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Política migratoria es proterrorista
Por Jim Lobe
Washington, DC, 26 de junio (IPS)— Las medidas tomadas por el gobierno
de George W. Bush contra los inmigrantes árabes y musulmanes luego
de los atentados terroristas de septiembre de 2001 aumentaron la vulnerabilidad
de Estados Unidos, advirtieron ex funcionarios y expertos.
La detención de más de 1.200 inmigrantes tras los ataques
fue particularmente abusiva, según el informe presentado este jueves
por el Instituto de Políticas sobre Migración (MPI) con
sede en la capital estadounidense, integrado por expertos del gobernante
Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata.
“Arrestar a una gran cantidad de no ciudadanos (...) solo da a la
nación una falsa sensación de seguridad”, indica el
estudio, titulado “El desafío de Estados Unidos: Seguridad
doméstica, libertades civiles y unidad nacional después
del 11 de septiembre”.
La pretensión del gobierno de calificar de terroristas a algunos
de los detenidos eran simplemente erróneas, indica el informe de
165 páginas. “Las únicas acusaciones formalizadas contra
(esos detenidos) fueron, en realidad, por violaciones (a normas) migratorias
o por delitos comunes”, agrega.
“Muchas de las políticas adoptadas luego del 11 de septiembre
(de 2001) son un intento de usar la inmigración” como tiro
por elevación contra el terrorismo, dijo Vincent Cannistraro, jefe
de Operaciones Antiterroristas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
durante el gobierno del republicano Ronald Reagan.
Cannistraro integra la junta asesora del MPI y colaboró con la
redacción del informe.
“No hemos aprendido nada sobre prevención del terrorismo en
Estados Unidos, pero hemos intimidado, antagonizado y alienado a muchas
comunidades. Lo que tratan de hacer el FBI (Buró Federal de Investigaciones)
y otras agencias es contraproducente”, agregó Cannistraro,
experto en antiterrorismo.
El mayor daño ocasionado por la campaña antiterrorista del
gobierno de Bush fueron las duras medidas tomadas contra comunidades árabes
y musulmanas estadounidenses, según el informe.
Los programas consistentes en ordenar un registro especial a los hombres
originarios de ciertos países implementados e año pasado
desalentaron la cooperación de esas comunidades con las agencias
de seguridad estadounidense.
Es que esas medidas no sirvieron para luchar contra el terrorismo, pero
sí para atrapar a quienes han cometido pequeñas infracciones
de las leyes migratorias, según los expertos del MPI.
Al mismo tiempo, el sentimiento de ajenidad y de persecución sentido
por las comunidades árabes y musulmanas después del 11 de
septiembre tuvieron efecto positivo —aunque no buscado— de reafirmar
la identidad de esos grupos estadounidenses, indicó Muzaffar Chishti,
experto del MPI y coautor del informe. “La experiencia de las comunidades
musulmanes y árabes luego del 11 de septiembre es, de muchas maneras,
la historia impresionante de una comunidad que primero se sintió
intimidada, pero luego comenzó a afirmar su lugar en el cuerpo
político estadounidense”, observó Chishti.
Los únicos avances en la identificación y arresto de terroristas
de verdad fueron consecuencia de un trabajo policial y de inteligencia
muy tradicional, así como de la cooperación con agencias
extranjeras. Ninguna iniciativa contra los inmigrantes dio frutos en la
guerra contra el terrorismo,s egún el estudio.
El informe presentado este jueves incluye la más completa compilación
de individuos detenidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre,
así como sus experiencias.
Los nombres de los expertos que revistan en el MPI garantizan que el informe
será tomado muy en serio por el gobierno de Bush.
En la junta asesora del instituto figuran los dos últimos comisionados
del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS): James
Ziglar, que participó en la actual administración, y Doris
Meissner, la coautora del informe, quien encabezó la oficina en
la presidencia de Bill Clinton (1993-2001).
