Violencia cruza Día Nacional del Indígena

por Mario Osava

Rio de Janeiro, Brasil, 19 abr (IPS) - El reclamo de aborígenes de Brasil de reconocimiento de sus tierras ancestrales, en la celebración este lunes del Día Nacional del Indígena, sufre los embates de la conmoción causada por el asesinato de al menos 29 mineros que extraían diamantes en un territorio reservado.

La masacre, resultado de conflictos que estallaron en las dos últimas semanas entre los cintas-largas y los “garimpeiros” (mineros informales) que invadieron su territorio, tiene bajo impacto al país y probablemente perjudique los reclamos que en Brasilia casi dos centenares de representantes indígenas presentaron al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Mientras los indígenas reclamaban en Brasilia, la policía trataba este lunes de rescatar en helicóptero los cuerpos de 26 “garimpeiros” (mineros informales) hallados en las selvas de la reserva Roosevelt, en el noroccidental estado amazónico de Rondonia, en una operación dificultada por las lluvias.

Otros tres cuerpos ya fueron rescatados hace una semana y el Sindicato de Garimpeiros local estima que pueden elevarse a 41 los asesinados por los indígenas “cintas-largas” (cinturones anchos), ya que aún hay 12 desaparecidos.

En Brasilia, los líderes de 27 tribus de todo el país pidieron principalmente la homologación de la reserva Raposa Sierra del Sol, en el septentrional estado de Roraima. Es una medida pendiente apenas de una firma de la presidencia desde 1998, ya que las tierras en cuestión están demarcadas y aprobadas en todas las instancias competentes.

Sin embargo, Lula hesita como lo hizo su antecesor Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), ante la presión de gobernantes de Roraima y de la población blanca que ocupa partes del territorio, como productores de arroz y habitantes del poblado de Uiramután.

La fragmentación de la reserva es inaceptable según los líderes indígenas, organizaciones no gubernamentales que defienden esa etnia y la misma Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano oficial encargado de la política hacia la población autóctona.

No se puede dar “tratamiento político a una cuestión de derecho”, argumentó la primera abogada indígena de Brasil, Joenia Batista de Carvalho, en diálogo con IPS, señalando que las negociaciones que impulsa Lula, intentando conciliar los intereses en conflicto, no tienen respaldo constitucional.

La reserva, demarcada después de larga discusión, incluso venciendo cuestionamientos judiciales, es un derecho claramente definido en la Constitución.

“Todo está hecho” y la conclusión de tres décadas de lucha sólo depende de una firma del presidente, dijo a IPS la abogada también conocida como Joenia Wapichana, nombre de su grupo indígena, uno de los cinco que viven en el territorio disputado.

La abogada estuvo entre las “casi 200” personas que participaron en un acto de celebración del Día Nacional del Indígena en el parlamento y luego decidieron “acampar” en un salón de la Cámara de Diputados hasta que Lula los reciba en una audiencia.

Es posible que la masacre en Rondonia tenga una repercusión negativa para la causa de Raposa Sierra del Sol, pero no se puede olvidar la tragedia anterior de los cintas-largas. Esa población indígena contaba con 5.000 miembros antes de las invasiones a sus tierras, hace 30 años, y hoy se limita a 1.300, destacó Joenia de Carvalho.

Además de los asesinatos directos, los “invasores” provocan la mortandad llevando enfermedades a las que los indígenas son poco resistentes y contaminando los ríos con el mercurio usado en la minería, observó.

En la historia de conflictos violentos entre indígenas y garimpeiros siempre morían los primeros, esta es una de las pocas veces que ocurre al revés, reconoció el presidente de Funai, Mercio Pereira, lamentando la masacre pero sosteniendo que los indígenas actuaron “en defensa de sus tierras”.

La tensión en el territorio cinta-larga era conocida, pero Funai poco puede hacer porque sus funcionarios “no tienen el poder de policía” para intervenir adecuadamente en estos conflictos, explicó Pereira. Además el organismo carece de recursos humanos y financieros para proteger las tierras indígenas que suman 12 por ciento del territorio nacional.

