Coca-Cola acusada de aprovechar trabajo infantil

Por Jim Lobe

Washington, DC, 10 jun (IPS)— Coca-Cola y otras compañías deben asegurarse mejor de que el azúcar que compran en El Salvador no sea fruto del trabajo ilegal de miles de niños en las plantaciones de caña de azúcar de ese país, sostuvo en un informe lanzado este jueves la organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch (HRW).

De 5.000 a 30.000 niños, incluyendo a algunos de sólo ocho años, realizan esa labor, que causa frecuentes heridas, según el documento titulado. Oídos sordos. Trabajo infantil peligroso en el cultivo de caña de azúcar en El Salvador.

Según la ley salvadoreña, la edad mínima para trabajar es 14 años, y para realizar tareas peligrosas, 18 años. Pero esas normas no suelen cumplirse, en parte porque muchos niños son contratados como “ayudantes”, y no como trabajadores, indicaron los autores del informe.

Además de ese procedimiento para eludir la ley, es habitual que los empleadores de niños que se lastiman al trabajar en las plantaciones no paguen su atención médica, lo que también es ilegal, apuntaron.

“El trabajo infantil es prolifera en las plantaciones salvadoreñas de caña de azúcar. Las compañías que compran o usan azúcar de El Salvador deberían reconocer ese hecho y asumir la responsabilidad de hacer algo al respecto”, afirmó Michael Bochenek, de la división de derechos infantiles de HRW.

El informe, de 139-páginas, se basa en entrevistas con 32 niños y jóvenes, cuyas edades van de 12 a 22 años, y también con padres y maestros de trabajadores infantiles, activistas, académicos, abogados funcionarios del gobierno salvadoreño y representantes de la Asociación Azucarera de El Salvador, durante una visita a ese país en 2003.

Es el informe número 11 de HRW en una serie sobre trabajo infantil, y el cuarto sobre esa práctica en El Salvador. Su lanzamiento se produjo en vísperas del 12 de junio, declarado Día Mundial Contra el Trabajo Infantil por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se trata del más reciente de los crecientes esfuerzos realizados por organizaciones no gubernamentales para presionar a corporaciones multinacionales, con la intención de que asuman más responsabilidades en relación con las condiciones laborales asociadas con sus productos o insumos.

Bajo presión de esos grupos, por ejemplo, grandes productores de chocolate acordaron el año pasado participar en un programa de supervisión de plantaciones de cacao en Africa Occidental, a fin de asegurar que en ellas se cumplen las normas internacionales mínimas relacionadas con el trabajo infantil.

En primera instancia, los productores de chocolate insistieron en que no eran responsables de los abusos en esas plantaciones, porque sus proveedores directos no eran los propietarios de las mismas, sino intermediarios, pero ese argumento fue abandonado cuando los activistas aumentaron sus medidas de presión, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Coca-Cola plantea un argumento similar, ya que no es propietaria de plantaciones en El Salvador ni compra directamente a productores agrícolas de ese país, sino azúcar refinada por la mayor industria salvadoreña del sector, Central Izalco.

Otras compañías nombradas en el informe de HRW son Amerop Sugar, Cargill, Glencore International AG; Louis Dreyfous y Marubeni.

Cortar caña de azúcar es una dura y peligrosa labor en la que se usan machetes y otros objetos afilados. La monotonía del trabajo y el hecho de que se realice bajo los rayos del sol contribuyen a aumentar la frecuencia de los accidentes con esas herramientas, incluso entre obreros experimentados.

Además, se suele usar fuego para eliminar las hojas de la planta, y eso es el origen de problemas sanitarios por inhalación de humo y de quemaduras ocasionales, especialmente en las plantas de los pies.

El cultivo de caña de azúcar es “indiscutiblemente el más peligroso” de los trabajos agrícolas, dijo a HRW un ex inspector laboral.

Plantar caña de azúcar no es tan peligroso, pero sí es difícil y extenuante porque los trabajadores deben caminar a la par de tractores bajo los rayos del sol, y esa labor suele ser realizada por niñas según el informe.