Además de Cannistraro, participan en la junta del MPI Mary Jo White,
ex fiscal del distrito federal del sur de Nueva York con fama ganada en
varios casos contra terroristas.
El informe indica que la mayoría de los detenidos, al contrario
que los secuestradores de los aviones con que se cometieron los atentados
del 11 de septiembre de 2001, tenían importantes vínculos
en Estados Unidos y estaban arraigados en las comunidades nacionales.
Casi la mitad de los arrestados que pudieron ser entrevistados por MPI
para el informe habían vivido en Estados Unidos por al menos seis
años y tenían familia en este país.
“Creemos que es posible usar las medidas migratorias con más
eficacia para defendernos del terrorismo, al mismo tiempo que protegemos
las libertades fundamentales que constituyen el cnetro de la identidad
estadounidense”, afirmó Meissner.
Los últimos periodos en que se dispusieron fuertes medidas gubernamentales
contra los inmigrantes en Estados Unidos coincidieron con supuestas crisis
de seguridad nacional, como las campañas anticomunistas tras la
primera guerra mundial y la de los años 50, conocida como maccarthismo.
En esos casos, como en el actual, se trató de seguir “el camino
de menos resistencia”, explicó el profesor de Derecho David
Cole, de la Universidad de Georgetown, quien también participó
en el informe.
De todos modos, Cannistraro advirtió que las medidas contra los
extranjeros tuvieron un efecto muy negativo en los países de origen
de los inmigrantes.
“Pintamos un retrato de nosotros como una sociedad rígida
y sesgada que realmente cree en el choque de civilizaciones”, y el
fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, es especialmente responsable,
afirmó el ex funcionario.
“Nos sirve muy mal en el extranjero. Le suministró municiones
a algunos de los fieros imanes (clérigos musulmanes) que alientan
a los jóvenes a sacrificarse”, sostuvo.
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Argentina: Negociación con FMI para
superar cese de pagos
Por Viviana Alonso
Buenos Aires, Argentina, 24 de junio (IPS)— Argentina comenzará
a negociar con el FMI en las próximas semanas un acuerdo de mediano
plazo, que le permita refinanciar su abultada deuda externa, se informó
este martes al finalizar la visita al país de la plana mayor de
ese organismo multilateral.
La presencia en Buenos Aires del director gerente del FMI (Fondo Monetario
Internacional), Horst Koehler, y de otros ejecutivos, era esperada con
expectativa por el gobierno de Néstor Kirchner, que asumió
el 25 de mayo con una herencia de 142.000 millones de dólares de
deuda.
Unos 60.000 millones de dólares de ese adeudo corresponden a acreedores
privados, que no cobran desde fines diciembre de 2001, cuando el efímero
gobierno de Adolfo Rodríguez Saá declaró el cese
de pagos en momentos de asumir el cargo, tras la renuncia de Fernando
de la Rúa a mitad de su mandato de cuatro años.
“Vine a escuchar, a conocer y debo admitir que el FMI tal vez ha
subestimado la posibilidad de recuperación de la economía”
de este país, dijo el titular del FMI en la conferencia de prensa
que ofreció este martes junto al ministro argentino de Economía,
Roberto Lavagna.
“Estamos muy felices de que la economía se haya recuperado
con más velocidad y mejor de lo que habíamos previsto”,
preciso Koehler, quien fue acompañado de otros funcionarios del
FMI, como su director del Departamento de Hemisferio Occidental, Anoop
Singh, el encargado del caso argentino, John Dodsworth, y el director
de Relaciones Externas, Thomas Dawson.
Aunque reconoció que “existen razones para que el FMI revise
su política, su enfoque frente a Argentina”, Koehler sostuvo
que su objetivo no era buscar “chivos expiatorios” en el organismo
que dirige porque, en su opinión, “los problemas medulares
residen en el país”.
El FMI ya le había dado la semana pasada un voto de confianza a
Argentina, al admitir que había cumplido con las metas pactadas
el 24 de enero pasado, cuando Eduardo Duhalde todavía ocupaba la
presidencia interina asumida el 1 de enero de 2002 luego de que renunciara
Rodríguez Saá.
