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Niños afganos se van de Guantánamo
Por Jim Lobe
Washington, DC, 30 ene (IPS) - Estados Unidos liberó a
tres niños afganos luego de casi un año entre las rejas
de la base militar en Guantánamo, Cuba.
Los prisioneros de entre 13 y 15 años fueron capturados a comienzos
de 2003 en un campamento remanente del movimiento islámico Talibán,
que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001, cuando una coalición
militar encabezada por Estados Unidos lo desalojó del poder.
En la operación militar desarrollada entre octubre y diciembre
de 2001 fueron capturados cientos de supuestos miembros de Talibán
y de la organización terrorista Al Qaeda, hoy detenidos en Guantánamo.
Estados Unidos le atribuye a Al Qaeda los atentados terroristas que dejaron
3.000 muertos en Washington y Nueva York el 21 de septiembre de 2001.
La invasión fue en respuesta a ese ataque.
Los tres prisioneros fueron regresados a su país, al cuidado del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó
esta semana el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense.
“Estados Unidos hace lo correcto al devolver tres ex niños
soldados a su país para que sean rehabilitados”, dijo Jo Becker,
directora de la oficina de defensa de la infancia en la organización
de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
“Pero hay otros niños soldados aún detenidos en Guantánamo.
Ellos también tienen derecho a rehabilitación y a protección
especial”, agregó.
La organización Amnistía Internacional también aplaudió
la liberación de los niños. Esas detenciones, según
Amnistía, avergonzaban a Washington, al igual que la persistencia
de su negativa a reconocerle el derecho al debido proceso a 700 presos
en Guantánamo.
“La detención de niños como ‘combatientes enemigos’
y su interrogatorio sin los derechos básicos que deben reconocérseles
fue una significativa violación de derechos humanos”, dijo
el director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía,
William Schulz.
“La liberación de estos niños debió haberse
efectuado hace mucho, pero no libra a Estados Unidos de responsabilidad
por la continua violación de los derechos de cientos de otros detenidos,
incluido Omar Khadr, quien tenía 16 años cuando cayó
prisionero”, sostuvo Schulz.
“La amenaza de tribunales militares injustos, interrogatorios continuos
y negativa de acceso a abogados es una vergonzosa derogación de
la ley”, añadió.
Khadr, un canadiense de 16 años capturado en 2001, es el hijo de
un dirigente de Al Qaeda asesinado hace poco, y podría ser juzgado
en un tribunal militar cuando cumpla 18 años. Es acusado de matar
en Afganistán a un boina verde (comando especial de la marina estadounidense).
Los tres niños liberados estaban separados de los restantes detenidos
en Guantánamo y se les brindó actividades recreativas especiales
y educación, pero, al igual que los demás, fueron sometidos
a interrogatorio a cargo de oficiales de inteligencia.
Una cantidad no especificada de adolescentes de entre 16 y 17 años
se encuentran en Guantánamo juntos con el resto de los “combatientes
enemigos”, sin recibir los beneficios de los que gozaron los recién
liberados, lo cual contradice el derecho internacional, según Becker.
“Estados Unidos está obligado a dar rehabilitación
a cualquier niño ex combatiente dentro de su jurisdicción.
La rehabilitación no puede ocurrir en una celda en Guantánamo”,
agregó la activista. Washington ratificó en diciembre de
2002 el Protocolo Opcional de la Convención de Derechos de la Infancia,
que fija en 18 años la edad mínima para cumplir servicio
militar obligatorio o para participar en conflictos armados como combatiente.
Este tratado internacional también obliga a los gobiernos a contribuir
con la desmovilización y rehabilitación de niños
ex combatientes.
Las normas internacionales consideran a los menores de 18 un grupo particularmente
vulnerable, merecedor de cuidado y protección especial.
La detención de estos menores es un último recurso, y en
ese caso deberá separárselos de los detenidos adultos y
asegurar que mantengan contacto con sus familias, así como una
defensa adecuada.
Si son acusados de cometer crímenes de guerra, los niños
pueden ser acusados formalmente, pero se les debe suministrar asesoría
y garantizar el debido proceso, según HRW.
El tratamiento dado a Estados Unidos a los detenidos en Guantánamo
ha sido un gran punto de fricción entre Estados Unidos y sus aliados
europeos.
