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Desarrollo: Un nuevo héroe para el movimiento
antiglobalización
Por Julio Godoy
Paris, France 23 jun (IPS)— El arresto en Francia del líder
agricultor José Bové, conocido por sus métodos radicales
contra la globalización, hará más daño al
gobierno que al propio activista, advirtieron simpatizantes y grupos de
la sociedad civil.
Bové, que lidera movimientos contra los productos transgénicos,
la llamada comida chatarra y los aranceles comerciales de Estados Unidos,
pasará 10 meses en la cárcel por haber ayudado a destruir
campos de cultivos transgénicos.
Su detención provocó una ola de protestas en toda Francia.
Agricultores y sindicalistas se manifestaron en la meridional ciudad de
Montpellier frente al centro de reclusión adonde fue llevado Bové
en helicóptero.
También hubo protestas en París y en otras ciudades, y la
Confederación Campesina, el sindicato izquierdista de pequeños
agricultores fundado por Bové, anunció que en los próximos
días organizará protestas frente a todas las prisiones de
Francia y ante campos de cultivo de productos modificados genéticamente.
“Chirac a prisión, libertad para Bové”, reclamaba
un grupo de manifestantes en París. La pancarta hacía referencia
a las acusaciones de corrupción contra el presidente Jacques Chirac,
que tiene inmunidad mientras sea jefe de Estado.
Bové fue detenido en la mañana del domingo en su granja
en la meridional localidad de Millau, por numerosos policías acompañados
de perros que derribaron la puerta de la casa, mientras un helicóptero
sobrevolaba la zona.
La policía actuó para ejecutar una sentencia a 10 meses
de prisión que incluye una condena de seis meses por haber arruinado
un cultivo de arroz transgénico en Montpellier, en 1999, y otra
de cuatro meses por haber destruido una reserva de semillas de maíz
transgénico de la compañía multinacional Novartis
en 1998.
Líderes de oposición y grupos de derechos humanos consideraron
que la acción policial fue una señal de autoritarismo del
gobierno. El diario Libération la calificó de “un nuevo
golpe del gobierno contra los sindicatos de Francia”.
El analista político Jean-Michel Thenard destacó en Libération
que la oposición de Bové a los organismos manipulados genéticamente
fue decisiva en la política francesa hacia esos productos.
“Si Francia se opone actualmente a los transgénicos, tanto
en Europa como en la Organización Mundial del Comercio (OMC), es
precisamente porque Bové creó conciencia popular sobre sus
peligros”, escribió Thenard este lunes.
La Unión Europea suspendió las importaciones de productos
transgénicos en 1999, tras una serie de protestas de agricultores
y asociaciones de consumidores. Esto causó un enfrentamiento en
la OMC con Estados Unidos, el principal productor de transgénicos.
Actualmente, el bloque europeo considera el levantamiento del embargo.
Desde mediados de los años 90, Bové se convirtió
en un icono del movimiento globalifóbico y ha estado presente en
toda reunión internacional que atrae a grupos de activistas, como
las del FMI y el Banco Mundial, el Grupo de los Ocho, conferencias ministeriales
de la OMC y el Foro Social Mundial de Porto Alegre.
Bové, cuya consigna es “El mundo no es una mercancía”,
alegó que la destrucción de plantaciones de cultivos transgénicos
es un acto de protección a los consumidores y al ambiente.
La justicia le ofreció una sentencia reducida, pero él insistió
en nada menos que el perdón presidencial. Su solicitud fue respaldada
por unas 600.000 cartas de sindicalistas y pequeños agricultores.
Pocos esperaban que su arresto se produjera de esta forma. “La fuerza
policial fue absolutamente desmedida contra un líder agricultor
conocido por su no violencia. José no es un criminal peligroso”,
declaró su abogado, François Roux.
Funcionarios judiciales también consideraron que la acción
policial fue excesiva y motivada políticamente.
“El gobierno usa su aparato represivo contra el movimiento popular”,
dijo a IPS Evelyne Sire-Martin, líder de la unión de magistrados.
Jean-Claude Amara, portavoz del grupo de derechos humanos Droits Devant!,
afirmó que el gobierno “exhumó” una ley de la
década de 1940 para perseguir activistas.
“Esa ley fue inspirada directamente por el gobierno neofascista que
colaboró con los nazis” y “el actual gobierno copió
párrafos enteros de ella”, dijo Amara a IPS. Ahora, los nuevos
enemigos son los líderes sindicales, los activistas de los derechos
humanos y los inmigrantes, señaló.
Por otra parte, el ministro de Justicia Dominique Perben defendió
la acción policial contra Bové como una medida preventiva.
