|
subier al principio
Rumbo al Estado vigilante universal
Por Gabriel Packard
Nueva York, Nueva York, 2 de julio (IPS)— El gobierno de Estados
Unidos pretende emular al trío de poderosos videntes del filme
“Minority Report”, del cineasta Steven Spielberg, que en un
mundo futuro predicen delitos para castigar a los sospechosos antes de
que los cometan.
Para eso, la administración de George W. Bush dispuso el desarrollo
de un sistema informático de avanzada para predecir atentados terroristas
e identificar a los que pretenden perpetrarlos: el programa Terrorism
Information Awareness (acceso a información sobre terrorismo, o
TIA, por sus siglas en inglés).
Ese programa aplicará tecnología de punta en la búsqueda
automática de patrones de conducta sospechosos en el uso de la
red informática mundial Internet, del teléfono y de las
tarjetas de crédito, así como registros médicos,
judiciales y de viajes, entre otras muchas fuentes de datos.
TIA es desarrollado por la Oficina de Acceso a la Información de
la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada (DARPA),
repartición del Departamento (ministerio) de Defensa que desarrolla,
junto con el sector privado, herramientas tecnológicas para uso
militar.
Encabeza esa oficina el almirante retirado John Poindexter, quien debió
abandonar el Consejo de Seguridad Nacional en la presidencia de Ronald
Reagan (1981-1989) tras participar en un sistema ilegal de venta clandestina
de armas a Irán aplicado para financiar a la oposición armada
al gobierno entonces izquierdista de Nicaragua.
El gobierno de Bush asegura que TIA se concentrará en los no estadounidenses.
Pero eso no significa que ése sea el único canal por el
cual Washington procurará acceder a datos de extranjeros.
La prensa informó en abril que la empresa estadounidense ChoicePoint
había comprado datos de millones de ciudadanos de ocho países
latinoamericanos, que a su vez vendió a más de una docena
de agencias del gobierno, como el Departamento de Seguridad Interna creado
tras los atentados de septiembre de 2001.
A comienzos de este mes, ChoicePoint acordó devolver los archivos
mexicanos al gobierno de Vicente Fox luego de un escándalo público
y de una larga negociación entre representantes de la empresa y
de los dos países.
Varios gobiernos de países en los que ChoicePoint obtuvo bancos
de datos iniciaron investigaciones para determinar la legalidad de las
actividades de la firma, que continúa entregando a Washington información
sobre ciudadanos de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Venezuela.
“El tráfico de datos es una violación de la privacidad,
que es un derecho humano fundamental”, dijo el coordinador de la
no gubernamental Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos
en América Central (Codehuca), Daniel Camacho.
“Algunos países ya incorporaron este derecho a su legislación,
por ejemplo, Estados Unidos. Por esa razón, el clan de Bush trata
de hacer en otras partes lo que no puede hacer en su propio país”,
sostuvo Camacho.
Y, al contrario que los estadounidenses, los extranjeros no tienen representantes
en el Congreso legislativo en Washington para proteger sus intereses,
lamentó Mahir Ksirsagar, del no gubernamental Centro de Información
sobre Privacidad Electrónica (EPIC), organización que detectó
las actividades de ChoicePoint en América Latina.
Las lagunas legales permiten el funcionamiento de esquemas como los de
TIA y ChoicePoint, aunque este último se dedica principalmente
a información básica procedente de registros electorales.
De hecho, TIA es por lejos el proyecto de procesamiento de datos de mayor
alcance jamás planificado, según coinciden muchos expertos.
El programa contará con el sistema Identificación Humana
a Distancia, cuyos datos procederán de videocámaras y que
permitirá reconocer a individuos a más de 200 metros de
distancia mediante tecnología que reconoce rostros, iris, posturas
y gestos, incluso en ambientes oscuros y en todas las condiciones de clima.
