Fuerte oposición social a consulta sobre gas en Bolivia

Por Franz Chávez

La Paz, Bolivia, 28 may (IPS)— La Central Obrera Boliviana (COB) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que defiende intereses empresariales y regionales del este del país, son la principal oposición al referéndum sobre política energética impulsado por el presidente Carlos Mesa, que lleva seis meses de gobierno y nombró esta semana a su cuarto ministro para el sector de hidrocarburos.

Aunque cada intento de establecer un nuevo marco legal para las petroleras extranjeras le ha costado un ministro, Mesa está decidido a llegar a la consulta popular el 18 de julio, sorteando críticas de sus opositores y designando a Guillermo Torres como sustituto de Xavier Nogales en el Ministerio de Minería e Hidrocarburos.

“El foco de la atención nacional e internacional está en nuestra política de hidrocarburos, está vinculado al referéndum y está por lo tanto sujeto a la tormenta, legítima por cierto”, dijo Mesa el miércoles, cuando Torres, hasta entonces superintendente de Hidrocarburos, asumióuna cartera sometida a presiones contrapuestas de organizaciones sociales y transnacionales petroleras.

Nogales, impulsor de la liberalización de la economía durante los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002). renunció a sus funciones el lunes, a pedido del presidente, luego de expresar su descontento por el contenido de las preguntas planteadas a la ciudadanía, a las que desacreditó por la falta de claridad, confusión y ambigüedad que en su opinión conducen a responder “sí”.

Mesa asumió el 17 de octubre, tras masivas protestas articuladas en torno al cuestionamiento de las normas para explotar y exportar gas natural, que forzaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Desde entonces, los sucesivos ministros de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, Antonio Araníbar y Nogales, intentaron conducir un proceso de modificación de la legislación sobre hidrocarburos, pero quedaron atrapados entre las demandas de nacionalización del sector y el respeto a los 78 contratos firmados con petroleras extranjeras.

Ríos se alejó voluntariamente tras el anuncio de una interpelación parlamentaria impulsada por el Movimiento al Socialismo, que reclamaba una política agresiva para devolver los hidrocarburos a propiedad del Estado.

Araníbar libró batallas verbales con Nogales en torno a la conducción de las políticas gubernamentales sobre explotación petrolera, y fue acusado de pasividad ante el comienzo de las operaciones en el país de la transnacional petrolera en 1994, cuando era ministro de Relaciones Exteriores.

Nogales contaba con respaldo de los organismos financieros internacionales, la banca privada que opera en Bolivia y los sectores empresariales del país.

Como presidente del Banco Central de Bolivia, fue uno de los creadores de un sistema de flotación del dólar durante el cuarto mandato del presidente Víctor Paz Estenssoro en la segunda mitad de los años 80, que se denominó el bolsín y que ha evitado la reiteración del periodo de hiperinflación registrado de 1980 a 1985.

Su sucesor tiene una prolongada trayectoria profesional en el sector petrolero estatal, y durante su gestión como superintendente de Hidrocarburos se caracterizó por su férrea fiscalización a las empresas comercializadoras que exportaron gas licuado a precios inferiores en relación de los que rigen en el mercado interno.

Se prevé que Torres buscará conciliar los intereses de organizaciones sociales y empresariales, con el propósito de crear un ambiente adecuado para el referéndum.

Los sindicatos reaccionaron con indignación cuando el delegado presidencial Franceso Zaratti descartó la modificación de los contratos suscritos por el gobierno con firmas petroleras.

La COB anunció la profundización de una huelga general por tiempo indefinido, sólo acatada hasta ahora por los maestros de la enseñanza pública y algunos sectores campesinos, con el objetivo de “recuperar los hidrocarburos”.

A juicio del gobierno, la nacionalización de la industria petrolera es inviable porque habría que pagar unos 8.000 millones de dólares de indemnización a las transnacionales petroleras, que han invertido en el país unos 3.500 millones de dólares desde 1997, cuando se privatizó el sector.

“El país está fuertemente dividido y las expectativas son diametralmente opuestas”, dijo a IPS el analista y experto en temas energéticos Carlos Villegas.

A pesar del ambiente adverso, el referéndum no es una dádiva del gobierno, sino una conquista social de alto costo que debe llevarse a efecto, opinó.

La exigencia de una consulta popular sobre el uso del abundante gas natural boliviano fue uno de los planteamientos de organizaciones sociales en el marco de las protestas que obligaron a renunciar a Sánchez de Lozada y dejaron como saldo unas 70 muertes, según organizaciones humanitarias.

“El referéndum es una profundización de la democracia, y las opiniones políticas y sociales no pueden dividir al país”, comentó a IPS la analista de temas sociales María Teresa Zegada.

Las preguntas planteadas “recogen las demandas de octubre y tienen sustento en sondeos de opinión”, sostuvo.

Pero Villegas anticipó un problema inmediato cuando el Congreso analice la ley para convocar al referéndum y reciba la demanda en la materia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que pide la incorporación de las categorías de consulta departamental y municipal.

Esa influyente organización sostiene que las preguntas de un referéndum nacional deben ser previamente debatidas y aprobadas por consenso en el Congreso.

Mario Kiesen Brieger, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, el sureño departamento que concentra los mayores volúmenes de gas natural, calificó de absurda a la consulta y anunció nuevos conflictos sociales.

Villegas no descarta el fortalecimiento del movimiento sindical alrededor de la COB, que reclama el retiro de las petroleras extranjeras y la devolución de los campos e instalaciones privatizadas.

Pero si el gobierno respeta los contratos de concesión, Bolivia no podrá recuperar esos bienes hasta 2036, destacó.

