ONU pone a México en el banquillo

Por Diego Cevallos

Ciudad de Mexico, Mexico, 8 de diciembre (IPS)— México sumó este lunes a su abultado expediente sobre violaciones de los derechos humanos un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considera alarmante la situación en la materia.

Esa conclusión es poco novedosa, pero esta vez puede detonar cambios importantes, según esperan activistas.

Pero para Guadalupe, de 15 años, que vive y trabaja en la calle sin poder ejercer su derecho a una vida digna, el informe, presentado al gobierno del presidente Vicente Fox es irrelevante. “No sé nada de eso y aquí seguiré como siempre”, comentó la niña.

Según el documento, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a petición del gobierno de Fox, el Estado mexicano irrespeta los derechos de Guadalupe y los de otros millones de personas que viven en la pobreza y la ignorancia, expuestos a abusos de diversas autoridades.

Miseria, justicia ineficaz, desapariciones, torturas, tratos humillantes, educación insuficiente y discriminación son realidades cotidianas que el país debe enfrentar ya, señala el “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, presentado al gobierno por la agencia de la ONU.

La situación de los derechos humanos en México es grave y muy preocupante, por lo que su Estado debe tomar medidas urgentes, concluye el informe de la ONU.

“Por los antecedentes, la forma y el fondo del documento, nosotros esperamos que ahora sí será tomado en cuenta para que México inicie un cambio radical en la materia”, dijo a IPS Silvia Aguilera, directora de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En diciembre de 2000, cuando Fox asumió como el primer presidente ajeno al Partido Revolucionario Institucional en 71 años, pidió a la ONU un estudio sobre la vigencia de los derechos humanos en el país, con la intención declarada de asumir un plan integral en esa materia.

El informe, de 226 páginas y con 32 recomendaciones, condensa las preocupaciones expresadas los últimos años por organizaciones humanitarias no gubernamentales locales y extranjeras y diversas agencias de la ONU, que han realizado múltiples y duros informes sobre México.

“No es que tenga muchas novedades, pero la virtud del nuevo informe es que reúne y sistematiza temas y que es parte de un plan que asumió el gobierno para definir una política integral en derechos humanos”, señaló Aguilera.

La CMDPDH estuvo entre las 148 organizaciones civiles, 48 dependencias del Estado y 20 instituciones educativas privadas y públicas consultadas por los expertos de ONU para realizar el informe.

Fox prometió que siempre estaría abierto al escrutinio internacional en asuntos humanitarios, a diferencia de sus antecesores, que miraban con desconfianza todo informe crítico sobre derechos humanos.

Los consultores que elaboraron el informe y funcionarios de la ONU aseguraron que no hubo censura ni presión del gobierno en relación con el informe, tras rumores de que varios pasajes habían sido criticados por las autoridades, y que éstas habían pedido su modificación.

Las recomendaciones de la ONU a México abarcan desde el reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos hasta sugerencias para que las políticas económicas no castiguen a los más pobres.

Es necesario cambiar “radicalmente” las estructuras de administración de justicia, reconocer los derechos culturales de los indígenas, atender con nuevas estrategias económicas la pobreza que afecta a más de la mitad de los 100 millones de mexicanos y abrir a la participación social la definición sobre políticas económicas, reza el informe.

“Seguiré pidiendo monedas hasta que me canse o me encuentre otra chamba (trabajo)”, manifestó Guadalupe, para quien los derechos humanos son un asunto de “señores y señoras en el gobierno” que “no me quieren ayudar”.

En las calles de la capital, 14.000 niñas y niños trabajan y viven en las calles como ella, producto de su pobreza, del maltrato de sus progenitores y el abuso de drogas, entre otros motivos.

Según declaró Isidro Cisneros, uno de los consultores mexicanos que elaboró el informe de la ONU, el documento presentado traza “el mapa de la impunidad y el espejo de un Estado irresponsable al momento de revertir las discriminaciones y la violación a los derechos humanos”.

Aguilera, quien participó como representante de los grupos humanitarios mexicanos ante el gobierno, indicó que los activistas esperan ”que los poderes del Estado definan en enero un cronograma claro y con recursos para atender las recomendaciones de la ONU”.

“Esto no puede quedarse otra vez en el papel, por lo que nuestro compromiso es ahora fiscalizar las acciones que definan los poderes del Estado”, opinó.

Para Sergio Aguayo, otro de los consultores que participó en la elaboración del informe, el documento semantendrá en “el mural del horror” hasta que no se atienda, pero aclaró que se trata de una tarea a largo plazo y de carácter “monumental”.

El documento se refiere a los abusos de la policía y el ejército contra los detenidos, la corrupción de magistrados, los problemas en el sistema carcelario, la violencia que sufren mujeres y niños, y otras violaciones de derechos civiles, políticos, culturales y económicos.

Por los rezagos en la materia no fue culpado el actual gobierno, ya que la ONU afirmó que se trata de problemas históricos y estructurales.

