Bolivia: Muertes, renuncias y convulsión social

Por Alejandro Campos

La Paz, Bolivia, 13 de octubre (IPS)— El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, debió apelar este lunes a la televisión para asegurar que no piensa renunciar, tras tres días de protestas sociales con al menos 35 muertos y la ruptura con el vicepresidente, Carlos Mesa.

Sánchez de Lozada apareció en la pantalla chica para denunciar un supuesto plan “subversivo” en su contra, “financiado desde el exterior”, sorprendiendo a observadores que esperaban anunciara su alejamiento del gobierno, como piden partidos de oposición y organizaciones sociales desde hace un mes y ahora hasta propios aliados.

El mensaje del mandatario se produjo en el primer día de paro general en La Paz, en una jornada pautada por los choques de fuerzas combinadas de policías y militares con manifestantes, que dejaron al menos ocho personas muertas, y nuevos enfrentamientos en la vecina ciudad de El Alto.

Entre los muertos se cuentan ahora también al menos dos soldados, en el marco de una manifestación en el sur de la ciudad sede del gobierno de Bolivia, donde además fue quemado un camión militar.

El conflicto estalló hace alrededor de un mes, convocado por sindicatos, organizaciones de campesinos y partidos de izquierda que cuestionan el proyecto gubernamental de exportación de gas natural a Estados Unidos y México, por entender que las condiciones contractuales con firmas privadas son perjudiciales al país.

También rechazan la posibilidad de que el gobierno elija un puerto chileno para embarcar el combustible, una vez que se construya un gasoducto al respecto, dado que Bolivia no tiene acceso directo al cercano océano Pacífico.

Chile es considerado por todas las capas de la sociedad boliviana como un “usurpador” del país, en particular tras apropiarse del litoral boliviano en la guerra de 1879, en la que también saliera perjudicado Perú.

“No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical... No van a poder tomar el gobierno en un golpe. Esta es una sedición financiada desde los intereses más bajos del mundo para destituir nuestra democracia”, dijo Sánchez de Lozada en su mensaje televisivo de este lunes.

Sin embargo, no aclaró qué país podría financiar al opositor Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el diputado y dirigente campesino Evo Morales, quien según el gobierno es el impulsor de la mayoría de las movilizaciones en El Alto y La Paz.

Es que Sánchez de Lozada no logró conjurar las protestas en su contra con el anuncio que divulgó a la 02.00 de la madrugada hora local de este lunes, cuando garantizó con un decreto que no habrá exportación de gas hasta que la población lo apruebe a través de una consulta popular, a concretarse antes del 31 de diciembre.

Con ese anuncio el gobierno intentó frenar el descontento, con bloqueos de calles, pedreas y saqueos de comercios, luego de que la sangrienta represión militar de las protestas del domingo en El Alto dejara al menos 25 manifestantes muertos.

El sábado, en la misma ciudad, ya habían muerto dos personas a manos de las fuerzas combinadas de seguridad, que dispararon armas de fuego contra los manifestantes.

Este lunes el escenario central de las protestas fue La Paz, donde no se movió ni un solo vehículo del transporte público, mientras los comercios, la banca privada y todo tipo de comercios cerraron sus puertas a primeras horas de la mañana.

En las calles, miles de manifestantes organizados en grupos dispersos ocuparon calles y avenidas desiertas, dejaron piedras a su paso e intentaron tomar algunas propiedades privadas, entre ellas la del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), aunque sus intentos fueron anulados por la acción represiva de policías y militares.

La violenta represión del fin de semana provocó la primera gran crisis del gobierno, al decidir este lunes el vicepresidente Carlos Mesa romper con el gobierno por discrepar con ese uso de la fuerza pública.

“No puedo aceptar al punto en que hemos llegado y no puedo aceptar que no haya una sola razón que justifique la muerte, sucesiva, permanente, ininterrumpida de compatriotas a lo largo de estos días”, dijo Mesa al anunciar su alejamiento de Sánchez de Lozada, aunque no renunció al cargo.

“Mi conciencia de ser humano, vicepresidente y hombre comprometido con la ética no puede tolerar (...) que la muerte sea la respuesta ante la protesta popular”, agregó.

