Bolivia: Carlos Mesa es el nuevo presidente

Por Alejandro Campos

La Paz, Bolivia, 18 de octubre (IPS)— Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia minutos antes de la medianoche del viernes en reemplazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció al cargo presionado por una revuelta social y se apresta a refugiarse en Estados Unidos.

El Congreso legislativo tomó juramento a Mesa en una sesión especial realizada mientras Sánchez de Lozada, en avión, dejaba atrás La Paz y la vecina El Alto convulsionadas por las protestas y unos 70 muertos y centenares de heridos como resultado de la represión que ordenó a policías y militares desde el sábado.

Mesa, quien hasta hoy ocupaba la vicepresidencia, en su primer discurso ante los legisladores pidió ayuda a todos los partidos y sectores sociales para recuperar la confiabilidad en el Poder Ejecutivo, prometió trabajar para construir una “república de iguales” y rindió homenaje a los bolivianos muertos en las movilizaciones.

También aceptó poner en marcha parte de las demandas de los manifestantes, como la convocatoria de un referendo vinculante para definir la explotación de los recursos naturales, como las voluminosas reservas gasíferas, y aseguró con luchará contra la corrupción.

El nuevo mandatario nació en La Paz en 1953, está casado y tiene dos hijos, y es historiador, literato y periodista. Había llegado al gobierno por invitación personal de Sánchez de Lozada en el binomio que ganó los comicios de 2002 en representación del tradicional Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Ajeno a la vida partidaria, aunque simpatizante del MNR, se había ganado un espacio en la política por su larga trayectoria de presentador y comentarista de noticias en televisión, desde donde atacaba duramente las prácticas políticas caracterizadas por la corrupción y el clientelismo.

Mesa siempre compartió las ideas neoliberales, las mismas que abrazó Sánchez de Lozada.

En su dilatada carrera en los medios de comunicación fue reportero de radio, subdirector de un diario, crítico de cine, columnista de varios medios escritos, productor de televisión y de cine y ahora es el principal accionista de la red de televisión Periodistas Asociados Televisión (PAT).

El ahora flamante presidente le había quitado el respaldo a Sánchez de Lozada el lunes en discrepancia, precisamente, con el manejo del conflicto social, iniciado hace un mes con cortes de rutas para luego extenderse a todo el país de la mano de decenas de organizaciones sociales.

Así, tras la pérdida del apoyo de Mesa y el retiro de casi todos sus aliados políticos y parte del gabinete, Sánchez de Lozada hizo efectiva su renuncia a través de una carta enviada al Congreso.

Cerca de las 17.00 hora local (21.00 GMT) del viernes, el mandatario renunciante se marchó de la residencia presidencial y se dirigió en helicóptero para luego abordar un avión hacia la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde donde se embarcará a Estados Unidos, según señalaron fuentes políticas.

El diputado Evo Morales, uno de los principales conductores de la protesta, declaró aceptar la designación de Mesa como nuevo presidente, aunque advirtió que lo respaldará “mientras cumpla” las expectativas del pueblo, en referencia a reformar la Constitución y cambiar el modelo de economía de mercado.

Ahora, tras su dimisión, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por “las muertes a manos de la represión militar-policial, añadió Morales, líder campesino y del izquierdista Movimiento al Socialismo.

La Constitución establece que Mesa está habilitado para completar el actual periodo de gobierno, que finalizará el 6 de agosto de 2007.

La ciudad de El Alto, la más pobre del país, se encontraba convulsionada desde hace un mes con marchas y bloqueos de calles, que a medida que fueron pasando los días crecían en magnitud y fuerza.

Sin embargo, fue a partir del sábado pasado que arreciaron las movilizaciones y se intensificó la represión de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas, que dejaron unos 70 muertos según distintas fuentes, aunque oficialmente sólo se admiten 40, y más de un centenar de heridos en La Paz y El Alto.

En ese marco, también se señaló que agentes de inteligencia del gobierno intentaron acallar a algunos medios de comunicación, particularmente de radio y televisión, y que se intentó secuestrar ediciones de medios de prensa.

Aunque las autoridades lo negaron, los responsables de varios medios de comunicación particularmente duros en sus críticas a Sánchez de Lozada ratificaron esos intentos de coartar la libertad de expresión.

