Globalizacion: ¿Culpable o inocente?

Por Gustavo Capdevila

Ginebra, 21 de febrero (IPS)-- Una de las definiciones más provocativas de la globalización es la del ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, quien sostuvo que “en realidad es otro nombre para el papel dominante de Estados Unidos”.

De ese tenor y a veces igualmente irritantes son muchas opiniones escuchadas en los últimos años, que ubicaron al fenómeno entre los temas debatidos con mayor ardor en la agenda política de actualidad, reconoció la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, identificó los dos tipos de pareceres más extendidos en la materia.

Unos ven a la globalización como una fuerza irresistible y provechosa para repartir la prosperidad económica entre los pueblos del mundo. Para otros, es el origen de todas las calamidades contemporáneas, resumió.

Halonen y el presidente de Tanzania, Benjamin William Mkapa, comparten la presidencia de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada hace dos años por la OIT con la misión de transformar la apasionada polémica en un diálogo.

Con los dos Jefes de Estado han colaborado otros 19 miembros de la comisión, procedentes de distintas partes del mundo y de ámbitos diversos, entre ellos gobiernos, partidos, parlamentos, empresas nacionales y transnacionales, sindicatos, universidades y grupos de la sociedad civil.

La labor de esa comisión, que esta semana ha llegado a su fin, abarcó también la elaboración de propuestas sobre las condiciones necesarias para que los beneficios de la globalización puedan alcanzar a un número mayor de personas.

Por esos contenidos, que incluyen un diagnóstico del aspecto humano de los efectos de la globalización y un esbozo de políticas que se consideran respuestas adecuadas, la aparición del dictamen de la comisión ha despertado expectativa internacional.

La presentación del documento, denominado “Por una globalización justa; crear oportunidades para todos”, se efectuará este martes en Londres, con participación de los dos copresidentes de la comisión y del director general de la OIT, el chileno Juan Somavía.

El texto del documento, mantenido por la OIT en la mayor reserva, será distribuido en los tres idiomas de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): español, francés e inglés. Un resumen del informe se divulgará de manera simultánea en las otras tres lenguas oficiales del foro mundial: árabe, chino y ruso.

Mpaka adelantó esta semana, en medios de prensa africanos, que el informe se ocupa de “percepciones y de hechos”.

El trabajo trata de identificar formas innovativas que permitan otorgar coherencia, sustentabilidad y refuerzo mutuo a los objetivos económicos, sociales y ambientales de la globalización, dijo el presidente tanzanio.

A su vez, Halonen anticipó en noviembre algunos aspectos de la visión de los miembros de la comisión, quienes sostienen en principio que “el rumbo actual de la globalización debe cambiar”.

Ese reclamo de la comisión se funda en la comprobación de que “la presente situación (de la globalización) no es ética, ni es políticamente factible” mantenerla.

Muy pocos comparten sus beneficios, y son demasiados los que carecen de voz en su diseño y de influencia sobre su trayectoria, explicó la presidenta de Finlandia.

Los miembros de la comisión aspiran a convertir la globalización en una fuerza para acrecentar la libertad y el bienestar de hombres y mujeres, y para aportar democracia y desarrollo a las comunidades, explicó.

De las precisiones de los dos copresidentes y de comentarios de otros miembros de la comisión se desprende que el documento de la OIT asume la posición de un sector mayoritario que considera irreversible el fenómeno.

El texto, que constituye la primera contribución de un organismo independiente internacional al estudio de la globalización, contiene sin embargo propuestas para mejorar el polémico proceso.

La comisión ha estado integrada también por el economista Giuliano Amato, ex primer ministro de Italia; la académica brasileña Ruth Cardoso, dirigente de asociaciones de lucha contra la pobreza, y la economista y parlamentaria egipcia Heba Handoussa.

