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EEUU-Iraq: El horror
Análisis de Jim Lobe
Washington, DC, 24 de enero (IPS)— El general retirado estadounidense
Anthony Zinni advirtió ya en 1998 que procurar el desalojo del
entonces presidente iraquí Saddam Hussein del poder amenazaría
con desestabilizar todo Medio Oriente.
Zinni, un infante de Marina veterano de Vietnam y luego de su retiro enviado
especial del presidente Bill Clinton (1993-2001) a Medio Oriente, comandaba
por esos días el Comando Central de Estados Unidos.
Su llamado de alerta de hace cinco años fue lanzado ante el Congreso
legislativo, al cuestionar la Ley de Liberación de Iraq que convertiría
el “cambio de régimen” del país árabe en
política oficial de Washington.
Y en octubre de 2002, cuando faltaban seis meses para la invasión
concretada en marzo pasado, sentenció ante la Conferencia Anual
Fletcher sobre Estrategia de Seguridad Nacional: “Estamos a punto
de encender una mecha en esta región y nos arrepentiremos desde
ese mismo día.”
Todo indica que Zinni no estaba equivocado, aunque el presidente George
W. Bush intentó, en su discurso del Estado de la Unión la
semana pasada, insuflar una sensación de confianza y control respecto
de Iraq y de Medio Oriente en general.
La posibilidad de una guerra civil en Iraq llegó a las portadas
de la prensa estadounidense, que también informa que algunos elementos
del gobierno de Bush impulsan, por primera vez desde mediados del año
pasado, ataques contra el Partido de Dios (Hizbola) en Líbano y
ciertos objetivos en Siria.
Al mismo tiempo, al no mencionar el conflicto árabe-israelí
en su discurso, Bush dejó en evidencia su falta de interés
en presionar por un cese de fuego bilateral, para no hablar de conversaciones
de paz dirigidas a la creación de un estado palestino.
En otras palabras, las perspectivas del territorio que abarca desde las
costas orientales del mar Mediterráneo hasta Irán son más
turbulentas — posiblemente muchísimo más — que
hace 10 meses, cuando los soldados estadounidenses avanzaron sobre Iraq
desde Kuwait.
Desde entonces, los kurdos del norte de Iraq han demandado autonomía
total, incluida la retención de su propia fuerza militar, en el
marco de una federación, lo cual despertó alarma en las
vecinas Turquía, Irán y Siria, países con gran población
kurda.
Grandes protestas convocadas por el máximo clérigo del Islam
chiita iraquí, el ayatolá Alí al-Husseini al-Sistani,
rechazaron la semana pasada el plan estadounidense de transferir la soberanía
de Iraq a un gobierno de transición sin que la ciudadanía
del país lo elija directamente en las urnas.
Esas manifestaciones dejaron en evidencia una gran organización,
convocatoria y disciplina, y despertaron en Estados Unidos la sensación
de que, cualquiera sea el avance de Washington contra la insurgencia en
el Iraq central sunnita, esa meta no se cumplirá tan rápido.
“Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] en Iraq
advierten que el país puede estar encaminándose a una guerra
civil”, indicaba, en el primer párrafo de un informe de portada,
el diario Philadelphia Inquirer la semana pasada.
Los autores del artículo, periodistas duchos en desvelar secretos
del gobierno de Bush, consideran que el fracaso de convocar elecciones
directas en Iraq podría desatar un levantamiento en la amistosa
población chiita, que representa 60 por ciento de los 24 millones
de iraquíes.
Si los chiitas se vuelven contra la coalición militar estadounidense
equivaldría a “la pérdida de apoyo de los budistas
en Vietnam”, dijo el experto en asuntos de Medio Oriente en el conservador
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Antony
Cordesman.
“Significaría perder la guerra”, agregó, como
si faltara más aclaración en la alusión a la guerra
de Vietnam que concluyó en 1974 con grandes pérdidas para
Estados Unidos.
De todos modos, las elecciones directas también encerrarían
un peligro.
“No podemos, simplemente, retirarnos y dejar a los chiitas dando
forma al nuevo gobierno, porque eso desataría una guerra civil”,
dijo el subsecretario (viceministro) de Defensa del gobierno de Bill Clinton
(1993-2001) John Hamre.
