Ecuador: Guerra civil colombiana golpea la puerta

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 5 de enero (IPS)— Analistas consideran que la captura en la capital de Ecuador del guerrillero de las FARC Simón Trinidad involucra directamente al gobierno ecuatoriano en el conflicto armado interno de Colombia y sería la primera acción conjunta de inteligencia entre ambos países y Estados Unidos.

Las propias contradicciones en torno del operativo entre el ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, Raúl Baca, y su par de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, y la forma en que el mismo se llevó a cabo indican que hubo coordinación de las fuerzas represivas de los dos países, dijo a IPS un oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que pidió mantener su nombre en reserva.

El militar también señaló que esa coordinación se incluye en la segunda fase del Plan Colombia, de lucha contra las drogas y la insurgencia izquierdista que es financiado en gran parte por Washington, y abre una nueva instancia en lo que respecta a la participación de Ecuador, que hasta ahora se había mantenido neutral frente a la guerra civil en el vecino país del norte.

El mismo Uribe declaró el sábado, una día después de la detención de Trinidad, que se había contado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para ello.

“Este es el resultado de una acción ejemplar de nuestras fuerzas del orden, Policía y Ejército en este caso, y con el apoyo vital del alto gobierno y de la Policía de Ecuador, así como del gobierno norteamericano”, afirmó el ministro colombiano.

En cambio, Baca negó de plano que haya habido una operación conjunta entre la policía colombiana y la ecuatoriana para la captura del guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

“No existió de ninguna manera esta vinculación, como no sea la que siempre funciona alrededor de temas de seguridad entre dos países vecinos”, aseguró también el sábado el ministro ecuatoriano.

“Esta acción fue cumplida por la Policía Nacional (ecuatoriana) como un acto absolutamente normal de control en la ciudad de Quito”, apuntó.

“El ciudadano colombiano (Simón Trinidad por su nombre de guerra, pero llamado en realidad Ricardo Palmera) fue conducido a la intendencia de policía por no haberse encontrado la documentación que le permitiera quedarse en la ciudad de Quito en condiciones normales”, añadió Baca.

Mientras, el sociólogo y analista político Alejandro Moreano entiende que el operativo es parte de la segunda fase del Plan Colombia, que exige una participación directa del ejército y la policía de Ecuador en el combate a la guerrilla colombiana.

“Parece que la reunión de hace un mes entre Otto Reich y el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, sirvió para que este último fortalezca una posición clara de apoyo a las pretensiones geopolíticas de Estados Unidos en la region”, afirmó Moreano.

Reich, asesor del presidente estadounidense George W. Bush para América Latina, llegó a Ecuador a inicios de diciembre en un momento de especial debilidad del gobierno de Gutiérrez, quien era jaqueado por la denuncia de haber financiado parte de su campaña electoral con dinero del narcotráfico.

La denuncia surgió con la detención del presunto narcotraficante César Fernández, quien apoyó la campaña de Gutiérrez a la presidencia, luego de lo cual comenzó a circular el rumor de una posible destitución que fue desmentida por el propio mandatario en más de una oportunidad.

La directora de Asuntos Públicos de la embajada de los Estados Unidos en Ecuador, Marty Estell, también contradijo a Baca y aseguró que el operativo que permitió la detención de Trinidad es “un ejemplo de cooperación entre la policía de Ecuador y de Colombia, una operación conjunta que resultó perfectamente”.

Estell agregó que Washington felicitó al general Jorge Poveda, comandante de la Policía de Ecuador, y a su equipo por “su éxito en esta operación que consideramos es un éxito en la campaña contra el terrorismo regional y un ejemplo de lo que los países pueden hacer para promover la estabilidad regional”.

El ministro Baca también negó la afirmación de su par de Defensa colombiano respecto de que se hubiera estado vigilando a Trinidad desde julio y que en la captura intervinieron ocho militares de Colombia.

“Niego absoluta y totalmente cualquier versión que trate de poner la policía colombiana en nuestro país. No lo toleraríamos, precisamente en un reclamo de soberanía”, dijo el pasado fin de semana.

Según versiones de la prensa de Colombia, el Ejército de ese país cuenta con un video del seguimiento de Trinidad en Quito, lo cual confirmaría la participación de efectivos del vecino país desmintiendo también la versión que Baca expresó a los medios de comunicación ecuatorianos y a las agencias de noticias internacionales.

Este lunes, Baca sostuvo en entrevista con el periodista Jorge Ortiz, de la emisora de televisión Red Teleamazonas, que sus afirmaciones del fin de semana se basaron en el informe entregado por la policía y que le preocupaban las contradicciones con lo manifestado por Bogotá.

