Aristide acusa

Por Julio Godoy

Paris, Francia, 15 de marzo (IPS) — Antes de partir este lunes desde República Centroafricana hacia Jamaica, el ex presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, acusó ante un tribunal francés a los gobiernos de Estados Unidos y Francia de haberlo derrocado y forzado al exilio.

La demanda presentada por un equipo internacional de abogados ante un tribunal de París afirma que existió una conspiración de esas dos potencias para derrocar a Aristide, asediado durante varias semanas por una insurgencia armada, y que el presidente haitiano fue obligado a abandonar la capital Puerto Príncipe y partir hacia República Centroafricana.

En Bangui, capital de ese país africano, el abogado estadounidense Ira Kurzban se reunió con Aristide para discutir la estrategia legal a seguir. Kurzban y su socio francés Gilbert Collard anunciaron luego en París que demandarían a los gobiernos de Estados Unidos y Francia.

En la petición judicial, los abogados afirman que en la noche del 28 al 29 de febrero pasado, el embajador de Estados Unidos James Foley se reunió con el primer ministro haitiano Yvon Neptune, y que éste declaró tras la reunión que la situación era “extremadamente preocupante”.

Más tarde esa noche, el vice-embajador estadounidense Luis Moreno, acompañado por seis agentes especiales, se reunió con Aristide. Bajo presión de Moreno, sostiene la demanda, el presidente firmó una carta que decía: “Si mi renuncia puede evitar un baño de sangre, acepto dejar el poder en la esperanza de que triunfe la vida, y no la muerte”.

Moreno guió luego a Aristide hacia un avión que lo llevo a él y a su esposa hacia República Centroafricana.

Estados Unidos y Francia, que habían dejado a Aristide abandonado a su suerte mientras insurgentes dirigidos por ex líderes paramilitares sembraban el caos en Haití, decidieron luego de la partida del presidente desplegar tropas en ese país caribeño, para “restaurar el orden”.

Aristide culpa ahora a Foley, a Thierry Burkard, embajador de Francia en Haití, a su predecesor Yves Gaudel, y a los enviados especiales Régis Debray y Veronique Albanel, hermana del canciller francés Dominique de Villepin, de conspirar para derrocarlo.

Albanel y Debray, un escritor que se hizo famoso por su estrecha relación con el revolucionario argentino Ernesto “Che” Guevara durante la fracasada campaña guerrillera de éste en Bolivia, fueron designados enviados especiales de Francia a Haití el año pasado. Ambos negociaron con Aristide formas de poner fin a la crisis política en el país caribeño.

Debray presidió el “comité de deliberación sobre las relaciones franco-haitianas”, creado por el gobierno francés. Albanel, presidenta de la desconocida organización no gubernamental Fraternidad Universal, era miembro del comité.

Hervé Ladsous, portavoz de la cancillería francesa, justificó la participación de Albanel con el argumento de que “varias personalidades fueron invitadas a participar en las deliberaciones” debido a su “experiencia profesional”.

Collard sostiene que Debray y Albanel presionaron al presidente haitiano para que renunciara y abandonara el país. “El gobierno de Estados Unidos quería derrocar a Aristide, y el gobierno de Francia hizo de cómplice”, declaró el abogado a la prensa.

Según Collard, la carta de renuncia de Aristide es inconstitucional. “Aristide estaba rodeado de agentes extranjeros fuertemente armados, y en medio de la noche”, recordó.

Además, el avión que sacó a Aristide y su esposa de Haití pertenece al gobierno de Estados Unidos.

“Los secuestros de Aristide y su esposa fueron cometidos por funcionarios de Estados Unidos, aparentemente por orden del vice-embajador estadounidense Luis Moreno, y muy probablemente del secretario de estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Roger Noriega, del secretario de Estado (canciller) Colin Powell y del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld”, dijo Kurzban a la prensa en París.

Hasta mediados de febrero, tras varias semanas de enfrentamiento armado entre el gobierno y la oposición, ni Washington ni París pedían la renuncia de Aristide. Francia reclamaba una misión internacional de paz, mientras que Powell decía que, aunque Aristide era incompetente y corrupto, había sido elegido en forma democrática y no debía ser obligado a renunciar.

Pero el 25 de febrero, De Villepin urgió abiertamente al presidente haitiano a dimitir. “Aristide tiene una gran responsabilidad en esta situación. Su gobierno está estancado, y más allá de toda norma constitucional”, declaró el canciller en París ese día.

