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Argentina: Represores presos con temor
a España
Por Viviana Alonso
Buenos Aires, Argentina, 25 de julio (IPS)— Los militares
más emblemáticos de la última dictadura de Argentina
ya están presos a la espera de que se decida su extradición
a España, trámite posible al derogarse este viernes del
decreto que impedía su entrega por acusaciones de delitos contra
la humanidad.
Los represores Alfredo Astiz y Antonio Pernías, el intendente electo
de Tucumán, general retirado Antonio Bussi, son algunos de los
que se sumaron en las últimas horas a la detención que ya
cumplían los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, el ex
general Carlos Suárez Mason y el marino Jorge “Tigre”
Acosta.
Esos oficiales que encabezaron la dictadura argentina entre 1976 y 1983
y los subordinados encargados de la feroz represión que la sustentó,
que costó la desaparición de 30.000 personas y la vida de
otros miles según organizaciones humanitarias, forman parte de
la lista de 46 requeridos por la justicia española.
El pedido de extradición puede correr el trámite habitual
gracias a la derogación firmada este viernes por el presidente
Néstor Kirchner del decreto que impedía la entrega a otros
países de militares argentinos para ser juzgados por violar los
derechos humanos en su país durante la dictadura.
La decisión del gobierno, anunciada días atrás, se
concretó finalmente un día después de que el juez
Rodolfo Canicoba Corral dispusiera la detención de 45 militares
y un civil, tras recibir la solicitud que remitiera a la Policía
Internacional (Interpol) el magistrado español Baltasar Garzón.
La causa que tramita Garzón, por torturas, asesinatos y otros delitos
contra la humanidad cometidos en las dictaduras que asolaron el Cono Sur
de América en los años 70 y 80, ya cuenta con su primer
encarcelado en España. Se trata del ex marino argentino Ricardo
Cavallo, extraditado en junio de México.
Horas después de conocerse la lista de los requeridos por Garzón,
uno de ellos marino como Cavallo, el ex suboficial de la Prefectura Naval
(guardia costera) Juan Antonio Azic se disparó en la boca con un
arma de grueso calibre y ahora se debate entre la vida y la muerte en
el Hospital Naval.
Azic fue identificado y acusado en España por sobrevivientes de
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a quienes torturó
ferozmente.
Una de las víctimas de Azic, Carlos Lordkipanidse, relató
el modo en que este suboficial entonces lo torturó con descargas
eléctricas en la ESMA, donde estuvo detenido con su esposa y el
pequeño hijo de ambos, de sólo 20 días y a quien
amenazó con matar si no le daban la información que quería.
Activistas humanitarios se manifestaron satisfechos, aunque con cautela,
ante las detenciones y la derogación del decreto, que fuera firmado
el 5 de diciembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa,
apenas 15 días antes de renunciar.
“Es un paso importante, pero hay que esperar que se actúe”,
dijo la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, quien se encuentra en Grecia participando de un encuentro
internacional sobre derechos humanos.
Mientras, fuentes gubernamentales se manifestaron a favor de que los crímenes
cometidos por los represores entre 1976 y 1983 sean juzgados por tribunales
argentinos, aunque para eso es necesario que la Corte Suprema de Justicia
dictamine que son inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida.
Esas normas, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín
(1983-1989), pusieron fin a los procesos penales contra los militares
que llevaron a cabo la represión ilegal en Argentina.
Al anunciar la derogación de la norma, el ministro de Justicia,
Gustavo Beliz, dijo que se ponía fin a una disposición que
“confería un tratamiento especial” a los militares y
que implicaba “una intromisión del Poder Ejecutivo en la actividad
judicial”.
Ahora queda en manos de la justicia que estos 46 acusados en España
enfrenten finalmente un tribunal en ese país o en Argentina, algo
que las organizaciones humanitarias aún dudan dado algunas decisiones
adoptadas por la justicia en los últimos días.
En particular lo ocurrido el martes con la Cámara Federal de Resistencia,
la capital de la nororiental provincia del Chaco, que ordenó la
liberación de los 10 militares arrestados por tortura y asesinato
de 22 presos políticos en diciembre de 1976, un hecho conocido
como la “masacre de Margarita Belén”.
Los no gubernamentales Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e
Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos)
condenaron la decisión de los camaristas.
El CELS e Hijos, que nuclea a los hijos de desaparecidos durante la dictadura,
señalaron que denunciarán ante la Procuración General
de la Nación las “gravísimas irregularidades”
en las que habrían incurrido los magistrados de Resistencia, al
quitarle competencia al juez Carlos Skidelsky, que había ordenado
las detenciones de los militares acusados de la masacre.
