Ecuador-EEUU: Transnacionalización de la justicia ambiental

Por Jim Lobe

Washington, DC, 23 de octubre (IPS)— Las corporaciones estadounidenses que se aprovechen de la debilidad de los poderes judiciales del mundo pobre podrán ser condenadas por tribunales de este país, si prospera en Ecuador una demanda de agricultores e indígenas.

Trescientos mil personas denunciaron a la empresa petrolera estadounidense ChevronTexaco en Lago Agrio, en la oriental provincia ecuatoriana de Oriente, por envenenar su ambiente y causarles enfermedades durante 21 años desde 1971.

Se trata de una demanda que recorrió numerosos tribunales federales estadounidenses en el pasado decenio, pero ahora recayó sobre la justicia ecuatoriana en Lago Agrio.

Lo peculiar del caso es que, en un fallo sin precedentes, un tribunal federal estadounidense, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, se comprometió en mayo a asegurarse de que ChevronTexaco cumpla el fallo en caso de que la empresa sea hallada culpable.

La Corte advirtió, incluso, que remitiría la demanda a algún otro tribunal estadounidense si constata que los querellantes no recibieron un trato justo en Ecuador.

Los querellantes aseguraron que ChevronTexaco destruyó sistemáticamente el ambiente de la localidad y dañaron la salud de los residentes y del ganado a través del vertido masivo de fluidos tóxicos y petróleo crudo hasta 1992.

No solo está en juego un reclamo de 1.000 millones de dólares en compensaciones, sino el establecimiento de un criterio según el cual “las compañías petroleras estadounidenses deberán ser ambientalmente responsables si quieren operar en el extranjero”, dijo el principal abogado de los demandantes, Cristóbal Bonifaz.

ChevronTexaco sostuvo en reiteradas oportunidades ante la justicia que su subsidiaria Texaco Petroleum Company (TexPet) pagó 40 millones de dólares en 1998 para limpiar los vertederos de residuos y otros lugares contaminados que quedaron en Lago Agrio luego del fin de las operaciones en 1992.

También afirmó que TexPet era socio minoritario en un consorcio dirigido por la compañía estatal PetroEcuador, y que la labor de limpieza fue declarada satisfactoria por el gobierno ecuatoriano en 1998.

ChevronTexaco también argumentó que no violó ninguna ley vigente en el periodo de operaciones, y que una nueva ley —que sirve de base a la demanda— que obliga a las compañías mineras a limpiar la contaminación que ocasionan no puede aplicarse con retroactividad.

Pero desde la óptica de los abogados de la demanda, los antecedentes de TexPet en la región son particularmente negativos.

En 21 años, la compañía arrojó casi 500 millones de barriles de agua residual que contenía crudo y metales pesados cancerígenos. También dejó casi 350 vertederos de residuos a cielo abierto, algunos a pocos metros de la casa de los residentes, que enfermaron y mataron personas y animals, según los querellantes.

Los basurales hoy cubren buena parte de la región de la Amazonia septentrional ecuatoriana, y su contenido se ha filtrado en ríos y napas subterráneas de los que depende la población, asegura la demanda.

Los denunciantes también mencionaron un estudio realizado por la Escuela de Epidemiología de Londres según el cual la incidencia de cáncer había aumentado varias veces respecto de la tasa histórica, y que el cáncer de laringe, en particular, es sufrido 30 veces más que lo normal por los hombres.

Tres comunidades indígenas —los cofan, los secoya y los siona— sufrieron especialmente los daños. Muchos de sus integrantes contrajeron cáncer y murieron, y la mayoría de los ríos en sus tierras ancestrals están tan contaminados que muchos de los sobrevivientes debieron mudarse.

La población de los cofan cayó de 15.000 en 1971, cuando comenzó la actividad petrolera del consorcio en sus tierras, a menos de 300 en la actualidad.

“Creemos que lo que ChevronTexaco hizo en la selva ecuatoriana no fue solo negligente, sino temerario”, dijo a IPS otro de los abogados de la demanda, Joseph Kohn.

Cuba-EEUU: Bush pierde autoridad

Análisis de Jim Lobe

Washington, DC, 24 de octubre (IPS)— El presidente George W. Bush pierde autoridad ante los legisladores de su partido, como lo demuestra la aprobación en el Senado, inesperada y por amplio margen, del levantamiento de la prohibición de viajar a Cuba que rige para los estadounidenses.

