Se vaticina fin de ETA

Por Tito Drago

Madrid, España, 4 oct (IPS) — El grupo terrorista ETA está al borde de su extinción, señalaron distintos dirigentes políticos y sociales de España tras la detención en Francia de su cúpula y una veintena de integrantes, además del decomiso de grandes cantidades de armas y dinero.

Enrique Múgica, defensor del Pueblo (ombudsman), dijo a IPS que “esa banda va camino del infierno”, porque al contrario de otros grupos, instituciones u organizaciones que desaparecen por variadas razones y dejan un buen recuerdo, “estos asesinos sin escrúpulos serán recordados como tales, están condenados al infierno”.

En el operativo que llevó a la detención en la víspera del “número uno” del grupo separatista vasco, Mikel Albizu “Antza”, de su cónyuge, Soledad Iparraguirre, también etarra y acusada de 14 asesinatos, así como de otras 20 personas sobre las cuales aún no se divulgaron datos, se descubrieron además seis escondites, todos ellos en Francia.

La policía francesa, que actuó basada en informaciones dadas por similar cuerpo de seguridad español, secuestró medio centenar de armas, entre ellas lanzamorteros, lanzagranadas, fusiles y ametralladoras, granadas, 40.000 cartuchos de munición, miles de detonadores y 700 kilogramos de explosivos. Además, dos bolsos llenos de dinero, de cuyo monto la policía no informó aún.

“Que ETA tuviera esa acumulación de armas, explosivos y dinero y al mismo tiempo hubiera descendido en la cantidad y dimensión de sus atentados demuestra que está sin gente. Y, por la improvisación de los pocos (ataques) que ha cometido, muestra también que los pocos terroristas activos que le quedan carecen de experiencia”, señaló Múgica.

Esukadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en vascuence) surgió en los años 60 en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975), pero tras la muerte de éste y en plena recuperación de la democracia una parte de sus miembros renuncian al uso de las armas.

El centroderechista Adolfo Suárez, el jefe del gobierno de España de 1976 a 1981 que abrió el camino a la democracia, también cree que ETA entró en su última etapa.

“Hoy es un día en el que podemos estar satisfechos por la captura de unos terroristas que han sembrado la muerte en nuestro país”, destacó Suárez, presidente en la actualidad de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

También la portavoz del gobierno del País Vasco, Miren Azcarate, manifestó su complacencia por las detenciones y manifestó que el grupo irregular tiene ahora “una oportunidad inmejorable para abandonar las armas y dejar abierto el camino de la palabra y la democracia”.

En tanto, Patxi Zabaleta, quien durante la dictadura franquista perteneció a ETA y ahora coordina Aralar, un pequeño partido nacionalista vasco que no apoya la violencia, expresó que las detenciones son muy importantes, pero advirtió de que “no existe solución policial para un problema que es de origen y naturaleza políticos”. Por ello llamó al diálogo y a la distensión.

En cambio, Maite Pagazaurtundúa, concejal socialista en el municipio vasco de Urnieta, se pronunció en contra del diálogo porque, explicó a IPS, “los etarras aprovecharían esas reuniones para ganar tiempo, recuperar oxígeno y volver a las andadas al poco tiempo, como han hecho otras veces”.

Al preguntarle sobre la posición del gobierno vasco, formado por una coalición nacionalista, Pagazaurtundúa advirtió que esa administración tiene un equipo en el que se dividen los papeles para jugar a buenos y malos.

Unos condenan rotundamente a ETA y otros hablan de diálogo y negociaciones, “verdaderos cantos de sirena para tratar de ganarse los pocos votos que le quedan a los etarras”, concluyó.

En las próximas elecciones vascas, que se realizarán en mayo de 2005, no podrá participar Herri Batasuna, el partido afín a ETA, por haberlo así dispuesto el Poder Judicial, al considerarlo cómplice de las actividades terroristas. Ahí estaría el interés por captar votos proetarras, al que se refiere Pagazaurtundúa.

Múgica, quien es vasco, también se pronuncia en contra del diálogo y sostiene que se debe seguir enfrentando al terrorismo con las armas de la ley. El ombudsman y su hermano Fernando, asesinado por ETA, defendieron como abogados a etarras presos durante el franquismo.

“Llegaremos a la paz, con la cooperación internacional, en especial con Francia, para derrotar a los terroristas, pero siempre respetando los derechos humanos, la ley y las formas y fondo de la democracia”, subrayó Múgica.

Antza, quien asumió la máxima dirección de ETA en 1992 cuando cayó la cúpula de entonces, nació en 1961 en la ciudad vasca de San Sebastián en el seno de una familia nacionalista. Su padre fue uno de los primeros miembros de ETA, juzgado en consejo de guerra en 1961.

