Ex mineros conquistan jubilación a fuerza de dinamita

Por Franz Chávez

La Paz, Bolivia, 30 abr (IPS)— Ex trabajadores mineros bolivianos, excluidos del sistema de pensiones que nació al calor de las privatizaciones, acaban de conquistar una magra jubilación de 60 dólares, a costa de la inmolación de un obrero y la amenaza de otros tres de seguir su ejemplo.

“¡Qué más se puede hacer cuando mi estado de salud es crítico y vivo en una desesperación!”, exclamó el ex minero Julio Saravia Oporto, de 55 años, uno de los tres que el sábado amenazaron con seguir los pasos de Eustaquio Picachuri, muerto el 30 de marzo cuando hizo estallar la carga de dinamita que llevaba atada al cuerpo.

“Mejor es desaparecer”, dijo Saravia Oporto a IPS, sentado en su silla de ruedas y mostrando una carta escrita por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) reclamando la restitución de su pensión por invalidez.

La muerte de Picachuri en la antesala del edificio del Congreso Nacional y a 30 metros del palacio de gobierno despertó las reivindicaciones de 3.500 ex mineros que, pese a haber aportado al sistema previsional cuando estaban activos, perdieron su derecho a una jubilación con la reforma de 1997, que privatizó la administración de aportes e impuso el principio de la “capitalización individual”.

Con Picachuri murieron el militar encargado de la seguridad del Congreso, coronel Marbel Flores, y el policía experto en explosivos René Amurrio, mientras otros 10 efectivos resultaron heridos.

Picachuri, de 47 años, desempleado y sumido en profunda desesperación, reclamaba la devolución de los aportes realizados al antiguo sistema de pensiones durante 15 años.

Al quedar cesante como obrero de la fundida minería estatal, Picachuri no consiguió jubilarse porque su edad no alcanzaba a los 55 años exigidos por el viejo sistema de reparto, que reunía en una bolsa común los aportes laborales y patronales para crear un fondo destinado al pago de rentas a los retirados.

Su caso es similar al de casi 8.700 trabajadores (3.500 de ellos ex mineros) que perdieron sus aportes y su derecho a una pensión con la reforma de 1997.

El primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) implantó un sistema basado en la “capitalización individual” e introdujo la participación de dos fondos privados de pensiones (Futuro de Bolivia y Previsión BBVA) que recolectan y administran los aportes laborales.

Además, se aumentó la edad mínima de jubilación de 55 a 65 años para los hombres y de 50 a 60 años para las mujeres.

A diferencia del antiguo sistema regido por el principio de solidaridad para distribuir pensiones de un fondo común, el nuevo se basa en el ahorro personal, y paga jubilaciones en función de los aportes realizados durante el ciclo activo de cada trabajador.

Reformas similares se han aplicado en los últimos 20 años en varios países de América Latina, al impulso de la reducción del aparato estatal y las privatizaciones de empresas y servicios públicos.

El sábado, Saravia Oporto, el ex minero Francisco Franco, de 54, y la viuda de otro obrero, Ana Bazagoitia, de 58, amenazaron con seguir los pasos de Picachuri en la sede de la FSTMB. Llevaban cargas de dinamita atadas a sus cuerpos y unidas por una mecha.

A sus espaldas se veía una imagen de grandes dimensiones del guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara, muerto por militares bolivianos en 1967, pintada sobre un paño rojo.

Durante 20 horas, los tres permanecieron en calma y vigilando los detonadores que sostenían en sus manos. La policía instaló un cerco de 100 metros en torno a la sede sindical, y se retiró a prudente distancia en el paseo céntrico del Prado de La Paz.

Con la dinamita en nuestras manos, “sentimos el poder y recordamos la fortaleza de los mineros que resistieron a las más feroces dictaduras” que sufrió Bolivia, dijo Oporto Saravia emocionado a IPS.

Militante del Partido Comunista durante su juventud, fue peón, ayudante de perforista y un activo dirigente sindical en el yacimiento de estaño y zinc María Luisa, de la estatal Corporación Minera de Bolivia, hasta que en 1982 sufrió un accidente automovilístico mientras organizaba la resistencia obrera contra la última dictadura militar (1980-1982).

Impedido de caminar, Saravia Oporto consiguió una renta por invalidez equivalente a 101 dólares en 1991, pero en 2001 fue despojado sin explicaciones de su único ingreso.