Mario Bosch, abogado de Hijos, sostuvo que “detrás de esa
decisión están los sectores enquistados en el Poder Judicial
con alto compromiso directo y personal con la impunidad”.
En tanto, Kirchner, a su regreso de la visita oficial de dos días
a Estados Unidos, firmó la derogación del decreto limitativo
para dar vía libre a ”la detención preventiva a los
fines de la extradición” de los 46 represores, según
lo ordenado por Canicoba Corral.
En adelante, los pedidos de extradición que se presenten ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores serán derivados a los juzgados
competentes, encargados de analizar caso por caso y tomar una decisión.
Canicoba Corral precisó que, según la ley de extradiciones,
“en última instancia es el Poder Ejecutivo el que decide finalmente
si entrega o no a los militares” al país solicitante.
Entre los 45 militares cuya extradición pide Garzón hay
21 que tienen más de 70 años, una condición por la
que les corresponde el beneficio de prisión domiciliaria, como
ocurre con los comandantes de las juntas que gobernaron Argentina entre
1976 y 1983.
Por otra parte, un tercio de los requeridos se encuentra cumpliendo arresto
por causas relacionadas con la violación de los derechos humanos,
en especial por el robo de bebés, mucho de los cuales nacieron
en cautiverio, de madres secuestradas durante la dictadura.
En esa situación están en su domicilio Videla, Massera,
Suárez Mason y el ex general José Vaquero, además
del marino Rubén Franco, mientras que en dependencias oficiales
están el marino Acosta y el ex prefecto Héctor Febres.
Hasta ahora también han sido arrestados los militares Armando Lambruschini,
Jorge Anaya, Luis María Mendía, Jorge Perrén, Antonio
Pernías Basterreix, Pablo García Velazco, Adolfo Donda Rigel,
Carlos Capdevilla, Enrique Webber y Carlos Daviou.
El mismo camino siguieron Astiz, ya condenado en ausencia en Suecia y
Francia por delitos contra la humanidad, y el intendente electo de la
ciudad de Tucumán y ex hombre fuerte durante la dictadura de la
provincia del mismo nombre, el general retirado Antonio Bussi.
A ellos se suman los oficiales Carlos Pazo y Juan Rolón y el abogado
Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, a quien se vincula con los llamados “vuelos
de la muerte”, en los que detenidos eran arrojados vivos desde aviones
al Río de la Plata.
Uno de los elementos sustanciales para hacer lugar a los pedidos de extradición
son los delitos que se les imputan a los requeridos, los cuales deben
estar contemplados en la legislación argentina.
”Si bien Argentina firmó los tratados internacionales, nunca
tipificó en su Código Penal el delito de genocidio”,
señaló a IPS la vicedirectora del Instituto de Estudios
en Ciencias Sociales y Penales, Ileana Arduino.
Desde 1999, Garzón ha reclamado a las autoridades argentinas la
extradición de los represores culpables de los delitos de terrorismo,
genocidio y torturas en perjuicio de más de 600 ciudadanos españoles.
Zapatistas dejan las sombras
Por Diego Cevallos
Ciudad de Mexico, Mexico, 25 de julio (IPS)— La guerrilla
zapatista de México, asentada en el meridional estado de Chiapas,
salió de las sombras tras dos años, para romper relaciones
con grupos civiles que la ven como una “Cenicienta”, y anunciar
que prepara cambios internos y acciones que ”no van gustar a muchos”.
A través de cuatro comunicados emitidos durante esta semana, el
grupo que se levantó en armas en 1994, pero que no realiza acciones
violentas desde ese mismo año, pareció enfilarse a reconquistar
espacios en la escena política local, algo que no será nada
fácil, según observadores.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conocido
también como guerrilla zapatista, invitó a sus simpatizantes
a asistir el 8 de agosto a una fiesta en uno de sus “aguascalientes”,
enclaves en las selvas de Chiapas concebidos como centros políticos
y culturales.
En la celebración se declarará la muerte formal de esos
espacios, donde se realizaron en los últimos años numerosas
reuniones entre el grupo y la sociedad civil, y se anunciará el
nacimiento de “algo nuevo”, producto de largas discusiones internas
de la guerrilla, adelantó en un comunicado el subcomandante Marcos,
la figura más conocida del EZLN.
Marcos indicó que un motivo de la desaparición de los “aguascalientes”
es que se transformaron en lugares a donde llegaban organizaciones no
gubernamentales (ONG) locales e internacionales con la intención
de entregar limosnas e imponer proyectos a los indígenas, actitud
que fue calificada por el grupo de ”síndrome Cenicienta”.
Lo que el EZLN quiere es colaboración política para que
se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y se aliente
“la construcción de un mundo nuevo, donde quepan muchos mundos,
donde las limosnas y las lástimas por el otro sean parte de las
novelas de ciencia ficción... o de un pasado olvidable y prescindible”,
apuntó.