Mesa explicó que conserva la vicepresidencia para ejercer la titularidad del Congreso legislativo, al que convocará para buscar soluciones al conflicto cuando los vuelos comerciales vuelvan a operar en el aeropuerto de La Paz, clausurados desde el sábado.

Quien sí renunció fue Jorge Torres como ministro de Desarrollo Económico, cargo al que había llegado en representación del aliado Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Paz Zamora. Su dimisión fue de carácter irrevocable y por razones éticas.

Pero la renuncia de Torres no parece comprometer el apoyo del resto del MIR, ya que otros ministros de ese partido ratificaron su continuidad en el gobierno de Sánchez de Lozada, quien asumió el 6 de agosto de 2002.

Mientras, la populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), en alianza hasta ahora del gobierno, se sumó al reclamo de sindicatos, campesinos y opositores de que renuncie Sánchez de Lozada y pidió a los ministros de esa fuerza que se retiren de sus cargos, algo que no ocurrió todavía.

Entre los reclamos más estridentes contra el gobierno se cuenta el de Morales, quien perdió en 2002 la presidencia en competencia con Sánchez de Lozada en el parlamento, tras quedar en muy cercano segundo puesto en las elecciones generales.

Morales, incluso, pide públicamente que la población ocupe las propiedades mineras del presidente y también empresario.

“Sánchez de Lozada tiene que demostrar sus acusaciones de sedición, porque además de asesino y vendepatria, ahora es mentiroso”, dijo a la prensa el diputado y líder de los cultivadores de la tradicional coca boliviana.

El fin de semana, el presidente denunció una campaña sediciosa con el objetivo de provocar un golpe de Estado, y aunque no identificó a los responsables, indicó entre líneas que el autor de esa conspiración podía ser Morales.

A todo esto, el gobierno de Estados Unidos expresó este lunes su decidido apoyo a Sánchez de Lozada, con la advertencia de que “no permitirá” ninguna interrupción del proceso democrático en este país.

También la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció este lunes para ofrecer su mediación en la crisis boliviana.

“La OEA respalda incondicionalmente una salida consensuada a la crisis a través del diálogo y ofrece su concurso para tal fin. Asimismo, pide la intervención de la Iglesia (Católica) como mediador en esta difícil coyuntura para la nación boliviana”, señaló un comunicado remitido este lunes desde Washington.

Ecuador: Ejército listo para apoyar a
petroleros contra indígenas

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 8 de octubre (IPS)— La militarización de la comunidad indígena kichwa de Sarayacu, en la amazónica provincia ecuatoriana de Pastaza, por oponerse a la explotación petrolera, es rechazada por partidos, movimientos sociales y grupos ambientalistas.

El Ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, indicó que Sarayacu sería militarizada esta semana para permitir la explotación del crudo por parte de las grandes compañías asociadas CGC (compañía General de Combustibles) y Chevron/Texaco, en una reunión con corresponsales de medios de comunicación extranjeros realizada la semana pasada.

La firma CGC es argentina, y Chevron/Texaco estadounidense.

También afirmó que las comunidades indígenas de esa zona actuaban en forma ilegal, con apoyo de organizaciones no gubernamentales extranjeras que promueven el caos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso Nacional, Ricardo Ulcuango, rechazó la actitud de Arboleda y maneja la posibilidad de pedir su comparecencia ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el asunto.

“La política del ministro de Energía es contraria a las comunidades indígenas de Sarayacu y a los intereses del país. No se puede militarizar el territorio indígena como él ha propuesto, y no se puede obligar a la gente a que acepte la explotación petrolera”, aseguró Ulcuango.

El pueblo kichwa de Sarayacu se opone a la explotación de petróleo en su territorio por la contaminación que provocaría, y denunció hace seis meses que era presionado por compañías petroleras.

“El pueblo kichwa de Sarayacu está siendo presionado por la petrolera CGC-Texaco-Chevron, que invade su territorio violando los derechos de la comunidad”, comentó en aquella oportunidad el dirigente kichwa Franco Viteri.

También denunció la tala de “árboles gigantes que han existido por cientos de años, para construir los campamentos de la compañía petrolera”, que se hallaron allí animales mutilados y abandonados, entre ellos tapires, que están en vías de extinción y que “han vertido gasolina a lo largo de las trochas”.