Argentina cumplió, contra los pronósticos de los expertos
del FMI, con los límites previstos para la inflación y para
la emisión monetaria, al tiempo que el producto interno bruto creció
tres por ciento en lo que va del año, después de haber caído
11 por ciento en 2002.
Fuentes gubernamentales aseguraron que Kirchner, en los dos encuentros
que mantuvo con Koehler, le insistió en que no estaba dispuesto
a firmar un acuerdo que no pudiera cumplir, tanto en el aspecto financiero
como por sus costos sociales.
Por su parte, Koehler respondió que el modelo que deben seguir
los países de América del Sur es el que lleva adelante el
gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó
que el gobierno del Partido Justicialista (peronista) busca implementar
“un plan sustentable, que nos permita crecer, cumplir los compromisos
externos, que Argentina no cierre sus fronteras y que se integre al mundo
globalizado”.
En los dos días que permaneció la comitiva del FMI en Argentina
debió eludir, en medio de un importante operativo de seguridad,
varias marchas de repudio hacia ellos de agrupaciones de trabajadores
desempleados y de comerciantes y pequeños empresarios.
El FMI es “la causa de cinco millones de desocupados, de miles de
niños desnutridos, de la generalización de la pobreza y
del avance de la indigencia”, coincidieron dirigentes de la Corriente
Anibal Verón y de Teresa Rodríguez, dos de los llamados
grupos “piqueteros” por su modalidad de protesta con cortes
de ruta.
En las conversaciones entre Koehler y las autoridades argentinas se definió
que Kirchner deberá resolver una serie de problemas antes de avanzar
en la definición del acuerdo crediticio.
Entre esos asuntos figuran la reestructuración de la deuda con
los acreedores privados, lograr un superávit fiscal y establecer
compensaciones para los bancos que sean obligados por la justicia a devolver
en moneda original los depósitos que fueron pasados a pesos argentinos
por el gobierno de Duhalde.
Koehler se reunió el lunes con representantes de organizaciones
industriales, financieras y sociales y con funcionarios de gobierno, Lavagna
y el propio Kirchner, con quienes volvió a conversar este martes.
Los representantes del FMI les manifestaron a empresarios y banqueros
la necesidad de tener un “Estado fuerte, pero no pesado”, como
el que existió en Alemania tras la segunda guerra mundial. En ese
sentido se puso de relieve la importancia de las obras públicas
en la reactivación de la economía.
En tanto, Koehler y sus acompañantes señalaron frente a
delegados de organizaciones sociales, como la católica Cáritas,
el Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano y Conciencia,
que los “argentinos suelen buscar afuera las causas de sus problemas”.
El jefe del FMI “dijo algo así como que los argentinos deben
indagar dentro de ellos mismos”, apuntó el obispo Jorge Casaretto,
titular de Cáritas Argentina, uno de quienes participó del
encuentro.
“Nosotros le dijimos que representamos a las víctimas de la
corrupción” y que, “si bien tenemos responsabilidad de
nuestros males, el pueblo es el que menos responsabilidad tiene”,
relató Casaretto.
Por su parte, el representante en Argentina del Fondo de las Naciones
Unidas para Infancia, Jorge Rivera Pizarro, le entregó una carta
a la delegación visitante, en la que les pide que el futuro acuerdo
incluya una “cláusula social” para contemplar la difícil
situación social de millones de familias.
“Esta cláusula social busca proteger las inversiones sociales
específicas dirigidas a programas prioritarios, que establezcan
metas concretas y relacionadas con dos derechos fundamentales: que ningún
niño tenga hambre y que todos ellos y adolescentes concurran a
las escuelas”, señaló Rivera Pizarro.
Rivera Pizarro destacó que “siete de cada 10 niños
argentinos sufren hoy en día la pobreza, una proporción
que sin duda aumenta en las provincias más relegadas”.
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