La Comisión Europea para la Democracia a Través de la Ley,
parte del intergubernamental Consejo de Europa, declaró a fines
del año pasado que las Convenciones de Ginebra, base del derecho
internacional humanitario, debe aplicarse a los detenidos en la base militar
en Cuba.
Pero Estados Unidos califica a los detenidos de “combatientes ilegales”,
lo cual utilizan como argumento para no procesarlos como prisioneros de
guerra.
El secretario general del Consejo, Walter Schwimmer expresó este
viernes satisfacción por la liberación de los tres menores,
y afirmó que las medidas antiterroristas que violen los derechos
humanos serán, a la postre, contraproducentes.
“No garantizaremos la seguridad de la humanidad si nuestra seguridad
no es humana”, declaró Schwimmer.
El regreso de los tres menores a Afganistán parece parte de un
proceso de devolución de prisioneros que para el gobierno estadounidense
no representan ya peligro alguno.
En total, 87 detenidos han sido liberados, y un puñado fueron entregados
a las autoridades de Arabia Saudita.
Costa Rica: Oposición social a libre
comercio con EEUU
Por José Eduardo Mora
San Jose, 26 ene (IPS) - Sindicatos y organizaciones de la sociedad
civil anunciaron este lunes que realizarán una fuerte oposición
al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, que prevé
desmonopolizar las telecomunicaciones y seguros costarricenses, hoy estatales.
La firma del acuerdo, el domingo en Washington, fue calificada de teatro
por Fabio Chaves, dirigente del Frente Interno de Trabajadores del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa estatal de telecomunicaciones,
porque en su opinión ”ya todo estaba cocinado desde diciembre”.
Para el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados
Públicos (ANEP), Albino Vargas, también era previsible que
las negociaciones concluyeran con un acuerdo que beneficia sobre todo
a los estadounidenses.
“La firma del tratado no nos sorprende. Sabíamos que los políticos
iban a entregar al ICE y al Instituto Nacional de Seguros, pero desde
ya anunciamos una lucha frontal para impedir que se ratifique el acuerdo
en el Congreso”, dijo Chaves a IPS.
El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos, aseguró
en Washington que el país había logrado ”un excelente
acuerdo”.
En criterio del funcionario, el tratado responde a las expectativas costarricenses
al aumentar el comercio con Estados Unidos, lo que promoverá “el
crecimiento económico, la inversión y nuevas fuentes de
empleo”.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, expresó
a periodistas congregados en Washington que existía complacencia
de que Costa Rica se hubiese unido “a sus vecinos centroamericanos
en el libre comercio, diseñado para expandirlo entre amigos”.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cerraron una negociación
de libre comercio con Estados Unidos el 17 de diciembre, pero Costa Rica
no adhirió a ese acuerdo, tras participar en el proceso de su discusión,
por diferencias en el ámbito agrícola y en la apertura de
telecomunicaciones y seguros.
Según el nuevo tratado bilateral, Costa Rica se compromete a la
apertura del mercado de redes privadas de datos y de Internet para el
1 de enero de 2006, y a abrir el de la telefonía celular en 2007,
así como a aprobar este año una ley de “modernización”
del ICE.
En seguros la apertura será total en 2011, pero en enero de 2005,
cuando se prevé que el tratado entre en vigencia, se legalizaría
la compra de seguros en el extranjero.
En 2008 se permitiría el establecimiento en Costa Rica de compañías
transnacionales que ofrecerán todos los seguros voluntarios, y
en 2010 se abrirá la competencia para seguros obligatorios.
Representantes del Frente Interno de los Trabajadores del ICE y de otros
grupos, entre ellos el Comité de Defensa de la Institucionalidad
y la ANEP, se reunieron hoy en San José para definir medidas inmediatas
de oposición al tratado.
Esos grupos están convencidos de que dadas las circunstancias el
“próximo escenario de confrontación serán las
calles”, como sucedió en abril de 1999 cuando miles de costarricenses
salieron a manifestarse en contra de la apertura del mercado de telecomunicaciones
en manos del ICE, impulsada por el presidente Miguel Angel Rodríguez
(1998-2002).
En aquella oportunidad, el gobierno retiró la iniciativa del plenario
legislativo, donde ya había sido aprobada en primer debate.
“La apertura de las telecomunicaciones es inmediata, lo cual atenta
contra los intereses nacionales. En Europa, por ejemplo, se dio la apertura
pero con un plazo de doce años. Se abre el mercado debido a las
presiones de la derecha costarricense”, alegó Chaves.
