Agricultura Nicaragua: Campesinos
logran avances en reclamos

Por José Eduardo Mora

San Jose, 7 de agosto (IPS)— La promesa del gobierno de Nicaragua de entregar 3.409 hectáreas a campesinos sin tierra dentro de 45 días es el primer logro de la “marcha de los hambrientos”, iniciada hace 10 días por unos 5.000 habitantes del central departamento de Matagalpa.

Los campesinos, que están estacionados ahora en el kilómetro 97 de la ruta Interamericana, comenzaron su caminata a Managua ante el incumplimiento del gobierno del acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2002, en el que se comprometió a otorgar predios de cultivos, crear empleo y reforzar servicios de salud y educación.

En Matagalpa, con 6.800 kilómetros cuadrados y ubicado a 130 kilómetros al norte de Managua, predominaron las grandes haciendas productoras de café hasta hace unos cinco años, cuando la persistente caída de los precios internacionales del grano hirió de muerte al sector.

Tras una primera negativa, el gobierno de Enrique Bolaños accedió negociar con los campesinos en lucha, para lo cual designó a los viceministros Alfonso Sandino, de Gobernación, y Margarita Gurdián, de Salud, al ministro de Agricultura, José Augusto Navarro, y al director del Instituto del Desarrollo Rural, Sergio Narváez.

Entre los garantes de los avances logrados y los que se consigan en estas conversaciones figuran las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de Nicaragua (Cenidh) y Procuraduría de Derechos Humanos, además de la Iglesia Católica a través del arzobispo de Matagalpa, Leopoldo Brenes.

“Para los campesinos es una victoria enorme haber logrado que el gobierno de Bolaños accediera a negociar, porque existía una negativa completa a escuchar nuestras peticiones”, dijo a IPS Alfonso Espinoza, coordinador de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), uno de los grupos que participan en las conversaciones.

Los campesinos piden, además, la cesión de tierras de la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) para desarrollar sus culivos, así como mejoras en salud, vivienda, educación, empleo, alimentación y reactivación de la producción en el departamento de Matagalpa.

Sandino y Guardián declararon en Las Tunas, en el kilómetro 97 de la carretera Interamericana donde se negocia, que el gobierno tiene una “clara voluntad de evitar que los campesinos continúen con su marcha a la capital y que se buscarán las condiciones para que las conversaciones deparen beneficios para ambas partes”.

“Legalizar las tierras en poder de la Cornap será muy espinoso, pero confiamos en alcanzar este acuerdo, que beneficiará a las restantes 2.500 familias que conforman la marcha”, puntualizó Espinoza.

En la movilización participan mujeres, niños y ancianos, quienes se encuentran ubicados en campamentos a uno y otro lado de la ruta Interamericana, cuyo tránsito podría ser bloqueado en caso de que las negociaciones se estanquen en los próximos días, advirtió el dirigente agrario.

En una marcha similar realizada el año pasado murieron nueve niños y siete adultos, pero esta vez todavía no se reportaron muertos ni heridos, resaltó.

“A pesar del primer acuerdo, hemos notado poca capacidad del gobierno para tomar decisiones y las ambigüedades en que incurre son para empantanar los alcances de los pactos”, afirmó.

Espinoza precisó que en Matagalpa, donde las haciendas cafetaleras se declararon en quiebra hace cinco años, quedó en un “abandono total por parte del Estado, que descuidó el apoyo a la agricultura, la educación, la salud, la vivienda y el crédito”.

En medio de la incertidumbre por el incumplimiento estatal del año pasado, los campesinos tienen la esperanza de que las actuales tratativas produzcan mejoras sustanciales en miles de familias que resultaron afectadas por la caída internacional de los precios del café.

Los participantes en la “marcha de los hambrientos” proceden principalmente de los municipios de La Dalia, San Ramón, Matagalpa y Rancho Grande.

La falta de empleo obligó, según cifras del ATC, a que entre 50 y 60 por ciento de las familias de Matagalpa emigraran a otros departamentos y a distintos países de América Central, en especial a Costa Rica, donde oficialmente residen 332.000 nicaragüenses, según el censo de 2000.

Para Edmundo Gutiérrez, garante en las negociaciones por parte del no gubernamental Cenidh, el primer acuerdo se dio de una “fruto del consenso, lo cual es una muestra de la voluntad que tienen las partes para negociar”.