Otros participantes fueron la abogada Eveline Herfkens, ex ministra de Desarrollo de Holanda, la asesora financiera Ann McLaughlin Korologos, ex secretaria (ministra) de Trabajo de Estados Unidos, y el economista Lu Mai, secretario de la Fundación China de Investigaciones para el Desarrollo.

La diplomática rusa Valentina Matvienko, actual gobernadora de San Petesburgo, el economista indio Deepak Nayyar, vicerrector de la Universidad de Nueva Delhi, y el empresario japonés Taizo Nishimuro, presidente del consejo de administración de Toshiba Corporation, formaron parte del grupo.

Otro empresario, el francés Francois Perigot, presidente de la Organización Internacional de Empleadores; un político tailandés, Surin Pitsuwan, ex ministro de Asuntos Exteriores, un ex presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, y el economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia de Lima, fueron miembros de la comisión.

Junto con ellos trabajaron el economista estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001; el sindicalista estadounidense John Sweeney, líder de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (más conocida por sus siglas en inglés, AFL-CIO), la mayor central sindical de su país, y la activista indígena filipina Victoria Tauli-Corpuz, directora de la Fundación Tebtebba.

La lista se completa con la escritora maliense Aminata Traore, una de las organizadoras del primer Foro Social Africano, el dirigente obrero Zwelinzima Vavi, secretario general del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, y el científico y legislador alemán Ernst Ulrich von Weizsaecker, presidente de la comisión del Bundestag (parlamento de Alemania) sobre la globalización de la economía mundial.

Israel alimenta tráfico de órganos humanos

Por Mario Osava

Rio de Janeiro, Brasil, 21 de febrero (IPS)— Al menos 30 ciudadanos de Brasil vendieron sus riñones a una red de traficantes de órganos que hacía transplantes en Sudáfrica y tenía en Israel su principal fuente de financiación.

Esta es una de las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del nororiental estado brasileño de Pernambuco, que inició sus trabajos en diciembre y ayudó a revelar casos concretos del esquema criminal junto con la justicia y la policía federal.

Dos ciudadanos israelíes, Gedalya Tauber y Eliezer Ramon, y seis brasileños están detenidos en Recife, capital de Pernambuco, acusados de ser integrantes activos del grupo que reclutaba a “vendedores” de riñones, informó a IPS el legislador Raimundo Pimentel, presidente de la CPI.

Los aspirantes a vender sus órganos eran llevados a la ciudad sudafricana de Durban, donde las operaciones de transplante se efectuaban en el hospital Saint Augustine. Los receptores eran principalmente israelíes que reciben de sus seguros de salud entre 70.000 y 80.000 dólares para cirujías en el exterior, en caso de necesidad.

Los brasileños, reclutados en barrios pobres de Recife, empezaron por recibir 10.000 dólares por cada riñon, pero la gran oferta hizo bajar el precio a 3.000 dólares, según Pimentel, médico cirujano y diputado de la Asamblea Legislativa de Pernambuco.

Las informaciones obtenidas por la CPI indican que esa red también comprendía a “donantes” rusos y rumanos y benefició a enfermos renales de Estados Unidos e Irán, además de israelíes.

En Brasil el comercio de órganos es un delito punido con hasta ocho años de prisión, por una ley aprobada en 1997. En caso de muerte de quien vende su órgano, la pena puede elevarse a 20 años. Incluso quien oferta puede ser encarcelado por tres a ocho años.

La donación de órganos es voluntaria y los aspirantes a recibirlos se inscriben en una lista de espera, cumpliendo criterios de urgencia y compatibilidad, lo cual evita que exista un mercado en el que sólo los más ricos serían beneficiados.

Tauber, un policía jubilado israelí, confesó ante los diputados haber iniciado la búsqueda de “donantes” en Recife casi dos años atrás, atendiendo el pedido de un compatriota que promueve transplantes fuera de Israel.

