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Ecuador: Recrudecen denuncias contra fumigaciones antidrogas
Por Raúl Pierri
Montevideo, Uruguay, 24 sep (IPS)— Campesinos
e indígenas de la frontera norte de Ecuador reclaman al gobierno
y a la justicia que se detengan las fumigaciones del Plan Colombia,
pues tienen efectos mortales en las personas y en el ambiente. Más
de 100 habitantes de la septentrional provincia amazónica de
Sucumbíos se manifestaron en Quito el jueves y este viernes para
pedir a la cancillería ecuatoriana que exija a Bogotá
el alto de las fumigaciones con herbicidas sobre plantaciones de coca
y de adormidera (amapola) a una distancia de 10 kilómetros de
la frontera.
Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
con sede en París, presentó el 22 de sep un Amicus Curiae
ante el Tribunal Constitucional de Quito en respaldo de un pedido para
que el Estado ecuatoriano explique qué acciones ha tomado para
proteger a sus ciudadanos de los efectos de las fumigaciones.
El recurso del Amicus Curiae (amigo de la corte) se presentó
en este caso como un estudio científico que detalla el impacto
de los rociados con diferentes sustancias herbicidas, y tiene el objeto
de sustanciar la demanda hecha por la Federación de Organizaciones
Campesinas del Sector Fronterizo y la Confederación de las Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Coniae), entre otros grupos.
“Hemos dialogado con un representante del gobierno, pero la respuesta
que nos dio no fue satisfactoria. En este mismo momento estamos regresando
a Sucumbíos porque muchos compañeros están cansados,
pero lo más seguro es que volvamos la semana próxima”
a protestar, dijo este viernes a IPS el presidente de la federación
de campesinos, Daniel Alarcón.
El dirigente informó que las autoridades les aseguraron que las
fumigaciones ya habían sido suspendidas en la franja de 10 kilómetros.
“Pero no nos dieron pruebas”, dijo Alarcón.
Los campesinos también exigieron que se les condone una deuda
con el Banco Nacional de Fomento de nueve millones de dólares,
pues arguyen que no pueden pagarla debido a que las fumigaciones arruinaron
su producción.
Por su parte, el vicecanciller de Ecuador, Edwin Johnson, dijo a IPS
que estas movilizaciones no representan a la población de Sucumbíos,
sino a “ciertos grupos que hacen estos planteamientos con el afán
interesado de lograr una indemnización”.
Johnson aseguró que la Fuerza Aérea de Colombia no realiza
desde hace un año fumigaciones en la franja de 10 kilómetros
de la frontera, pues “ya no es necesario”.
El vicecanciller indicó que los gobiernos de Ecuador y de Colombia
ordenaron una serie de estudios científicos en la frontera, con
colaboración de institutos y agencias de la Organización
de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Estos concluyeron que las fumigaciones no eran peligrosas.
Toda esta información fue presentada ante el Tribunal Constitucional,
y “el asunto está terminado”, dijo Johnson.
Sin embargo, Alarcón anunció que continuarán los
reclamos ante el Tribunal, sobre todo después de la presentación
del informe de la FIDH.
“Esperamos que este Amicus Curiae contribuya a que el Tribunal
Constitucional tome una decisión conforme a las normas y principios
de seguridad sanitaria y del derecho ambiental, y que ordene al Estado
ecuatoriano a tomar las medidas necesarias para reparar los perjuicios
causados”, dijo esta semana el presidente de la FIDH, Sidiki Kaba.
Los manifestantes rociaron este viernes con glifosato, el herbicida
más empleado en las fumigaciones, las plantas que rodean al edificio
de la cancillería, mientras mostraban a periodistas sus lesiones
cutáneas que presuntamente les causaron los tóxicos.
Para Johnson, estas lesiones son manifestación de enfermedades
típicas en la región amazónica, y no una consecuencia
de las fumigaciones.
El glifosato fue introducido en América Latina 25 años
atrás y se comercializa principalmente con el nombre de Roundup,
de la corporación biotecnológica Monsanto, alcanzando
ventas de 1.200 millones de dólares al año.
Está clasificado como un herbicida de la categoría tóxica
III, que exige cautela en su utilización porque puede provocar
problemas gastrointestinales, vómitos, ensanchamiento de los
pulmones, neumonía, obnubilación y destrucción
de los glóbulos rojos del tejido de la membrana mucosa.
El Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla
fue lanzado en 2000 por los entonces presidentes Andrés Pastrana,
de Colombia, y Bill Clinton, de Estados Unidos. Washington destinó
entonces una ayuda de 1.300 millones de dólares para financiarlo.
El actual presidente estadounidense George W. Bush solicitó una
ayuda adicional al año siguiente, a través de la Iniciativa
Regional Andina. Washington asegura que las fumigaciones son una forma
segura y esencial para erradicar los cultivos ilegales de coca, materia
prima de la cocaína, y de la amapola, base de la morfina y la
heroína.
Pero hay elementos químicos peligrosos empleados en las fumigaciones
que “no fueron antes probados. Los están utilizando directamente
sobre las personas, sobre escuelas y poblados”, dijo IPS el médico
tropicalista español Adolfo Maldonado, investigador de la organización
ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica.
Maldonado realizó en los últimos años al menos
tres investigaciones en la frontera con Colombia, en los que comprobó
graves perjuicios en la población.
“La toxicidad afecta en forma directa. Los elementos tóxicos
rompen la capa grasa de la piel, lo que, en un ambiente tropical y con
mal saneamiento, facilita las infecciones y los hongos”, dijo el
científico, uno de los autores del Amicus Curiae presentado por
la FIDH.
Maldonado explicó que las sustancias contaminantes se propaga
con facilidad por aire. Las fumigaciones se llevan a cabo desde aviones
o helicópteros a entre 15 y 60 metros de altura, permitiendo
una fácil dispersión gracias a los vientos. Esto causa
graves afecciones respiratorias en la población, como neumonías.
A su vez, la ingesta de alimentos y de agua contaminada con glifosato
provoca diarreas y vómitos.
“El Ministerio de Salud dijo hace tres años que la frontera
era un lugar muy peligroso y no podía poner en riesgo a sus funcionarios.
La población del lugar está en completo abandono, sin
ninguna atención, y sin posibilidad de salir. La situación
es patética”, dijo Maldonado.
“La población antes recurría a medicinas tradicionales,
pero ahora se dio cuenta de que las plantas ya no sirven pues están
también contaminadas”, añadió.
Acción Ecológica atribuyó al menos 12 muertes a
las fumigaciones desde que éstas empezaron en 2000. La mayoría
de las víctimas fueron niños y ancianos con sus sistemas
inmunológicos debilitados.
“El glifosato es un herbicida que, cuando se lo mezcla con otras
sustancias, multiplica 22 veces su efecto. En Colombia se aplica con
el Cosmo Flux 411, cuyo impacto no ha sido aún estudiado”,
dijo el experto.
En una de sus investigaciones, Maldonado constató una directa
relación entre las fumigaciones del Plan Colombia y los daños
genéticos en las mujeres ecuatorianas que viven en la frontera.
“Estos daños celulares determinarán la aparición
de malformaciones en futuras generaciones”, alertó.
Venezuela-Colombia: Se van los tanques y llega el petróleo
Por Humberto Márquez
Caracas, Venezuela, 25 sep (IPS)— España
removió un obstáculo para aceitar las relaciones entre
Bogotá y Caracas al cancelar la venta al gobierno colombiano
de 40 tanques de guerra AMX-30 de fabricación francesa, cuyos
cañones debían apuntar a la frontera venezolana.
Pero esta semana apareció un nuevo ruido en la relación
bilateral, al informarse que Venezuela licitará bloques de su
plataforma marina en el noroeste fronterizo con Colombia, para que en
sus profundidades se busque petróleo y gas.
Bernardino León, secretario de Estado español para asuntos
exteriores, dijo el lunes ante el Senado en Madrid que los AMX-30 “podían
ser desplegados en la zona fronteriza con Venezuela, un área
que España pretende que sea de distensión”.
La aspiración española, según el funcionario, “es
que la búsqueda de seguridad, completamente legítima,
no lleve a romper equilibrios y desatar una carrera armamentista que
genere más tensión” en el área andina, por
lo que confirmó que la operación fue clausurada.
Ya en marzo, el designado canciller español Miguel Angel Moratinos
adelantó que se revisaría la venta de armas a Colombia,
y en junio el jefe del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
dijo al presidente colombiano Alvaro Uribe que no entregaría
los tanques.
Rodríguez Zapatero “se ha alineado así con la política
que siempre impulsó la socialdemocracia alemana, de no vender
armas a regiones en conflicto”, indicó a IPS el general
retirado y politólogo venezolano Alberto Müller.
