Por Diego Cevallos

Mexico, 3 de sep (IPS)— A menos de dos kilómetros del corazón de la ciudadela arqueológica mexicana de Teotihuacan y sus imponentes pirámides, la firma transnacional Wal-Mart vence la resistencia de pobladores y, ante el asombro de la Unesco y la ignorancia del gobierno, construye uno de sus grandes supermercados.

Wal-Mart, que el año pasado vendió en México más de 12.000 millones de dólares en productos y atendió a 600 millones de clientes, tiene ya construido 80 por ciento de su nueva tienda sobre terrenos en los que hace cientos de años caminaron hombres y mujeres cuya historia está aún llena de enigmas.

“Esto se frenará con una demolición, pues no puede ser que una transnacional venga a pisotear el patrimonio histórico”, dijo a IPS Lorenzo Trujillo, dirigente del Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacan, grupo integrado por un centenar de vecinos de la famosa zona arqueológica.

Apoyado en permisos municipales y con una autorización de una oficina del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, Wal-Mart edifica su tienda en un terreno de 1,5 hectáreas, que es parte de las casi 500 hectáreas que quedan de lo que fue Tollan Teotihuacan, nombre nativo que significa “allí donde los hombres se convierten en dioses”.

Los vecinos de Wal-Mart, firma que en México tiene 652 unidades comerciales entre supermercados y restaurantes, son ahora pirámides del Sol y de la Luna, los numerosos templos y la llamada Calzada de los Muertos de Teotihuacan, edificaciones cuya antigüedad se calcula en más de 1.400 años.

“Es un absurdo (la construcción de la tienda), pero en este país (México) ya puede pasar cualquier cosa”, sostuvo Lorenzo.

Ante las denuncias de los pobladores, el estatal Consejo Nacional para la Cultura y las Artes prometió que revisará la legalidad del proyecto, del que dice no haber tenido noticias previas, mientras la Unesco (Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) se dio por enterada del tema e informó que investigará.

“Estamos dispuestos a adoptar medidas drásticas, pero lastimosamente haya gente vecina a las pirámides que apoya la tienda, pues dicen que representa el progreso”, señaló Lorenzo.

A fines de julio, unas 50 personas de esa organización, integrada básicamente por agricultores, maestros y algunos comerciantes de escasos recursos, ocuparon durante tres días lo que estaba construido de la nueva tienda de Wal-Mart y exigieron que se frene el proyecto.

La protesta terminó pacíficamente, pero el proyecto siguió y días después la empresa transnacional de o rigen estadounidense denunció los hechos y pidió juicio penal contra quienes ocuparon “su propiedad”.

“Estamos divididos en la comunidad de Teotihuacan, es cierto, pero los que creemos en la defensa del patrimonio histórico y la identidad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que una transnacional nos robe la historia”, advirtió Trujillo.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes prometió a la Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacan que revisará los permisos de construcción y que, si descubre irregularidades, evitará que se consume la construcción del supermercado.

No muy lejos de donde se construye ahora la nueva tienda ya fueron demolidas en 1993 y en 1997 las construcciones iniciales de otros dos centros comerciales, luego que tuvieran efecto las denuncias del Frente y las investigaciones posteriores de autoridades.

Wal-Mart informó que al poner los cimientos de su nueva tienda, un arqueólogo privado que contrató, descubrió “apenas” una vasija y una punta de flecha de los antiguos pobladores nativos, dato que, según Trujillo, es totalmente falso.

“Nosotros somos de aquí y sabemos que bajo estas tierras hay mucho más que eso”, afirmó.

Teotihuacan es una ciudadela de carácter religioso edificada a inicios de la era cristiana. La zona alcanzó su esplendor entre los años 450 y 600, pero para el 700 sus habitantes lo abandonaron por causas desconocidas.

El nombre de Teotihuacán se lo dieron los aztecas, quienes lo descubrieron alrededor del año 1300.

Impresionados por las edificaciones abandonadas, los aztecas pensaron que habían sido construidas por gigantes con la ayuda de los dioses, según cuentan los historiadores.

Se calcula que la ciudadela ocupaba originalmente unas 3.500 hectáreas, pero con el paso del tiempo se fueron asentando pobladores que finalmente dejaron sólo libre los principales centros ceremoniales, donde están las pirámides, y una zona de exclusión que poco a poco ha ido cediendo.

En gran parte de lo que fue Teotihuacan, ciudad donde llegaron a vivir 200.000 personas, ahora existen casas, caminos y próximamente podría inaugurarse una gigante tienda de Wal-Mart.

Dentro del perímetro de las 3.500 hectáreas que ocuparon los antiguos habitantes se ubican zonas pobladas como San Juan Teotihuacan, Santa María Coatlán, San Martín de las Pirámides y San Sebastián Xolapan, entre otros, lugares que ya albergan a más de 500.000 personas.