Otro sistema, denominado Charla-Texto Efectivo, Disponible y Reutilizable
(EARS), transcribirá automáticamente conversaciones telefónicas
y radiofónicas así como reuniones, incluso cuando intervengan
más de dos personas, según un informe presentado por DARPA
al Congreso.
“Con EARS, Estados Unidos tendrá 1.000 veces más oídos
(‘ears’, en inglés) de los que tiene ahora trabajando
en la explotación de comunicaciones orales”, indica el informe.
Identificación Humana a Distancia y EARS son dos pequeñas
partes de un masivo proyecto de recolección de datos, que tendrá
muchos sistemas en patrulla constante sobre casi toda fuente disponible
de información, vigilando cada patrón de conducta que pueda
servir para detectar actividad terrorista.
Uno de esos programas es el Análisis Escalable de Redes Sociales,
diseñado para examinar las relaciones de un individuo, los grupos
a los que éste pertenece y sus relaciones personales, con parámetros
que incluyen a los amigos de los amigos y a los vínculos de los
vínculos de los vínculos.
Ya hay varias pruebas en curso para estimar la eficacia de TIA. Ocho de
las nueve agencias que participan en ellas son unidades del Departamento
de Defensa. La novena es la Agencia Central de Inteligencia (CIA). DARPA
indicó que aún no hay resultados destacables.
De todos modos, DARPA pronosticó que TIA estará operativo
en 2004.
Mientras el gobierno cumple con el sueño de hacer realidad la película
“Minority Report”, aumenta la oposición al programa TIA.
Cada vez más ciudadanos tratan de asegurarse de que, en este caso,
la vida no imite al arte.
“Nuestro país debe combatir el terrorismo, pero no debería
lanzar sabuesos virtuales a husmear en los registros financieros, educativos,
médicos y de viaje de millones de estadounidenses”, dijo el
senador Ron Wyden, del opositor Partido Demócrata.
Wyden, Russ Feingold y Jon Corzine son tres senadores demócratas
que se oponen a TIA, junto con una amplia gama de organizaciones liberales
—como EPIC y la Unión Americana para las Libertades Civiles—
y conservadoras, entre las que figura Estadounidenses para la Reforma
Impositiva.
EPIC ha enfatizado ante el Congreso que TIA “examina crímenes
que no han sido cometidos por gente que no cometió crímenes”.
La organización preguntó si el proyecto es compatible con
los valores nacionales estadounidenses.
Corzine advirtió que TIA se basa sobre un “enfoque orwelliano”.
El legislador se refería al escritor George Orwell, autor de “1984”,
novela que trazaba un futuro en que un gobierno omnisciente vigila a todos
los ciudadanos a través de diversas tecnologías.
En mayo, TIA cambió su nombre de Total Information Awareness (conocimiento
o acceso total a la información, en inglés) a la actual
denominación, que alude solo al terrorismo. El cambio responde
a la finalidad de que nadie creyera que TIA se dedicaría a realizar
informes secretos sobre los ciudadanos, sostuvo DARPA.
Pero Mahir Kshirsagar, de EPIC, mantiene el escepticismo. “El Pentágono
[Departamento de Defensa] hace un gran esfuerzo por hacer de cuenta de
que esto es apenas un problema de relaciones públicas. Pero el
problema, en realidad, es de sustancia. El nombre original de TIA reflejaba
adecuadamente lo que era el programa”.
subier al principio
Washington castiga a 35 países
Por Jim Lobe
Washington, DC, 1 de julio (IPS)— Estados Unidos dio este martes
otra vuelta de tuerca en su guerra contra la Corte Penal Internacional
(CPI) al suspender la ayuda militar a 35 países que no aceptaron
eximir a soldados estadounidenses de la jurisdicción de ese tribunal,
creado para juzgar crímenes de lesa humanidad.
El cese de la asistencia militar afectará sobre todo a naciones
de América Latina, el Caribe, Europa central y oriental y Africa
subsahariana, la mayoría gobernadas por regímenes democráticos
y firmes aliadas de Estados Unidos, alegaron activistas.
