Estados Unidos: Pobres republicanos

Análisis de Jim Lobe

Washington, DC, 4 de octubre (IPS)— Uno debería sentir lástima por los dirigentes del gobernante Partido Republicano de Estados Unidos. Aunque controlan las dos cámaras del Congreso legislativo y la Casa Blanca, en este momento deben sentirse en medio de una pesadilla.

Están obligados a defender uno de los más grandes déficits fiscales de la historia de Estados Unidos, pues el presidente George W. Bush exige cada vez más financiamiento para las operaciones militares en Afganistán y en Iraq.

Están obligados a defender una ocupación en la que 130.000 soldados se dedican a dirigir el tráfico, repartir pelotas de fútbol a niños y mediar en disputas tribales en aldeas aisladas, mientras son atacados a diario por la resistencia iraquí.

Están obligados defender a un presidente que prometió en su campaña llevar adelante una política exterior “humilde”, y ahora tienen que sostener un imperio cuyo gobernante hace estragos con su amado ejército.

Y ahora están obligados por su líder a fingir que la filtración a la prensa del nombre de una agente encubierta por parte de “dos altos funcionarios de la Casa Blanca” no es un asunto serio, luego de haber cuestionado por años al opositor Partido Demócrata por sus críticas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La agente en cuestión es Valerie Plame. El Departamento de Justicia investiga ahora si la filtración de su nombre fue una represalia contra su marido, el ex embajador Joseph Wilson, quien acusó públicamente al gobierno de Bush de haber exagerado la amenaza que representaba Iraq.

Al principio, los republicanos reaccionaron manifestando su indignación contra los traidores que revelaron la identidad de la agente, y pidieron castigos más severos que los años 10 de cárcel previstos para ese delito en una ley de 1982 para proteger a los agentes encubiertos. Pero luego bajaron el tono.

El problema es que los informantes, a los que Bush acusó de ser los “más insidiosos de los traidores”, son muy cercanos al partido, según Robert Novak, el periodista de The Washington Post que nombró a Plame por primera vez en julio. Los traidores serían algunos de los más fieles republicanos.

La mayor parte de las sospechas caen sobre Karl Rove, un alto asesor político de Bush, y Lewis “Scooter” Libby, el consejero de seguridad nacional del vicepresidente Dick Cheney.

Hay mucho en juego, y los republicanos lo saben. Bush ordenó a los legisladores oficialistas que controlen su indignación y que se sumen a una campaña para defenderse de Plame y de su esposo, según indicó un portavoz del Congreso al periódico The New York Times.

Wilson, enviado por la CIA a Níger en 2002 para investigar rumores de que Iraq había adquirido grandes cantidades de uranio, publicó un artículo en The New York Times a comienzos de julio en que afirmó que la Casa Blanca ya sabía que esos rumores eran falsos cuando Bush los citó como pruebas de los supuestos planes de Saddam Hussein de construir armas de destrucción masiva.

Es bien sabido en Estados Unidos que tanto Cheney como Libby, dos de los principales impulsores de la invasión a Iraq, hicieron especial énfasis en esos rumores.

A la semana siguiente de la publicación del artículo, Novak y otros periodistas recibieron varios pedidos para que revelaran la identidad de Plame y su relación con Wilson.

La semana pasada, la CIA pidió formalmente al Departamento de Justicia que lanzara la investigación sobre la filtración de la identidad de la agente a la prensa.

Ahora, además de tener que defenderse de las críticas por el número de bajas y los costos financieros de la ocupación en Iraq, así como por el fracaso en la búsqueda de armas de destrucción masiva y la caída en las encuestas, los republicanos tienen la obligación de calumniar a Plame y a su esposo.

Fuentes anónimas dijeron a la prensa días atrás que Plame es una simple “analista” de la CIA, pero de ninguna manera una agente encubierta.

Pero los ataques más fuertes fueron contra Wilson, quien se había opuesto públicamente a la guerra.

Los republicanos lo critican por no haber cumplido con su deber de terminar el informe sobre los rumores de Níger y lo acusan de no estar capacitado para trabajos de inteligencia, por lo cual no debe ser tomado en serio.

Pero atacarlo es una dura tarea para los republicanos. Wilson fue un diplomático clave en Bagdad antes y después de la primera guerra del Golfo en 1991.

Conocido por su irreverencia y a la vez elegancia, se convirtió en un héroe de cientos de petroleros —republicanos por instinto— cuyos intereses eran amenazados por Saddam Hussein. George Bush padre lo consideró un “verdadero diplomático inspirador” por su “liderazgo valiente”.

Por todo esto, calumniar a Joseph Wilson y a su esposa Valerie Plame es algo muy difícil para los republicanos, que han cumplido otras órdenes de Bush aun cuando sienten que traicionan con ellas sus propios ideales conservadores.

Mientras, los demócratas se transforman en un partido conservador en materia fiscal, defensor de su ejército y de la CIA, lo que a la vez desorienta a los republicanos.