El Senado marcó con su decisión, por 59 votos a 36, una creciente independencia del Poder Ejecutivo. La mayoría de la cámara alta del Congreso legislativo es del gobernante Partido Republicano, 19 de cuyos senadores apoyaron la iniciativa.

La resolución del jueves, a la que siguió la inmediata amenaza de veto de la Casa Blanca, fue posterior a una casi idéntica aprobada por la Cámara de Representantes el 9 de septiembre.

A pesar de las grandes presiones del Partido Republicano, 53 de sus diputados unieron entonces su voto a una fuerte mayoría de demócratas para poner fin a las restricciones a los viajes.

Como ambas cámaras aprobaron textos muy similares, resultará difícil enmendarlos en el Comité de Conferencia, organismo interno a cargo de conciliar iniciativas legales similares antes de enviarlas unificadas al presidente para su sanción.

Bush anunció hace dos semanas medidas en favor del advenimiento de una “Cuba nueva, libre y democrática”, incluida la aceptación de más inmigrantes desde la isla, la creación de una comisión para planificar “la transición del estalinismo a una sociedad libre y abierta” y nuevas restricciones a los viajes.

Los senadores se desalinearon de la Casa Blanca un año antes de las elecciones presidenciales y en momentos en que la aprobación de Bush cayó a menos de 50 por ciento, tras haber alcanzado 80 por ciento durante la invasión a Iraq entre el 20 de marzo y el 1 de mayo.

“Esto hubiera sido inconcebible hace seis meses. Pero resulta claro que cada vez más republicanos están dispuestos a votar contra el presidente”, afirmó una fuente del Congreso sobre la votación relativa a Cuba.

La línea dura de Bush contra el régimen de Fidel Castro tiene el objetivo de asegurar los votos al Partido Republicano entre los ciudadanos de origen cubano en el sudoriental estado de Florida, cuyo gobernador es el hermano del presidente, Jeb Bush.

El Senado había mantenido en 1999, por 55 votos a 43, la prohibición de viajar a Cuba. Trece senadores republicanos cambiaron de opinión desde entonces y votaron lo contrario el jueves.

El amplio margen de la votación tomó a muchos por sorpresa, y más aun porque varios republicanos, entre ellos el presidente del Comité de Relaciones Exteriores Richard Lugar, dijeron estar a favor del levantamiento de la prohibición, si bien no la votaron por entender que éste no era el momento.

Además, cuatro senadores del opositor Partido Demócrata que también estaban a favor de levantar la prohibición faltaron a la sesión. Por lo tanto, los integrantes de la cámara alta a favor de levantar la prohibición se acerca a los 66 necesarios para levantar un eventual veto presidencial.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron confiar en que el veto permanecería si el texto votado sobrevive a la consideración del Comité de Conferencia.

La ley estadounidense permite los viajes a Cuba para reuniones familiares, estudios e investigaciones, entre otros pocos motivos, pero “esas excepciones son utilizadas con demasiada frecuencia como cobertura de negocios turísticos ilegales y para esquivar las restricciones al ingreso de efectivo a Cuba”, dijo Bush.

“El turismo ilegal perpetúa la miseria del pueblo cubano”, advirtió el mandatario.

El Departamento del Tesoro ha aumentado los controles, inspecciones, investigaciones y multas a quienes supuestamente viajaron a Cuba de manera ilegal.

“Las sanciones unilaterales no sólo frenan el flujo de bienes, sino el de ideas”, dijo el senador republicano Michael Enzi. “El mejor enfoque para hacer frente a los países comunistas es el compromiso”, concluyó el demócrata Brian Dorgan.

Estados Unidos: Trabajadores de la zona cero piden compensación

Por Katherine Stapp

Nueva York, Nueva York, 24 de octubre (IPS)— Cientos de inmigrantes contratados para limpiar los restos tóxicos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York reclaman una compensación por los graves problemas de salud que sufren desde entonces.

Dificultades respiratorias, erupciones en la piel, náuseas constantes, depresión y ansiedad son algunos de los síntomas que padecen miles que descendieron a la llamada “zona cero” para sacar los escombros de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, derrumbadas luego de que atacantes suicidas estrellaran dos aviones de pasajeros contra ellas.

