Venezuela: Al fin acuerdo
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Peru: Toledo vira hacia la derecha

Por Abraham Lama

Lima, Peru, 30 de mayo (IPS)— La dura represión militar en Perú, en el marco de un estado de emergencia, parece el comienzo de una derechización del presidente Alejandro Toledo, que lo llevaría a la ruptura con algunos miembros de su partido, Perú Posible, y a ganar nuevos aliados, según expertos.

No está claro si eso implicará debilitamiento del gobierno. Toledo llegó a 22 meses de mandato con sólo 14 por ciento de apoyo en encuestas, y ese respaldo aumentó de uno a cuatro puntos porcentuales entre los consultados el jueves, día siguiente del decreto de estado de emergencia.

Sin embargo, tal incremento se registró antes de que se informara sobre víctimas de la represión militar, que causó hasta ahora heridas a unas 70 personas, la desaparición de otras nueve y por lo menos una muerte, la del estudiante Edi Quilca, de 22 años.

Quilca murió cuando participaba en una manifestación de respaldo a profesores de enseñanza pública en huelga en la sudoriental ciudad de Puno, y compañeros suyos aseguran que soldados dieron muerte a por los menos otros tres jóvenes, y llevaron sus cadáveres a cuarteles.

Educadores, trabajadores de Salud Pública y empleados administrativos del Poder Judicial se declararon en huelga para demandar un aumento de salarios que el gobierno dice no estar en condiciones de otorgar, por problemas fiscales.

Las autoridades concedieron a los maestros un incremento que implica un desembolso adicional anual del orden de los 120 millones de dólares, pero los sindicatos mantienen su reclamo original de aumento, que implicaría un aumento del gasto de casi el doble.

Satisfacer los pedidos de los trabajadores de la salud costaría unos 174 millones de dólares anuales, y en el caso de los empleados judiciales, otros tres millones.

Un problema político aun más grave se cierne en el horizonte fiscal: la demanda de aumento y pagos atrasados de los 70 mil policías en actividad.

El Ministerio del Interior negó este viernes en un comunicado que esté en gestación una huelga de sus funcionarios, pero en círculos políticos se insiste sobre la presunta formación de comités clandestinos formados por suboficiales de policía en actividad.

El ministro de Economía, Javier Silva Ruete, aseguró que no hay recursos para satisfacer las demandas sindicales, y que no incurrirá en una la emisión de moneda “porque el país se ha comprometido ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial a tener disciplina fiscal”.

Según analistas, es probable que cambie la composición política del gobierno, con alejamiento de actuales integrantes del partido de Toledo, y nuevos apoyos desde otras fuerzas políticas.

“Quiéralo o no, la decisión del presidente Alejandro Toledo de emplear a las Fuerzas Armadas para conjurar una crisis social y sindical lo conduce a un espacio político distinto al que ocupaba y lo acerca a los sectores conservadores”, según el analista político Humberto Panessi, sociólogo vinculado con la Universidad Católica de Lima.

Los cruentos incidentes y sus previsibles repercusiones afectarán a todo el escenario político del país, al empujar a la socialdemocracia a un papel opositor más radical, pronosticó.

Toledo dispuso el miércoles, en uso de potestades que le otorga la Constitución, que las Fuerzas Armadas tomaran el control de 17 regiones del país, para conjurar una ola de huelgas y de actos violentos que incluían bloqueo de carreteras y saqueos.

Los sindicatos del Poder Judicial y de Salud Pública levantaron sus huelgas tras ese decreto, pero los 130.000 maestros no sólo mantienen la suya, sino que desafían expresamente el estado de emergencia al realizar protestas callejeras en las principales ciudades del país.

La mayor parte de las organizaciones regionales campesinas acataron la orden de sus dirigentes de suspender la huelga “mientras rija el estado de emergencia”, pero un sector mantiene movilizaciones callejeras en algunas ciudades, con conatos de saqueo, aunque dejó de intentar bloquear las carreteras.

El Ejército impidió saqueos en la pequeña ciudad de Barranca, ubicada a unos 100 kilómetros de Lima, pero esa intervención militar dejó heridas de bala a 27 personas “de las cuales seis han desaparecido y podrían estar muertas”, según Miguel Angel Mufarech, integrante de la autoridad regional.