“Bové demostró que no cooperaría con la policía,
y nosotros intentamos evitar la violencia”, declaró el ministro
en una conferencia de prensa ofrecida en la tarde del domingo.
Perben dijo que Chirac consideraría si Bové merece una amnistía
presidencial, en una señal de las dificultades que atraviesa el
gobierno por causa del líder agricultor.
“Para Chirac, el caso Bové es un verdadero dolor de cabeza”,
comentó Thenard.
Cientos de agricultores se declararon cómplices de la destrucción
de plantaciones de transgénicos alentada por Bové.
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Argentina: Diez años de privatizaciones
bajo la lupa
Por Viviana Alonso
Buenos Aires, jun (IPS)— La decisión del gobierno argentino
de revisar los contratos de empresas y servicios privatizados en los años
90 equivale a abrir la caja de Pandora: toda suerte de vicios e ilegalidades
podría escapar de ella.
El proceso de venta comenzó en 1989 y en 10 años el Estado
transfirió al sector privado, entre otras, las empresas de gas,
petróleo, telecomunicaciones, electricidad, provisión de
agua y servicios sanitarios, ferrocarriles y trenes subterráneos,
aeropuertos y terminales portuarias.
A lo largo de esa década, los ingresos fiscales por las privatizaciones
ascendieron a 23.849 millones de dólares, de los cuales 19.422
millones (81 por ciento) correspondieron al Estado nacional y 4.427 millones
(19 por ciento) a las provincias, según datos del Ministerio de
Economía.
En el mismo periodo la venta de empresas y servicios públicos reportó
a México 31.749 millones de dólares, y a Brasil 71.129 millones
de dólares, de acuerdo al informe Global Development Finance 2001,
del Banco Mundial.
Entre 1990 y 1999, ingresaron a América Latina y el Caribe 177.839
millones de dólares por el pasaje de manos públicas a privadas
de empresas y servicios.
En Argentina, la mayor parte del programa se llevó a cabo entre
1990 y 1994, dato que indica la celeridad con que se realizaron las operaciones.
En medio de una crisis económica marcada por la hiperinflación,
la ciudadanía argentina presenció una frenética oferta
de empresas públicas, la mayoría ineficientes o mal administradas.
Ahora, la decisión del nuevo gobierno argentino encabezado por
Néstor Kirchner se hace eco de reiterados reclamos de consumidores
y políticos opositores para que el Estado revise contratos y controle
en forma más estricta los servicios que prestan las compañías.
“Una vez que se difundan los resultados de las revisiones y las conclusiones
de la Comisión Renegociadora” de los contratos, los argentinos
tendrán una visión más ajustada de las consecuencias
económicas y sociales del proceso, dijo a IPS Néstor Litter,
integrante del Foro de Consumidores.
Esa comisión, integrada por representantes de los ministerios de
Economía y Planificación, de los entes reguladores de las
empresas privatizadas y del Foro que agrupa a asociaciones de consumidores,
“no se reúne desde diciembre de 2002”, aclaró
Litter, asesor del opositor bloque parlamentario Argentinos por una República
de Iguales (ARI).
“Está bien que se haga un balance del incumplimiento de los
concesionarios y propietarios de empresas que fueron estatales y que,
posteriormente, se defina su futuro”, comentó a IPS el economista
del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), Claudio Lozano.
“Existen muchas irregularidades e ilegalidades en esos procesos y
en el desempeño de las privatizadas. Eso le otorga un poder efectivo
al Estado y le da margen de maniobra”, aseguró.
Aunque los servicios que prestaban muchas empresas estatales eran malos,
la ciudadanía reaccionó con recelo a su venta. Ese sentimiento
se sintetizó en la frase “se están vendiendo las joyas
de la abuela”, en otras palabras, una herencia común que no
sería fácil recuperar.
A fines de los años 80, Argentina sufría una crisis económica
arrastrada desde la dictadura militar (1976-1983) y agudizada en 1988,
cuando el país dejó de pagar los intereses de deuda externa.
En 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín era presionado por
acreedores externos y grupos económicos locales, que querían
recuperar beneficios recibidos en años anteriores.
El ex presidente Carlos Menem (1989-1999), quien asumió en julio
de ese año en un contexto hiperinflacionario y de convulsión
social, buscó el respaldo de sectores económicos nacionales
y de la banca acreedora internacional, interesada en capitalizar las deudas
a través de la venta de empresas públicas.
Era una política que recomendaban con énfasis a los países
en desarrollo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
los que prestaron su asistencia técnica y financiera al programa
de privatizaciones.
