|
Contradictorio fallo en favor de Monsanto
Por Stephen Leahy
Toronto, 21 mayo (IPS) --- La Corte Suprema de Justicia de Canadá
apoyó este viernes la patente de colza transgénica de la
transnacional agrícola Monsanto, aun cuando se trate de semillas
cultivadas sin conocimiento del agricultor, en este caso el demandado
Percy Schmeiser.
La sentencia, resuelta por cinco votos contra cuatro, tendrá consecuencia
en la agricultura mundial y dañará la capacidad de los países
para proteger su biodiversidad, según activistas.
De todos modos, el tribunal falló también que Schmeiser
no está obligado a pagar a Monsanto los costos judiciales, estimados
en 200.000 dólares, y que puede conservar los 20.000 de ganancia
de su cosecha de 1997, la que desató una batalla de seis años
en la justicia.
“Pude salvar mi casa y mi hacienda”, dijo Schmeiser. Pero “un
granjero nunca debería perder su derecho a usar sus semillas de
un año a otro”, lamentó, en conferencia de prensa,
el agricultor de 73 años, hoy un icono de los activistas que defienden
la biodiversidad agrícola.
El abogado de Schmeiser, Terry Zakreski, dijo que al defender la patente
de Monsanto, el tribunal otorgó a la empresa control sobre el vegetal.
Pero la Corte Suprema de Justicia afirmó que las plantas son formas
de vida superior, por lo que, de acuerdo con un fallo anterior, no pueden
patentarse.
“Esta decisión parece contradictoria con aquella”, sostuvo
Zakreski.
La investigadora agrícola de la Universidad de Guelph Ann Clark
consideró que el fallo es “bizarro”. “Son los mismos
jueces que dijeron en 2002 que las formas superiores de vida no deben
patentarse”, sostuvo
El hecho de que Schmeiser no deba compensar los costos judiciales de Monsanto
y la reñida votación del tribunal auguran más litigios
sobre el asunto en el futuro, dijo Clark. “Es una victoria débil”
para la compañía, sostuvo la experta.
De todos modos, la sentencia es grave porque desconoce el derecho de los
agricultores a guardar semillas, lo cual las convierte “en un arma
de opresión”, dijo Terry Boehm, del Sindicato Nacional de
Granjeros de Canadá.
Todas las semillas naturales son resultado de miles de años de
acopio y selección por parte de agricultores de todo el mundo,
recordó Boehm. Permitir una patente de facto sobre esas semillas
“usurpa la historia entera” de ese cultivo, agregó.
Eso también significa que Monsanto deberá responsabilizarse
de eventuales contaminaciones genéticas de semillas, sostuvo.
En su acusación, Monsanto aseguró que Schmeiser violó
a sabiendas y deliberadamente los derechos de patente de Monsanto al sembrar,
cosechar, almacenar y vender colza de la variedad RoundUp Ready sin pagar
la licencia requerida.
Las praderas canadienses estuvieron hace millones de años en el
fondo de un océano. Son muy llanas y el viento sopla con fuerza
la mayoría del tiempo.
Estos vientos cargan grandes cantidades de semillas de colza del tamaño
de la cabeza de un alfiler, e incluso plantas enteras luego de cosechadas.
Buena parte de los dos millones de hectáreas cultivados con colza
están cubiertas de variedades transgénicas. Los genes patentados
aparecen, sin mediar intervención humana, en plantas que crecen
a lo largo de carreteras, en patios de escuelas, en parques y en campos
baldíos.
Monsanto “ya tienen responsabilidad por esa contaminación”,
dijo Boehm.
Schmeiser dijo que su hacienda había resultado contaminada en años
anteriores por polen de los campos de un vecino y por semillas caídas
de camiones en su camino a una procesadora.
Los tribunales de primera y de segunda instancia sentenciaron que Schmeiser
había violado los derechos de Monsanto cuando cosechó y
vendió sus granos, sin importar cómo llegaron los genes
manipulados a su hacienda.
“La Corte Suprema de Justicia ha sentado un ‘standard’
mundial en materia de protección de la propiedad intelectual. Esta
sentencia mantiene a Canadá como una oportunidad de inversiones
atractiva”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Monsanto, Carl Casale.
“Esto es una mala noticia para los agricultores mexicanos, cuyas
haciendas de maíz sufrieron contaminación genética”,
dijo Silvia Ribeiro, de la filial mexicana de la organización ambientalista
ETC.
Monsanto ya ha advertido a los agricultores del meridional estado de Chiapas
que si son hallados en sus predios semillas transgénicas cultivadas
“ilegalmente” deberán afrontar multas y hasta cárcel.
