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Hasta que Israel nos separe
Por Peter Hirschberg
Jerusalen, 4 ago (IPS)— Si Rawda Masarwa y su esposo Jaled
desean continuar viviendo bajo el mismo techo, tendrán que violar
la ley o salir de Israel. Pero si ninguna de ambas opciones les resulta
aceptable, tendrán que separarse.
La situación de este matrimonio es producto de una nueva ley que
impide a los palestinos de Gaza y Cisjordania casados con ciudadanos israelíes
(en su mayoría árabes) obtener la ciudadanía o la
residencia en el estado judío.
“Hay una sola palabra para describir esta ley: racista”, dijo
Masarwa, de 28 años, procedente de la aldea árabe-israelí
de Taibeh, en el norte del país. Su esposo procede de la ciudad
de Tulkarem, en el norte de Cisjordania.
“¿Qué se supone que deba hacer? ¿Separarme de
mi esposo? Tenemos dos hijos pequeños”, se quejó Masarwa.
El gobierno del derechista partido Likud, que impulsó la rápida
aprobación de la ley el 31 de julio, defendió la norma por
razones de seguridad. Según las autoridades, varios palestinos
que tenían la residencia en Israel aprovecharon su libertad de
movimiento para perpetrar ataques terroristas.
Pero grupos de derechos humanos de Israel y el exterior, así como
opositores de izquierda, consideran que la ley es una solución
radical para un problema marginal, además de una discriminación
flagrante.
La norma afectará a miles de parejas y sus hijos que ya viven en
Israel y están a la espera del procesamiento de su solicitud de
“unificación familiar”, como se conoce el procedimiento.
También afectará a los futuros matrimonios entre árabes
israelíes —que constituyen 20 por ciento de los seis millones
de habitantes de Israel— y palestinos de los territorios vecinos.
La ley procura legitimar una situación que se ha registrado de
hecho desde mediados de 2002, cuando el gobierno bloqueó la residencia
a los palestinos casados con israelíes.
Muchas familias árabes quedaron divididas entre Israel y Cisjordania
como resultado de varias guerras en la región, y los casamientos
entre ambos grupos son bastante frecuentes.
“Esta ley apunta específicamente contra los israelíes
casados con palestinos”, dijo a IPS Yoav Loeff, portavoz de la Asociación
de Derechos Civiles de Israel.
“Un israelí que se casa con una persona sueca, por ejemplo,
podrá solicitar la residencia para su cónyuge, pero no un
israelí casado con alguien de Cisjordania (o la Franja de Gaza).
Este es un día negro para la democracia israelí”, lamentó
Loeff.
La organización Amnistía Internacional consideró
que la ley constituye una violación de “las normas internacionales
de derechos humanos, y de tratados que Israel ha firmado y ratificado”.
Por otra parte, el ministro sin cartera Gideon Ezra recordó que
más de 100.000 palestinos han obtenido permisos de residencia en
Israel desde 1993 y subrayó que la seguridad es lo fundamental.
“Desde septiembre de 2000 (cuando estalló la segunda “intifada”
o insurrección palestina), hemos registrado una importante conexión
entre árabes israelíes y árabes de Gaza y Cisjordania
en los ataques terroristas”, sostuvo.
Según el gobierno, se registraron 20 de esos casos, pero activistas
de los derechos civiles cuestionaron la cifra. “Cuando les pedimos
números, primero dijeron que era imposible proporcionarlos, y luego
de alguna forma hallaron 20 casos”, señaló Loeff.
Los activistas también cuestionaron el dato brindado por Ezra sobre
los 100.000 permisos de residencia. Adalah, el Centro Legal para los Derechos
de la Minoría Arabe en Israel, afirmó que sólo se
presentaron 24.000 solicitudes desde 1993.
El ministro del Interior, Avrham Poraz, miembro del partido centrista
y laico Shinui, manifestó disconformidad con la ley.
“Ojalá no la necesitáramos. No me entusiasma, pero
fue una decisión del gobierno y debo acatarla”, declaró
el ministro, que estará a cargo de la aplicación de la nueva
norma.
Tibi Rabinovith, jefe de la oficina del ministro del Interior, dijo a
IPS que la oficina del primer ministro Ariel Sharon fue la autora de la
iniciativa legislativa. Aclaró que la ley estará en vigor
por un año y su renovación por el parlamento dependerá
de “los avances en el proceso de paz” palestino-israelí.
Pero esto no es consuelo para Rawda Masarwa. Desde su casamiento, hace
cinco años, su esposo Jaled debió renovar su permiso de
residencia en Israel cada seis meses.
“Cada vez que voy (al Ministerio del Interior) me piden más
documentos. Siempre quieren algo nuevo. Mi expediente está por
explotar de tantos documentos”, dijo a IPS.
