Cambió el presidente pero no la orientación

Análisis de Franz Chávez

La Paz, Bolivia, 1 de abril (IPS)-- Muchos actores de la rebelión popular que empujó a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar en octubre a la presidencia de Bolivia, esperaban que el modelo de apertura económica cesara con su partida. Ahora ven que su sucesor, Carlos Mesa, mantiene esa orientación con apoyo de los mismos partidos.

Los líderes de aquella movilización apoyaron a Mesa para reemplazar constitucionalmente a Sánchez de Lozada, con la condición de que cambiara el rumbo de apuesta al libre mercado, emprendido el 29 de agosto de 1985 mediante el emblemático decreto 21060, del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), asesorado por el economista estadounidense Jeffrey Sachs.

Ese decreto liberalizó el mercado de cambios, desreguló por completo las relaciones laborales, congeló los salarios, aumentó las tarifas y los precios de combustibles, y estableció un arancel único para favorecer las importaciones, entre otras medidas de gran impacto social.

Así se buscó poner fin a cuatro años de disminución del producto interno bruto, con hiperinflación y altos niveles de déficit fiscal y endeudamiento interno, y se abrió paso a la apertura de mercados; las privatizaciones y una reforma financiera que redujo el papel del Estado en el sector.

El año pasado, la ciudad de El Alto, contigua a La Paz y el espacio urbano con mayores índices de pobreza del país, fue también el escenario de la mayor resistencia social a la exportación de gas natural a Estados Unidos, y esa protesta, que derribó al gobierno, representó de algún modo, los rechazos sociales a una política económica que desde 1985 logró estabilidad monetaria pero no satisfizo las expectativas de crecimiento económico y empleo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza medida en función del nivel de ingreso afectó a 65 por ciento de la población en 2002, y el salario mínimo nacional para empleados públicos es sólo 50 dólares.

Desde hace un mes, Mesa intenta modificar la Ley de Hidrocarburos, que fue uno de los blancos de las protestas de 2003. Su intención declarada es aumentar gradualmente la carga tributaria a las empresas petroleras, del actual 18 por ciento a 50 por ciento sobre su producción total.

Pero la entrada al Congreso del proyecto ha sido bloqueada por presión de los partidos hegemónicos en los últimos 22 años y de firmas petroleras extranjeras, entre ellas españolas, británicas y estadounidenses.

Los empresarios del sector petrolero alegan, contra el aumento de impuestos, que han invertido 3.600 millones de dólares en búsqueda de hidrocarburos de 1996 a 2003, a razón de 450 millones de dólares por año. Esa cifra es considerable en relación con la inversión estatal anual, de unos 500 millones de dólares.

Según el Viceministerio de Industria, en el periodo 1998-2002 la inversión extranjera directa en el país ascendió a 4.745 millones de dólares, liderada por Estados Unidos con 1.703 millones de dólares, seguido por Argentina con 538 millones de dólares.

Pero esas inversiones no han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de la población, y el país debe recuperar independencia en la relación con organismos financieros y firmas transnacionales, dijo a IPS el director de la empresa de análisis independiente Econométrica, Rolando Morales.

También es preciso que el Estado se fortalezca con iniciativas de promoción del crecimiento económico y el desarrollo, y revise las privatizaciones realizadas por Sánchez de Lozada, opinó.

El propio Banco Interamericano de Desarrollo propone que el Estado asuma un papel protagónico en el impulso a los sectores productivos, que en Bolivia debería incluir fortalecimiento del sector agropecuario, transferencia de tecnología, movilización del crédito, solución a la propiedad de la tierra y mayor dinámica en el mercado laboral, enumeró el analista.

El parlamentario Jerjes Justiniano, ex candidato a la presidencia por el Partido Socialista, dijo a IPS que las protestas de 2003 demostraron el “fracaso” del modelo neoliberal, y el de los partidos que lo promueven desde 1985.

Sin embargo, el ex presidente Sánchez de Lozada, cinco meses después de su renuncia y su alejamiento de la política boliviana, consigue derrotar a Mesa, en la medida en que éste pacta con los partidos que apoyaban a su antecesor y les reparte cuotas de poder, comentó.

Con la finalidad de hallar un espacio de gobernabilidad, y tras fracasar en sus intentos de modificar la Ley de Hidrocarburos y crear un impuesto a las transacciones financieras, Mesa se reunió con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que le ofrecieron su apoyo.

Justiniano aseguró que ese acuerdo se basa en el mantenimiento de la participación de ambos partidos en el control de las instituciones públicas y la distribución de cargos importantes en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, las superintendencias sectoriales y la estatal empresa petrolera YPFB.