La protesta de indígenas, campesinos, activistas humanitarios, sindicalistas industriales y otros grupos sociales enarboló en un principio la bandera contra los contratos de exportación de gas con privados y el posible uso para ello de un puerto de Chile, que en el pasado se apropió del litoral boliviano con el océano Pacífico.

Pero esa movilización se hizo prolongada y masiva porque también reflejaba un histórico descontento por las condiciones de pobreza de trabajadores y población en general, y las prácticas políticas tradicionales de corrupción y clientelismo.

Las cifras delatan que Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con la pobreza que alcanza a más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes y tres de cada 10 de ellos en la indigencia, mientras que casi 13 por ciento de la población económicamente activa está desempleada.

Datos extraoficiales indican además que más de un millón de personas que se desempeñan en la economía informal y trabajadores mineros reciben un ingreso mensual de 14 dólares, con jornadas laborales de 14 horas y cerca de 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día.

Desde el miércoles, a la protesta de los grupos sociales se sumaron también figuras del mundo de la cultura y otras personalidades, quienes liderados por la ex defensora del Pueblo Ana María Campero iniciaron una huelga de hambre.

Sánchez de Lozada, uno de los más poderosos empresarios mineros de este país, asumió la presidencia el 6 de agosto de 2002, luego de ser elegido por el parlamento, que debió optar en competencia con Morales, quien había quedado segundo en las elecciones generales de ese mismo año.

El empresario había ganado los comicios, pero no llegó a obtener los votos necesarios para poder asumir de modo directo, situación que lo logra en el parlamento gracias a una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Esta era la segunda presidencia de Sánchez de Lozada, quien también había detentado el gobierno de 1993 a 1997, durante el cual llevó a cabo el llamado proceso de capitalización (una fórmula combinada de privatización con participación estatal), que transfirió las empresas y los pozos petroleros al control de las firmas transnacionales.

Goni es el apelativo del hasta hoy presidente de Bolivia, pero los manifestantes lo llamaban “Gringo”, por su marcado acento inglés debido a que se educó y vivió largos años en Estados Unidos.

Colombia: Asesinatos de
650 maestros están impunes

Por María Isabel García

Bogota, Colombia, 20 de octubre (IPS)— Katarina Tomasevski, relatora especial sobre derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló en Colombia la impunidad en la última década de 650 asesinatos de maestros y la ausencia de los derechos humanos en el plan gubernamental denominado “Revolución educativa”.

Tomasevski, abogada y profesora de la universidad sueca de Lund, es especialista en el área de los derechos humanos, en la que trabaja desde hace 25 años, cuando vino por primera vez a Colombia para realizar un estudio sobre la situación de niños en cárceles.

Desde entonces se ha agudizado el conflicto armado interno y ha aumentado el presupuesto militar del Estado, en detrimento de la inversión en educación, destacó.

“Para este gobierno, la prioridad es el gasto militar”, que “no es una inversión productiva”, dijo Tomasevski a IPS.

Es necesario aumentar 30 por ciento el presupuesto de la educación, para “invertir en el futuro pacífico de este país”, opinó.

A su juicio, lo más “peligroso es la fragmentación de la sociedad colombiana. En los años 80 no había tanta seguridad pública y privada para proteger a los ricos en Bogotá”, y el avance en ese sentido, desde su punto de vista “nórdico e igualitario, tiene consecuencias graves para el país”.

A partir de testimonios que recogió durante 10 días de visita al país, y que serán la base del documento preliminar de recomendaciones que presentará la próxima semana al Gobierno, la relatora hizo un bosquejo de la crisis de derechos humanos y económicos, sociales y culturales en el sector educativo.

“Una de las denuncias que los niños hicieron se refiere a que la educación es clasista: los niños pobres y los niños ricos no se encuentran nunca. Entonces, ¿cómo se puede establecer un diálogo y una estrategia común si los niños no hablan entre sí?”, preguntó Tomasevski.

También contó que una maestra le dijo que “era muy difícil trabajar con los alumnos” entre los distintos grupos armados, incluida la fuerza pública, porque “no hay protección para aislar a las escuelas del conflicto”.

