Francia-EEUU, enésimo round

Por Julio Godoy

Paris, Francia, 23 de diciembre (IPS)— La tensión diplomática surgida entre Estados Unidos y Francia a raíz de la invasión a Iraq se calmó en los últimos meses, pero está lejos de haber terminado.

Muchos ven el fantasma de Iraq en varias diferencias entre los dos países relativamente pequeñas salidas a la luz en las últimas semanas.

Estados Unidos vetó la semana pasada la selección del instituto francés Cadarache francesa para la instalación del Reactor Experimental Internacional Tokamak (ITER), un importante experimento sobre energía nuclear.

A su vez, Francia reabrió investigaciones sobre los negocios de Halliburton, la empresa de servicios petroleros otrora presidida por el vicepresidente estadounidense Dick Cheney y hoy beneficiaria de jugosos contratos para en el Iraq ocupado.

En el medio, Washington informó que las empresas de países que no participaron en la coalición que invadió Iraq en marzo no serían contratadas para tareas de reconstrucción del país árabe, un negocio de 18.600 millones de dólares.

Así, Alemania, Francia y Rusia quedaron fuera de la lista de beneficiados, en la que figuran Estados Unidos, Gran Bretaña, el propio Iraq y otros 60 países.

El ITER es un programa internacional de desarrollo tecnológico para la fusión nuclear a temperaturas extremadamente elevadas, dirigido a la producción de grandes cantidades de energía. El sitio alternativo al instituto Cadarache es Rokkasho, en Japón.

El proyecto, a un costo previsto de 10.000 millones de dólares, es financiado en conjunto por la Unión Europea, Canadá, China, Corea del Sur, Japón y Rusia y Estados Unidos, que se había retirado del programa en 1999 pero regresó en febrero dispuesto a imponer toda su influencia.

La semana pasada, Washington se aseguró el apoyo de Seúl para impedir la designación de Cadarache, que, para muchos científicos, es el mejor lugar para desarrollar el programa. El instituto, con 4.300 científicos, está a la vanguardia de la investigación tecnológica y energética.

“El gobierno de Estados Unidos quiere castigar a Francia por su posición ante la crisis en Iraq”, dijo el diputado francés Pierre Lellouche, un dirigente muy cercano al presidente Jacques Chiraq. Antes de la guerra, Lellouche le había recomendado al mandatario no oponerse a ella.

“George (W.) Bush castiga a Francia”, dice la portada del semanario Le Journal du Dimonche. ”Estados Unidos dirigió la oposición a Cadarache en la negociación sobre el ITER. A los ojos de Washington, no es bueno ser francés”, escribió el director de la revista, Jean-Claude Maurice.

La reapertura de una investigación judicial sobre las actividades de Halliburton durante la última dictadura de Nigeria es leída como un contraataque francés.

La investigación, que había estado dormida por dos años, ganó impulso de repente en las últimas semanas.

Los fiscales citaron a declarar a funcionarios del gobierno de Nigeria y a antiguos ejecutivos de Technip, empresa francesa aliada con la subsidiaria de Halliburton Kellog Brown & Root en el campo gasífero nigeriano de Bonny Island.

El fiscal Renaud Van Ruymbeke, que ha investigado actos de corrupción en la actividad petrolera francesa en Africa, investiga un pago de 180 millones de dólares entre 1994 y 2001 a Jeffrey Tesler, abogado de Londres muy vinculado con Halliburton y con Cheney.

En 1993, el régimen nigeriano concedió derechos de explotación en Bonny Island, en el delta del río Níger, a un consorcio formado por Kellog Brown & Root, la británico-holandesa Shell, la francesa TotalFina y la italiana Agip.

Oficialmente, los 180 millones de dólares fueron pagados como comisión a una compañía de Gibraltar, Tri Star, que, según los fiscales franceses, era testaferro de Tesler. Los magistrados afirman que el pago no corresponde a ninguna tarea de asesoramiento, como se alegó entonces.

Los fiscales aseguraron también que Halliburton impuso a sus socios el reclutamiento de Tesler, y que éste primero solicitó que le depositaran el dinero en una cuenta bancaria en Ginebra.

Luego, el abogado británico cambió la cuenta a otra en Mónaco cuando las autoridades suizas iniciaron una investigación sobre los depósitos del ex dictador nigeriano Sani Abacha, quien murió en 1998 pero estaba en el gobierno cuando se implementó la concesión.

El ex ministro de Petróleo de Nigeria, Dan Etete, dijo a los fiscales que no entendía la función de Tesler.

“Shell y Kellog Brown & Root tienen vínculos directos con nuestro gobierno y no necesitaba asesoramiento alguno”, dijo el ex funcionario este mes.

Van Ruymbeke considera acusar a Cheney por “mal uso de propiedades públicos”.

Acuerdo ambiental, una década de claroscuros

Por Diego Cevallos

Ciudad de Mexico, Mexico, 23 de diciembre (Tierramérica)— El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), único en el mundo que acompaña un tratado de libre comercio, celebra 10 años de vanguardismo y apertura a la sociedad, pero muestra flancos débiles frente a un intercambio comercial arrasador.

El ACCAN es sometido ahora a un análisis para definir su futuro, en el que participan expertos independientes y organizaciones sociales. Aunque los resultados se conocerán al finalizar el primer semestre de 2004, ya hay quienes le dan baja nota y le auguran perspectivas sombrías.

