Legisladores revisan facturas de Halliburton

Por Emad Mekay

Washignton, DC, 15 jun (IPS)— Auditores militares y legisladores de Estados Unidos acusan a la compañía constructora y de servicios Halliburton de inflar facturas y libros contables de sus contratos con el gobierno por sus actividades en Iraq.

“En nuestra opinión, el sistema de facturación del contratista es en parte inadecuado”, indicó la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa (DCAA, por sus siglas en inglés) en un informe divulgado por el representante Henry Waxman, del opositor Partido Demócrata.

“Nuestro examen reveló varias deficiencias en el sistema de facturación de KBR”, agrega el estudio, en referencia a Kellogg Brown and Root, subsidiaria de Halliburton y principal contratista de Washington en Iraq.

Las fallas del sistema “resultan en facturas al gobierno que no están preparadas de acuerdo con las leyes, regulaciones y términos contractuales aplicables”, advierte la auditoría, a la que IPS tuvo acceso.

El informe también se refiere a deficiencias del sistema que causaron errores de facturación y que no fueron prevenidos, detectados o corregidos con puntualidad.

Halliburton, la compañía que recibió los contratos más lucrativos en Iraq, es objeto varias investigaciones. Su gerente general fue entre 1995 y 2000 el hoy vicepresidente Dick Cheney, quien, según organizaciones civiles, aún recibe una asignación de 150.000 dólares anuales de la empresa.

El nuevo informe, con fecha 13 de mayo, también indica que la empresa tiene controles inadecuados sobre sus subcontratistas y que “no supervisa el avance físico de los subcontratos, sus costos relativos ni su facturación”.

La auditoría propuso que no se le permita a KBR emitir facturas directas y que se le obligue a presentar toda esa documentación a la DCCA, que debería, en ese caso, prestarles su aprobación provisoria antes de ser remitidas para su pago.

También recomendaron que KBR someta un detallado plan de corrección de las deficiencias mencionadas en el informe.

Waxman manifestó su alarma porque algunos contratos de KBR no fueron expuestos el martes ante una audiencia del Congreso convocada especialmente para considerar el asunto.

Varios legisladores han exigido acceso a información sobre los contratos aprobados por el gobierno de Bush para la reconstrucción y desarrollo de Iraq, incluidos los que por 7.000 millones de dólares se firmaron con KBR.

Una de las acusaciones contra esa firma se refiere a la sobrefacturación de 61 millones de dólares por venta de gasolina al ejército estadounidense en Iraq —un dólar de más por cada galón (0,264 litros)—, en el marco de un contrato asignado sin licitación pública.

Además, se acusa a otros empleados de cobrar 6,3 millones de dólares en concepto de sobornos por otro contrato en Iraq, y de facturar tres platillos por cada uno de los que en realidad servían en un cuartel de Kuwait.

Halliburton está a cargo de buena parte de la reconstrucción de la infraestructura petrolera iraquí, pero también ofrece servicios de alimentación, vivienda temporaria, lavandería y conexión a Internet a los soldados allí apostados.

Esta firma se ha convertido en el paradigma del carácter reservado de los contratos en el Iraq de posguerra y de las oportunidades de lucro que la actitud beligerante del gobierno de Bush brindó a empresas cercanas al poder.

El Inspector General del Departamento (ministerio) de Defensa derivó el contrato por suministro de combustible a cargo de KBR al Servicio de Investigaciones Penales de esas carteras, que analiza una posible demanda judicial.

Pero Waxman alertó que los legisladores deben estar alerta luego de que cinco ex empleados de Halliburton y un alto ejecutivo de una de sus firmas subcontratistas describieron a los investigadores ejemplos de despilfarro, fraude y abusos en los contratos iraquíes.

El legislador demócrata afirmó el lunes que el Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes debería recibir a los empleados para atender su testimonio.

David Wilson, uno de los responsables de la escolta de cargas de Halliburton en Iraq, y James Warren, chofer de la compañía, describieron episodios en los cuales se dejaba abandonados camiones de 85.000 dólares si tenían problemas mecánicos menores, aunque fuera un neumático pinchado.

La experta en logística de Halliburton Marie De Young también describió casos de sobrefacturación y mal manejo generalizados.

Por ejemplo, aseguró que la empresa no cumplió con el pedido del ejército de trasladar a sus empleados de un hotel de cinco estrellas en Kuwait, a un costo de 10.000 dólares diarios, a tiendas de campaña con aire acondicionado, una opción de 600 dólares.

Mientras, Michael West, capataz de Halliburton, afirmó que él y otros empleados pasaron semanas en Iraq sin nada que hacer, con instrucciones de registrar en sus planillas siete jornadas semanales de 12 horas cada una.

West le informó a Waxman, además, que su superior le ordenó conprar equipamiento innecesario. “No se preocupe por eso. Es un contrato ‘cost-plus-plus’”, le dijo el supervisor.

Esta expresión inglesa denomina contratos en que el cliente debe pagar los costos más una suma fija estipulada de antemano. ‘

“Estos individuos tienen conocimiento de primera mano de despilfarro, fraude y abuso flagrante en los contratos de Halliburton en Iraq”, observó Waxman.

Halliburton esgrimió conexiones de alto nivel y aportes a campañas electorales para obtener contratos que le aseguraran beneficios de la guerra de Bush contra el terrorismo, no solo en

Iraq sino también en Afganistán, la cubana bahía de Guantánamo y en otras regiones, según organizaciones civiles estadounidenses.

Se trata de una de las 10 principales contratistas militares estadounidenses: recibió 3.900 millones de dólares de las fuerzas armadas en 2003, 680 por ciento más que el año anterior.