Hamre, quien en su carácter de presidente del CSIS visitó
Iraq en agosto para analizar la situación en el terreno a pedido
del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, consideró que el gobierno
está “atrapado en una caja”.
Una caja con bordes afilados. Sistani y sus seguidores han aclarado que
los chiitas, al igual que los sunitas, se oponen a un sistema federal
que daría a los kurdos la autonomía que procuran para las
áreas petroleras alrededor de Kirkuk.
Choques violentos y mortales entre combatientes kurdos y sus rivales turcomanos
y árabes residentes en Kirkuk y en el área sunita han sido
una constante desde el fin de la guerra, aunque poco divulgada por la
prensa.
El hecho de que Estados Unidos haya permitido a los kurdos conservar sus
armas no ayuda a aplacar los ánimos.
Mientras, la tensión entre chiitas y sunitas — que dominaron
el gobierno iraquí desde la independencia — aumenta desde
diciembre, cuando tres sunitas murieron en un atentado con explosivos
en una mezquita de Bagdad.
Los representantes del gobierno estadounidense aseguran estar de acuerdo
con los reclamos de elecciones directas formulados por Sistani.
Pero insisten en que no hay tiempo suficiente para organizarlas antes
del 30 de junio, una fecha decidida más para no entorpecer la reelección
de Bush que como compromiso para construir instituciones democráticas
y viables en Iraq.
Si no llegara a funcionar el complicado sistema de voto en asambleas locales
que Washington propone en para las elecciones, la opción sería
crear un Consejo de Gobierno ampliado que funcionaría como autoridad
de transición, aunque no hay acuerdo en cómo se integraría.
El gobierno estadounidense confía en la disposición a negociar
de Sistani, quien se manifestó dispuesto a seguir lo que recomienden
los expertos electorales de la Organización de las Naciones Unidas.
Myrna Mack descansa en paz
Por Jim Lobe
Washington, DC, 22 de enero (IPS)— Organizaciones de derechos
humanos de todo el mundo aplauden el restablecimiento en Guatemala de
la condena a un coronel por el asesinato de la antropóloga Myrna
Mack, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
Es el primer caso en que un alto militar acusado de violaciones de derechos
humanos cometidas en los 36 años de guerra civil en Guatemala —
en este caso, el coronel retirado Luis Valencia, autor intelectual del
asesinato de Mack — fracasa en su intento de eludir el castigo penal.
El Comité de Abogados por los Derechos Humanos (LCHR) y la Oficina
de Washington sobre América Latina (WOLA), ambos de Estados Unidos,
así como el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CJIL),
afirmaron que se treta de un triunfo para quienes luchan contra la impunidad
en Guatemala.
“Confiamos en que esta decisión marque el comienzo de un nuevo
periodo en que los violadores de derechos humanos en Guatemala sean responsabilizados
por sus acciones, sin importar su ubicación en anteriores estructuras
de poder”, dijo Neil Hicks, director del Programa de Defensores de
Derechos Humanos de LCHR.
La Corte Suprema tomó su decisión un mes después
de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno
guatemalteco pagar más de 600.000 dólares a la familia de
Mack y establecer una beca académica con su nombre, entre otras
medidas.
Fue la compensación más elevada decidida en la historia
de la Corte Interamericana, para la cual el gobierno ignoró varias
disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos al
considerar el asesinato.
El fallo de la Corte Suprema guatemalteca fue conocido menos de dos semanas
después de la investidura del nuevo presidente, Oscar Berger.
En la campaña electoral, Berger prometió tomar medidas enérgicas
contra los organismos de seguridad sospechosos de cometer violaciones
de derechos humanos o de encubrirlos durante y después la guerra
civil que concluyó con un acuerdo patrocinado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1996.
Sorpresivamente, el mandatario dio muestras de pretender cumplir con sus
promesas cuando anunció su intención de designar a la activista
indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en un
puesto oficial a cargo de controlar la implementación de los acuerdos
de paz.
Además, designó a varios activistas de derechos humanos
en una comisión presidencial especializada en la materia. El vicepresidente
Eduardo Stein es considerado un defensor de los derechos civiles e indígenas.