“Con los aguascalientes mueren también el ‘síndrome
de Cenicienta’ de algunas ‘sociedades civiles’ y el paternalismo
de algunas ONG nacionales e internacionales... Las comunidades zapatistas
desde ahora ya no recibirán sobras ni permitirán la imposición
de proyectos”, añadió.
El EZLN permaneció al margen de las primeras líneas de la
agenda política desde marzo de 2001, cuando sus comandantes realizaron
una marcha a la capital para pedir la aprobación de normas a favor
de los grupos indígenas, algo que sucedió, pero en una versión
que no los satisfizo.
Desde entonces el grupo, que se ha negado a reanudar el diálogo
de paz con el gobierno roto en 1996, emitió algunos comunicados
sobre asuntos locales e internacionales, que no tuvieron mucha repercusión
e incluso fueron criticados entre quienes antes se declaraban incondicionales
del EZLN.
Esa menor proyección del EZLN y de Marcos, preferidos durante años
de los medios de comunicación mexicanos e internacionales, se ha
producido durante el gobierno de Vicente Fox, quien es desde 2000 el primer
presidente ajeno al Partido Revolucionario Institucional en siete décadas.
Con el fin de los gobiernos del PRI, que se sucedieron desde 1929, el
EZLN, integrado en su mayoría por indígenas, perdió
el protagonismo que ganó a pulso de iniciativas políticas
y movilizaciones a favor de la democracia y los derechos de los pueblos
indígenas.
En 2001, varios analistas coincidieron en que Fox se beneficiaba al lograr
que los zapatistas salieran de la selva, donde gozaban de una imagen romántica
e idealista, para acercarse al mundo de la política institucional
y aceptar de hecho sus reglas y limitaciones.
Fox afirma que mantiene la puerta abierta para que el EZLN regrese al
diálogo de paz cuando lo desee. Pero la guerrilla sostiene que
no negociará nada mientras no se apruebe una ley sobre derechos
indígenas en la versión que deseaba originalmente.
El grupo, que en su momento fue considerado una referencia clave en la
”lucha contra el neoliberalismo” y el modelo de globalización,
permaneció los últimos meses ausente de todo movimiento
local o mundial relativo a la materia.
“Era de esperarse que EZLN buscara nuevos derroteros para retomar
su lucha y posicionamiento, pero no será fácil, pues la
agenda local apunta hoy a otros actores”, dijo a IPS el investigador
de movimientos sociales José Trinidad, de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
En uno de los comunicados emitidos esta semana, Marcos escribió
que “estos indígenas (los zapatistas) enojan hasta a quienes
simpatizan con su causa. Y es que no obedecen. Cuando se espera que hablen,
callan. Cuando se espera su silencio, hablan. Cuando se espera que dirijan,
se ponen atrás. Cuando se espera que sigan atrás, agarran
para otro lado”.
“O sea que no tienen contento a nadie. Y parece no importarles mucho.
Lo que sí les importa es tener contento a su corazón, así
que siguen los caminos que él les marca”, añadió
en un largo texto de corte literario, que contiene reflexiones sobre el
camino que siguió el EZLN desde su creación en los años
80.
“Como quiera que sea, es seguro que lo que vayan a hacer o a decir
(los zapatistas en adelante) no les va a gustar a muchos. Además,
como dice el Sup (él mismo), la especialidad de los zapatistas
es crear problemas y ya luego a ver quién los resuelve”, sostuvo.
“Por el tipo de cartas que emitió Marcos en los últimos
días, se entiende que en EZLN intentará usar nuevas estrategias
para salir de las sombras en que se mantuvo, aunque es seguro que seguirá
lejos de la violencia”, opinó Trinidad.
Gracias a una ley de pacificación y diálogo dictada en 1994,
el EZLN se mantiene en las selvas de Chiapas sin atacar ni ser atacado.
El grupo, integrado según expertos por menos de 5.000 indígenas,
en general mal armados, se considera portavoz de los 10 millones de indígenas
mexicanos, el grupo social más pobre y explotado del país.
Pero no todos piensan así.
“Marcos es una página del pasado”, sentenció en
enero el diputado Demetrio Sodi, del izquierdista y opositor Partido de
la Revolución Democrática, que antes se declaraba incondicional
del EZLN.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado desconoció
esta semana al EZLN y a Marcos como interlocutores para discutir cómo
serán reglamentarás las reformas legales sobre derechos
indígenas aprobadas en 2001.
Se dialogará “directamente con las autoridades institucionales”
de los pueblos indígenas, anunció a nombre de esa comisión
la senadora Luisa María Calderón, del Partido Acción
Nacional, al que pertenece Fox.
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