A partir de entonces, hizo cuatro viajes de 500 kilómetros desde su domicilio en Salinas de García Mendoza, en la región occidental fronteriza con Chile, hasta la sede de gobierno para reclamar su pensión, todos en vano.

La dinamita fue para Saravia Oporto su material de trabajo cuando quebraba la peña para hallar minerales, y también un arma de resistencia contra los gobiernos militares. Ahora se ha convertido en dramático instrumento para defender sus derechos laborales.

La protesta concluyó con una negociación entre sindicatos y el gobierno, que aceptó otorgar una pensión vitalicia equivalente a 60 dólares a todas las personas que no pudieron jubilarse bajo el antiguo sistema.

La muerte de Picachuri y la protesta de Saravia Oporto y los demás acabaron beneficiando a 8.698 trabajadores que quedaron en medio de los dos sistemas de jubilación, a los que se conoce como la “generación sándwich”.

Récord de asesinados por expresarse

Por Alicia Fraerman

Madrid, Espana, 3 may (IPS)— El año pasado murieron 42 periodistas y 766 fueron detenidos sólo a causa del ejercicio de su profesión, las cifras más altas de la última década, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La situación de los profesionales del periodismo no mejora tampoco este año, pues ya han sido asesinados 11, detenidos 101 y amenazados o agredidos otros 250, mientras que 142 medios de comunicación resultaron censurados, detalló a IPS el presidente de RSF, Fernando Castelló.

Pero, además, “los enemigos de la prensa están sustituyendo la represión frontal y sanguinaria por el acoso insidioso de apariencia legal, la presión económica y la excusa de proteger la vida privada con el fin de engañar a la opinión pública”, añadió.

El informe anual presentado por RSF, la organización internacional con sede en París, señala que la prensa independiente está en peligro en Africa y que las guerras y conflictos que perduran en algunos de los países de ese continente tienen mucha culpa de la degradación que sufren.

“Cubrir un conflicto en Africa se vuelve cada vez más peligroso”, apunta el documento.

El año pasado fueron asesinados dos periodistas en Costa de Marfil y uno en la República Democrática del Congo, se indica en el documento, para agregar que en Guinea Ecuatorial, Ruanda, Eritrea y Togo la prensa es víctima del inmovilismo político y el autoritarismo, lo que lleva a gran cantidad de periodistas a emigrar.

RSF sostiene que América sigue siendo una tierra de contrastes, ya que “la libertad de prensa es globalmente respetada, pero se la persigue cotidianamente en Cuba, Haití o Colombia”.

A ese respecto destaca que el presidente de Cuba, Fidel Castro, intentó acabar con la disidencia deteniendo a 75 personas, entre ellas a 27 periodistas independientes, por “publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos norteamericanos”.

En el continente americano el país más peligroso sigue siendo Colombia, donde cinco periodistas fueron asesinados en 2003 por denunciar casos de corrupción y complicidad con grupos armados, paramilitares de extrema derecha o guerrillas izquierdistas, “que controlan o se disputan regiones enteras” de ese país.

También señala problemas en Brasil, Bolivia, Perú, Guatemala, México y Argentina.

En el caso brasileño, sólo el mes pasado se conoció el asesinato de dos periodistas de radios, conocidos por sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico.

El Comité para la Protección de los Periodistas, que divulgó un comunicado de condena, informó de la muerte de José Araújo, de 37 años, a manos de sicarios en el interior del nororiental estado de Pernambuco, y de Samuel Roma, de 36 años, también del mismo modo pero en Capitán Bado, localidad fronteriza con Paraguay y perteneciente al sudoccidental estado de Mato Grosso del Sur.

En relación a Estados Unidos, RSF subraya que “la actitud del gobierno respecto a la libertad de prensa difiere, según su acción se inscriba en territorio norteamericano (estadounidense) o fuera de sus fronteras”.

“En el primero (su territorio) la situación sigue siendo globalmente satisfactoria, pero el ejército norteamericano (estadounidense) fue responsable de la muerte de cinco periodistas en Iraq y sigue controlándose estrechamente el trabajo de los periodistas que acuden a la prisión de Guantánamo (enclave estadounidense en Cuba), donde están detenidos los sospechosos de terrorismo”, indica el informe.

Entre los periodistas asesinados en Iraq tras la invasión de la alianza militar liderada por Estados Unidos, RSF subraya la muerte de Taras Protsyuk, de la agencia británica Reuters, y de José Couso, de la emisora de televisión española Telecinco.