Argumentó que en caso de una participación de militares colombianos y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos se estaría violando la soberanía de su país, por lo cual él pedirá una investigación para llegar a la verdad.

El analista político y Director de Radio La Luna de Quito, Francisco Velasco, se mostró preocupado por la posible participación de fuerzas de otros países en el operativo y por la supuesta poca información de Baca.

“Según el Ministro de Gobierno y el Comandante de Policía, parece que de casualidad iban caminado unos policías y de casualidad decidieron pedir documentos y de casualidad se encontraron con Trinidad. Acá alguien está mintiendo”, comentó de modo irónico Velasco.

Señaló que lo más importante de la detención de Trinidad es que “por primera vez Ecuador se involucra en el combate a la guerrilla en coordinación con los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos”.

“Es irresponsable que el gobierno de Lucio Gutiérrez ponga fin a la neutralidad de 40 años que han mantenido los diferentes gobiernos ecuatorianos ante la guerra (civil) en Colombia, y nos involucre en ese conflicto”, indicó Velasco.

Otro hecho que confirmaría la acción conjunta es que el propio presidente de Colombia, Alvaro Uribe, felicitó el sábado a la fuerza pública de su país y de Ecuador, y celebró la cooperación del mandatario ecuatoriano en esa captura.

“Este operativo da toda la confianza a los colombianos de bien”, dijo Uribe, quien también agradeció al pueblo ecuatoriano.

Por su parte, Gutiérrez declaró ese mismo día a la emisora RCN Radio, de Colombia, que la captura de Trinidad ayuda a mantener la seguridad y las relaciones bilaterales.

“Esto ayuda a mejorar la seguridad entre nuestros países y ojalá sea un ingrediente más para que nuestros pueblos entiendan que el único camino que se tiene que seguir es el del diálogo, la paz”, puntualizó.

También el mandatario ecuatoriano confirmó que dialogó telefónicamente con su par colombiano a raíz de la detención del guerrillero de las FARC.

Pero el mismo sábado, antes de la deportación de Trinidad, el general Jorge Poveda contradijo su versión inicial, en la que se basa Baca, y dijo que la policía actuó con la ayuda de información entregada por su similar colombiana sobre la permanencia de Trinidad en el país.

En febrero de 2003, durante su viaje a Washington para reunirse con Bush, Gutiérrez señaló que quería ser “el mejor aliado de Estados Unidos” e instó a los gobiernos latinoamericanos a apoyar a Uribe.

Gutiérrez contradecía así sus declaraciones de campaña electoral, en las que hablaba del “neocolonialismo norteamericano” como uno de los grandes problemas que debía enfrentar Ecuador y América Latina.

A pesar de ello, Baca insiste en que la detención de Trinidad no involucra a Ecuador en el conflicto interno colombiano y en el Plan Colombia. “Seguimos girando alrededor del Plan Colombia, pero tenemos que desarrollar un ‘Plan Ecuador”, apuntó.

Afghanistan: Un país sin ley

Por Thalif Deen

Naciones Unidas, 5 de enero (IPS)— A pesar de la enorme presencia militar occidental y de los dos años de vida de un gobierno respaldado por Estados Unidos, Afganistán no es más que un país sin ley, advirtió este lunes un alto funcionario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

La situación de la seguridad “es muy mala”, dijo el representante especial de la ONU para Afganistán, Lakhdar Brahimi, a delegados afganos en la ceremonia de clausura de la asamblea constituyente llamada Loya Jirga, o gran consejo tradicional, convocado para redactar un proyecto de carta magna.

Brahimi, subsecretario adjunto del foro mundial, criticó implícitamente al gobierno, a la policía, al ejército, a la comunidad internacional y a la Fuerza Internacional de Asistencia en Seguridad, de 4.500 efectivos, por el fracaso en poner fin a la inseguridad del país. “Existe desde luego lo que leemos en la prensa, oímos en la radio y vemos en la televisión: bombas y explosiones aquí y allá, proyectiles que caen aquí y allá”, dijo Brahimi.

“Pero también existe la inseguridad que no aparece en la prensa: el temor que está en el corazón de todo afgano, porque la ley no rige en este país”, agregó.

El funcionario, ex canciller argelino conocido por sus comentarios directos, abandonará su cargo en la ONU este mes.

Interrogado acerca de los rumores sobre que Brahimi podría dirigir las operaciones del foro mundial en Iraq, su portavoz Fred Eckhard dijo la semana pasada: “Francamente, no sé si Brahimi está interesado en otro trabajo desafiante en las Naciones Unidas. Creo que siente que ha hecho todo lo que puede por la ONU”.