Por la otra parte, los trabajadores infantiles pierden a menudo varios meses de clases escolares por año, especialmente si son empleados para la cosecha, y es frecuente que con el paso del tiempo abandonen por completo la escuela.

La producción de azúcar ha ganado importancia en El Salvador desde los años 50, y en 1971 ya era más relevante para la economía del país que el cultivo de granos básicos para alimentación. En los años 90, el azúcar se convirtió en la segunda exportación del país después del café, y desde mediados de esa década la mayor parte de las plantaciones fueron privatizadas.

Los principios reivindicados expresamente por Coca-Cola establecen que sus proveedores directos “no usarán trabajo infantil, de acuerdo con la definición de las leyes locales” en cada país.

Según correspondencia entre Coca Cola y HRW dada a conocer por el grupo humanitario, la compañía sólo ha aplicado ese requisito en el caso de Izalco, y investigaciones de HRW mostraron que Izalco compra azúcar de caña por lo cuatro plantaciones en las que se realiza trabajo infantil ilegal.

“(Eso) significa que los proveedores de Coca-Cola pueden cumplir con los principios de orientadores de Coca-Cola aunque sepan que el azúcar que refinan es cosechada en parte mediante trabajo infantil”, concluyó HRW.

“Si Coca-Cola habla en serio de evitar la complicidad con el uso de trabajo infantil peligroso, debería reconocer su responsabilidad, y asegurarse de que el respeto por los derechos humanos se extienda más allá de sus proveedores directos?”, alegó Bochenek.

Para eso, Coca-Cola y otras firmas que compran azúcar salvadoreña deberían exigir a sus proveedores que incorporen criterios internacionales contra el trabajo infantil en la relación con las plantaciones que los abastecen, y adopten sistemas efectivos para supervisar el cumplimiento de esos criterios, sostuvo HRW.

Haiti: el Caribe desafía a los gigantes

Por Dionne Jackson Miller

Kingston, Jamaica, 11 jun (IPS)— La controversia por la caída del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide sigue alimentada por el desafío de 15 pequeños estados del Caribe (Caricom) a las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos.

Desde el abrupto fin del gobierno de Aristide, el 29 de febrero, la Caricom (Comunidad del Caribe) reclama una investigación internacional e imparcial sobre el caso.

El mandatario fue transportado ese mismo día a República Centroafricana en un vuelo especial de Estados Unidos, mientras violentos rebeldes haitianos avanzaban sobre Puerto Príncipe. Desde entonces, Aristide se radicó primero en Jamaica y luego en Sudáfrica.

La Caricom mantiene su reclamo de una investigación a pesar del evidente desinterés por parte de Washington en que prospere.

Aristide continúa afirmando que fue secuestrado por infantes de las Marinas (marines) estadounidenses y que no renunció por su propia voluntad, como aseguran funcionarios de Washington, sino obligado a firmar el documento.

Con la aprobación el martes de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que abriría espacio a una investigación, la postura de la Caricom parece haberse reivindicado.

Por insistencia del bloque, la asamblea de la OEA, que sesionó entre el 6 y 8 de este mes en Quito, aprobó una resolución que invoca el artículo 20 de la carta constitutiva de la organización hemisférica.

“En caso de una alteración inconstitucional a un régimen constitucional que afecte seriamente el orden democrático de un Estado miembro, cualquier Estado miembro o el secretario general puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar colectivamente la situación y tomar las medidas que estime apropiadas”, indica.

La resolución reconoce que hubo una alteración en el régimen constitucional de Haití cuando Aristide dejó el país, señaló el canciller jamaiquino Keith Knight en una entrevista para la oficina de prensa de la OEA.

Knight subrayó en que la resolución no legitima el actual gobierno interino haitiano del primer ministro Gerard Latortue.

“Esta resolución en ninguna manera incluye el reconocimiento del régimen, y, hasta donde entiende Caricom, ese asunto debe ser tratado cuando los jefes de gobierno del grupo se reúnan en Granada en julio”, señaló.

Caricom hasta ahora no ha reconocido al gobierno de Latortue.

Aunque la resolución de la OEA prepara el camino para una investigación de lo ocurrido en Haití, no hay muchas esperanzas de que ésta se materialice.