El ministro de Defensa Aurelio Loret, convocado por el Congreso para explicar la situación, afirmó que las Fuerzas Armadas sólo dispararon sobre manifestantes en Puno, donde dijo que actuaron así para defender sus vidas.

Según Loret, militantes del partido insurgente maoísta “Sendero Luminoso” se han infiltrado como provocadores en las marchas callejeras de profesores en huelga, “portando armas contundentes, cuchillos y bombas molotov”.

Testimonios de autoridades locales e informes divulgados por televisión contradijeron luego al ministro, al indicar la existencia de heridos de bala por lo menos en Barranca y en Supe, otra ciudad de la costa norte próxima a Lima.

En Puno, el informativo de Cable Canal de Noticias mostró el instante en que un solitario manifestante, que arrojaba piedras a soldados a unos 80 metros de distancia, fue herido de bala en una pierna.

El presidente de la región de Lima, Miguel Angel Mufarech, del socialdemócrata partido Aprista, mostró a la prensa fotografías de 17 heridos de bala que son atendidos en el hospital de Barranca, e insistió en que han desaparido por lo menos cinco personas heridas.

Toledo apeló “como primer recurso al que debió ser el último, el empleo de la Fuerza Armada en una crisis social”, y “la gobernabilidad del país ha quedado gravemente afectada”, alegó el ex senador socialista Enrique Bernales, integrante de la Comisión Andina de Juristas.

“El Estado tiene a su disposición a la Policía Nacional y al sistema judicial para enfrentar la violencia civil desarmada”, afirmó Bernales, quien invitó al gobierno a “evaluar el levantamiento inmediato del estado de emergencia, para no agravar la situación política”.

El impacto de la decisión presidencial también afectó al partido de gobierno, en el cual han surgido dos posturas discrepantes.

El periodista Gustavo Gorriti abogó por el manejo civil directo de la crisis para restaurar la paz social, pero el consejero presidencial Juan Sheput opinó que la reacción popular contra el estado de emergencia es emocional y “variará en la medida en que la mayoría se dé cuenta de que se busca proteger y salvaguardar los intereses ciudadanos.”

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Venezuela: Al fin acuerdo

Por Humberto Márquez

Caracas, Venezuela, 29 de mayo (IPS)— El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron este jueves un pacto para dirimir la crisis política mediante consultas populares sobre el mandato presidencial y de otras autoridades, que podrían celebrarse a fin de año.

El acuerdo puso fin a la Mesa de Negociación, que desde noviembre de 2002 guió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el colombiano César Gaviria, con respaldo del estadounidense Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Grupo de Países Amigos.

Este grupo, conformado especialmente por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, emitió desde su coordinación, en la cancillería brasileña, un comunicado para destacar “la relevancia del acuerdo para fortalecer un clima de paz y entendimiento” en Venezuela.

“Estamos satisfechos. El acuerdo constituye el tipo de solución que hemos estado buscando: pacífica, democrática, constitucional y electoral, según la resolución 833 de la OEA”, dijo Gaviria (presidente de Colombia entre 1990 y 1994) tras presidir la firma del texto, de 19 puntos.

El acto contó con la presencia de seis representantes del oficialismo y otros tantos de la opositora Coordinadora Democrática.

Sin embargo, “en el país hay una acumulación de conflictos económicos, sociales y políticos que avanzan hacia un cuadro de crisis pre-revolucionaria, y difícilmente los bandos que contienden por el poder van a resolver con un referendo el tipo de sistema en que quieren vivir”, advirtió a IPS el analista Alberto Garrido, quien se manifiesta opositor al gobierno.

Apenas se firmó el documento, el presidente Hugo Chávez se dirigió al país por cadena de radio y televisión y se declaró “feliz, ante este cuadro de optimismo. Ratifico nuestra más grande disposición de trabajar día tras día para que el acuerdo no sea en vano. La tolerancia ha sido la triunfadora”.