Un capitán retirado de la Policía Militar de Pernambuco, Ivan Bonifacio da Silva, uno de los brasileños detenidos, fue su primer socio en la red. Ambos se conocieron en un curso para policías en Estados Unidos y también crearon una empresa en Holanda, supuestamente para el comercio de armas y entrenamiento de empresas privadas de seguridad.

Tauber declaró que no imaginaba estar cometiendo un delito, ya que se trataba de una operación legal relacionada con el gobierno de su país y, además, constituía un doble beneficio: salvaba la vida de enfermos crónicos y ofrecía un ingreso para gente “muy pobre, que muere de hambre”.

La embajada de Israel emitió una nota el martes negando la participación de su gobierno en el comercio ilegal de órganos. Pero admitió que sus ciudadanos, en casos de emergencia, pueden hacer transplantes fuera del país, “de manera legal, cumpliendo las normas internacionales”, y con apoyo financiero de su seguro médico.

La postura israelí es por lo menos “antiética”, calificó Pimentel, pues el tráfico sólo se hace posible en forma masiva si cuenta con una fuente importante de recursos, en este caso el sistema de salud de Israel.

La experta estadounidense Nancy Scheper-Hughes, que dirige el proyecto Organs Watch de la Universidad de Berkeley, en California, prestó un testimonio a la CPI de Pernambuco, señalando que la red internacional de tráfico de órganos empezó hace 12 años, impulsada por el cirujano Zacki Shapira, ex director de un hospital en Tel-Aviv.

Más de 300 transplantes de riñones fueron hechos por Shapira, a veces acompañando pacientes a otros países, como Turquía. Los receptores son muy ricos o cuentan con buenos seguros médicos y los “donantes” son personas muy pobres de Europa oriental, Filipinas y otros países en desarrollo, aseveró Scheper-Hughes, cuya especialidad es la antropología médica.

Según relató Pimentel a IPS, la investigadora dijo haber observado en Israel un extendido convencimiento de que ese comercio “salva vidas y ayuda a los pobres”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que se refiere a la prevención, represión y sanción de la trata de seres humanos, incluye en su definición de la explotación humana la extirpación de órganos.

También la Organización Mundial de la Salud condenó la práctica de venta de partes del cuerpo humano, prohibió la publicidad de órganos a cambio de un precio y estableció el principio de igualdad respecto de las donaciones.

La venta de órganos es ilegal en buena parte del mundo. “Pero las sanciones en un país pueden estimular el tráfico en un país vecino. Los pacientes ricos están dispuestos a viajar largas distancias para obtener un transplante”, afirma un artículo de Scheper-Hughes titulado “El nuevo canibalismo”.

“El pago por órganos y tejidos para donación y transplante debe estar prohibido. El incentivo económico compromete el carácter voluntario de la decisión y la base altruista de la donación de órganos y tejidos”, afirma una resolución de la Asociación Médica Mundial, de noviembre de 2000.

“Los órganos que se sospeche hayan sido obtenidos a través de una transacción comercial no se deben aceptar para un trasplante”, añade el documento.

Además de desmantelar la mafia en Pernambuco, las investigaciones de la CPI, la policía y la justicia revelaron las condiciones necesarias al tráfico masivo de órganos. Los recursos de Israel “fueron el factor determinante” para operar la red, sostuvo Pimentel.

Sin embargo, en su opinión, no tienen sentido los rumores que aterrorizan a muchas comunidades desde hace algunos años, sobre un tráfico generalizado y sobre niñas o niños secuestrados que aparecen pocos días después sin un riñón u otro órgano.

El tráfico de órganos exige muchos recursos financieros y técnicos, por los problemas de compatibilidad entre donante y receptor, y las cirujías no se hacen en cualquier hospital, argumentó.

Según informaciones que maneja la CPI, algunas cirujías practicadas en Durban costaron 200.000 dólares. Un paciente que gasta tanto no aceptaría un transplante sin excelentes condiciones y un éxito prácticamente seguro, concluyó el cirujano y diputado.