El último permiso de Jaled venció y las autoridades no se
lo han renovado, lo cual significa que actualmente vive en Israel ilegalmente.
“Nunca salimos juntos, porque las fuerzas en seguridad han detenido
a personas (en la situación de Jaled) y las han devuelto a los
territorios palestinos. No queremos correr ese riesgo”, dijo Rawda,
que trabaja como asistente contable en la ciudad costera israelí
de Netanya.
“Cuando nació nuestro segundo hijo, le dije a Jaled que no
fuera al hospital a visitarnos. Tenía miedo de que lo arrestaran
y lo mandaran de vuelta a Tulkarem. Me habría quedado sola con
un recién nacido”, contó.
Muchos activistas de los derechos civiles y algunos políticos de
izquierda creen que el verdadero motivo de la ley es demográfico,
porque Israel teme que el continuo influjo de palestinos reduzca la mayoría
judía.
“Esta ley no tiene nada que ver con la seguridad”, afirmó
el parlamentario árabe-israelí Azmi Bishara. “Está
vinculada con la demografía. Lo que quieren es limitar el número
de árabes en Israel”, sostuvo.
Algunos juristas israelíes cuestionaron la constitucionalidad de
la ley, por considerar que contradice los valores básicos del país,
como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sean árabes
o judíos.
Organizaciones de los derechos humanos piensan acudir a la Alta Corte
para pedir la anulación de la norma. “Ya estamos redactando
una solicitud”, declaró Tibi.
Masarwa quiere que su nombre figure en esa petición. “Pelearé
hasta el final. No me voy a quedar de brazos cruzados. Ya viví
demasiado tiempo con miedo”, manifesto.
Ecuador: República Dominicana
acepta asilo de Noboa
Por Kintto Lucas
Quito, Ecuador, 30 jul (IPS)— El refugio otorgado por República
Dominicana este miércoles al ex presidente de Ecuador Gustavo Noboa
añade un eslabón a la ya larga cadena de políticos
que optaron por salir de este país a la hora de enfrentar acusaciones
de corrupción.
Noboa, quien asumió el gobierno el 22 de enero de 2000 tras la
renuncia de Jamil Mahuad, había pedido asilo político a
la embajada dominicana en Quito por entender que es víctima de
una persecución “implacable” por parte del derechista
Partido Social Cristiano (PSC).
El líder del opositor PSC, el ex presidente León Febres
Cordero (1984-1988), declaró en mayo que perseguiría “como
perro con hambre” a Noboa, elegido en 1998 vicepresidente de Mahuad
y luego encargado de completar el mandato presidencial hasta el 15 de
enero de este año.
Seis meses después de terminar su gobierno fue acusado por el ahora
diputado Febres Cordero de haber ocasionado en su gestión perjuicios
al país por unos 9.000 millones de dólares en el proceso
de reprogramación de la deuda en julio de 2000.
“La inseguridad en Ecuador es tan dramática” en la actualidad,
que “me veo en la necesidad de solicitar asilo político diplomático
amparado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”,
señaló Noboa en la carta enviada a las autoridades de la
embajada dominicano en Ecuador y que se divulgó el lunes.
El 21 de mayo, la primera vez que Febres Cordero concurrió al Congreso
legislativo desde que ocuparon sus puestos los nuevos diputados el 5 de
enero, acusó al ex mandatario socialdemócrata de haber liderado
“una funesta renegociación de la deuda externa”.
Esa denuncia fue recogida por la fiscal Mariana Yépez, quien solicitó
al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, dictar
orden de detención preventiva contra Noboa y varios de sus principales
colaboradores de su gobierno.
El juicio al respecto comenzó su trámite, pese a que el
pedido de prisión contra Noboa fue rechazado por falta de pruebas
y tampoco se expidió orden de prohibirle la salida de Ecuador.
Sin embargo, la policía de migración comunicó el
domingo pasado que Noboa no podía abandonar el país porque
existía una orden de arraigo en su contra, que nada tenía
que ver con el caso por el que estaba siendo juzgado.
El abogado Joffre Campaña, uno de los asesores de Noboa, fue el
receptor de esa novedad al iniciar ese día el trámite de
salida de su defendido a Estados Unidos en la Dirección de Migración
en el aeropuerto de Quito.
La orden de desarraigo que detuvo a Noboa en Ecuador forma parte de la
acción realizada a comienzo de julio por la estatal Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) contra 6.000 personas que mantenían
vinculación o deudas con algunos de los bancos que fueron absorbidos
por esa entidad luego de pedir la quiebra.
En particular, el ex gobernante tiene un proceso pendiente por la quiebra
de los bancos Unión y Popular, entidades a las cuales estaba vinculado.