Müller y un ex ministro de Defensa y ex canciller, Fernando Ochoa,
advirtieron desde marzo que la compra de tanques de Colombia alteraría
el equilibrio con Venezuela.
Caracas ha tenido superioridad en blindados respecto de su vecino —
cuenta con 81 AMX-30 y una veintena de AMX-15 – en tanto Bogotá
se ha hecho poderosa con unidades antitanque, las decenas de helicópteros
Black Hawk que le ha suministrado Estados Unidos en el marco del Plan
Colombia contra la guerrilla y el narcotráfico.
Un diplomático latinoamericano que fue oficial de blindados dijo
a IPS que la pretensión colombiana de hacerse con tanques para
la lucha antiguerrillera “es ridícula, porque los blindados
no tienen utilidad en una guerra irregular que se libre entre montañas
y bosques tropicales”.
Sin embargo, el presidente venezolano Hugo Chávez y su ministro
de Defensa, Jorge García, restaron importancia al intento colombiano
de comprar tanques, calificándolo de “normal”, y el
canciller Jesús Pérez dijo que el hecho “no tiene
ningún viso de conflicto”.
En cambio, el analista político Alberto Garrido inscribió
la compra colombiana dentro de “una estrategia de Uribe por el
temor a que sus fuerzas regulares queden como el jamón del sándwich
entre los irregulares colombianos y una Venezuela que quiera exportar
su proyecto revolucionario bolivariano”.
Las pretensiones del anterior gobierno español — del derechista
José María Aznar — acerca de vender más armamento
a Colombia, calzó con acusaciones de Washington contra Caracas,
en el sentido de que no ayudaba lo suficiente en la lucha contra el
terrorismo, y con una confusa incursión de irregulares colombianos
en Venezuela.
El gobierno venezolano señaló como paramilitares colombianos
al servicio de extremistas de oposición en Venezuela a 130 individuos
que capturó en mayo en una finca cercana a Caracas, cuando vestían
uniformes militares y supuestamente esperaban armas para atacar instalaciones
castrenses.
Con Chávez ratificado por el referendo del 15 de agosto sobre
su continuidad en la presidencia, la distensión ganó terreno
entre los actores políticos del área andina. Pero Müller
insiste en que “mientras exista el conflicto armado colombiano
habrá perturbación en el área y en la frontera
con sus vecinos”.
Ello porque “en Colombia hay una guerra civil, la cual sostiene
la tendencia de toda guerra, que es escalar en intensidad y en los territorios
que alcanza, aunque sean signos positivos algunas aproximaciones entre
el gobierno de Uribe y las guerrillas”.
También afirma Müller que con más de un siglo haciendo
política de modo diferente — más conservadora y elitista
en Colombia, más abierta y plebeya en Venezuela, a su juicio
— los dos Estados continuamente chocarán con intereses dispares.
Esta semana se dibujó en el horizonte un nuevo motivo de fricción,
una vez que Caracas anunció que licitaría áreas
submarinas de su noroeste para prospección en busca de petróleo
y gas, en las que ya se interesan la noruega Statoil y la francesa Total.
El ministro venezolano de Información, Andrés Izarra,
dijo el lunes que los bloques a licitar todavía no se han delimitado,
pero las alarmas se dispararon en Bogotá ante la eventualidad
de que las concesiones toquen aguas del Golfo de Venezuela que están
pendientes de delimitación.
Desde hace cuatro décadas la delimitación pendiente de
esas áreas envenena la relación bilateral, y en agosto
de 1987 ambos países estuvieron a punto de ir a una guerra, una
vez que la corbeta colombiana Caldas, equipada con misiles Exocet, ancló
durante nueve días en aguas del Golfo que Venezuela considera
suyas.
Según el diario caraqueño Tal Cual, la cancillería
colombiana ya envió una nota diplomática a Caracas advirtiendo
su preocupación porque Venezuela entregue en concesión
“áreas que corresponden a la soberanía y jurisdicción”
de Colombia.
Tradicionalmente, la industria petrolera de Venezuela, quinto exportador
mundial, se abstuvo de dar uso comercial a las áreas submarinas
del noroeste, precisamente por la existencia del diferendo limítrofe,
al punto de que el potencial de esa zona no aparece en sus mapas públicos,
pero la sed global de petróleo y gas natural parece impulsar
un cambio de estrategia.
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