Orlando Marville, ex diplomático de la Caricom, dijo al servicio caribeño de la BBC que la resolución no afectará en lo más mínimo al gobierno de Latortue. “No lo tocará porque nadie va a tomar la posición de la OEA en serio”, señaló.

Por su parte, el analista Neville Duncan, de la Universidad de Indias Occidentales, tampoco cree que se lleve a cabo la investigación, pero de todas formas considera muy importante la resolución.

“Este es un golpe simbólico contra el unilateralismo de Estados Unidos, que se siente capaz de prescindir de los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto o el (Estatuto de Roma, que dio origen al) Tribunal Penal Internacional”, dijo Duncan a IPS.

Duncan sostuvo que el caso de Arisitide evidenció la necesidad para darle más voz a los países en desarrollo en las instituciones internacionales, y pidió “una revisión drástica para permitir una mayor participación de los países pequeños en el sistema”.

“La batalla comenzó antes de la reunión (ministerial de la Organización Mundial del Comercio realizada en septiembre en la sudoriental ciudad mexicana) de Cancún. Los países del Sur, incluidos a los sudamericanos y del Caribe, están haciendo un gran trabajo para elevar su voz”, destacó.

Es poco probable que la resolución de la OEA tenga algún efecto en el posible regreso de Arisitide, pero de todas formas es un paso muy positivo de ese organismo internacional, dijo Larry Birns, director del independiente Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, con sede en Estados Unidos.

“Cada vez que la OEA dependió de las acciones individuales de su secretario general (César Gaviria) terminó en alguna manera acomodándose a Washington, porque Gaviria es un gran amigo de Estados Unidos”, dijo Birns a IPS.

Esta semana fue electo nuevo secretario general de la OEA Miguel Angel Rodríguez, presidente de Costa Rica de 1998 a 2002, quien asumirá en diciembre.

“Cuando la OEA actuó como un cuerpo tomó con frecuencia posturas independientes de Estados Unidos. Es por eso que considero esto una señal esperanzadora de que el grupo poco a poco vaya dejando la actitud de perro faldero impulsada por Gaviria”, añadió.

Pero los mayores errores respecto de Haití los cometió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según Birns.

El canciller de Trinidad y Tobago, Knowlson Gift, señaló en una conferencia de prensa el mes pasado que todos los intentos de la Caricom para que la ONU investigara la salida de Aristide se vieron frustrados por la resistencia del Consejo de Seguridad y del secretario general, Kofi Annan.

El fracaso era inevitable, pues tanto Estados Unidos como Francia, que jugaron un papel clave en la salida de Aristide, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y por tanto cuentan con poder de veto sobre sus resoluciones, indicó.

Canadá, que apoyó las acciones de Estados Unidos y Francia, también tuvo un papel fundamental en el desenlace de la crisis haitiana en febrero.

“Annan constantemente ha criticado a Occidente por su indiferencia hacia Ruanda, pero él mismo actuó de forma escandalosa con Haití”, dijo Birns.

“La ONU fue básicamente intrascendente en lo que tiene que ver con Haití. Sólo validó lo que hizo Estados Unidos. Cuando se precisaba a la ONU, simplemente no estaba”, agregó.

Un aspecto importante de la resolución de la OEA es el pedido de la ayuda internacional para reconstruir Haití, un esfuerzo del que la Caricom siempre quiso participar, dijo Knight.

La organización también instó a realizar cuanto antes elecciones en Haití, donde las fuerzas de paz de la ONU comenzaron a remplazar a la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos.

Según observadores, las tropas estadounidenses pudieron acabar con la violencia en gran escala en Puerto Príncipe, pero todavía no desarmaron a los rebeldes.

Duncan se mostró ansioso para ver a la Caricom participar de los esfuerzos para la reconstrucción de ese país, aunque señaló que el bloque todavía debe involucrarse más con los problemas haitianos.

“Necesitamos reducir los ataques contra el Partido Lavalas (de Arisitide) y trabajar para lograr elecciones libres y justas. Tenemos que estar ahí, en un sentido organizacional”, afirmó.

El gobierno de Latortue prometió convocar elecciones para 2005.