Tres días después, Washington se plegó a la nueva posición francesa, y ése fue el último día de Aristide en la presidencia.

Ante el avance de los rebeldes, Aristide pidió a comienzos de febrero reforzar su guardia personal, que estaba a cargo de la firma estadounidense Steele Foundation.

Pero la empresa rechazó el pedido. Según un diplomático citado por el diario francés Le Monde, “una llamada telefónica de Washington a San Francisco (la sede de Steele Foundation) arregló el asunto”.

“Los marines de Estados Unidos no irán a rescatar a sus hombres (los guardias de Aristide) si son atacados por los rebeldes”, advirtió Foley a Steele Foundation, según Le Monde.

Varios informes de prensa sugirieron que la postura de París contra Aristide fue una respuesta a amenaza del presidente haitiano de demandar compensación ante un tribunal internacional por el precio que los ex esclavos haitianos debieron pagar para obtener la independencia en 1804. El diario Le Parisien estimó que la compensación demandada ascendería a 28.000 dólares.

La cooperación de Francia y Estados Unidos va más allá del despliegue militar en Haití tras la salida de Aristide. Ambos gobiernos bloquean los intentos de investigar las circunstancias que rodearon la renuncia de Aristide.

El regreso de Aristide a la región del Caribe causó polémica en Haití y en la comunidad internacional.

La versión oficial es que Aristide viajó a Jamaica para reunirse con su familia, pero los detractores del ex presidente aseguran que su presencia en un país vecino puede volver más volátil la situación en Haití.

Terrorismo, elecciones y fantasmas en España

Por Diana Cariboni

Montevideo, España, 15 de marzo (IPS) — Fueron cuatro días sin aliento en España: con inusitada crudeza el terrorismo se convirtió en un actor capaz de cambiar el rumbo de un proceso electoral, y puso a prueba los anticuerpos sociales contra el ocultamiento y la manipulación.

En las elecciones generales del domingo, el gobernante Partido Popular (PP) perdió 35 escaños y su mayoría absoluta. A juzgar por las encuestas previas, su derrota no se hubiera dado de no mediar la masacre del jueves en los trenes de Madrid.

Se confirme o no que los perpetradores fueron extremistas islámicos, muchos consideraron que la tragedia no habría ocurrido si el gobierno español no se hubiera involucrado en “la guerra contra el terrorismo” que comanda el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Más que Mariano Rajoy, el candidato del PP, el castigado es el hasta ahora presidente de gobierno José María Aznar, quien será recordado por su incondicional apoyo a Bush en los preparativos de la guerra a pesar de las protestas mayoritarias de toda España.

Diez militares y dos periodistas españoles han muerto en Iraq. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero de 2003, el 83 por cierto de los españoles estaba en contra de la invasión.

Pero muchos votantes también se consideraron estafados por cómo el gobierno manejó la información sobre la investigación del atentado. Dio la impresión de que intentaba capitalizar electoralmente el atentado, en el que murieron al menos 200 personas y más de 1.500 fueron heridas.

Durante más de 48 horas (las cruciales para que muchos ciudadanos decidieran su voto), el gobierno sostuvo que ETA, el grupo terrorista que es sinónimo del mal en España, era el responsable de la carnicería, a pesar de que los indicios que apuntaban progresivamente en otra dirección.

El jueves mismo parecía improbable que un ataque de esa envergadura se aclarara de inmediato, a menos que sus perpetradores quisieran darse a conocer de forma fiable.

Pero estaba claro que apenas un indicio firme de que el terrorismo islámico se cobraba, a su modo, la participación de España en la invasión de Iraq iba a tener efectos devastadores para el PP en las elecciones que se preparaba para ganar.

Desde ese jueves, el gobierno (por boca de su ministro del Interior, Ángel Acebes) repitió machaconamente que ETA era, indudablemente, la responsable.

Todos los diarios titularon sus ediciones de ese día con variaciones de “Masacre de ETA”. El jueves por la tarde, varios corresponsales extranjeros en España recibieron llamadas de alguien que se identificó como funcionaria del Palacio de La Moncloa (sede del gobierno) para darles “razones” por las que debían considerar a ETA autora del atentado.

“Nos dio tres: la primera, que nadie había reivindicado, y ETA tarda varios días en hacerlo. La segunda, que el explosivo era habitualmente utilizado por ETA. La tercera, que ETA no avisa nunca antes de los atentados”, dijo Henk Boom, quien trabaja para los diarios De Tijd (belga) y Het Financieele Dagblad (holandés).