El ACAAN y su brazo ejecutivo, la Comisión para Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), son expuestos como ejemplos de lo que podrían abarcar negociaciones comerciales hoy en marcha en las que lo verde brilla por su ausencia, como las del Área de Libre Comercio de las Américas.

Quienes quieran beneficiarse de la experiencia de América del Norte “pueden hacerlo, y eso incluye a los negociadores comerciales” de otras latitudes, dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la CCA, William Kennedy.

El ACCAN -paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) integrado por Canadá, Estados Unidos y México- acumuló en una década un expediente de claroscuros.

La CCA expone como logros muchos estudios e iniciativas para medir los impactos del libre comercio en el ambiente que, según diversos diagnósticos, van de moderados a casi desastrosos.

Las investigaciones disponibles, varias realizadas por la CCA, indican que el intenso flujo de mercancías entre los socios del TLCAN agravó problemas en la calidad aire y disparó la acumulación de desechos tóxicos.

Además, contribuyó al empobrecimiento del agro de México, donde la otrora famosa producción de maíz resultó contaminada con semillas transgénicas exportadas por Estados Unidos.

Según cifras oficiales, debido a la escasa competitividad agrícola mexicana, 1.000 campesinos se mudan por día a las ciudades.

En la CCA, cuya misión es “contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial” y velar por el cumplimiento del ACAAN, existen hoy problemas financieros que ponen en duda su futuro.

Mientras el intercambio dentro del bloque se elevó desde 1993 hasta superar los 620.000 millones de dólares en 2002, la CCA mantuvo congelado su presupuesto anual de nueve millones de dólares, financiado en partes iguales por Canadá, Estados Unidos y México.

El ACAAN será lo que quieran sus socios, señaló Kennedy tras confirmar que el presupuesto de la comisión va en franca caída debido a procesos inflacionarios y la devaluación del dólar.

En términos reales, el presupuesto para 2004 de la CCA será de unos 2,2 millones de dólares menor al de 2003. “Esto significa que deberemos ajustarnos los cinturones y vigilar nuestros gastos para ser efectivos”, señaló Kennedy.

Además, su registro de acciones indica apenas 42 denuncias ciudadanas sobre violaciones a normativas ambientales y ninguna querella entre los gobiernos socios.

Gustavo Alanis, presidente de turno del Comité Consultivo Público Conjunto que apoya a la CCA, cree que al acuerdo ambiental y a su brazo ejecutivo les faltó asumir una postura de fuerza “para así lograr un mayor impacto” y un renovado apoyo financiero de los gobiernos.

“Hay que reconocer que los instrumentos ambientales paralelos al TLCAN son poco conocidos en los tres países, lo que impidió sacarles mejor provecho”, señaló a Tierramérica.

El ACAAN y la CCA “no han podido contener los daños ambientales del incremento del comercio y los intereses de las grandes corporaciones”, opinó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace en México, que abrió sus oficinas en 1993 con mira en las denuncias de los posibles efectos del tratado comercial.

Pero esos instrumentos son preferibles “a no tener nada, pues ejercen algún un peso político”, reconoció. “Nos preocupa el futuro de la CCA, pues además de problemas financieros, recibe muchas presiones de los gobiernos, especialmente del estadounidense que quiere quitarle más fondos y fuerza”, dijo Calvillo a Tierramérica.

“No hay absolutamente ninguna presión” en la CCA, replicó Kennedy. “Tenemos tres socios igualitarios que contribuyen equitativamente”, expresó.

Con todo, la CCA tiene sus puntos fuertes. “Es un instrumento de vanguardia en el ámbito internacional” que debería promoverse más, “pues apuesta por la transparencia y la apertura social”, opinó Alanis.

El acuerdo ambiental norteamericano prevé que individuos y grupos presenten denuncias a la CCA contra sus gobiernos por incumplimiento de normas ambientales. Los procesos pueden concluir con un expediente de hechos, usualmente crítico, pero que no conlleva sanciones.

En las 42 denuncias registradas se abordaron cuestiones de diversidad biológica, tala descontrolada, contaminación de aguas, almacenamiento de residuos e instalación de infraestructuras dañinas para el ambiente, entre otras.

Quizá son pocas para una década. “Esperamos en los próximos años ser más eficaces en nuestro contacto con el público”, declaró Kennedy.

De momento, apenas nueve de esas denuncias terminaron en la difusión pública de sus expedientes, aunque próximamente se sumarán tres más, dijo el director ejecutivo de la CCA.

El resto de los casos, la mayoría presentados por organizaciones o personas de México, quedaron por el camino debido a incumplimientos de requisitos formales o por decisión de los socios del TLCAN.

Una norma del ACAAN, duramente criticada por los ambientalistas, estipula que los gobiernos acusados pueden acordar de forma irrevocable que no se procese tal o cual denuncia o que no se haga público el expediente resultante de la investigación.

Además, la parte denunciante no tiene derecho a replicar los argumentos con que el acusado se defiende de los cargos.

El director de Greenpeace espera que la CCA “demuestre que le queda fortaleza” cuando informe sobre su actual estudio de los efectos del comercio de maíz transgénico estadounidense, que se vende al amparo del TLCAN.

La organización ecologista desea que el informe final, que podría difundirse en marzo, incluya la recomendación de frenar la venta de la variedad modificada, un extremo nada seguro.

“Sugerimos que a futuro se hagan reformas para que el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte sea más afectivo y para que su vanguardismo se traduzca en un ejemplo de efectividad”, exhortó Alanis.