“Estamos especialmente agradecidos por que haya prestado su prestigio y su trabajo duro a favor del proceso afgano”, agregó Eckhard.

Las declaraciones de Brahimi se producen en medio de reportes acerca de que la ONU considera reducir sus actividades o incluso retirar a su personal internacional de Afganistán por la creciente inseguridad, así como lo hizo en Iraq el año pasado, luego que su cuartel general fue bombardeado.

En noviembre, la ciudadana francesa Bettina Goislard, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue asesinada a balazos en la oriental ciudad de Ghazni, convirtiéndose en la primera integrante del foro mundial muerta en Afganistán.

El domingo, un socorrista afgano que trabajaba para la organización humanitaria cristiana Shelter for Life (Refugio para la Vida) fue secuestrado en la principal carretera afgana por presuntos militantes del grupo islámico Talibán, que controló el país hasta octubre de 2001 cuando éste fue invadido por tropas estadounidenses.

Washington lanzó bombardeos y envió tropas a Afganistán luego de que el régimen Talibán, fundamentalista islámico, se negó a entregar al saudita Osama bin Laden, acusado por Estados Unidos de pergeñar los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center y la sede del Departamento (ministerio) de Defensa.

Rebeldes armados afganos continúan atacando a trabajadores humanitarios y socorristas, a los que acusan de ser aliados de las naciones occidentales que han ocupado el país.

Ante la pregunta de si esos ataques están destinados a forzar la salida de la ONU, el subsecretario adjunto del foro mundial para Operaciones de Mantenimiento de Paz, Jean-Marie Guehenno, dijo en diciembre que “ciertos elementos quieren desalentar cualquier presencia extranjera en Afganistán”.

“Es necesario asegurar que tales elementos no cuenten con respaldo de la población, que ya ve los beneficios del trabajo de la ONU en muchos frentes, incluyendo la remoción de minas terrestres y la educación”, agregó.

Pero, advirtió Guehenno, la ONU necesita considerar la seguridad de su personal y evaluar cuidadosamente la realidad en el terreno.

El deterioro de la situación de seguridad es “una preocupación de primer orden” en todo Afganistán, donde “la criminalidad, los combates entre facciones y el narcotráfico suman impactos negativos”, señaló el mes pasado en un informe el secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Brahimi comentó que la población afgana teme a las armas en manos de “la gente equivocada”, que no se usan para defenderla ni para lanzar una “guerra santa”, sino para aterrorizarla.

“La gente habla sobre individuos llamadas comandantes que establecieron cárceles privadas en varios lugares del país, y conozco más de un caso en que tales comandantes dispusieron arrestos sin razón alguna, salvo su deseo de apoderarse de las casas u otras propiedades de las víctimas, o de casarse con sus hijas”, añadió.

El representante especial dijo a los delegados que conocía el caso de un afgano que se autodenomina “mujaidín”(luchador religioso por la libertad) y comandante, y aterroriza a un distrito entero, y el de otro que “se hace llamar policía y aterroriza a toda una ciudad”.

Ambos dicen contar con apoyo de “gente importante en el país”, destacó.

Brahimi informó que había puesto esos casos a consideración del gobierno de Kabul, y aseguró que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) continuará sus tareas de supervisión de la situación de seguridad en ese país.

“Tenemos grandes esperanzas de que el gobierno no sólo adopte medidas contra esos individuos (responsables de abusos), sino que también ponga fin a tal tipo de comportamiento en todo el país. Esa gente daña la reputación de la guerra santa”, alegó.

El mes pasado, el representante especial criticó el bombardeo indiscriminado estadounidense que causó la muerte de civiles afganos, entre ellos niños y niñas.

“Este tipo de incidente tiene un efecto desestabilizador, porque agrava los sentimientos de inseguridad y miedo en el país”, sostuvo Brahimi tras la muerte de nueve niños debido a un ataque aéreo de fuerzas de Estados Unidos contra una aldea afgana, el 7 de diciembre:

Ese ataque estadounidense fue el segundo con víctimas fatales infantiles en una semana.

“Es lamentable y preocupante que este tipo de incidente facilite la acción de quienes tratan de estropear el proceso de paz y reunir apoyo para sus propios intereses”, alertó el funcionario de la ONU.

Annan comentó a periodistas, sobre esas muertes de niños, que “la lucha contra el terrorismo no se puede ganar a costa de las vidas de inocentes”.

Por otra parte, la Loya Jirga anunció este lunes, luego de tres semanas de intensos debates, que sus 502 integrantes se pusieron de acuerdo sobre un proyecto de nueva Constitución.