“La campaña estadounidense no logró minar el respaldo
internacional a la CPI, pero consiguió que el gobierno se viera
necio y mezquino”, estimó el director del Programa Justicia
Internacional de la organización Human Rights Watch (HRW), Richard
Dicker, con sede en Nueva York.
“En momentos en que Estados Unidos pierde un respaldo internacional
vital, esta suerte de ataque a algunas de las naciones más pobres
del mundo sólo socavará nuestra seguridad a largo plazo”,
apuntó la directora de programas de la Asociación Federalista
Mundial, Heather Hamilton.
Funcionarios de Washington explicaron que el corte estaba previsto en
la Ley de Protección de Miembros del Servicio Estadounidense (ASPA,
por sus siglas en inglés) aprobada en 2002 por el Congreso legislativo
con el propósito expreso de asegurar que la CPI no tuviera nunca
jurisdicción sobre personal militar de ese país destinado
en el exterior.
“Esto refleja que la prioridad de Estados Unidos es proteger a los
hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo el portavoz
de la Casa Blanca, Ari Fleischer.
Washington espera “continuar trabajando con los gobiernos para asegurar
la ratificación de acuerdos bajo el artículo 98 (de la ASPA)
que protejan al personal estadounidense [en el exterior] de cualquier
arbitrariedad o persecución política por parte de la CPI”,
apuntó por su parte el portavoz del Departamento (ministerio) de
Defensa, Richard Boucher.
Según Boucher, la mayor parte de la asistencia militar prevista
para el actual año fiscal ya fue asignada y el recorte sólo
afecta a un monto de 47,6 millones de dólares en ayuda y entrenamiento.
La ASPA, que autoriza al presidente estadounidense a utilizar los medios
necesarios para liberar a personal estadounidense eventualmente juzgado
o arrestado por la CPI, obliga al gobierno a recortar la ayuda militar
a todo estado que haya ratificado la creación de la corte, concebida
para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio y
que cumplió un año de vida este martes.
Las excepciones son las naciones miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o las especialmente designadas
como aliadas extra-OTAN, entre ellas Argentina, Australia, Corea del Sur,
Filipinas, Israel, y Japón.
Además, el presidente está facultado a “eximir”
de esta sanción a otros países, cuando esté en juego
el interés nacional.
La administración de George W. Bush estableció que los gobiernos
que hubieran firmado con Estados Unidos un compromiso según el
artículo 98, para no entregar ningún efectivo estadounidense
a la custodia de la CPI contaban con garantía suficiente para eximirlos
de la sanción.
El Protocolo de Roma, alcanzado en 1998 y ratificado por 90 países,
entre ellos los aliados de la OTAN, estableció la CPI, con sede
en La Haya, para juzgar crímenes de lesa humanidad, en caso de
que los países involucrados no tuvieran capacidad o voluntad de
llevar a cabo esos juicios en los ámbitos judiciales nacionales.
El ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) firmó
el protocolo en diciembre de 2000, pocas semanas antes de la asunción
de Bush, quien retiró la firma y abandonó todas las negociaciones
sobre la CPI en mayo del año pasado.
Además, el actual gobierno logró que el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas exceptuara por un año
de la jurisdicción de la CPI a todos los ciudadanos estadounidenses,
bajo amenaza de vetos de Washington a las prórrogas de misiones
de paz del foro mundial.
Esa presión tuvo éxito en 2002, y a comienzos de este mes
el Consejo extendió esa excepción por un año más.
Washington alega que los fiscales de la CPI tienen excesiva discrecionalidad,
y podrían acusar por motivos políticos a militares y civiles
estadounidenses.
El temor a ser el principal blanco de fiscales con intenciones políticas
se debe en parte a que Estados Unidos tiene desplegados 150.000 soldados
en Iraq, otros 9.000 en Afganistán, y decenas de miles más
en gran cantidad de países de Asia central.
subier al principio
|
