Amnesia de destrucción masiva

Análisis de Jim Lobe

Washington, DC, 19 de diciembre (IPS)— Tras la captura del depuesto dictador iraquí Saddam Hussein, el gobierno de George W. Bush parece intentar que el electorado estadounidense olvide uno de los pretextos para hacerle la guerra a Iraq: las armas de destrucción masiva que no aparecen.

El presidente Bush y otros funcionarios tratan de dar a entender que el derrocamiento y captura de Saddam Hussein son suficiente justificación para la guerra.

Por otra parte, la búsqueda de los arsenales iraquíes, que se ha fagocitado hasta ahora 1.000 millones de dólares, se disuelve en el silencio.

Bush pareció alegar a comienzos de esta semana, en una entrevista transmitida por televisión a todo el país, que no importa mucho si Iraq disponía de tales armas o trataba de conseguirlas.

“¿Cuál es la diferencia?”, preguntó el presidente, quien luego dijo haber actuado convencido de que Saddam Hussein representaba “una creciente amenaza” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, una amenaza a la que “había que afrontar”.

“De modo que nos deshicimos de él, y no hay duda de que el mundo es un lugar más seguro y más libre porque Saddam se fue”, añadió.

Mientras, el diario The Washington Post informó que el director del Grupo de Inspección de Iraq (ISG), David Kay, comunicó a la Casa Blanca y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) su decisión de renunciar el mes próximo.

Eso parece confirmar que las agencias de inteligencia estadounidenses ya concluyeron que la búsqueda de armas de destrucción masiva en Iraq, a cargo de 1.400 funcionarios del ISG supervisados por la CIA, será infructuosa.

La renuncia de Kay, no confirmada ni desmentida, se filtró mientras los grandes medios de comunicación aún celebran la captura de Saddam Hussein, y puede indicar que el gobierno quiere avanzar hacia el cese de la búsqueda de armas durante el parlamentario del invierno boreal.

Algunos legisladores han insistido en que el Poder Ejecutivo debe presentar evidencias sobre la presunta amenaza de las armas de destrucción masiva iraquíes, y ahora podrían hacer preguntas muy incómodas sobre lo que sabía Bush acerca de ese asunto, y desde cuándo lo sabía.

“No he visto nunca tal cinismo”, dijo a IPS un veterano funcionario legislativo, para quien Bush y sus colaboradores “esperan que el Congreso y la opinión pública se olviden de que hubo una guerra en nombre de una amenaza que nunca existió, y de que ellos exageraron en forma insólita”.

Kay encabezó la misión de inspectores internacionales de desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Iraq después de la guerra del Golfo (1991) y comenzó a pedir el derrocamiento de Saddam Hussein a mediados de los años 90.

Por eso, su renuncia equivaldría a una admisión contundente de que no podrá encontrar lo que le encargaron buscar.

“El alejamiento de Kay, que apoyó los alegatos sobre armas de destrucción masiva antes de la invasión , indica que no tiene expectativas de hallar los arsenales”, comentó Charles Pena, director de estudios de defensa del Instituto Cato, un grupo de expertos de orientación liberal.

Pena consideró que la renuncia renueva las dudas y cuestionamientos a la campaña con que se justificó la guerra antes de su comienzo, y que ya comenzó a ser investigada por comisiones de inteligencia del Congreso, en receso hasta mediados de enero.

Hace unos 16 meses, cuando el Poder Ejecutivo comenzó a abogar en forma decidida por una guerra contra Iraq, alegó que Bagdad era una amenaza porque no había desmantelado y destruido grandes cantidades de armas de destrucción masiva ni los misiles capaces de transportarlas.

Además, el gobierno de Bush aseguró que Saddam Hussein tenía vínculos operativos con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas que habían declarado la guerra a Estados Unidos.

La Casa Blanca considera a Al Qaeda (La Base) responsable de los atentados de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.