La demora en homologar Raposa Sierra del Sol también es fuente de tensión y favorece brotes de violencia, observó Carvalho. En enero, por ejemplo, arroceros apoyados por algunos indígenas aliados bloquearon carreteras, destruyeron escuelas y secuestraron a tres sacerdotes católicos en Roraima, para oponerse a la anunciada homologación de la reserva como un área continua.

Las protestas buscaban convencer al gobierno a fragmentar el territorio indígena, sacándole tierras cultivadas de arroz y las ocupadas por el municipio de Uiramután, creado por antiguos garimpeiros, que también actúan en la región.

La Funai, varios ministros y organizaciones indigenistas rechazan tal fragmentación, defiendendo el derecho de los 15.000 indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y Wapichana a su territorio integral ya reconocido y demarcado, de 1,67 millones de hectáreas.

La minería de oro, diamantes y otros metales preciosos es un factor permanente de invasiones. La Funai estima en 600 a 800 millones de dólares al año el contrabando de diamantes extraídos ilegalmente de las reservas indígenas.

Alcalde ‘no se deja ni se raja’ en choque con Fox

Por Diego Cevallos

Mexico, Mexico, 16 abr (IPS) — El alcalde izquierdista de la capital mexicana, Andrés López Obrador, acusa al gobierno de complotar en su contra con información entregada por Washington, y aseguró este viernes que afrontará sin temor, y sin bajar el tono de sus imputaciones, un juicio iniciado contra él por la Procuraduría (fiscalía) General.

Se está utilizando el aparato del Estado de manera facciosa para golpear a la alcaldía, pero “no me dejo ni me rajo” (no me someto ni me acobardo), dijo a periodistas, tras recomendar al gobierno, en tono de burla, tomarse “un té de flor de tila” (sedante) antes de responder a sus acusaciones.

El jueves llegaron a su punto máximo los roces entre el alcalde, que es el político con más alto nivel de aceptación en México y uno de los potenciales candidatos a la presidencia en 2006, y el gobierno del conservador Vicente Fox, cuya popularidad también se mantiene alta.

Javier Hidalgo, uno de los portavoces del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador y que es la tercera fuerza política del país, dijo este viernes a IPS que por el caso del alcalde su agrupación podría romper por completo las relaciones con el gobierno.

López Obrador acusa al gobierno y a “la derecha” de fraguar un complot en su contra y estar detrás de la difusión de un vídeo donde se observa a su ex jefe de finanzas, Gustavo Ponce, jugando grandes cantidades de dinero en un casino de la sudoccidental ciudad estadounidense Las Vegas.

También atribuye ese origen a la difusión de otro vídeo donde aparece su ex secretario particular, René Bejarano, recibiendo cientos de dólares en efectivo del empresario Carlos Ahumada, acusado de lavado de dinero y detenido en Cuba con fines de extradición a México.

Desde que se destaparon esos casos en marzo, el alcalde ha centrado sus argumentos de defensa en la teoría del complot. Eso le atrajo duras críticas de opositores y analistas que le reclaman reconocer los problemas de corrupción y encararlos públicamente.

En alusión al alcalde de la capital, el presidente Vicente Fox afirmó este viernes que lo importante es combatir la corrupción y no distraer la mirada hacia otro lugar.

López Obrador acusó directamente el jueves a la Procuraduría y a la Secretaría (ministerio) de Hacienda de usar políticamente una investigación que esas dependencias realizan desde febrero sobre su ex jefe de finanzas, con apoyo de la secretaría del Tesoro (Ministerio de Hacienda) estadounidense.

Para sustentar su acusación, exhibió un informe de carácter reservado realizado por esa secretaría extranjera y entregado luego al gobierno mexicano.

Medios de comunicación locales difundieron el 1 de marzo un vídeo donde se observa a Ponce jugando grandes cantidades de dinero en Las Vegas, pieza que según el alcalde fue conseguida por Washington y entregada a México, donde autoridades la habrían filtrado.

