Pinochet otra vez en manos de la ley

Por Gustavo González

Santiago, Chile, 26 de agosto (IPS)— El ex dictador Augusto Pinochet está nuevamente en manos de la justicia en Chile, luego de que la Corte Suprema resolviera despojarlo de su inmunidad penal, para establecer su responsabilidad en el Plan Cóndor, el dispositivo de coordinación represiva del Cono Sur de América Latina en los años 70 y 80.

La resolución, que el máximo tribunal adoptó por nueve votos a favor y ocho en contra, fue recibida con alborozo por familiares de las víctimas de la represión dictatorial, mientras el gobierno optó por la cautela y los seguidores de Pinochet reprobaron el fallo, además de pronosticar que el juicio no prosperará.

“Este es un día histórico, porque este fallo nos abre una ventana para enjuiciar a todos los violadores de los derechos humanos”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Pizarro encabezó a un grupo de un centenar de miembros de la agrupación y activistas humanitarios que montaron guardia frente al Palacio de los Tribunales y lanzaron gritos de júbilo cuando el secretario de la Corte Suprema dio a conocer el desafuero.

Pinochet, actualmente de 88 años, goza de inmunidad especial según un Estatuto de los Ex Presidentes, aprobado para protegerlo cuando renunció a su condición de senador vitalicio en 2001.

El ex dictador y ex comandante en jefe del Ejército de Chile había sido desaforado en 2000 a solicitud del juez Juan Guzmán, quien investigaba entonces 57 homicidios y 18 secuestros atribuidos a la llamada “caravana de la muerte”, una misión militar que recorrió campos de prisioneros políticos en octubre de 1973.

Pinochet había tomado el poder poco antes, en el cruento golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende.

Antes de que Guzmán emitiera sentencia en el proceso sobre la “caravana”, la Corte Suprema decidió el 1 de julio de 2001 que el ex dictador no podía ser juzgado, sobre la base de controvertidos peritajes que le diagnosticaron una incipiente demencia senil.

El mismo argumento de salud, combinado con la invocación de razones humanitarias, hizo que el gobierno británico liberara en marzo de 2000 a Pinochet, que había permanecido bajo arresto en Londres desde el 16 de octubre de 1998, debido a un pedido internacional de captura del juez español Baltasar Garzón.

Los tribunales chilenos rechazaron desde 2001 otros dos pedidos de desafuero de Pinochet, hasta que el propio Guzmán, quien investiga una demanda de familiares de víctimas del Plan Cóndor, presentó este año una nueva solicitud, aprobada en primera instancia el 28 de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Plan Cóndor nació, según documentos históricos, en 1975, por iniciativa del entonces coronel Manuel Contreras, director de la Dirección Investigaciones Nacional (DINA), un cuerpo represivo que dependía directamente del mando de Pinochet.

Mediante ese plan se estableció una coordinación de las policías secretas en el Cono Sur, que posibilitó persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones de opositores a los regímenes dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Este año, fue el propio Pinochet quien aportó elementos que contradijeron su supuesta demencia senil.

El primero fue una prolongada entrevista que concedió a fines de 2003 a una cadena de televisión de Miami, donde se explayó en un alegato sobre su inocencia, negó haber violado los derechos humanos y se calificó como un hombre bueno perseguido por la izquierda por haber derrotado al comunismo.

Tal antecedente fue esencial en el fallo de la Corte de Apelaciones de mayo, y en julio el ex dictador volvió a dar muestras de lucidez cuando se le vio comprando libros en un paseo por la calle San Diego, una de las vías más concurridas del centro de Santiago.

Eso ocurrió en la víspera de que trascendiera en Estados Unidos la investigación de una comisión del Senado, que detectó cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs, cuyos depósitos podrían sumar unos ocho millones de dólares.

Cuestionado ya no sólo como violador de los derechos humanos, sino también por corrupción y enriquecimiento ilícito, el ex dictador afronta ahora un nuevo juicio, que podría echar luz sobre el oscuro capítulo de la historia de América del Sur en torno al Plan Cóndor.

La organización humanitaria Amnistía Internacional aplaudió el fallo de la Corte Suprema, y sostuvo en un comunicado que “Chile ha dado un gran paso hacia la justicia”.

“La decisión de la Corte demuestra que Pinochet puede y debe responder ante la Justicia de la misma forma que cualquier otro ciudadano. Este es un paso valioso que devuelve la confianza en el Poder Judicial tras dos décadas de espera”, afirmó.

La organización humanitaria hizo votos para que Chile avance en el establecimiento de la verdad, mientras desde el entorno de Pinochet se criticaba el fallo de la Corte Suprema, con el argumento de la demencia senil.

El diputado Patricio Melero, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, partido derechista identificado con el ex dictador, sostuvo que el dictamen de la Corte es “contradictorio e inútil,” ya que “es evidente que este tipo de afecciones (demencia senil) tiende a agravarse en el tiempo y no a atenuarse”.

El desafuero implica que el juez Guzmán puede realizar ahora las diligencias que estime necesarias para aclarar la responsabilidad de Pinochet en el Plan Cóndor, pero no está claro aún si procederá primero a aclarar la situación de salud del ex dictador.

Dos de los nueves jueces que votaron a favor del retiro de la inmunidad penal a Pinochet plantearon que el magistrado debe ordenar nuevos peritajes médicos al anciano ex dictador antes de cualquier otra diligencia.