Las llamadas comenzaron varias horas después de que la policía española hallara un vehículo en Alcalá de Henares con detonadores y una cinta con versículos del Corán en árabe.

Preocupado por lo que más de un periodista consideró una presión del gobierno, el Círculo de Corresponsales Extranjeros se reunirá este lunes para tratar el caso, aunque La Moncloa haya negado cualquier intento de coaccionar a la prensa.

La campaña electoral quedó oficialmente cerrada por decisión de todos los partidos. Pero ésta continuó soterrada, bajo la forma de lo que se investigaba y lo que se informaba.

Al intento gubernamental ayudó la televisión estatal, cuyos periodistas adoptaron desde las primeras horas del jueves el latiguillo “el atentado de ETA”.

En la consigna convocando a las manifestaciones del viernes en repulsa al atentado, formulada por el gobierno, se añadió la defensa de “la Constitución”, que desde varios sectores nacionalistas se pretende reformar. A esas marchas acudieron 12 millones de personas.

“La televisión española estuvo difundiendo imágenes de la manifestación en Madrid y enfocando durante varios minutos pancartas que decían ‘Una nación entera y una sola bandera’, pero nunca las de ‘No a la guerra, sí a la paz’ ”, dijo en un artículo difundido por Internet la periodista española Lucía Etxebarría.

Según Etxebarría, el diario El Mundo no le publicó un artículo en el que criticaba la tesis gubernamental a pesar de que se lo había solicitado.

El sábado, todavía Acebes se decía “convencido” de que las nuevas pistas probarían la autoría de ETA, mientras el candidato Rajoy tenía la “convicción moral” de que fue ETA.

Mientras en España se hablaba de ETA, el resto del mundo miraba otra película, quizás movido por sus propios fantasmas, quizás porque pudo ver de lejos, en esos trenes destrozados, las señales inquietantes de la mano del terrorismo islámico.

En Israel, la noticia de los atentados se dio acompañada de la autoría de Al Qaeda, la red terrorista que se atribuyó los taques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.

Funcionarios de inteligencia y periodistas de Estados Unidos vincularon rápidamente las explosiones casi simultáneas con gran poder devastador al estilo de Al Qaeda, conducida por el saudita prófugo Osama bin Laden.

Hasta en Buenos Aires las amas de casa llamaban a las radios para comentar su impresión de que era Al Qaeda, y no ETA, la responsable de tanto horror. Y lo mismo repetían los españoles residentes en Argentina que se reunieron el viernes a repudiar la tragedia.

Los argentinos aún no se reponen de los atentados explosivos contra la sede de la embajada de Israel, en 1992, y de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), en 1994, en los que murieron 85 personas.

Una cortina de humo y pistas falsas, en parte abonadas por el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), ha impedido hasta ahora hallar a los autores intelectuales de esos crímenes, aunque el móvil estuvo claro desde el principio: propinar desde el extremismo árabe golpes a intereses israelíes.

Para el sábado, cuando varios miles de personas se concentraron ante las sedes del PP en Madrid, Bilbao, Santiago, Barcelona, Gijón, Zaragoza y otras ciudades para reclamar al gobierno la verdad, ya se habían sumado dos desmentidos de ETA.

“¿Quién ha sido?” y “mentirosos”, clamaba la multitud, pese a que las convocatorias llamaban a manifestarse en silencio, pues el sábado era la jornada de reflexión previa a los comicios.

El ambiente de crispación era tal que, en Pamplona, un policía mataba a balazos otra persona tras una discusión sobre los atentados.

Fue entonces cuando el gobierno informó de la aparición de un vídeo dejado en una papelera cerca de una mezquita de Madrid, en el que un hombre auto identificado como el portavoz militar de Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani, reivindica en árabe las explosiones de Atocha.

“Es una respuesta a su colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que han causado en el mundo y en concreto en Iraq y en Afganistán, y habrá más si Dios quiere”, decía el mensaje.

Ya las autoridades habían detenido a cinco extranjeros (tres marroquíes y dos indios) sospechosos de colaborar con el ataque. La tesis ETA se desmoronaba.

El domingo, el PP perdió el poder a manos de su adversario, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que logró el 43 por ciento de los votos y que había sostenido su oposición a la guerra en Iraq.

La concurrencia a las urnas fue la mayor de los últimos 29 años.