“En el mundo de Monsanto, todos somos criminales a menos que el juez
diga lo contrario”, dijo Ribeiro.
Clark sostuvo que probablemente todas las haciendas en el oeste de Canadá
estén contaminadas con colza transgénica.
El caso de Schmeiser es consecuencia directa de la pobre regulación
canadiense en materia de transgénicos. “La propia contaminación
era predecible apenas se cultivó el primer predio”, según
Clark.
“La victoria de Monsanto será breve. La reacción contra
los transgénicos se está fortaleciendo”, dijo Nadège
Adam, del no gubernamental Consejo de los Canadienses.
Para muchos activistas y expertos, la victoria de Monsanto significa que
los agricultores no estarán dispuestos a almacenar sus propias
semillas, pues podrían contener trazas genéticas desarrolladas
por la compañía e invisibles a simple vista.
Así, deberán comprarlas antes de cada siembra, lo cual reducirá
la diversidad natural, al igual que el “contagio” accidental
de los genes patentados por Monsanto.
Esta transnacional con casa matriz en Estados Unidos, una de las principales
fabricantes de productos químicos y agrícolas del mundo,
creó mediante manipulación genética una variedad
de colza resistente a RoundUp, un herbicida también desarrollado
por la compañía.
Schmeiser asegura haberse limitado a guardar semillas de su cosecha de
colza de 1997, como lo hizo durante medio siglo. Monsanto tomó
muestras de colza de su hacienda al año siguiente, y detectó
genes de la variedad patentada.
Al menos 500 granjeros en Canadá y en Estados Unidos han sido amenazados
por Monsanto de demandas judiciales. La mayoría de esos agricultores
han pagado lo que les exige la compañía y firman acuerdos
de confidencialidad.
Monsanto ha ganado casi un centenar de demandas presentadas ante la justicia
canadiense, con un promedio de pagos de 150.000 dólares para la
empresa en cada uno de esos casos, indicó el dirigente canadiense.
Así, la compañía “ha recaudado millones de dólares
y quebrado a cantidad de granjeros”, añadió.
| El gobierno nacional de Canadá se ha negado a apoyar la posición
de Schmeiser, pero el de la provincia de Ontario lo apoyó.
Despúes de 13 meses de detención,
presuntos ‘terroristas’ recuperan su libertad
Por Alex Contreras Baspineiro
Cochabamba, Bolivia, 21 Mayo -- El 10 de abril de 2003, Bolivia
y varios países vecinos del continente eran sacudidos con una espectacular
noticia, “una primicia”, difundida por la mayoría de
los medios de comunicación comerciales: el defensor de los derechos
humanos y dirigente campesino colombiano Francisco “Pacho” Cortés,
más dos dirigentes cocaleros y dos menores de edad, eran detenidos
en una acción “antiterrorista”.
La detención se produjo durante el régimen del defenestrado
ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada conocido con el sobrenombre
de “Goni” y, en esa oportunidad, el ex vice-ministro de gobierno,
José Luis Harb, no negó la participación estadounidense
en la operación: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas…
de lucha contra el terrorismo… La actividad terrorista tiene una
acción de carácter extracontinental, por lo tanto tenemos
acuerdos para entendernos con cualquier país, no solo con Estados
Unidos”.
En el operativo televisado, varios encapuchados con uniforme militar camuflado
y fuertemente armados detenían a las cinco personas que sorprendidas
sólo atinaban a decir: “somos inocentes”. Los detenidos
junto a Cortés, fueron Carmelo Peñaranda Rosas dirigente
cocalero del Chapare (Cochabamba), Claudio Ramírez Cuevas ex concejal
de La Asunta (La Paz) y dos menores, sobrinas de éste último.
Transcurridos más de 13 meses -más de un año- de
la detención; el pasado 20 de mayo, el juez Carlos Sánchez
Casteló dictó la libertad de Peñaranda y Ramírez
a quienes no se les pudo comprobar absolutamente ningún vínculo
con acciones de terrorismo, alzamiento armado y organización criminal.
“Creemos que en este caso se empezaron a cumplir normas y doctrinas
básicas del derecho internacional porque nadie puede estar detenido
en la cárcel sin tener pruebas y acusaciones”, afirmó
el abogado defensor, Erick Altamirano.
En conversación con Narco News, el abogado dijo que en ninguna
parte del mundo puede permanecer detenida una persona sólo con
fines investigativos.