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina, 2 sep (IPS)— Juristas, sociólogos y abogados inauguraron este jueves en Argentina un novedoso foro académico convocado por iniciativa de una agrupación de trabajadores desempleados, con el fin de analizar y divulgar entre sus militantes los derechos básicos contemplados en la Constitución. Estudiantes de derecho, profesionales del área y funcionarios judiciales intercambian hasta este viernes ponencias y posturas en las aulas de la Universidad de Lomas de Zamora, ubicada en la localidad de ese nombre y aledaña a la capital argentina, con más de 300 miembros del movimiento de desocupados, llamados piqueteros por su modalidad de protestar con bloqueo de calles

La propuesta de este seminario partió del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), uno de los grupos de piqueteros de la zona metropolitana de Buenos Aires. De inmediato Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, la respaldó y consiguió que se involucraran otros especialistas en derecho.

El encuentro superó las expectativas de los organizadores y convocó también a militantes de otras agrupaciones, como Barrios de Pie, Movimiento de Unidad Popular 29 de Mayo, Frente de Desocupados Unidos, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y la Corriente Clasista y Combativa.

“Queríamos que el Poder Judicial se involucre en este debate, porque es el que debe garantizar que nuestros derechos básicos se cumplan”, señaló a IPS el líder del MTR, Roberto Martino, al explicar la idea de este aprendizaje académico.

Martino señaló que los trabajadores desempleados organizados buscan correr el eje de la discusión que hoy está centrado en el derecho a reclamar, para llevarlo al tema de fondo de quienes protestan en las calles cortando rutas, puentes y avenidas: que es el derecho a trabajar, a la educación, a los servicios de salud, a la vivienda.

Como antecedente de esta jornada tomaron la experiencia del Movimiento Sin Tierra (MST), de Brasil, que Zaffaroni también conoce de cerca.

Los campesinos brasileños organizados tienen la experiencia de organizar talleres e inclusive ha instalado escuelas de formación de las que participan especialistas del mundo académico para enseñar sobre derechos económicos y sociales.

Las organizaciones piqueteras de Argentina crecieron de la mano del aumento de la desocupación a partir de la segunda parte de la década del 90, que llegó en 2002 a superar 20 por ciento de los activos y hoy se ubica en 14,4 por ciento, y la consecuente disparada de los indicadores de pobreza que alcanza a 47,8 por ciento de sus 37 millones de habitantes.

Si se incluyen entre los desocupados a aquellos que reciben un subsidio oficial equivalente a 50 dólares mensuales el porcentaje de la población activa sin empleo trepa incluso en la actualidad a 19,5 por ciento.

Sin embargo, desde que irrumpieron las protestas el debate se centró en la legitimidad de esta forma de llevarlas a cabo.

Distintas encuestas indican en la actualidad que el apoyo del resto de la población a los piqueteros ha decaído de modo importante en estos días, luego de que fueran visto con buenos ojos en el marco de la convulsión general generada por el colapso financiero y político de fines de 2001.

Por su parte, el gobierno se debate entre su expresada política de permitir el ejercicio sin menoscabo del derecho a la protesta o dar cabida a reclamos de otros sectores de la sociedad de dar prioridad a la libertad de circulación callejera, para lo cual debería ordenar la represión policial. Tampoco se involucra en lo que grupos piqueteros llaman “discusión de fondo”.

La socióloga Maristella Svampa, experta en nuevas formas de la protesta social, dijo a IPS que se estima en más de 3.000 el número de activistas del movimiento de desocupados que tienen procesos por reclamar sobre sus derechos. Uno solo, el ex trabajador de la desaparecida empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Alberto Fernández, lleva adelante 76 causas.

Martino coincidió en que hay en la sociedad una tendencia a “criminalizar la protesta social”, porque el debate está centrado en el reclamo y no en los derechos que se están violando y que llevan a los desempleados a reclamar.

Por su parte, Claudio Pandolfi, abogado del MTR y coordinador de las jornadas, comentó a IPS que “no basta que el estado garantice el derecho a reclamar, porque si no se construye un ‘protestódromo’ y se acaba el problema”, ironizó.

“El derecho a reclamar es secundario y está fuera de discusión”, opinó. El reclamo de fondo es por los derechos económicos y sociales básicos que la Constitución contempla y que se violan permanentemente sin que nadie repare en ello, añadió.

Pandolfi sostuvo que “violar derechos humanos no es sólo torturar en las comisarías. Los derechos económicos, sociales, laborales también son esenciales y, si el Estado no los garantiza, los está violando”.

El encuentro estaba dirigido inicialmente sólo al movimiento de desocupados. “Para exigir derechos hay que conocerlos”, era el lema de las jornadas, pero la convocatoria provocó una avalancha de inscripciones también entre los estudiantes de derecho y funcionarios de la Justicia.

De estas jornadas, además del juez Zaffaroni, participan el decano de la facultad de Sociología de la estatal Universidad de Buenos Aires, Federico Schuster, la socióloga Svampa, el constitucionalista Roberto Gargarella y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Víctor Abramovich, entre otros.

Martino anticipó que en el foro los desocupados también exponen sobre sus inquietudes y plantean como idea la opción de presentar recursos de amparo en forma masiva para que la justicia se pronuncie acerca de si el Estado cumple o no con los derechos que debe garantizar al pagar un subsidio de 150 pesos mensuales (50 dólares).

“Si el Estado no nos garantiza derechos contemplados en la Constitución, los que sufrimos las violaciones de esos derechos podríamos preguntarnos si estamos obligados a someternos a las leyes y normas de ese Estado”, apuntó Martino, en un anticipo de las jornadas que se prevén polémicas.