Fox, quien cumplió tres años de gestión el 1 de este mes, asegura que trabaja activamente por los derechos humanos, pero la mayoría de los grupos humanitarios sostienen que poco ha cambiado en la materia, y que apenas hay un nuevo discurso y reiteradas promesas.

Colombia: Duro proyecto antiterrorista a
punto de aprobarse

Por Yadira Ferrer

Bogota, Colombia, 8 de diciembre (IPS)— El Congreso de Colombia va camino de aprobar un proyecto antiterrorista que da a los militares amplias potestades represivas, pese a que los críticos insisten en que facilita graves violaciones a los derechos humanos y viola tratados internacionales firmados por el país.

Entre las facultades previstas para las Fuerzas Armadas por la iniciativa antiterrorista del Poder Ejecutivo, cuya aprobación parlamentaria está prevista para este martes, están las de detener personas, allanar domicilios y registrar e interceptar comunicaciones sin orden judicial.

“Por simple sospecha y sin orden judicial, cualquier persona podrá ser detenida por las fuerzas militares en los cuarteles hasta por seis días”, sin controles judiciales ni posibilidad de apelar al recurso de habeas corpus, dijo a IPS una fuente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad.

Las autoridades militares también tendrán poderes de policía judicial para someter a los detenidos a interrogatorios y realizar censos o registros “sobre información íntima de todos los habitantes del territorio”, apuntó.

El tratamiento parlamentario del proyecto, presentado como una herramienta para hacer frente a la violencia de organizaciones armadas, se realizó según la CCJ “de manera forzada y con vicios de procedimiento”.

En ese texto, el gobierno definió como terrorismo la comisión de actos de violencia indiscriminada llevados a cabo por esos grupos, que infunden terror en la población.

La CCJ sostuvo en un comunicado de noviembre que el proceso de aprobación del proyecto, que en esa oportunidad pasaba por su sexto debate en la Cámara de Diputados, fue “antidemocrático e impuesto por quienes querían aprobarlo a costa de lo que fuese”.

El incidente más escandaloso ocurrió el 29 de octubre, cuando la plenaria de esa Cámara estaba a punto de decidir que el proyecto se archivara y la presidencia de ese cuerpo decidió levantar la sesión por “falta de compostura” de los opositores a la iniciativa.

Entre esos opositores hay legisladores del mayoritario Partido Liberal, por opinar que el proyecto representa un retroceso en materia de libertades ciudadanas; del izquierdista Frente Social y Político (FSP), y del centroizquierdista Polo Democrático Independiente, por considerar que no es adecuado para enfrentar el terrorismo.

En el último debate sobre el asunto en comisión del Senado, la propuesta contó con 134 votos a favor y 35 en contra.

El senador Carlos Gaviria, del FSP y ex magistrado de la Corte Constitucional, afirmó que la iniciativa viola acuerdos internacionales suscritos por Colombia, y que “no es necesario que el Estado caiga en el terrorismo”.

En opinión de Gaviria, la Constitución otorga facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo para dictar normas contra el terrorismo sin que se desconozcan los derechos fundamentales.

El director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, afirmó en una carta enviada al Congreso que las medidas permanentes que el gobierno pretende adoptar contra el terrorismo son incompatibles con “las normas internacionales” que Colombia se ha comprometido a cumplir.

Según Frühling, otorgar funciones de policía judicial a miembros de las Fuerzas Armadas es incompatible con los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, consagrados en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos firmados por Colombia.

Ante esos cuestionamientos, el presidente Alvaro Uribe respondió que “está bien escuchar al Comisionado y hay que seguir examinando el tema con ellos, pero yo aspiro a que simplemente no adopten la fácil posición de atravesarse, sino que nos ayuden a encontrar caminos”.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también sostuvo en un comunicado de noviembre que el proyecto vulnera las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y “constituye un desacato de las recomendaciones que la comunidad internacional ha dirigido a las autoridades colombianas”.

La CIJ coincidió en que atribuir a los militares tareas de policía judicial a las Fuerzas Militares viola “normas internacionales sobre protección a los derechos humanos”, así como “el compromiso adquirido por el Estado colombiano con la Declaración sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Si se aprueba la iniciativa, el Estado colombiano no cumplirá sus obligaciones de prevenir la violación de los derechos humanos de los civiles; realizar investigaciones independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares, detalló.

También se vería obstaculizado el cumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a un juicio justo, con todas las garantías judiciales, ante un tribunal independiente e imparcial; y la de garantizar la existencia y efectividad de un Poder Judicial independiente e imparcial, agregó la CIJ.

La organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional también advirtió al Congreso que de aprobarse la iniciativa se vería menoscabado “uno de los pilares fundamentales en la protección de los derechos humanos en Colombia”.

Según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en el país se han registrado en las dos últimas décadas 6.334 desapariciones forzadas de personas en casos en los que están involucrados miembros de la fuerza pública.