El actual presidente del pueblo Sarayacu, Marlon Santi, aseguró a IPS que en aquel momento los dirigentes indígenas exigieron a las petroleras que respetaran el acuerdo entre el Estado y las comunidades, “en el que éstas dejaban claro que no aceptaban la extracción de crudo por el daño ambiental que significaba”.

Los nativos también solicitaron al gobierno que protegiese sus derechos colectivos, pero “las autoridades no tomaron en cuenta la denuncia y los dirigentes comenzaron a ser perseguidos”, alegó Santi.

El Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de elaborar un proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó en febrero preocupación por la agresión a las etnias shuar, achuar, zápara y en especial kichwa de Sarayacu, por “la aplicación unilateral de la política petrolera del gobierno ecuatoriano”.

“En noviembre de 2002, el pueblo kichwa de Sarayacu, como medida de protección, autodeclaró su territorio ancestral de 130.000 hectáreas en estado de emergencia, por la invasión de la petrolera CGC en asociación con Chevron/Texaco”, afirmó Santi.

En Sarayacu se han paralizado la economía comunitaria y la actividad educativa, por la movilización a la que se han visto forzados los indígenas para vigilar y proteger los linderos de su territorio, arguyó.

“La medida es el último recurso en vista del acoso y la grave ruptura interna provocada por el consorcio petrolero. Eso colocó a las comunidades al borde del enfrentamiento, evidenciándose que la política petrolera del Estado y la forma de operar de las empresas se hallan en contraposición de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, manifestó el Grupo de Trabajo de OEA.

Arboleda informó que el gobierno llegó a un acuerdo con CGC para que ingrese nuevamente en un programa de exploración petrolera desde diciembre, y que garantizará la explotación con la fuerza pública, si es necesario.

“Las expresiones de Arboleda preocupan porque podría estarse gestando una represión contra el pueblo de Sarayacu y las organizaciones ambientalistas que se oponen a la ampliación de la explotación petrolera”, afirmó Ulcuango.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en mayo tres medidas cautelares a favor del pueblo de Sarayacu.

Según ese organismo, el Estado debe vigilar la integridad física y psíquica de los habitantes y dirigentes de Sarayacu, investigar las torturas a nativos por parte de militares que ingresaron a la zona y los intentos de violación de niñas por parte de empleados de la Compañía CGC, a fines de enero, y respetar la especial relación de Sarayacu con su territorio.

“El 16 de octubre en Washington hay una nueva audiencia pública en la Comisión, porque el Estado ha mandado una carta diciendo que cumplió con las medidas cautelares. Vamos a demostrar que no ha cumplido ningún punto. Y sigue la persecución”, aseguró Santi.

El propio presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez señaló la semana pasada, durante la inauguración de un túnel en la provincia de Pastaza, que va a brindar apoyo militar a la petrolera para que ingrese a la zona.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ecuador en 1997, y la Constitución del país, establecen la obligación de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y consultar a las comunidades cuando pueden ser afectadas por actividades como las petroleras o mineras.

En este contexto, la demanda presentada por diversas organizaciones sociales contra la petrolera Chevron/Texaco por daños ambientales en la Amazonia ecuatoriana renovó el debate sobre los efectos que causa la extracción de hidrocarburos a las comunidades indígenas y campesinas de esa región.

Luego de nueve años de alegatos en las cortes de Estados Unidos, desde el 7 de mayo el juicio a Chevron/Texaco se trasladó a Ecuador, y en los próximos días se cumplirán algunas providencias de ese proceso en Nueva Loja, capital de la nororiental provincia de Sucumbíos.

El dirigente campesino Luis Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonia, uno de los grupos demandantes, aseguró que ésta es una oportunidad para que los jueces ecuatorianos demuestren que en un país pequeño se puede administrar justicia “aun cuando al frente se encuentra un monstruo económico como la Texaco”.

Ese Frente representa a 30.000 demandantes de los pueblos indígenas sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, y a campesinos. Según Yanza, desde 1994 se han acumulado pruebas del impacto nocivo de la inadecuada tecnología petrolera usada en el país.

También indicó que la compañía abrió vertederos de desechos a pocos metros de sus viviendas, que causaron enfermedad o muerte a cientos de personas y animales en las últimas tres décadas.