Además, tampoco había cumplido con la norma constitucional
que obliga a los ex presidentes a comunicar al Congreso cada vez que viajan
al exterior.
Pero el pedido de asilo de Noboa, aceptado este miércoles por República
Dominicana, parece ser norma en la última década para ex
gobernantes y funcionarios a la hora de rendir cuentas ante los tribunales.
En octubre de 1995 tomó el mismo camino que ahora Noboa el político
conservador Alberto Dahik, quien había ocupado la vicepresidencia
de Sixto Durán Ballén (1992-1996), para eludir el juicio
por presunta malversación de fondos del Estado iniciado también
por denuncias de Febres Cordero, que entonces era alcalde de la sudoccidental
ciudad de Guayaquil.
Dahik había pertenecido al PSC y fue ministro del gobierno de Febres
Cordero, pero al alejarse del partido mantuvo un fuerte enfrentamiento
con acusaciones cruzadas entre ambos.
También el populista Abdalá Bucaram, elegido presidente
en 1996, abandonó el país en febrero de 1997 con destino
a Panamá tras ser destituido del cargo por el Congreso legislativo
por considerarlo incapacitado para gobernar, en medio de una creciente
protesta popular.
La Corte Suprema de Justicia ratificó en mayo de 1997 la orden
de prisión contra Bucaram, quien tiene abierto cinco juicios por
peculado y enriquecimiento ilícito.
A Panamá se fueron a residir varios funcionarios de su gobierno,
entre ellos el ex ministro de Gobierno, César Verduga, acusado
de malversación de fondos reservados.
Su sucesor en el cargo hasta agosto de 1998 por decisión parlamentaria,
el ex presidente interino Fabián Alarcón, tuvo mejor suerte
al quedar sobreseído tras ser encarcelado a fines de 1999 acusado
de haber utilizado dinero del Congreso para designar 1.200 personas que
cobraban sueldo sin trabajar.
El democratacristiano Jamil Mahuad, destituido del gobierno el 21 de enero
de 2000 luego de una rebelión indígena apoyada por oficiales
militares, es otro de los ex gobernantes que optó por dejar el
país frente a acusaciones de corrupción.
La justicia había ordenado su detención en junio de 2000
por su presunta responsabilidad en el perjuicio ocasionado a miles de
ahorristas con la congelación de depósitos bancarios en
marzo de 1999, lo cual según analistas ayudó a la quiebra
del sistema financiero.
Pero para esa fecha Mahuad ya había viajado a Estados Unidos, donde
ahora dicta conferencias y es profesor de la Universidad de Harvard.
Mientras, los defensores de Noboa, como Joffre Campaña, aseguran
que “la intención de todo este proceso es llevarlo a una cárcel
común, a una penitenciaria con delincuente comunes donde la vida
del ex presidente podría estar en peligro”.
Noboa había indicado la semana pasada que no abandonaría
el país y que se defendería de las acusaciones en su contra.
El actual Secretario de Comunicación, Marcelo Cevallos, afirmó
que para el actual gobierno de Lucio Gutiérrez “no existe
persecución política” contra el ex mandatario y “no
hay razón para que se le otorgue asilo”, como ocurrió
este miércoles.
Pero dejó claro que Gutiérrez respetará la decisión
que asuma cualquier nación respecto a ese pedido. Noboa había
solicitado antes asilo en El Salvador, pero le fue rechazado.
Debido a su amistad con el presidente de República Dominicana,
Hipólito Mejía, el ex gobernante ecuatoriano prefirió
esa nación, donde también se encuentra refugiado el ex mandatario
de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, acusado de diversos actos
de corrupción en su país.
Noboa señaló este miércoles desde la residencia del
embajador de República Dominicana que “Febres Cordero es el
hombre más perverso que hay en Ecuador”.
Por su parte, Bucaram afirmó en Panamá que Noboa no es un
perseguido político sino “un ladrón a quien lo está
persiguiendo otro ladrón, porque éste es un problema de
mal reparto de las mafias”.
“La familia Noboa saqueó el país junto a la de Febres
Cordero y las mafias socialcristianas, y hoy, que ya deja el poder por
problemas de mal reparto, Febres Cordero utiliza toda la mafia judicial
para reprimir a un rival político”, apuntó Bucaram.
Más de 15 altos funcionarios de distintos gobiernos y ex banqueros
han escapado de la justicia ecuatoriana en los últimos ocho años.
La organización Transparencia Internacional ubicó a Ecuador
como el segundo país más corrupto de América Latina
detrás de Paraguay, y según un informe gubernamental de
2000, la corrupción causa la pérdida de más de 2.000
millones de dólares al año al país.
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