La semana pasada, el MIR y el MNR amenazaron con una censura al ministro de Desarrollo Económico, Javier Nogales, quien los acusó de exigir empleos en el sector público a cambio de la aprobación del impuesto a las transacciones financieras.

El jefe de la bancada del MIR en la Cámara de Diputados, Rafael Oviedo, negó que hubiera presiones de ese tipo sobre Mesa y dijo a IPS que su partido apoya el proceso democrático.

Para Justiniano, es un error de Mesa consolidar una alianza con los partidos tradicionales en vez de un pacto con la población, sonde cuenta con 74 por ciento de aprobación según encuestas de opinión.

“El pueblo está dispuesto al sacrificio, pero espera que el gobierno haga cambios para mejorar su futuro”, afirmó Morales.

Ley antiterrorista sirve para todo

Por Ranjit Devraj

Nueva Delhi, India, 1 de abril (IPS)-- Miembros de comunidades minoritarias y opositores políticos de India acusaron al gobierno de perseguirlos mediante una aplicación abusiva de la Ley de Prevención del Terrorismo, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Mohammed Haneef Abdul Razak Sheikh afirmó que estuvo detenido en virtud de esa ley por distribuir alimentos entre las víctimas de la persecución antiislámica que tuvo lugar en el occidental estado de Gujarat hace dos años.

Además, señaló, los 287 detenidos en el marco de la ley antiterrorista en Gujarat tras la violencia fueron musulmanes.

Los hindúes constituyen 83 por ciento de los 1.000 millones de habitantes de India, y los musulmanes forman la mayor de las minorías religiosas, con 11 por ciento.

La persecución antiislámica en Gujarat comenzó luego de que una turba de musulmanes matara en febrero de 2002 a 59 hindúes al incendiar en la localidad de Godhra un tren lleno de fieles que regresaban de la ciudad de Ayodhya, donde pretendían construir un templo sobre las ruinas de la mezquita de Babri, demolida por fundamentalistas hindúes 10 años antes.

Las represalias contra los musulmanes dejaron más de 2.000 muertos y 500.000 desplazados.

Activistas de derechos humanos y dirigentes islámicos acusaron al gobierno estadual encabezado por el hinduista Baratiya Janata Party (BJP), el partido que encabeza la coalición federal de gobierno, de tolerar e incluso alentar la persecución antiislámica.

La esposa de Sheikh, Yasmeen, afirmó que antes de la detención de su marido, la policía fue a su casa, y al no encontrarlo, detuvio al hermano de Sheikh y lo arrastraron hacia afuera, además de cometer abusos contra otros miembros de la familia y saquear la vivienda.

Sheikh fue una de las personas que ofrecieron testimonio en marzo en un tribunal popular organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una coalición de activistas.

“En los últimos dos años, la Ley de Prevención del Terrorismo fue utilizada contra jóvenes, viejos, ‘dalits’ (personas fuera del sistema de castas), comunidades adivasi (aborígenes), mujeres, opositores políticos y aquelos que luchan por sus derechos socioeconómicos”, afirmó Colin Gonsalves, uno de los organizadores del tribunal.

La ley, aprobada en India en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se usa para arreglar cuentas políticas y para perseguir a minorías religiosas y étnicas, concluyó el tribunal.

Luego de escuchar los testimonios, el abogado Ram Jethmalani, que era ministro de Leyes al momento de la aprobación de la ley, admitió que se equivocó al apoyar la medida en abril de 2002.

“Apoyé la aprobación de la ley porque había que cumplir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ahora me arrepiento”, declaró.

Jethmalani dijo que, como otros, confió en los políticos que le aseguraron que la norma no sería un instrumento para cometer abusos. “Hoy en día no tengo dudas de que debería derogarse”, expresó.

Políticos y miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también manifestaron preocupación por el abuso de la ley.

Otras víctimas de Gujarat afirmaron que la policía invariablemente hacía los arrestos de madrugada, detenía a familiares de los sospechosos y se llevaba documentos indispensables para probar su identidad.

Habib Bhai Karimi dijo que estuvo detenido cuatro días sólo porque su hijo Kalim era amigo de su vecino, un predicador religioso.

Om Prakash, un niño de 10 años detenido en mayo de 2003 tras el asesinato de un jefe de aldea en el septentrional estado de Uttar Pradesh, dijo que su único delito fue “ser integrante de la comunidad dalit”.

Muchos de los detenidos en Uttar Pradesh fueron personas que luchaban por el derecho a la tierra y no tenían nada que ver con el terrorismo, afirmaron críticos de la ley.

La mayoría de los casos se registraron en el central estado de Jharkhand, donde 3.200 personas fueron detenidas en virtud de la ley. Casi todas eran aborígenes o dalits.