La policía ofrece golosinas y otras recompensas a niñas y niños por vincularse con redes de informantes, y los paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda les ofrecen sueldos, contó esa maestra, cuyo salario es unos 125 dólares, menos de la mitad de lo que los paramilitares pagan a uno de sus alumnos, de 16 años.

Sobre la falta de esclarecimiento de los 691 asesinatos de maestros ocurridos en la última década según la Escuela Nacional Sindical, y las muertes en el mismo periodo de 70 profesores y alumnos universitarios, Tomasevski destacó la “falta de monitoreo” del Estado.

Ante cifras como las de este año, con un promedio de tres maestros asesinados por mes, “me sorprendió que el gobierno no tenga ningún tipo de monitoreo sobre por qué, cómo y quién” es responsable, comentó.

De 2000 a 2003 fueron asesinados 191 educadores, de los cuales 58 murieron después del 7 de agosto de 2002, cuando asumió el actual presidente Alvaro Uribe.

Según la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que cuenta con 280.000 afiliados, la cantidad de maestros asesinados desde 1993 es 650, y dos de ellos murieron con posterioridad a los casos registrados en el informe que presentaron a la relatora de la ONU.

Oscar Ramón, de la Comisión de Derechos Humanos de la Fecode, dijo a IPS que más de 50 maestros se vieron forzados a escapar en el último año y medio del oriental departamento de Arauca, de donde procede el sindicalista.

En ese periodo fueron amenazados y huyeron sólo del municipio de Tame 30 maestros, comentó.

Un documento de la Fecode reseña 17 formas de violación de los derechos humanos de los educadores, entre ellas amenazas telefónicas y escritas, hostigamiento armado a sus residencias, ultimátum para que abandonen sus puestos de trabajo y extorsión de los grupos armados.

También señala la existencia de listas de maestros declarados objetivos militares, prohibiciones de la cátedra de ciencias sociales y naturales, letreros con amenazas de muerte en los muros de las escuelas, y reuniones en los predios escolares organizadas por grupos armados ilegales.

El informe de la organización sindical consigna que 10 maestros están presos bajo cargos de terrorismo y rebelión, y asegura que “en tres de estos casos se vulneraron las garantías constitucionales”.

“El gobierno está especulando” si la razón principal de los asesinatos de educadores es la pertenencia de los maestros a sindicatos o el aumento general de la violencia en el país, pero no se preocupa de lo central que es “proteger a los maestros como educadores profesionales”, manifestó Tomasevski.

A su juicio, esa protección no debe limitarse a la defensa de la vida, sino que también implica velar por los derechos económicos y las libertades de cátedra y de expresión.

“Es muy grave que después de que asesinan a un maestro, quien lo reemplaza no pueda explicar a sus alumnos los motivos de esa muerte porque ‘hablar es peligroso’”, enfatizó la relatora.

Uno de los reparos que Tomasevski presentó en una entrevista a la ministra de Educación, Cecilia Vélez, y al vicepresidente Francisco Santos, responsable de la política de derechos humanos, es el enfoque exclusivamente financiero de la política educativa gubernamental.

“Lo más preocupante para mí fue encontrar una situación donde los obstáculos financieros son el gran problema de la educación. El gobierno no tiene ningún compromiso con respecto a la gratuidad de la educación, por lo menos la primaria, y sabemos que faltan de uno a tres millones de cupos”, dijo la experta a IPS.

Por eso, una de las primeras recomendaciones que incluirá su informe es “incorporar en sus obligaciones internacionales la educación gratuita pública para todos los niños en edad escolar”, tal como la mayoría de países de la región.

Tomasevski calificó de ejemplares los esfuerzos que han hecho en la materia los dos últimos gobiernos de Brasil (los del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, y el del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva), y los actuales de Venezuela y Ecuador, encabezados, respectivamente, por los presidentes Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez.

Otras recomendaciones adelantadas por la relatora a IPS se referirán a la necesidad de indagar, con perspectiva de género, la incidencia del conflicto interno en la comunidad educativa, y la necesidad de respetar las diferencias culturales.

Es “importantísimo” proteger a las mujeres maestras, sobre quienes recae gran parte del peso de la educación, dijo.

En cuanto a la diversidad cultural, Tomasevski se mostró partidaria de respetar iniciativas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del occidental región del Chocó, “sobre las que los blancos conocemos tan poco”.