Las afirmaciones de Washington sobre los arsenales iraquíes han sido ampliamente aceptados, y muchos funcionarios actuales han recordado en los últimos meses, de manera defensiva, que el antecesor de Bush, Bill Clinton, ya las había formulado.

Pero las versiones sobre vínculos entre Saddam Hussein y Al Qaeda chocaron con el escepticismo de expertos en antiterrorismo y de virtualmente todos los aliados externos de Washington.

“Sabemos dónde están” las armas de destrucción masiva iraquíes, afirmó el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, el 30 de marzo, 10 días después de iniciada la guerra. “Están en el área alrededor de Tikrit y en Bagdad y en el este, el oeste, el sur y el norte”, agregó.

Cheney y la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, fueron particularmente insistentes en afirmar que Saddam Hussein había avanzado bastante en la construcción de una bomba nuclear, como el mismo Bush sugirió en su discurso del Estado de la Unión en enero.

El presidente acusó entonces a Iraq de haber comprado varias toneladas de uranio a un país africano, luego identificado como Níger.

En julio, el ex embajador Joseph Wilson, quien había viajado a Níger en 2002 por encargo de la CIA para confirmar esa versión, acusó al gobierno de promoverla sabiendo que era falsa. Al mismo tiempo, Kay era nombrado al frente de la operación de búsqueda de armas.

Kay admitió en octubre, en su informe preliminar, que no sólo no había encontrado los arsenales, sino que el programa de armas químicas iraquí había desaparecido en 1991.

De todos modos, indicó que su grupo había encontrado laboratorios que pudieron haber sido usado para el desarrollo de armas de destrucción masiva.

Funcionarios del gobierno parecen distanciarse del trabajo de Kay, y, de hecho, cientos de los integrantes de su grupo fueron reasignados a tareas de contrainsurgencia, a medida que aumentaba la resistencia a la ocupación militar estadounidense.

“Kay llegó al final de la cuerda. Si pensara que le queda trabajo pendiente, seguiría en el puesto para hacerlo”, dijo a IPS el ex inspector de desarme de la ONU en Iraq Scott Ritter.

“La CIA y la Casa Blanca concluyeron que no hay armas de destrucción masiva y que la presencia de Kay es, en sí misma, una distracción”, afirmó Ritter, uno de los pocos expertos que antes de la guerra cuestionaron las afirmaciones del gobierno de Bush.

Por su parte, el experto del programa nuclear iraquí Imad Khadduri, quien emigró a Canadá antes de la guerra de 1991, cree que la renuncia de Kay “sugiere que él ha estado mintiendo a sabiendas”.

“Kay estaba obsesionado desde 1994 con la idea de atropellar a Saddam, sin importar con qué”, dijo Khadduri a IPS.

El gobierno de Bush usa la captura de Saddam Hussein “para desviar la atención de las armas de destrucción masiva”, pero aún está por verse “si el Congreso y el pueblo estadounidense lo apoyarán”, concluyó.

Victoria para las libertades civiles

Por Jim Lobe

Washington, DC, 19 de diciembre (IPS)— Grupos de derechos humanos y de libertades civiles de Estados Unidos celebraron la decisión judicial de que el presidente George W. Bush no está facultado para detener “combatientes enemigos” en su “guerra contra el terrorismo” sin otorgarles garantías básicas.

Según esos grupos, los veredictos pronunciados por dos tribunales federales de apelación constituyen una victoria para los derechos que fueron pisoteados por el gobierno de Bush desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

“No uno, sino dos tribunales federales censuraron al presidente por creer que puede encerrar personas sin darles acceso básico a la justicia y sin la aprobación del Congreso”, festejó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Ningún presidente puede asumir esa autoridad unilateral sobre la libertad de la gente, especialmente en tiempos de amenaza a nuestro bienestar nacional”, declaró Romero el jueves.

La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, también celebró las sentencias de las cortes de apelación del segundo y el noveno circuito como una importante reivindicación de libertades básicas.