Consideró, sin embargo, que las negociaciones en torno a las propiedades que cederá la Cornap y la creación de empleos serán delicadas, por lo cual el gobierno pidió la incorporación de representantes del Banco Central, que administra las haciendas declaradas en bancarrota.

Los empleos que se generarán, si se alcanzan los acuerdos, serán en el ámbito comunitario, como arreglo de caminos y limpieza de zonas agrícolas, agregó Gutiérrez, quien calculó que cada nicaragüense que desempeñe este tipo de labores obtendrá el equivalente a 1,57 dólares por día.

Datos de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) indican Nicaragua registra el salario mínimo más bajo de la región, con 33 dólares mensuales, mientras que Costa Rica posee el más alto, con 175 dólares.

También precisa que 39 por ciento de los casi 5,8 millones de nicaragüense carece de agua potable, lo que da una idea de las condiciones sociales en que sobreviven miles de pobladores de este país.

Estudios del Programa Mundial de Alimentos (PIMA) de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que 45 por ciento de los niños de Nicaragua que viven en zonas rurales padecen de desnutrición crónica.

En este sentido, la asesora jurídica del Cenidh, Anielka Pacheco, relató a IPS que en la marcha de los hambrientos de 2002 ese centro le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para 56 niños que estaban en riesgo de muerte por la desnutrición aguda que padecían.

Ecuador: Indígenas dejan solo
y débil a Gutiérrez

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 7 de agosto (IPS)— El movimiento indígena se retiró finalmente del gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez, al que acusa de traicionar el programa sustento de la alianza política y social que asumió en enero y de apoyarse en sectores de derecha.

El acuerdo político que llevó a la presidencia a Gutiérrez, que también incluía a sectores de izquierda, ex militares y representantes de movimientos sociales, se quebró definitivamente luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) decidió cortar el diálogo con el gobierno.

Gutiérrez “traicionó el mandato que le fue entregado por el pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones, que contemplaba la defensa de la soberanía nacional, de los recursos naturales, la reactivación del aparato productivo con equidad y la voluntad de paz”, dijo a IPS el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

La ruptura de la alianza coloca al movimiento indígena y social en la oposición y al presidente con sólo seis representantes, todos de su Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), en el Congreso legislativo unicameral de 100 miembros.

El otro apoyo circunstancial del gobierno es el derechista Partido Social Cristiano (PSC), el mayor grupo parlamentario, pero que sólo suma 25 diputados.

El comienzo del fin del acuerdo comenzó un mes atrás, cuando salió del gobierno el marxista Movimiento Popular Democrático (MPD), por mandato de su congreso partidario el cual entendió que Gutiérrez se estaba “derechizando” y no cumplía con el programa común con las diferentes organizaciones sociales y de izquierda.

Pero el remate de esta corta historia de desavenencias ocurrió el martes, luego que el mandatario intimara a los diputados del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, el brazo político de la Conaie, a votar el proyecto de ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Los legisladores indígenas respondieron que no se dejarían presionar y votarían el miércoles contra ese proyecto, como lo hicieron, pues para ellos significaba abrir paso a la flexibilización laboral y a la pérdida de los derechos de los trabajadores.

Entre sus principales postulados, el texto rechazado el miércoles por el parlamento establece el aumento de 40 a 48 horas semanales de trabajo, facilidades para la remoción de empleados públicos y el congelamiento de salarios del sector.

El contenido de la iniciativa gubernamental fue uno de los compromisos asumidos por el gobierno en la Carta de Intenciones firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pocos días después de asumir el cargo el 15 de enero, dijeron expertos.

“Las declaraciones de Gutiérrez demuestran el autoritarismo que está asumiendo. Esta no es una dictadura en la que puede imponer lo que quiera y dictar órdenes a los integrantes de otras funciones del Estado”, señaló a IPS el diputado del Movimiento Pachakutik Ricardo Ulcuango.

El presidente “puede botar a sus ministros, amigos y parientes que son funcionarios de su gobierno, pero está equivocado si cree que con amenazas puede callar a nuestros diputados”, advirtió.

Finalmente el proyecto recogió el voto negativo de 54 legisladores, entre ellos los de Pachakutik, lo cual llevó a Gilmar Gutiérrez, diputado del PSP y hermano del presidente, a pedir la destitución de los ministros del movimiento indígena.