Las firmas de la oposición en el acuerdo fueron casi a regañadientes, porque el texto apenas desarrolla preceptos establecidos en la Constitución de 1999, impulsada por Chávez, y no fija fecha para el referendo sobre el mandato presidencial, que será materia del Consejo Nacional Electoral.

Ese árbitro electoral ni siquiera está elegido, porque sus cinco miembros deben ser elegidos por al menos 110 de los 165 diputados de la Asamblea Nacional legislativa.

En un parlamento con 86 legisladores oficialistas y 79 opositores no hay acuerdo sobre qué sector logrará la mayoría del consejo electoral, de tres miembros.

Las bancadas de la oposición no se ponen de acuerdo sobre cómo escoger al Consejo Electoral junto al oficialismo, y la cuestión podría quedar en manos del Tribunal Supremo de Justicia.

La OEA, el Grupo de Amigos y el ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter -quien envió un mensaje d leído durante los actos de este jueves- instaron a lograr una rápida selección del organismo electoral.

“El principal logro del acuerdo es el punto número 12, que remite al artículo 72 de la Constitución para que gobierno y oposición diriman sus diferencias”, sostuvo Gaviria.

Según ese artículo de la carta magna el mandato de todo funcionario electo es revocable una vez vencida la mitad de su período (tres de los seis años de Chávez se completan el 19 de agosto) si así lo decide un referendo solicitado por 20 por ciento del padrón electoral y convocado por el Consejo Nacional Electoral.

En el punto 12, las partes “coincidimos en que la solución se logra con la aplicación del artículo 72 (...) que prevé la eventual celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular”.

“El acuerdo no satisface todas las aspiraciones de la oposición, pero es un avance en la consecución del objetivo de lograr una salida electoral, pacífica y democrática a la crisis de gobernabilidad en Venezuela”, dijo a IPS el opositor socialdemócrata Timoteo Zambrano, primer representante de la Coordinadora Democrática en la Mesa.

Si se cumplen los requisitos y se apura la elección del Consejo Nacional Electoral, el referendo presidencial o los referendos sobre otros cargos electivos podrían convocarse para fines de este año, según Gaviria.

Dirigentes de varios partidos tradicionales y líderes de sindicatos empresariales opositores advirtieron que esa cláusula permitiría al oficialismo impulsar una serie de consultas municipales y regionales antes del referendo presidencial.

“El gobierno va a empastelar (confundir) el proceso”, sostuvo Carlos Fernández, titular de la confederación empresarial Fedecámaras.

Por su parte, los gobernadores Eduardo Lapi y Henrique Salas, contrarios al gobierno central, aseguraron que apoyan el acuerdo “sólo para no romper la unidad opositora”.

Edgar Paredes, dirigente de Gente del Petróleo (la asociación de gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela que condujo la fallida huelga contra Chávez de diciembre y enero), se manifestó contra el convenio “porque elimina la Mesa antes de que negocien soluciones a otros problemas, como el despido de 18.000 empleados petroleros”.

Gaviria advirtió que “el acuerdo no resuelve los problemas del país, no satisface totalmente los puntos de vista de las partes y depende de la buena fe de unos y otros. Pero así son los acuerdos políticos, abren una vía para dirimir las diferencias”.

“Afortunadamente en la Coordinadora privó la sensatez. Los que juegan a la carta del caos y no pierden la esperanza del golpe militar no querían un acuerdo sino la renuncia de Chávez”, sostuvo por su parte el analista Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual.

Garrido considera que “la Coordinadora firmó desde una posición de debilidad. Hace un año tenía ríos de gente en las calles, la gerencia de la industria petrolera y militares disidentes. Ya no tiene nada de eso”, explicó en referencia al notorio reflujo opositor.

Pero “la situación no es predecible. No se ha resuelto si tenemos unas fuerzas armadas revolucionarias o institucionales desde el punto de la democracia representativa. Hay una crisis económica vasta (el producto bruto cayó 29 por ciento en el primer trimestre de 2003) y un desempleo inmenso (19,7 por ciento) y hay agitación en el campo”, añadió.

Esa crisis “puede llevar a definiciones antes de que se concrete un referendo. Un esquema revolucionario como el de Chávez difícilmente se juegue a sobrevivir en una sola consulta electoral”, concluyó.

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