Para superar la crisis, el gobierno reclamó herramientas excepcionales
al Poder Legislativo, que sancionó sin dilaciones las leyes de
reforma del Estado.
Esa reforma autorizaba la venta o concesión de empresas estatales
y contemplaba el sistema de capitalización de la deuda como forma
de pago.
A su vez, la ley de Emergencia Económica permitió al Poder
Ejecutivo legislar por decreto, sin tener que recurrir al parlamento.
Pero antes de traspasar las empresas públicas al sector privado,
el gobierno elevó considerablemente las tarifas y transfirió
al Estado sus pasivos, unos 20.000 millones de dólares que representaron
un enorme egreso fiscal.
Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), las privatizaciones en Argentina se caracterizaron por beneficiar
al mismo sector que consolidó su poder económico durante
la dictadura, aunque ahora aparecían como socios la banca extranjera
y compañías trasnacionales.
Otro rasgo distintivo, apunta FLACSO, fue el control de resortes jurídicos
e institucionales necesarios para la instrumentación del proyecto,
lo que implicó subordinar facultades de los poderes Legislativo
y Judicial.
Los marcados aumentos de precios de los servicios, sumados a marcos regulatorios
débiles y a una permanente renegociación de contratos, favorecieron
a las empresas prestatarias, según indica el trabajo de FLACSO.
En ese sentido, apuntó Lozano, “la revisión debe abarcar
las tarifas de las (compañías) privatizadas y el uso que
hacen de los recursos naturales, en particular de aquellos que no son
renovables”.
Entre 1993 y 2000, las 200 mayores empresas de Argentina obtuvieron ganancias
de 28.441 millones de dólares, de los cuales 56,8 por ciento correspondió
a las privatizadas, 26,3 por ciento a firmas vinculadas a éstas
y 16,9 por ciento a otras compañías.
“El traslado a las tarifas que pagan los usuarios de las variaciones
de precios de Estados Unidos les permitió a las (empresas) privatizadas
apropiarse de unos 9.000 millones de dólares hasta fines de 2000”,
afirma un estudio de ARI.
En los años 90 la inflación casi desapareció en Argentina,
sin embargo las tarifas de los servicios se incrementaron según
el ritmo inflacionario en Estados Unidos, constituyendo una fuente adicional
de ganancias para las empresas prestatarias.
Además, “las privatizadas enviaron 70 por ciento de sus utilidades
al exterior”, al tiempo que no cumplían con las inversiones
y el pago de cánones al Estado, previstos en los contratos.
Asimismo, las compañías realizaban fuertes importaciones
de insumos y bienes producidos por firmas asociadas, por lo cual contrajeron
grandes deudas en dólares e infringieron la ley que las obligaba
a dar prioridad a productos argentinos en sus compras.
Poco después de asumir la presidencia el 25 de mayo, Kirchner anunció
que no renovaría los contratos a los concesionarios de peajes en
carreteras nacionales, por no haber cumplido con 65 por ciento de las
obras e inversiones comprometidas en los convenios.
Además, decidió dejar sin efecto la renegociación
que, apenas días antes, había acordado su antecesor Eduardo
Duhalde con el grupo Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000).
Los propietarios de AA2000 son el empresario argentino Eduardo Eurnekian,
la panameña Corporación América Sudamericana y el
Estado italiano, a través de SEA-Aeropuerto de Milán, con
28 por ciento de las acciones.
Tras ganar una licitación en febrero de 1998, AA2000 se había
comprometido a abonar un canon anual equivalente a 171 millones de dólares,
y a invertir 562 millones de dólares en los primeros cuatro años.
A través de un decreto, Duhalde estableció en 2002 la dolarización
de las tasas que pagan pasajeros y compañías aéreas
a los aeropuertos, medida rechazada por asociaciones de consumidores y
organismos de control, y sobre la que está pendiente un fallo judicial.
A fines del año pasado, los concesionarios debían el equivalente
a 102 millones de dólares, ya que sólo habían cumplido
con el canon del primer año, y tampoco habían completado
las inversiones pactadas.
Pero Duhalde decidió rebajar el canon anual a unos 23,5 millones
de dólares y eximir al grupo de la obligación de trasladar
el aeroparque Jorge Newbery fuera de la ciudad de Buenos Aires, una exigencia
del contrato fundada en razones de seguridad.
En agosto de 1999, 15 meses después de que AA2000 se hiciera cargo
de las terminales aéreas, un avión se salió de la
corta pista del aeroparque, enclavado en una zona densamente poblada,
y mató a 67 personas, destrozó avenidas, automóviles
y un campo deportivo repleto de jugadores.
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