El presupuesto del Pentágono (Departamento de Defensa) supera los 400.000 millones de dólares al año, mientras el del flamante Departamento de Seguridad Interna es de alrededor de 40.000 millones. Las guerras en Afganistán y en Iraq han costado hasta ahora 180.000 millones de dólares.

Oposición a TLC atrincherada en Costa Rica

Por José Eduardo Mora

San Jose, Costa Rica, 21 jun (IPS)— Aunque la resistencia al tratado de libre comercio en construcción con Estados Unidos crece en toda América Central, líderes sociales coinciden en que la gran batalla tendrá como escenario a Costa Rica, donde la oposición se centra en la propuesta de apertura de las telecomunicaciones y los seguros.

Costa Rica se convertirá en el centro de la lucha contra el libre comercio, “porque, a diferencia de lo que sucederá en el resto del istmo, a este país le cambiará el modelo de desarrollo social” si se ratifica el acuerdo con Washington, aseguró Fabio Chaves, del Frente Interno de los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Chaves explicó a IPS que su país “ha tenido un modelo de desarrollo basado en la seguridad y la solidaridad social”, y citó como ejemplo de ello a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una institución que vela por la salud y que puede sufrir el impacto de este acuerdo con los Estados Unidos por las trabas a incluir para la compra de medicamentos genéricos.

Además, precisó que la amplitud de servicios en telecomunicaciones y la cobertura que dan el ICE y el Instituto Nacional de Seguros, respectivamente, sólo son posibles si esas instituciones responden a los intereses de los costarricenses y no a las empresas transnacionales, que apetecen esas áreas y que ya están presentes en el resto de los países de la región.

El Congreso de Costa Rica discutirá a partir de la segunda semana de julio el tratado de libre comercio con Estados Unidos, también llamado Cafta por sus siglas en inglés, que fuera firmado por los gobiernos de este país, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la ceremonia del 28 de mayo en la sede de Washington de la Organización de Estados Americanos.

En estas últimas cuatro naciones del istmo todavía no se definen fechas para su ratificación, pero Chávez considera que existe un acuerdo tácito entre los cinco presidentes para que los textos se envíen a los parlamentos respectivos en el mismo lapso.

Una muestra la movilización social en ciernes fue la multitudinaria marcha que convocaron sindicalistas y activistas sociales el 31 de mayo, más grande aun que la generada en abril de 2000 por el “Combo del ICE”, como se le llamó a la protesta en contra del proyecto de apertura de las telecomunicaciones de Costa Rica, la mayor en este país en los últimos 30 años.

Precisamente, la venia de los negociadores costarricenses para aceptar otra vez la apertura a capitales externos de las telecomunicaciones, administradas por el ICE, y el monopolio de los seguros, a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), son dos de los puntos más cuestionados por los sectores de la sociedad civil costarricense.

El acuerdo de libre comercio en negociación entre Estados Unidos y América Central incluye al sector agropecuario, de otras áreas de exportación, a los servicios, la propiedad intelectual, la legislación laboral y áreas relacionadas con los recursos naturales.

Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), una de las principales organizaciones sindicales de Costa Rica, sostuvo que los argumentos del Ministerio de Comercio Exterior cada vez se debilitan más, en particular su advertencia de que, si no se adhiere al pacto comercial, se perderán 500.000 puestos de trabajo.

Es una deducción “falsa”, agregó, como lo demuestra el estudio titulado “El TLC y el empleo”, el cual concluye que el sector exportador, cuya mitad no se dirige a los Estados Unidos, genera directa e indirectamente 30 por ciento del empleo nacional.

Esa investigación apunta también que “97.73 por ciento del sector productivo nacional destina mayoritariamente su producción al mercado local”.

“Ya contamos con 19 legisladores que abiertamente dijeron que no apoyarán el Cafta en el Congreso y ellos son ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), seis del Bloque Patriótico, un diputado independiente, dos del gobernante Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y dos del Partido Liberación Nacional”, afirmó Vargas se manifestó convencido de que las presiones se darán en las calles y que ahí es donde se ganará el pulso con los sectores que quieren entregar la riqueza del país.

Pero, mientras el panorama se presenta tenso en Costa Rica, en Nicaragua existe cierta resignación, porque los sectores sociales y campesinos temen que el Congreso legislativo de su país ratificará el Cafta sin mayores dificultades.

Edgardo García, de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), explicó a IPS que, aunque no tienen dudas de los “perjuicios que les generará a los nicaragüenses” el tratado comercial con los Estados Unidos, los diputados liberales seguirán la línea del presidente Enrique Bolaños.

García detalló que el acuerdo comercial causará perjuicios a la agricultura de Nicaragua, porque los productores no pueden competir con los millonarios subsidios que a diario reciben los estadounidenses y, en general, porque el TLC se sustenta en los principios económicos de que sobrevive el más fuerte, situación contra la que compiten en desventaja las empresas locales

También el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se presenta dividido en este asunto, añadió.

Empero, para el dirigente campesino, este tratado es sólo una prolongación de la política de ajuste estructural puesta en marcha en los años 80 y “cuyas consecuencias padecemos hoy en Nicaragua”, sostuvo García.

“El impacto de la emigración nicaragüense a Costa Rica es una de las consecuencias de la mala situación de nuestra agriculutura y ello empeorará con el acuerdo comercial”, apuntó.

Resaltó que la Mesa Agropecuaria y Forestal de Nicaragua agrupa a una diversidad de organizaciones dispuestas a ofrecer batalla contra el libre comercio, pero que el peso político de esa oposición no impedirá la ratificación en la Asamblea Nacional (Congreso).