El Partido Demócrata pidió que fuera nombrado un fiscal independiente para llegar hasta el fondo del caso Plame y castigar con todo el peso de la ley a los que la traicionaron.

A los demócratas los apoyan miles de diplomáticos, funcionarios de inteligencia y altos mandos del ejército que consideran el tratamiento del caso Plame por parte de la Casa Blanca como un símbolo de la crueldad del gobierno de Bush.

Ellos consideran a Valerie Plame como su Juana de Arco, y están decididos a impedir que vaya a la hoguera.

Argentina: Jefes policiales honestos, se buscan

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina, 3 de octubre (IPS)— Las dos principales fuerzas policiales de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires y la Federal, están acéfalas porque sus ex jefes aparecieron involucrados en hechos de corrupción.

El pedido de renuncia al jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, se precipitó en la noche del jueves, cuando el Ministerio de Justicia informó que, según resultados de una pesquisa, ese comisario general otorgó a empresas de familiares suyos, sin licitación y a precio superior al del mercado, un millonario negocio informático con el hospital policial Churruca.

Giacomino, que recibió la noticia en Francia, fue el único miembro de la cúpula de esa fuerza policial que permaneció en su puesto en junio, cuando el presidente Néstor Kirchner dispuso, poco después de asumir su cargo, el relevo de otros 11 altos oficiales, en el marco de un intento de viraje hacia políticas con énfasis en la prevención del delito.

El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, sostuvo este viernes que el gobierno se tomará “siete días” para suplantar a Giacomino y prometió que “va a haber más cambios en la Federal”. Béliz quiere disponer una intervención administrativa en la fuerza y anticipó que pedirá al nuevo jefe una declaración patrimonial antes de asumir.

La población “debe darse cuenta que el gobierno no será más cómplice de estos sinvergüenzas”, enfatizó el jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, quien opinó que “cuando hay un corrupto hay que sacarlo enseguida, no hay que permitirle seguir adelante”.

La Policía Federal es la segunda fuerza policial en número de integrantes, con unos 33.000, la mayoría de ellos en la capital. La mayor es la Policía Bonaerense, que actúa en la provincia de Buenos Aires con más de 45.000. Esa institución perdió en agosto a su jefe, Alberto Sobrado, por un hecho de corrupción.

El gobierno de la provincia pidió a Sobrado la renuncia cuando la revista Veintitrés divulgó que había depositado 330.000 dólares en un banco de Bahamas. El jefe policial alegó que había recibido una herencia, pero fue acusado de evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.

Desde entonces, las autoridades provinciales dispusieron investigaciones de las declaraciones juradas de patrimonio de 135 jefes policiales, a fin de corroborar si son compatibles con las remuneraciones que reciben del Estado. Este viernes fueron relevados dos de ellos por “crecimiento injustificado de patrimonio”.

El sociólogo Gustavo Palmieri, experto en temas policiales del Centro de Estudios Legales y Sociales, señaló a IPS que “el gobierno tiene dificultades para reemplazar a los policías que separa por denuncias de corrupción, porque las cúpulas de estas fuerzas son muy conflictivas”.

La corrupción y las violaciones a los derechos humanos son los principales males enquistados en las fuerzas policiales, afirmó.

Palmieri remarcó que la destitución de Giacomino no tiene precedentes, en referencia a casos en que altos oficiales de policía fueron denunciados por corrupción en medios de comunicación pero mantenidos en sus puestos por las autoridades civiles, o relevados en forma tardía y alegando otras razones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, alegó en el caso de Sobrado una necesidad de “renovar” la fuerza.

El Ministerio de Justicia indicó que la oficina de Asuntos Jurídicos había advertido a Giacomino sobre irregularidades en la contratación que tenía prevista, pero el ex jefe policial procedió de todos modos a autorizarla.

La necesidad de renovación de las fuerzas policiales es subrayada porque la inseguridad mantiene en vilo a la sociedad argentina. En los últimos dos meses, el número de secuestros, pasó de uno cada 36 horas a uno cada 24 horas, y en los últimos 16 días hubo 17 casos.

Palmieri apuntó que los propios son “parte importante del problema de la seguridad”, y que muchos de ellos están involucrados en los delitos que persiguen. Ya son varios los policías procesados por participar en organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo (con pedido de rescate), la explotación de trabajadoras sexuales o el juego clandestino.

También hay graves denuncias por maltrato en comisarías y en las detenciones callejeras. De acuerdo con la estadística que lleva la sección de Asuntos Internos de la policía bonaerense, en el último año se iniciaron casi 1.100 causas contra policías, de las cuales 257 fueron por enriquecimiento ilícito y 124 por apremios ilegales.

La desconfianza de la población hacia la policía provocó en los últimos años un inédito incremento del número de empresas de seguridad y vigilancia privadas, muchas de ellas comandadas por policías retirados que realizan la custodia de firmas, transportes o casas particulares a cambio de un pago mensual.

Según investigaciones periodísticas, hay alrededor de 70.000 guardias privados, de los cuales sólo la mitad tienen los debidos permisos para portar armas y cumplir la función por la que cobran.