Torturas bajo narices presidenciales

Por Diego Cevallos

Mexico City, Mexico, 26 de agosto (IPS)— Los mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea expresaron en mayo su horror ante las torturas a prisioneros iraquíes, mientras no muy lejos de ellos decenas de jóvenes sufrían graves maltratos que siguen impunes.

Eso ocurrió durante la cumbre realizada en la occidental ciudad mexicana de Guadalajara, donde se detuvo ilegalmente a 73 personas, se torturó por lo menos a 19 y se dieron tratos degradantes a otros 55, afirmó el miércoles ante diputados José Luis Soberanes, presidente de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Me detuvieron policías por mi atuendo y quedé cinco días condenado a un infierno de golpes, insultos y amenazas, pero eso no fue nada frente a lo que pasó con varios compañeros, que los asfixiaron con bolsas y le dieron toques eléctricos en los testículos”, dijo a IPS el estudiante universitario Oscar Chávez, que goza de libertad gracias al pago de unos 5.000 dólares de fianza.

De los detenidos en mayo, 17 permanecen en prisión acusados de motín, rebelión, robo, agresiones y otros delitos. Varios de ellos participaron en las marchas de activistas sociales con motivo de la cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, realizada en un edificio desde el que no fue posible ver u oír a los manifestantes.

Una movilización de los llamados altermundistas (por la invocación a construir “otro mundo”) terminó en violentos enfrentamientos con la policía, pero casi todos los jóvenes ahora detenidos aseguran que no participaron en esa contienda, y que fueron detenidos sin justificación, cuando caminaban pacíficamente por Guadalajara.

El informe de la CNDH, con base en una amplia investigación, indica que los policías “practicaron razias en los alrededores del Centro Histórico de esa ciudad (Guadalajara), realizando detenciones sobre varias personas que ‘parecían sospechosas’”.

Francisco Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, sostiene que no hay ninguna evidencias de que los policías a sus órdenes hayan cometido abusos contra los detenidos, y Juan Sandoval, cardenal católico del mismo estado, acusó incluso a la CNDH de proteger a delincuentes.

Según Ramírez, miembro del Partido Acción Nacional al igual que el presidente Vicente Fox, la CNDH ha dado credibilidad total a la versión “de los que generaron violencia” durante la cumbre de mandatarios, realizada los días 28 y 29 de mayo, y “se presentan hoy como víctimas”.

En Jalisco no hay represión ni tortura, proclamó el gobernador luego de volver a felicitarse por el ambiente de seguridad que, según afirma, hubo en la cumbre.

“Da rabia oír a ese señor (Ramírez), pues yo fui una víctima de los golpes y la vejaciones de la policía en Guadalajara. A mi me cortaron el pelo y la barba con un cutter (instrumento para cortar papel), me patearon hasta el cansancio, amenazaron con violarme y por último me metieron a una cárcel con delincuentes”, señaló Chávez.

El joven, estudiante de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que fue a Guadalajara para manifestarse pacíficamente y terminó detenido en la calle por policías que lo arrastraron con lujo de violencia hasta lugares que no puede identificar, donde estuvo varios días sin comer ni dormir, bajo constantes golpes.

“Me desmayé varias veces, pero no me permitían (los policías) ni sentarme, ni verles a la cara. Todo era gritos, golpes e insultos, mientras me tenían esposado con los brazos hacia atrás”, declaró.

Chávez, de 25 años, fue acusado de violencia y motín, y remitido a un juez que lo dejó libre bajo fianza, con la obligación de presentarse cada 15 días ante autoridades judiciales de Jalisco, mientras dure su juicio.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, expresó el miércoles, mediante un comunicado, honda preocupación por el rechazo del gobernador de Jalisco a las pruebas presentadas por la CNDH sobre “violaciones de los derechos humanos como retenciones ilegales, incomunicación y tratos crueles y degradantes contra decenas de manifestantes, e incluso actos de tortura”.

La FIDH llamó al gobierno de Jalisco a liberar a todos los detenidos y a cumplir con las recomendaciones de la CNDH, que pidió sanciones a los responsables de abusos policiales. Pero según el gobernador mexicano, en su estado no hay nada que sancionar.

Algunos de los detenidos afirmaron ante la CNDH que fueron torturrados con descargas eléctricas en manos y genitales, y otros relataron que se les cubrió con bolsas para provocarles asfixia.

“Si Jalisco no cumple las recomendaciones, iremos con la denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no se puede tolerar que los abusos cometidos en Guadalajara permanezcan impunes”, dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

“Esto no puede quedar así, pues el propio gobernador toleró los actos de tortura, los instigó y quizá hasta los ordenó”, declaró Ramírez...

En el congreso legislativo, a donde acudió la CNDH para explicar su actuación en el caso, varios diputados señalaron que no permitirán que los responsables de las agresiones y torturas queden impunes.

En la cumbre de Guadalajara, los gobiernos participantes suscribieron una declaración en la que prometieron integrarse más y mejor, y se dijeron horrorizados por las torturas a prisioneros iraquíes por parte de las fuerzas estadounidenses que ocupan Iraq.

“Nos declaramos horrorizados ante las recientes evidencias de malos tratos a los prisioneros en cárceles iraquíes. Estos abusos son contrarios al derecho internacional, incluidas las Convenciones de Ginebra”, señalaron.

Meses después de tal declaración, la CNDH afirma que en esa cumbre la policía se vio involucrada en hechos que implican “el abandono de los valores que emanan de los principios que dan sustento a las condiciones mínimas de dignidad humana, integridad física, legalidad y seguridad jurídica”.