“Se cree que Berger representa una verdadera apertura”, dijo
la experta en Guatemala de WOLA, Adriana Beltrán, quien se manifestó
sorprendida y complacida por el fallo de la Corte Suprema a 13 años
del asesinato de Mack, guatemalteca graduada en Estados Unidos.
Investigaciones, informes, testimonios y sentencias judiciales establecieron
que la antropóloga fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, frente
a su oficina, por el sargento del ejército Noel de Jesús
Beteta, quien le propinó 27 puñaladas.
Mack investigaba entonces la destrucción y masacres de comunidades
indígenas enteras entre los años 70 y 80.
La policía informó inicialmente a la familia que había
muerto en un accidente de tránsito, y luego censuró un informe
de 60 páginas, redactado por sus propios investigadores, según
el cual se trataba de un asesinato político ordenado por una unidad
militar llamada Estado Mayor Presidencial.
Mack, que había logrado renombre internacional por sus estudios
sobre el impacto de la guerra en comunidades indígenas mayas de
su país, se convirtió así en una de las 200.000 víctimas
del conflicto armado ocurrido de 1960 a 1996.
Beteta fue condenado a 25 años de cárcel en 1993 por el
Poder Judicial guatemalteco, y en la actualidad está recluido en
la prisión de El Boquerón. Valencia han sido señalado
como autor intelectual del asesinato, junto con el general Edgar Godoy
y el coronel Guillermo Oliva.
Tras años de un tortuoso proceso judicial, Valencia fue condenado
en octubre de 2002 a 30 años de prisión, y absuelto en mayo
pasado. Godoy y Oliva resultaron absueltos en primera instancia por falta
de pruebas.
Explotación minera en el ojo del
huracán
Por Thelma Mejía
Tegucigalpa, Honduras, 10 de enero (Tierramérica)— La
concesión de licencias ambientales para expandir la explotación
minera en Honduras moviliza a poblaciones afectadas, grupos ecologistas
y alcaldías, al comprobarse debilidades de la Ley de Minería,
que pueden agravar la destrucción ambiental y la pobreza.
La primera señal fue de los pobladores del Valle de Siria, en el
central departamento de Francisco Morazán, donde extrae oro la
compañía transnacional Entremares, de origen estadounidense.
Un reciente estudio de impacto en la salud atribuye a métodos inapropiados
de explotación la aparición de enfermedades en la piel y
de calvicie en los pobladores del valle de Siria.
Según el médico Juan Almendares, director de la no gubernamental
organización Madre Tierra quien encabezó estudios efectuados
a 23 familias, muchos recién nacidos presentan problemas cutáneos,
y niñas y niños en edad escolar “están perdiendo
el cabello sin explicación”.
Los trabajos de Entremares despertaron rechazo del cardenal católico
Oscar Andrés Rodríguez, quien dos años atrás
encabezó una marcha de protesta con los pobladores, sin resultado
alguno, pues la minera continúa extrayendo oro.
Los ejecutivos de la firma niegan que exista contaminación y atribuyen
las denuncias a una campaña de desprestigio que busca frenar el
desarrollo.
Juan Carlos Elvir, alcalde de Santa Rosa de Copán, dijo a Tierramérica
que la movilización contra de las empresas mineras es tan firme
que “hasta amenazas a muerte hemos recibido”.
Los pobladores condenan el método de extracción a cielo
abierto, pues requiere cortar todos los árboles y la vegetación
de la zona, para después excavar hasta llegar a la veta donde se
encuentra el mineral buscado.
Una vez extraídas las rocas, se mezclan con ingredientes como cianuro
para liberar los metales. Esta técnica, según expertos,
es aplicable en zonas desérticas, pero en Honduras se ha practicado
en valles de vegetación frondosa.
“Ellos [las empresas] cortan de tajo un bosque o un cerro sin medir
las consecuencias ambientales. Están agotando nuestros recursos
naturales y las consecuencias las vamos a pagar quienes vivimos en la
zona o regiones aledañas”, enfatizó el alcalde.
Por su parte, Joaquín Agüero, asesor del Ministerio del Ambiente,
manifestó que el problema obedece a que la Ley de Minería,
aprobada por el Congreso tres años atrás, dio demasiadas
facultades a la Defomin.
Es un ente “totalmente desconcentrado de la Secretaría del
Ambiente y nadie lo regula ni controla”, dijo Agüero a Tierramérica.
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