Abrir ese mercado sólo busca “favorecer a las grandes empresas
transnacionales” en América Latina, en perjuicio de los consumidores,
sostuvo.
“A grandes intereses, grandes riesgos, por eso los sectores que adversamos
el TLC estamos dispuestos a convocar a una huelga nacional de brazos caídos
para impedir que el acuerdo se ratifique en la Asamblea Legislativa”,
anunció el sindicalista.
Vargas aseguró que lo procedente ahora ”es un referéndum
en las calles”, y que si en 1999 hubo oposición a la “entrega”
del ICE, ahora tendrá que ser mucho mayor.
La confrontación de los sectores sociales será inevitable,
dados los perjuicios que acarreará el tratado con Washington, pronosticó.
Vargas llamó la atención sobre lo relacionado con la compra
de medicamentos genéricos (equivalentes a otros con marca registrada)
por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual se topará
con prohibiciones de 5 a 10 años, y adujo que eso pondrá
a la institución en una situación grave.
“El tema de la propiedad intelectual nos preocupa muchísimo,
porque en el caso de la adquisición de medicamentos tendrá
un impacto social muy grande”, dijo Vargas.
El secretario de la ANEP añadió que el tratado también
podría implicar el desmantelamiento del estatal Instituto de Acueductos
y Alcantarillados, aunque aún se desconoce si el acuerdo con Washington
abarca el tema del agua.
Para Rodrigo Carazo, ex presidente de Costa Rica (1978-1982) y actual
presidente del Comité de Defensa de la Institucionalidad, el tratado
es un “misterio y una amenaza”, debido a que hasta ahora los
costarricenses desconocen los términos de las negociaciones.
Trejos ratificó este lunes que el texto del acuerdo estará
disponible para los costarricenses a partir de la próxima semana.
Durante las negociaciones, que comenzaron el 27 de enero de 2003, diversos
sectores, entre ellos los diputados del Partido Acción Ciudadana,
reclamaron con insistencia y sin éxito la difusión del texto
que se discutía.
Representantes de los cultivadores de cebolla y papa lograron que esos
productos fueran excluidosdel libre comercio, pero no consiguieron el
mismo resultado, pese a procurarlo hasta el último día de
negociacione, los productores de pollo, cerdo, lácteos, aceite
comestible y arroz.
Los arroceros son el sector agrícola que más descontento
queda con el acuerdo, pues temen la posible competencia de importaciones
masivas.
Se fijó un plazo de 20 años para la desgravación
total de algunas importacines, entre ellas las de leche, y se acordaron
“salvaguardas especiales” y otros mecanismos de protección
para elevar los aranceles a productos agrícola cuando aumente mucho
su importación.
Costa Rica mantendrá los beneficios que le reporta la Iniciativa
para la Cuenca del Caribe, mediante la que vende a Estados Unidos , sin
pagar aranceles, banano, piña, melón y otros productos.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica dijo estar satisfecha con
el acuerdo, y por medio de su vicepresidente, Sergio Navas, instó
a sus miembros a aprovechar las ventajas que conlleva el acceso ampliado
al mercado estadounidense.
En cuanto al ingreso al país de productos industriales y agroindustriales
de origen estadounidense, se establecieron plazos de 10 a 15 años,
lo que fue calificado de favorable por la Cámara Costarricense
de la Industria Alimentaria.
Uno de los sectores costarricenses que no quedaron muy satisfechos fue
el textil, que no logró la apertura del mercado estadounidense
que esperaba, debido a férrea oposición de las empresas
norteamericanas, convencidas de que se exponían a competencia de
mano de obra barata en Costa Rica.
Para que el tratado entre en vigencia, debe ser aprobado por los poderes
legislativos de los Estados parte, donde también existe oposición
al acuerdo.
La Federación Estadounidense del Trabajo-Confederación de
Organizaciones Industriales, principal central sindical estadounidense,
ya se manifestó en contra del acuerdo, al igual que congresistas
del opositor Partido Demócrata.
De igual manera, organizaciones religiosas y humanitarias como la filial
estadounidense de Oxfam, y académicas, como la Oficina de Washington
para América Latina se oponen a la ratificación del tratado.
Sindicatos y otras organizaciones sociales prevén que la oposición
al acuerdo aumentará y comenzará a expresarse en las calles
desde abril.
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