 1972.

Los querellantes también indicaron que la compañía abrió 350 vertederos de basura a pocos metros de sus viviendas, y que con esas actividades enfermaron y mataron a cientos de personas y de animales en las últimas tres décadas.

El caso fue analizado por tribunales estadounidenses en la última década, pero ahora se presentó en el marco de una nueva ley ecuatoriana que obliga a las compañías explotadoras de recursos minerales que actúen en el país a pagar por el costo de limpiar la contaminación que causen sus operaciones.

ChevronTexaco, con sede en el sudoccidental estado de California, insistió en que cumplió con todas las obligaciones que establece la ley ecuatoriana al pagar unos 40 millones de dólares en las tareas de limpieza que concluyeron en 1998.

“No hemos visto la demanda, por lo que no podemos comentarla. De todos modos, creemos que las declaraciones de los abogados demandantes son atroces e irresponsables y carecen de base”, dijo el portavoz de la empresa Chris Gidez.

“Desde que iniciaron sus acciones legales hace un decenio, los querellantes no presentaron ninguna evidencia creíble e independientemente sustanciada para respaldar sus alegatos”, agregó Gidez.

En agosto, un tribunal federal de apelaciones estadounidense decidió que el caso debería ser procesado en Ecuador, pero que el fallo definitivo y el castigo financiero que eventualmente se imponga en el país latinoamericano tendrían fuerza legal también en Estados Unidos.

Además, si los querellantes no tuvieran éxito en Ecuador, podrían proseguir con su demanda en tribunales estadounidenses, agrega el fallo.

Esta decisión sin precedentes parece diseñada para impedir que las empresas multinacionales se aprovechen de la debilidad de los sistemas judiciales de los países en desarrollo, donde los procedimientos se prolongan.

Por otra parte, en los casos en que el fallo no es del agrado de las compañías, éstas suelen afirmar que no gozaron de debido proceso y se niegan a pagar las indemnizaciones fijadas.

Pero al retener su jurisdicción los tribunales estadounidenses, las empresas verán muy reducido su margen de maniobra.

“Este caso podría establecer nuevas normas de responsabilidad para las compañías petroleras estadounidenses que creen poder operar en el extranjero sin asumir prácticas ambientales adecuadas”, dijo el principal abogado del equipo querellante, Cristóbal Bonifaz.

“Esta es una batalla de ‘David contra Goliath’. Pero el tribunal federal estadounidense niveló el campo de juego al indicar que un pequeño tribunal en un poblado de Ecuador tiene el mismo poder que una corte federal en Manhattan en un caso contra una corporación multinacional de 99.000 millones de dólares. Eso, por sí solo, ya es un avance”, dijo Bonifaz.

Empresas de petróleo, gas y mineras de Estados Unidos son muy criticadas por el daño social y ambiental que ocasionan sus operaciones en América Latina, como el oleoducto OCP en Ecuador y el proyecto gasífero Camisea en Perú.

Un tribunal nicaragüense ordenó en enero a la compañía petrolera británico-holandesa Shell Oil, a la firma agrícola estadounidense Dole Food y a la química Dow Chemical el pago de 500 millones de dólares a 450 trabajadores que fueron expuestos a un pesticida que los dejó impotentes.

Las firmas se negaron hasta ahora a pagar la indemnización.

Trabajadores y comunidades de toda América Latina introdujeron demandas judiciales contra grandes corporaciones como Dole Food, Shell, Dow Chemical, Occidental Chemical, Del Monte Fresh Produce y Chiquita Brands International.

Según los querellantes, ChevronTexaco arrojó durante 20 años 500 millones de barriles de agua sucia que contenía petróleo y metales pesados cancerígenos.

Lo hecho por ChevronTexaco en la selva ecuatoriana no fue solo negligencia, sino conducta temeraria, sostuvo otro abogado de la demanda.

Tres comunidades indígenas —las cofan, secoya y siona— fueron sumamente golpeadas por las actividades de la petrolera. Muchos indígenas contrajeron cáncer y murieron, y la mayoría de los ríos están tan contaminados que la población cofan se redujo de 15.000 a menos de 300 desde 1971.

Mientras, ChevronTexaco alega que su subsidiaria Texaco Petroleum Company era socia minoritaria en un consorcio conducido por la estatal PetroEcuador.

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Myrna Mack vuelve a morir

Por Néfer Muñoz

San Jose, Costa Rica, 8 de mayo (IPS)— La absolución en Guatemala de tres altos militares acusados de ordenar en 1990 el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, vulneró la credibilidad del sistema judicial y el proceso de paz en ese país.

Funcionarios de la ONU, diplomáticos y activistas humanitarios están consternados por el sorpresivo fallo de la Sala Cuarta de Apelaciones, que eximió el miércoles de toda culpa al coronel retirado Juan Valencia, al general retirado Edgar Godoy y al coronel retirado Juan Oliva.

“Estamos desconcertados. Ha sido un golpe muy duro, no sólo para mi familia, sino para todos los guatemaltecos”, dijo en entrevista con IPS la activista Hellen Mack, hermana de la víctima.