Antes de ello se reunió la dirigencia indígena y resolvió demandar a Pachakutik que adelantara la ruptura con el gobierno.

Gutiérrez ganó la segunda vuelta electoral de noviembre, como candidato de la alianza político-social, con 54,4 por ciento de los votos válidos frente a 45,6 por ciento de su competidor, el empresario bananero Alvaro Noboa.

La Conaie y el Movimiento Pachakutik aparecen como representantes de los indígenas de Ecuador, que suman alrededor de 30 por ciento de los 12,5 millones de habitantes del país, distribuidos en 12 etnias, la principal de las cuales es la kichwa, que habita la región de la Sierra y de la Amazonia.

También viven en la Amazonia los cofán, siona, secoya, huaorani, achuar, shuar y zápara, mientras que en la costa del océano Pacífico se ubican los awa, chachi, epera y tsáchila.

El Movimiento Pachakutik también aglutina a ecologistas, asociaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil.

Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, la mayor organización de las que integra la Conaie y que reúne a los pueblos de la nacionalidad kichwa, arguyó que Gutiérrez ha mantenido una posición contraria al interés nacional y por eso era necesario romper la alianza.

“En estos seis meses suscribió una Carta de Intención con el FMI, donde ratifica su voluntad de privatizar el petróleo, la energía eléctrica, la telefonía, otros recursos naturales como el agua, y flexibilizar el mercado laboral con medidas que destruyen garantías y derechos adquiridos por los trabajadores”, comentó.

Tras la ruptura, la Conaie demandó la renuncia inmediata de todos los miembros del Movimiento Pachakutik que ocupaban cargos en le gobierno y convocó “a todas las organizaciones de base del Movimiento Indígena Nacional a estar alertas y en movilización”.

“La Conaie ha demandado al Movimiento Pachakutik que intente redireccionar al gobierno de Lucio Gutiérrez, al tiempo que desde los espacios de gobierno legítimamente ganados se instaure una política alternativa al país”, señaló la organización nativa en un comunicado.

Desde los ministerios y espacios públicos manejados por el Movimiento Pachakutik se ha demostrado un profundo compromiso y responsabilidad con el país, además de un manejo honesto, transparente e íntegro de las responsabilidades públicas encomendadas al movimiento indígena, argumentó el comunicado.

Pachakutik aportaba al gobierno a los ministros Luis Macas, de Agricultura, Nina Pacari, de Relaciones Exteriores, y Rosa María Torres, de Educación, además de Doris Solís, a cargo de la Secretaría de Turismo, y varios subsecretarios y cargos en las distintas administraciones provinciales.

Poco después de la resolución de la Conaie, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Marcelo Cevallos, informó en rueda de prensa que la alianza se había roto y que el presidente demandaba la renuncia de los ministros y demás integrantes de Pachakutik que participaban en el gobierno.

“Pachakutik se perdió la gran oportunidad de cogobernar el país”, afirmó.

Por su parte, Iza destacó que Pacari había posicionado desde la cancillería la imagen de un país amante de la paz y del respeto a la autodeterminación de los pueblos, mientras que Macas había fortalecido la necesidad de una política de soberanía alimentaria con identidad.

Hace dos semanas Gutiérrez despidió a Torres de su cargo argumentando que lo había criticado en declaraciones a la prensa.

En esa oportunidad, la Conaie la calificó esa decisión de “unilateral y arbitraria”, cortó el diálogo directo que mantenía con Gutiérrez, exigió a Pachakutik una actitud similar y se declaró en asamblea permanente para discutir una propuesta de ruptura total con el gobierno, cuestión que se concretó ahora.

Analistas entienden que la ruptura con el gobierno demuestra un reposicionamiento de la organización indígena dentro de Pachakutik, luego de que la dirigencia del movimiento político fuera duramente cuestionada por asumir posiciones políticas neoliberales comunes con el gobierno.

Entre esas posiciones se ha criticado el hecho de que Fernando Buendía, asesor económico del Ministerio de Finanzas en nombre de Pachakutik, apoyara la Carta de Intensiones firmada con el FMI y declarara que ese organismo multilateral demostraba una actitud sensible con Ecuador.

Los indígenas también cuestionaron el hecho de que Augusto Barrera, en la Secretaría de Planificación y Diálogo, entidad con rango ministerial adscripta a la presidencia, haya promovido conversaciones para buscar la privatización de las empresas eléctricas.