“Ambas decisiones contrarían la opinión de la administración Bush de que una metáfora de guerra puede justificar las restricciones a los derechos básicos de la justicia penal lejos de un campo de batalla”, dijo al diario The New York Times el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.

Por otra parte, funcionarios del Departamento de Justicia consideraron “defectuosos” los veredictos y anunciaron que los apelarán. Ambos casos podrían terminar en la Corte Suprema, según analistas legales de ambas partes.

La primera de las sentencias respondió a una apelación de los abogados de José Padilla, un ciudadano estadounidense arrestado en Chicago en mayo de 2002 como testigo material en investigaciones antiterroristas del gobierno, y posteriormente designado por Bush “combatiente enemigo”.

Posteriormente fue transferido a una base naval de alta seguridad en Charleston, Carolina del Sur, donde permanece desde hace 18 meses sin permiso para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier funcionario no militar.

El gobierno sostiene que Padilla se reunió con miembros del grupo terrorista al-Qaida en Afganistán y Pakistán, donde desarrollaron un plan para construir y detonar una “bomba sucia” radiológica en Estados Unidos.

Según la administración de Bush, Padilla regresó a este país para llevar a cabo el plan, aunque el acusado no llevaba armas ni explosivos cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional O’Hare, de Chicago.

Sus abogados arguyeron que como ciudadano estadounidense detenido en el país, su cliente tenía derecho a todas las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución, y que el Poder Ejecutivo no se las puede negar de manera unilateral.

La segunda sentencia respondió a una petición de habeas corpus del hermano de un ciudadano libio, Salim Gherebi, capturado en Afganistán hace dos años y detenido junto con otros 600 llamados “combatientes enemigos” en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba.

El abogado de Gherebi alegó que, aunque su cliente está detenido fuera del territorio estadounidense, Washington está obligado a asegurarle los derechos básicos que establece la ley, entre ellos el derecho a responder a su acusación ante un tribunal estadounidense.

En otro caso el año pasado, la Corte de Circuito de Apelaciones para el Distrito de Columbia apoyó la posición del gobierno de que los “combatientes enemigos” detenidos en la Bahía de Guantánamo no tenían derecho a que un tribunal revisara su detención, pero esa sentencia no obliga al noveno circuito, con sede en San Francisco.

Los dos casos ponían en cuestión la autoridad del Poder Ejecutivo para detener individuos considerados “combatientes enemigos” sin autorización explícita del Congreso y sin permitirles recurrir a la justicia. En ambos casos, los tribunales se pronunciaron contra la posición del gobierno.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, dictaminó explícitamente que el presidente carece de facultades para autorizar la detención unilateral de un ciudadano estadounidense.

“El presidente, por sí solo, no posee ninguna autoridad constitucional inherente para detener ciudadanos estadounidenses capturados en Estados Unidos, lejos de una zona de combate, como combatientes enemigos”, sentenció la mayoría del tribunal y ordenó liberar a Padilla de la custodia militar en 30 días.

Sin embargo, aclaró que el acusado podría continuar bajo custodia civil si, por ejemplo, se lo acusa de un delito ante un tribunal civil.

La sentencia en el caso de Gherebi fue más allá, al determinar que la detención indefinida y sin cargos de una persona por el Poder Ejecutivo, desafía los principios básicos de la jurisprudencia nacional.

“Aun en tiempos de emergencia nacional...el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar la preservación de nuestros valores constitucionales e impedir que el Poder Ejecutivo infrinja los derechos de ciudadanos y extranjeros por igual”, escribió Stephen Reinhardt, uno de los dos jueces que aprobaron la sentencia.

En otro revés para el gobierno de Bush, la corte federal de apelaciones del noveno circuito, considerada la más liberal en su tipo, declaró inconstitucionales partes significativas del estatuto penal antiterrorista, la llamada “Ley Patriota”.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión.