Washington separa lo que Dios une

Por Haider Rizvi

Nueva York, 22 de agosto (IPS)— “Mírelo. No entiendo por qué lo castigan así”, dijo la pakistaní Rukhsana Saeed. Un niño lloraba en su regazo, con un biberón en las pequeñas manos. Ella también lloraba. Su marido está en Pakistán, tras la expulsión de Estados Unidos.

Mohammed Saeed llegó a esta tierra de oportunidades antes que su esposa e hijos. La familia se reunió años después. Pero volvieron a separarse en marzo, cuando las autoridades ordenaron la inmediata deportación de Mohammed Saeed por tener documentación falsa.

“Registraron nuestro apartamento en la mañana. Mi marido me despertó. Estaba llorando. Me dijo: ‘Por favor, protégeme. Me están llevando a la cárcel’“, dijo, sin dejar de llorar.

“‘¿Cómo podría protegerte?’, le dije. Solo lloré y lloré. Los niños también lloraban, pero igual se lo llevaron”, recordó.

Mohammed Saeed no es un criminal ni tiene vínculos con organizaciones terroristas. Es, simplemente, uno de los millones de inmigrantes económicos que llegan a Estados Unidos soñando con la prosperidad y con un futuro decente para sus hijos. Así lo afirman sus vecinos y abogados.

Sentada en un apartamento que activistas por los derechos de los inmigrantes han convertido en lo que denominan una “clínica legal”, ubicada en un vecindario de clase trabajadora en Nueva York, Rukhsana Saeed admitió que su marido vivía con documentos falsos. Pero, agregó, “trabajaba duro, y es un buen padre”.

Activistas de derechos humanos afirman que Saeed, de 43 años, estuvo detenido más de un mes antes de su deportación a Pakistán. Los oficiales migratorios habían desenterrado su archivo, que juntaba polvo desde hacía 10 años. Cuando estuvo entre rejas, no se le permitió hablar por teléfono con su esposa.

“Esto es una clara violación de la Constitución de Estados Unidos, una discriminación contra inmigrantes árabes y musulmanes que no tienen nada que ver con los atentados del 11 de septiembre de 2001”, dijo Bobby Khan, del Proyecto Coney Island, que brinda asesoramiento legal a familias de inmigrantes detenidos o en proceso de deportación.

El Departamento de Seguridad Interna ha convocado desde el año pasado a hombres adultos de 24 países árabes y musulmanes (y de Corea del Norte) para registrar sus huellas digitales y fotografías y para interrogarlos.

Quienes no concurrieran deberían afrontar deportación o acusación penal, advirtieron las autoridades. Los convocados proceden de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Pakistán y Siria.

Miles de personas fueron detenidas, y muchas de ellas mantenidas en celdas superpobladas. También hubo casos de presos a los que se negó alimentos, sueño y medicinas. Entre los detenidos hubo gran cantidad de extranjeros que habían solicitado visa pero esperaban la respuesta de las autoridades.

“Muchos de ellos habían apelado a la cláusula de ‘abrigo seguro’, programa diseñado para reunir a las familias que había contado con el fuerte apoyo del presidente George W. Bush”, dijo un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la más antigua organización de derechos civiles de Estados Unidos.

Funcionarios de migraciones calcularon que más de 13.000 hombres (16 por ciento de los cuales fueron convocados a llenar el “registro especial”) son pasibles de deportación, pero apenas un puñado fueron vinculados con el terrorismo, admitieron.

“El aumento dramático de las deportaciones es un efecto secundario del programa de registro, no uno de sus objetivos”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Interior Bill Srassberger en julio al diario The Washington Post.

“Siempre que los funcionarios de migraciones entren en contacto con alguien que ingresó ilegalmente en el país, tienen la responsabilidad de iniciar los procedimientos de deportación”, advirtió Srassberger.

Este proceso es una trampa para los inmigrantes, advirtieron activistas. “Esto está causando mucho temor y aprensión, una sensación de sitio”, dijo el portavoz del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas Ibrahim Hooper.

“Me temo que me deportarán en octubre. He esperado el permiso de empleo los últimos dos años, pero hasta ahora no hubo ni una palabra del Departamento de Trabajo. No sé qué hacer”, dijo la pakistaní Mian Ahmed, de 48 años, trabajadora en un almacén del área metropolitana de Nueva York.

Sentado junto a Rukhsana Saeed está un joven pakistaní tan frustrado y temeroso como ella. Tiene 26 años y reside en Estados Unidos desde hace 18, si bien su autorización está pendiente desde los últimos años 80. Ahora recibió la orden de deportación.

Unas 13.000 personas de países árabes y musulmanes eran deportados cada año hasta el 11 de septiembre de 2001, y el ritmo se duplicó desde entonces, según cifras oficiales. El diario The Philadelphia Inquirer indicó que más de 5.000 pakistaníes huyeron de Estados Unidos a Canadá desde los atentados.

Khan dijo que su grupo entró en contacto con familiares de unos 300 detenidos y de más de 200 deportados. “Muchos de ellos cayeron en la trampa de las autoridades migratorias, que no les informaron adecuadamente sobre los procedimientos”, indicó.

Rukhsana Saeed dijo que le resulta cada vez más difícil alimentar y vestir a sus hijos desde la deportación de su esposo. Dos de los niños, que asisten a una escuela pública local, aún preguntan cuándo regresará su padre. “No sé qué decirles. Solo les hice promesas falsas”, afirmó.

El casero de Saeed le entregó la orden de desalojo. Ella y sus hijos viven en un apartamento de una habitación, y no ha podido pagar el alquiler. Tampoco tuvo posibilidades de llamar a su esposo en Pakistán. “Tengo que elegir entre una llamada de larga distancia y el alimento de los niños.”

Rukhsana Saeed no ve futuro para sus hijos en Pakistán. El menor es ciudadano estadounidense. “Hay pobreza, armas y violencia religiosa en la ciudad de donde vengo. Solo sueño, solo pido a Dios que un día Saeed regrese con nosotros. No entiendo por qué nos separaron.”

EUU bloquea garantías a trabajadores de ONU

Por Thalif Deen

Naciones Unidas, 25 de agosto (IPS)— Estados Unidos contradice a los restantes 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, al negarse a someter eventuales ataques contra trabajadores del foro mundial a la flamante Corte Penal Internacional (CPI) para crímenes de guerra y genocidio.

La votación del proyecto de resolución, presentado por México y copatrocinado por Alemania, Bulgaria, Francia, Rusia y Siria, estaba prevista para este lunes, pero Estados Unidos pidió una postergación.

La iniciativa indica que los 191 países de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) deberían adoptar leyes sobre garantías de seguridad para los trabajadores del foro mundial, y califica los futuros ataques contra ellos de “crímenes de guerra”.

Los defensores de la CPI afirman que la intención de Washington es ejercer presión sobre el resto del Consejo de Seguridad.

El secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell pidió a México que borrara del proyecto la atribución de los ataques contra trabajadores de la ONU a la jurisdiccción de la CPI, según un informe periodístico.

Estados Unidos coincide con la necesidad de proteger a los funcionarios de la ONU, afirmó este lunes el portavoz del Departamento de Estado (cancilería), Philip Reeker. Pero “nos preocupa parte del lenguaje” del proyecto mexicano, “particularmente las referencias a la CPI”, agregó.

El órgano judicial internacional está en funciones desde marzo. Washington se opuso a su creación y se ha negado a ratificar el Estatuto de Roma, que lo constituyó, porque teme que soldados y altos funcionarios estadounidenses sean llevados ante el tribunal por crímenes cometidos en conflictos militares.

Dado que Estados Unidos no es parte del tratado, los militares estadounidenses participantes en la guerra contra Iraq iniciada el 20 de marzo y concluida el 1 de mayo no podrán ser acusados de crímenes de guerra ante la CPI.

“El Estatuto de Roma considera los ataques contra trabajadores humanitarios como crímenes de guerra, sin importar la oposición ideológica de la administración de (el presidente estadounidense George W.) Bush”, dijo este lunes el activista Bill Pace, de la Coalición por la CPI.

El tratado internacional contiene elementos disuasivos así como de protección para quienes asumen la tarea de asegurar la paz, como los funcionarios de la ONU muertos en Bagdad la semana pasada en un atentado con coche-bomba, sostuvo Pace.

Por su parte, David Donat-Cattin, del Programa de Derecho Internacional de la organización Parlamentarios para la Acción Mundial, dijo: “La oposición de Estados Unidos a una resolución que proteja a los trabajadores humanitarios es inaceptable, en especial considerando la gravedad de los crímenes de guerra de la semana pasada en Bagdad.”

La detonación del coche bomba en el hotel Canal de Bagdad, donde tenía sus oficinas la representación de la ONU en Iraq, mató a 24 personas, entre ellas varios altos funcionarios del foro mundial a cargo del programa humanitario.

Uno de ellos era el subsecretario general del foro mundial, alto comisionado para los Derechos Humanos y representante especial de la Secretaría General para Iraq, Sergio Vieira de Mello.

Después del atentado, “la oposición de Estados Unidos a la propuesta de resolución es desgraciada”, dijo el director del Programa de Justicia Internacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker.

El gobierno de Bush no debería dejar que su cruzada contra la CPI ponga en peligro los esfuerzos para proteger a los trabajadores humanitarios, sostuvo Dicker.

El proyecto mexicano expresaría, de ser aprobado, el compromiso del Consejo de Seguridad con la protección del personal humanitario, añadió.

HRW sostuvo en una declaración emitida este lunes que las cláusulas de la resolución cuestionadas por Estados Unidos se limitan a estipular que los ataques contra personal humanitario y de las fuerzas de mantenimiento de la paz son un crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma.

La oposición de Estados Unidos a la iniciativa mexicana refleja una objeción totalmente irracional a la CPI, agregó la organización con sede en Nueva York.

En los últimos meses, el gobierno de Bush continuó socavando la autoridad de la CPI mediante sus intervenciones en el Consejo de Seguridad, entre ellas su propuesta —luego aceptada— de que las fuerzas internacionales de paz en Liberia tuvieran inmunidad ante el órgano judicial.

“Esta disposición socava el Estatuto de Roma y otros aspectos importantes del derecho internacional. Los miembros del Consejo de Seguridad fueron obligados a elegir entre desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Liberia y sostener principios establecidos de derecho”, indicó HRW.