Pinochet atrapado en nido del cóndor

Por Gustavo González

Santiago, Chile, 28 may (IPS)— La justicia entreabrió este viernes en Chile la puerta hacia la verdad histórica sobre el papel del dictador Augusto Pinochet en la génesis de la Operación Cóndor, que dio carácter transfronterizo a los crímenes contra los derechos humanos en el Cono Sur de América en los años 70.

En una sorpresiva decisión, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó por 14 votos contra nueve el levantamiento de la inmunidad penal del general retirado de 88 años para que declare en el proceso que instruye el juez Juan Guzmán por demandas presentadas en 1998.

Los detalles del fallo serán dados a conocer la próxima semana y de inmediato la defensa de Pinochet comenzará a preparar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que el 1 de julio de 2002 ordenó cerrar otro proceso del mismo magistrado al ex dictador con base en un diagnóstico médico de demencia vascular (senil).

En una vuelta de tuerca de los acontecimientos, el hombre que el 11 de septiembre de 1973 derrocó en un cruento golpe de Estado al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende vuelve a enfrentarse a las acusaciones que entre octubre de 1998 y marzo de 2000 determinaron su prolongado arresto en Londres.

El juez español Baltasar Garzón, a cargo del primer proceso por los crímenes de las dictaduras sudamericanas abierto en ese país bajo los principios del carácter universal de los derechos humanos, fue quien consiguió entonces la detención de Pinochet en Gran Bretaña para pedir su extradición y juzgarlo en Madrid.

No lo logró, porque las autoridades británicas liberaron a quien mantuviera la dictadura hasta 1990 y permitieron su regreso a Chile aduciendo “razones humanitarias”, luego de polémicos exámenes médicos que le detectaron patologías físicas y una incipiente demencia senil.

Fueron esos mismos antecedentes los que en julio de 2002 hicieron que la Corte Suprema absolviera a Pinochet en el proceso del juez Guzmán por 18 asesinatos y 57 secuestros de la llamada “caravana de la muerte”, cometidos en Chile en octubre de 1973, y que lo libraron de otros dos pedidos de procesamiento durante 2003.

El ex dictador chileno observaba hasta ahora de lejos los dispares avances de los procesos contra militares involucrados en la Operación Cóndor, a cargo de Garzón en España y de otros magistrados en Europa, así como en tribunales de Argentina y Chile.

La Operación Cóndor coordinó en la segunda mitad de la década del 70 a los aparatos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a opositores, en una empresa que no conoció fronteras físicas ni límites jurídicos o éticos.

El plan, de acuerdo a los antecedentes disponibles, tuvo su origen en una reunión de jefes de organismos de seguridad de esos países que convocó en Santiago de Chile el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la hoy desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para coordinar la llamada lucha antisubversiva.

La historiografía oficial identifica así a Contreras como el gestor y promotor de la Operación Cóndor, sin que se haya logrado aclarar hasta ahora el papel que tuvo Pinochet, único superior jerárquico del jefe de la DINA en el organigrama de la dictadura.

Con un sentido de lealtad digno de mejor causa, Contreras ha eludido involucrar al ex dictador en los sucesivos juicios por crímenes contra los derechos humanos que ha enfrentado desde el restablecimiento de la democracia en Chile en 1990 y que le han significado ya tres condenas a prisión.

De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia la que en definitiva podría abrir los cauces para que los tribunales chilenos determinen el papel que le cupo a Pinochet en el mayor operativo conjunto de represión y crímenes contra la humanidad de las policías y secretas del Cono Sur latinoamericano.

Para el actual comandante en jefe del Ejército chileno, general Luis Emilio Cheyre, es sin embargo imposible reconstruir el pasado.

En declaraciones que hizo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, el jefe militar declinó opinar sobre el fallo contra Pinochet, pero se declaró “acongojado” porque la sociedad chilena sigue “dividida y entrampada” por hechos que ocurrieron hace 30 años.

En cambio, Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, señaló que la decisión de los tribunales es “una gran noticia que le va a hacer bien a nuestro país, porque indica que Augusto Pinochet no está impedido de enfrentar un debido proceso”.

En su fallo de julio de 2002 la Corte Suprema adujo que la demencia senil le impedía al ex dictador ejercer su derecho a la defensa, con lo cual estableció una jurisprudencia con que la Corte de Apelaciones desechó otros dos procesos en su contra durante 2003.

Se trató de los juicios por los asesinatos del ex comandante del Ejército chileno, general Carlos Prats, y su esposa, cometidos en septiembre de 1974 en Buenos Aires por la DINA, y por el secuestro y homicidio en 1976 de los 10 miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista.

Por una ironía de la historia fue el propio Pinochet quien proporcionó los elementos para que se descartara su presunta demencia en el fallo que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobaron por mayoría este viernes.

El 24 de noviembre de 2003 una cadena de televisión de Miami difundió una entrevista de una hora al ex dictador, quien se mostró completamente lúcido en sus respuestas, en las cuales se negó a pedir perdón a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que catalogó de “excesos cometidos por subalternos”.

“No tengo odio ni rencor. Soy bueno y me siento un ángel”, dijo también Pinochet en esa entrevista.

“Si (Pinochet) puede contestar preguntas a una periodista por casi una hora, coherentemente y razonando en forma lógica, recordando incluso acontecimientos que ocurrieron hace más de 30 años, bien puede responder preguntas de un juez”, plantearon los abogados querellantes.

Versiones no confirmadas señalaron que la entrevista desató problemas entre los hijos de Pinochet, ya que algunos de ellos habrían cobrado al canal estadounidense por gestionarla.