“Nos hemos dado cuenta de una cosa: la Constitución política dice una mentira, porque ahora queda demostrado que los guatemaltecos no somos iguales, el poder militar está por encima de la ley”, agregó la activista, convertida en símbolo del combate a la impunidad en América Latina.

Mack estimó que el ejército conserva un enorme poder en Guatemala y está entorpeciendo la transición hacia la democracia. A su juicio, este fallo demuestra el fracaso del proceso de paz iniciado en Guatemala en 1996, cuando se firmaron acuerdos que pusieron fin a 36 años de guerra civil.

El fallo del tribunal de apelaciones revocó una sentencia de octubre de 2002, que había condenado a Valencia a 30 años de prisión, y absuelto a Godoy y Oliva por falta de pruebas en un proceso que los inculpaba como autores intelectuales del asesinato.

En el fallo del miércoles se ordenó asimismo la libertad de Valencia.

La Sala Cuarta de Apelaciones reconoció en sus argumentos que Valencia había dado la orden de asesinar a la antropóloga, pero sin voluntad de matarla, pues cumplía órdenes impartidas por un superior.

“No tengo pruebas por el momento, pero estoy segura que en este fallo hubo dinero y corrupción de por medio”, manifestó Mack, al recordar las evidencias contundentes esgrimidas en el proceso.

Por ejemplo, el testimonio del autor material del crimen, el sargento mayor Noel de Jesús Beteta, quien admitió haber asestado 27 puñaladas a Mack el 11 de septiembre de 1990, suguiendo órdenes de Valencia, emitidas desde el Estado Mayor Presidencial (EMP).

También se habían presentado pruebas documentales y otros testimonios que confirmaban la participación de los militares en el crimen.

Myrna Mack fue una de las 200.000 personas muertas en el conflicto armado guatemalteco (1960-1996). En medio de la guerra fría, sucesivos gobiernos militares o tutelados por las Fuerzas Armadas y guerrillas rurales izquierdistas se disputaron el control del país.

Mack había logrado renombre internacional por sus estudios sobre el impacto de la guerra en las comunidades indígenas mayas cuando fue asesinada por Beteta en la calle, frente a su oficina.

Pese a las 27 puñaladas, el primer informe policial atribuyó su muerte a un accidente de tránsito. Luego, las autoridades eliminaron un reporte de 60 páginas ­escrito por sus propios investigadores- que señalaba el móvil político del crimen y lo vinculaba al ejército.

En 1993, Beteta fue condenado por la justicia civil a 25 años de cárcel, pena que cumple en la prisión de El Boquerón. Pero quienes ordenaron la muerte continuaban libres.

“Otra vez se da la impunidad en un caso paradigmático, ocurrido durante el conflicto armado. Ningún país que pretende construir el Estado de Derecho, puede darse el lujo de permitir que un caso trascendental como éste quede impune”, señaló en un pronunciamiento la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua).

Es lamentable que años después de cometido el crimen, la justicia guatemalteca no haya identificado y castigado a los autores intelectuales del asesinato, agrega el comunicado de la misión, encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

“Cada día que este caso sigue sin resolverse, se confirma la idea de que la justicia es imposible en Guatemala y que hay sectores de la sociedad que están sobre la ley”, añadió.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Hamilton, estimó que la absolución de los militares demuestra que en el país centroamericano “no hay justicia” y constituye un retroceso en la transición hacia la paz.

El asesinato de Mack fue atribuido al EMP, el nervio central de los “escuadrones de la muerte” que actuaban durante el conflicto.

El EMP, órgano concebido para la protección personal del presidente y vicepresidente, aún existe y su presupuesto y cantidad de integrantes son secretos de gobierno, pese a que su disolución fue uno de los compromisos de los acuerdos de paz.

Activistas de derechos humanos han denunciado insistentemente que el aparato de represión del EMP todavía funciona como en la época de guerra.

La sociedad guatemalteca y la comunidad internacional convertieron al caso de Myrna Mack en emblema del esclarecimiento de la suerte corrida por las víctimas de la violencia política.

“Este caso era para muchos nuestro resarcimiento moral y ético. Ahora nos hemos quedado sin nada”, aseguró a IPS la congresista Ninette Montenegro, diputada por la minoritaria Alianza Nueva Nación.

Hace casi dos décadas Montenegro perdió a su esposo, Edgar Fernando García, estudiante de 26 años que concluía su carrera de ingeniería, cuando fue capturado, torturado y desaparecido, presuntamente por miembros del ejército.

“Este nuevo fallo es injusto y cargado de parcialidad. Demuestra que los jueces siguen temerosos del ejército y la absolutoria limita la reconciliación en Guatemala”, afirmó la legisladora.

Los abogados denunciantes tienen ahora dos semanas para apelar la resolución y acudir a la instancia superior del Tribunal de Casación.

La pregunta que se hacen algunos analistas políticos es si, tras tantos años de impunidad, algún día podrá establecerse la responsabilidad de muchos asesinatos.

El caso de Mack fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesionó en febrero en Costa Rica para escuchar los testimonios de las partes y recibir las pruebas. Se estima que en julio podría emitir su fallo.

“Confieso que sobre el sistema judicial guatemalteco siento una gran incertidumbre, pero confío que en la Corte Interamericana sí se haga justicia”, concluyó Hellen Mack.

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