La primera acusación del gobierno boliviano contra los presuntos
“terroristas” estuvo referida a que pertenecían a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego los trataron
de vincular con el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
también con la formación de grupos irregulares e incluso
con actividades vinculadas con el narcotráfico. No se les comprobó
nada.
En la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, cursa
una denuncia de los autocalificados “presos políticos”
por una serie de atropellos a sus derechos cometidos por uniformados y
a vista de algunos fiscales durante su detención.
En el caso de Ramírez y Peñaranda se denuncia que se incurrieron
en una serie de abusos, actos ilegales, encubrimiento de torturas y vejámenes
que mellan la dignidad de cualquier persona.
En la detención de esas personas se acusa a los fiscales René
Arzabe y Silvia Blacutt de haber violado la Constitución Política
del Estado y los tratados internacionales.
Misión humanitaria
Para realizar un seguimiento a la detención de los presos políticos
en este país, se ha confirmado para el 7, 8 y 9 de junio el arribo
de una comisión.
Arribará al país una Misión Humanitaria integrada
por el coordinador internacional de Vía Campesina, Rafael Alegría;
el presidente del Movimiento Sin Tierra del Brasil, Joao Pedro Stedile
y del conocido dirigente campesino de Francia, José Bové;
además de parlamentarios europeos y latinoamericanos, dirigentes
campesinos y defensores de los derechos humanos de Colombia.
Mediante una nota de prensa se conoce que el objetivo de esta misión
es verificar las condiciones de detención del dirigente campesino
Francisco Cortés de Colombia, detenido hace 13 meses en La Paz,
lo mismo que de los otros dirigentes.
“Igualmente, la misión busca expresar la solidaridad a los
detenidos, solicitar al estado boliviano su libertad y el respeto de sus
derechos ciudadanos.
“La misión quiere llamar la atención sobre las medidas
represivas contra los movimientos campesinos en América Latina
que buscan criminalizar su acción legítima aplicando la
política antiterrorista del gobierno de Estados Unidos”, expresan
en una nota de prensa de su equipo internacional de comunicación.
Con el rótulo de “guerra contra el terrorismo” la administración
de George W. Busch aceleró su escalada militar en todo el mundo
y, lógicamente que en América Latina y más aún
en Bolivia, porque este país al estar ubicado en el corazón
del continente, es una región geoestratégica para los fines
imperialistas.
La intromisión norteamericana hacia este país no es nueva
y la lucha contra el terrorismo es el mejor pretexto para vulnerar la
soberanía de las naciones, incrementar la violación a los
derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y pisotear la autodeterminación
de los pueblos.
Hace una semana, el Senado Nacional aprobó la inmunidad de militares
y civiles norteamericanos en este país ocasionando la reacción
de importantes sectores sociales bolivianos que anunciaron que no permitirán
la aprobación de ese instrumento legal.
El presidente Carlos Mesa congeló (por el momento) ese intento
que intenta mellar la dignidad y la soberanía de todo un pueblo.
Carta al presidente
En los últimos días, parlamentarios, dirigentes sindicales,
activistas sociales, defensores de los derechos humanos, líderes
campesinos y otras personalidades de diferentes partes del mundo, escribieron
una carta al presidente boliviano para que interceda en el caso de los
presuntos “terroristas”.
“Nos dirigimos a usted con extrema urgencia para que intervenga de
acuerdo a sus facultades constitucionales y legales para remediar la insólita
injusticia cometida contra el conocido dirigente campesino colombiano
Francisco Cortés quien permanece detenido ilegalmente desde el
10 de abril del año 2.003 en la ciudad de la Paz. El señor
Cortés ha sido calumniado públicamente acusándolo
de cargos inaceptables para quienes en su país (Colombia) y en
Europa lo conocen por su larga trayectoria como campesino, líder
social y defensor de los derechos humanos.
“Queremos que su Excelencia conozca que reclamamos la libertad de
Francisco Cortés y de los ciudadanos bolivianos Claudio Ramírez
y Carmelo Peñaranda que fueron encarcelados con él por haberle
acogido de manera solidaria ante la permanente amenaza de muerte por grupos
armados ilegales de Colombia debido a su labor social como dirigente campesino”.
Aunque ya serán liberados los dos bolivianos acusados de terrorismo,
el fiscal René Arzabe afirmó en las últimas horas
que existen por lo menos 45 dirigentes y productores de coca vinculados
a estas acciones ilegales.
Esas palabras, hacen presagiar que las historias sobre terrorismo, alzamiento
armado, narcotráfico y organización criminal continuarán
en este país, ubicado en el corazón del continente americano…
Noticia de: NarcoNews
|