Esos dos reporteros murieron por los disparos efectuados el 8 de abril de 2003 desde un tanque estadounidense contra el hotel Palestina, en Bagdad, donde se alojaban y trabajaban los corresponsales de casi todos los medios extranjeros. En ese lugar no había en ese entonces ni tropas, policías ni milicianos iraquíes.

Las dictaduras de Asia y el Pacífico no bajan la guardia, añade RSF en su investigación. “Con 200 periodistas detenidos en 2003, Asia fue la mayor cárcel del mundo para los profesionales de la información. Los regímenes comunistas y la dictadura militar birmana castigan así a los periodistas que reclaman libertad de expresión o denuncian la tiranía”, apunta.

Además, “la censura es una auténtica plaga” y el lado optimista es “el desarrollo de las radios comunitarias y las emisoras de FM (frecuencia modula), que son una nota de esperanza para la libertad informativa” en ese continente.

En Filipinas, asesinos a sueldo mataron a siete periodistas y al menos cinco escaparon a intentos de asesinarlos. En la situación global negativa de Asia, “solamente en tres países, India, Indonesia y Tailandia, se permite estar informados, y expresarse libremente, a millones de oyentes”.

En el Magreb y Medio Oriente, la organización no gubernamental puntualiza que, además de la carencia de medios de comunicación independientes y de una fuerte autocensura de los profesionales, la invasión de Iraq y el conflicto palestino-israelí “sometieron la libertad y la seguridad de los periodistas a una dura prueba”.

Quince periodistas y dos colaboradores murieron en 2003 en esa región por ejercer su profesión. Irán “continúa siendo la mayor cárcel de Oriente Medio para los profesionales de la Información”, señaló Séverine Cazes, responsable de RSF en esa región. También dijo que la libertad de prensa retrocedió considerablemente en Marruecos y Argelia.

En tanto, el capítulo del informe referido a Europa sostiene que se mantuvo una situación satisfactoria de libertad de prensa, ya que fueron menos que en años precedentes los casos de violación del secreto de las fuentes o las agresiones a periodistas.

Sin embargo, en los países que integraron la hoy disuelta Unión Soviética “las condiciones son cada vez peores: agresiones, encarcelamientos, censura, monopolio estatal en los medios impresos y falta de pluralismo en lo audiovisual”.

RSF observa que en España “la amenaza del grupo terrorista ETA continúa pesando sobre los periodistas que no comparten sus puntos de vista”. Sobre este país, al preguntarle IPS a Castelló si en el informe 2004 se ocuparán de lo ocurrido con la información después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, respondió que no.

“No, porque no tiene relevancia internacional para ello”, afirmó. “Claro que hubo manipulación, pero tanto de los medios progubernamentales como de los antigubernamentales, pero no al extremo de que RSF deba intervenir, ya que en España hay sindicatos, asociaciones, la justicia funciona y hay pluralismo informativo, donde todas esas cosas se pueden discutir y se discuten”, dijo el veterano periodista español, quien durante dos décadas ejerció su oficio en la agencia estatal EFE.

Otros dos países de la Unión Europea llamaron la atención de RSF. Uno es Francia y señala que el periodismo de investigación y la protección de las fuentes se vieron amenazados por el proyecto de ley “Perben”, del que finalmente “se abandonaron las disposiciones más liberticidas”.

El otro es Italia, y al respecto expresa el informe que el primer ministro Silvio Berlusconi “acumula (un) imperio mediático y poder político”, aunque esa imbricación “no data de su llegada al poder”, pues desde siempre los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado nombran a los miembros del consejo de administración de la poderosa televisión estatal.

No obstante, el trabajo destaca que, al ser jefe de gobierno y a la vez propietario de tres canales privados competidores, hay “graves consecuencias para la autonomía de la televisión pública”.

Finalmente, el informe contiene una lista de los que RSF califica de “predadores de la libertad de prensa”.

En esa categoría RSF ubica a los militantes islámicos armados de Afganistán, Argelia, Bangladesh, Cachemira, Pakistán y Filipinas, a los colombianos Carlos Castaño, uno de los jefes de los paramilitares derechistas, y Manuel Marulanda, líder de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al grupo vasco ETA y al príncipe heredero de Arabia Saudita, Abdullah.

También a los presidentes Hu Jintao, de China, Kim Jong Il, de Corea del Norte, Fidel Castro, de Cuba, Muammar El Gadafi, de Libia, Pervez Musharraf, de Pakistán, Vladimir Putín, de Rusia, Zine el-Abidine Ben Alí, de Túnez, y Islam Karimov, de Uzbekistán.