Ninguno de los 25 ex trabajadores de la zona cero que asistieron este mes a un taller organizado por el Fondo para la Educación y Defensa Legal de los Puertorriqueños dijo haber sido advertido sobre la peligrosidad de los materiales que debían manejar, como amianto, silicona y mercurio.

Ahora, dos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes los ayudan a exigir una compensación del Estado.

“Estos fueron los trabajadores invisibles que estuvieron detrás de la escena, esforzándose para hacer que las oficinas y los edificios estuvieran limpios y así todos pudieran regresar a trabajar”, dijo Beverly Tillery, del Comité de Nueva York para la Seguridad Laboral y de Salud (NYCOSH, por sus siglas en inglés).

“La mayoría, si no todos, carecían de seguros médicos, por eso la compensación es la única vía para que puedan someterse a un tratamiento médico por la enfermedad que contrajeron en la zona cero”, añadió.

Muchos de ellos son examinados por los médicos del Centro Monte Sinaí para Medicina Laboral y Ambiental en Manhattan, que recibió algunos fondos del gobierno para ese fin.

Cerca de 80 por ciento de los trabajadores sufrieron algún síntoma respiratorio atribuible a la limpieza de la zona cero, entre ellos úlceras en la garganta, opresión en el pecho y tos frecuente, según datos del Centro Monte Sinaí. La mitad todavía los padecía un año después de los atentados.

Tres cuartas partes de los 150 trabajadores examinados en el Centro todavía sufren algún problema respiratorio, informó Rafael de la Hoz, el médico encargado del caso.

Otros padecen problemas musculares, de piel, y psicológicos, como estrés y depresión.

“Todavía vemos los efectos dos años después de lo que ocurrió, lo que demuestra que se trata de problemas de largo plazo. Otras enfermedades pueden tomar más tiempo en manifestarse. El cáncer, por ejemplo, puede no mostrar ningún síntoma durante 10 años”, dijo De la Hoz a IPS.

NYCOSH y el no gubernamental Proyecto de Trabajadores Latinoamericanos cooperan para ubicar y ayudar a los inmigrantes que participaron de la limpieza de la zona cero.

Muchos de ellos todavía tienen empleos temporales de limpieza en oficinas cercanas en el distrito financiero de Manhattan.

Una clínica móvil que fue instalada en la zona cero entre enero y febrero de 2002 atendió a 416 trabajadores, la mayoría de ellos de Colombia y Ecuador, y muchos sin permiso de residencia.

El director ejecutivo del Proyecto, Oscar Paredes, dijo a IPS que algunos inmigrantes no tienen hogar y perdieron todo debido a que su enfermedad les impidió seguir trabajando.

“Sabemos que este tipo de enfermedades, y en especial la causada por exposición al amianto, pueden afectarlos por el resto de su vida. Yo soy optimista de la lucha que tenemos por delante, pero puede tomar años”, dijo Paredes.

El activista afirmó que los inmigrantes tienen derecho a una compensación a pesar de que muchos de ellos no tenían permiso de residencia.

El Proyecto identificó a más de 600 inmigrantes que trabajaron en la limpieza de la zona cero, y Paredes sostiene que, sumado a los números que citan otras organizaciones, habría unos 3.000 en necesidad de asistencia médica urgente.

De la Hoz sostuvo que las autoridades no advirtieron sobre los peligros que implicaban los trabajos porque tenían “gran urgencia para volver a reanudar los negocios”.

“Fue una operación contrarreloj, y por eso se minimizaron los riesgos que implicaba” para los inmigrantes, que trabajaron por 60 dólares diarios, señaló.

“Las compañías ganaban con la operación y querían que el trabajo terminara lo más pronto posible, sin importarles la protección de la salud de los trabajadores”, añadió.

La Fiscalía Federal está investigando a las compañías que participaron en las operaciones de limpieza, según trascendió.

Mientras, el gubernamental Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental destinó más de nueve millones de dólares para seguir estudiando los efectos en la salud de los trabajadores de la zona cero.

Muchos sostienen que el mayor problema es la vulnerabilidad que tienen los inmigrantes, en especial los que están en forma ilegal.

El representante Luis Gutiérrez, del opositor Partido Demócrata, presentó un proyecto de ley en el Congreso para expandir todo el sistema de protección de los derechos de los trabajadores a aquellos que tienen empleos temporales.

El proyecto había sido presentado hace dos años, pero no contó con el respaldo esperado. Gutiérrez lo volvió a presentar en agosto y está seguro de que ahora será diferente.