Eso sucedió antes de informar a la alcaldía de los supuestos delitos del ex funcionario, hoy prófugo, y de buscar alguna colaboración para su detención, arguye López Obrador.

No obstante, una fuente de la Secretaría de Hacienda mexicana informó a IPS que del 27 al 29 de febrero se habría informado a personeros de la alcaldía de la capital acerca de las sospechas que ya había sobre Ponce.

El alcalde engaña y manipula, fue la respuesta pública del gobierno ante las acusaciones de López Obrador, tras negarse a conceder la audiencia que éste pidió para presentar sus pruebas directamente a Fox.

Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en México afirmó que su país no está involucrado en la grabación del vídeo que muestra a Ponce ni en su distribución.

En tono molesto, Fox expresó que las acusaciones del alcalde son graves e infundadas y que el Poder Ejecutivo no se prestará “a juegos políticos o evasión de responsabilidades”.

Poco después la Procuraduría General, que depende del Ejecutivo, se sumó a las reacciones e informó que ha abierto una investigación en contra del alcalde y el fiscal de la capital, Bernardo Bátiz, por hacer públicos documentos de Washington que son reservados, pues forman parte de una indagación en curso.

Leyes locales sancionan con prisión de cuatro a 10 años la divulgación de ese tipo de informes, que habrían sido entregados a Bátiz por el propio Poder Ejecutivo.

“No me gusta la confrontación, menos con el presidente, a mí me gusta defender mis derechos, me gusta decir la verdad (...), pero no me puedo quedar callado cuando utilizan todo el aparato del Estado” en mi contra, adujo López Obrador al ratificar sus acusaciones.

Las acusaciones del gobierno “no me intimidan”, insistió.

La secretaría de Hacienda pidió el 18 de febrero a Washington informes de los movimientos financieros de Ponce y su esposa Esperanza Gonzáles en bancos y casas de juego de Estados Unidos, pues detectó que hacían grandes movimientos de dinero.

La respuesta de Washington llegó el día 25 y comenzó a ser analizada el 27, junto con otros informes locales. Tres días después, que coincidieron con un fin de semana, se difundió por televisión el vídeo de Ponce en las Vegas que puso en duda la imagen de honestidad y austeridad que proyecta la alcaldía de López Obrador.

Una fuente de Hacienda aseguró que hasta el día en que se difundió el vídeo no estaba integrada la investigación contra Ponce y no había acusaciones en firme, aunque ya se contaba con datos que indicaban que ese ex funcionario estaba realizando importantes movimientos bancarios y apuestas de miles de dólares.

López Obrador se ha limitado a reconocer que pocos minutos después de difundido el vídeo de su ex jefe de finanzas apostando en Las Vegas, habló por teléfono con él, quien le aseguró que se presentaría frente a los medios de comunicación y que no huiría.

Pero en realidad Ponce acudió a su oficina, borró todos los archivos de su computadora, empacar y desaparecer.

Tras su huida, la Procuraduría General presentó una denuncia formal contra el ex jefe de finanzas de la alcaldía por lavado de dinero, y la Fiscalía de la capital hizo lo propio, por presunto fraude contra los dineros del ayuntamiento.

Ponce viajaba de forma semanal al extranjero y sólo acudía a trabajar dos veces por semana, pero se alega que López Obrador nunca lo supo.

Para el politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, los enfrentamientos en curso entre la alcaldía y el gobierno de Fox debilitan las instituciones de la democracia y son contraproducentes para el combate a la corrupción.

El investigador Ulises Cruz, de la Universidad de La Salle, cree que esos roces indican que la democracia mexicana es inmadura aún y requiere afinaciones institucionales para avanzar sin tanto escándalo.

A fines de 2000, México realizó las elecciones más limpias y menos objetadas de su historia, que llevaron a la presidencia a Fox y terminaron con siete década de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.