El ahora detenido se relacionó con el grupo en 1985, según fuentes policiales. Hasta entonces escribió en periódicos afines y estudió filología. Su primera colaboración con ETA se produjo en 1985, cuando organizó una de las fugas de presos más espectacular en la historia de la organización vasca.

Por su parte, Iparraguirre, conocida por su nombre de guerra Anboto, nació y se crió en un pequeño pueblo del País Vasco, en una casa en la que sus padres durante casi 10 años escondieron a miembros de ETA y explosivos. Tras ser detenida toda la familia en 1981, pasó unos meses en prisión y después se incorporó al grupo, comenzando en 1985 a participar en atentados. Está acusada de 14 asesinatos.

Las fuentes policiales informan que en 1997 se trasladó a Cuba, para dar a luz a una niña concebida con Antza, la que estaba con ella el domingo al ser detenida.

Anboto será extraditada para ser juzgada en España por los 14 asesinatos y otros atentados. En cambio, es difícil que Francia acceda a entregar a Antza a las autoridades españolas, ya que no pesan sobre él acusaciones de participar directamente en asesinatos, sino de ser el jefe político.

Paso a la vanguardia en derechos homosexuales

Por Alicia Fraerman

Madrid, España, 1 oct (IPS) — España se ha colocado entre los primeros países del mundo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, al igualarlos a las de heterosexuales mediante una resolución adoptada 1 oct en un Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El anteproyecto de ley, que cuenta con los votos suficientes para su aprobación en el parlamento, entrará en vigor en los primeros días de 2005 y equipara totalmente los derechos de homosexuales y heterosexuales, incluso en materia de casamientos, adopción de hijos, sucesiones, trabajos y protección por la Seguridad Social.

La igualdad de condición legal abrirá a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, entre otras cosas, la posibilidad de percibir pensión o herencia del cónyuge, trasladar al hijo o hija derechos adquiridos por la relación matrimonial o cualquier otro que actualmente tienen las uniones homosexuales.

Con esa ley, España pasará a formar parte del pequeño grupo de países y otros distritos que están a la vanguardia en este campo, como Holanda, Bélgica, las tres provincias más pobladas de Canadá, el estado estadounidense de Massachusetts, donde están legalizados los casamientos entre homosexuales.

El anuncio efectuado 1 de oct por la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, aunque era esperada, provocó apoyos y críticas, las más fuertes de estas últimas provinieron de la Iglesia Católica.

“Con esta ley se reconoce una realidad de la vida cotidiana”, dijo a IPS Enriqueta Chicano Jávega, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Quienes critican la posición legislativa del gobierno, prosiguió, son hipócritas porque los matrimonios homosexuales existen de hecho, así como las adopciones.

Hasta ahora, la adopción del hijo la hacía una de las dos partes de las parejas, pero en la práctica el niño o la niña adoptada convive con las dos.

“De lo que se trata es de que esa realidad se refleje legalmente en la relación de la pareja y de ésta con el adoptado, a todos los efectos”.

De igual manera se pronunció Beatriz Gomera, presidenta de la Asociación de Gays y Lesbianas, quien señaló que ahora podrá formalizar a nombre también de su pareja la adopción de la niña que ya lleva su apellido desde hace siete años “y que se está criando con total normalidad”.

Fernández de la Vega estuvo de acuerdo con esta opinión al afirmar en rueda de prensa que “ya hay miles de niños que viven en España con padres homosexuales”.

También apuntó que “más de 50 estudios coinciden en que las diferencias de los niños que crecen en casas con padres homosexuales son inexistentes. No hay ninguna prueba que demuestre que los padres o madres homosexuales son peores o educan peor a sus hijos” que los heterosexuales.

Añadió que, según esos estudios, “la mayoría de los españoles cree que lo que debe primar en la adopción es el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de sus padres”.

En cambio, fuentes de la Iglesia Católica dijeron a IPS que el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, está preparando una estrategia y acciones a desarrollar para que el mensaje “llegue nítido, puntual y con claridad a la calle”, en contra del matrimonio homosexual.

Con el mismo criterio, el Foro Español de la Familia (FEF), que congrega a organizaciones y asociaciones de defensa de la concepción cristiana del matrimonio y la familia, inició ya una campaña para reunir las 500.000 firmas necesarias para que el parlamento reciba y discuta una iniciativa popular dirigida a impedir este tipo de matrimonios.

La semana pasada, cuando miembros del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE)anticiparon que se caminaba hacia la modificación de la ley, el cardenal español Julián Herranz, miembro del Opus Dei y presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos del Vaticano, calificó esa iniciativa de “fundamentalismo laicista” y la consideró contraria al concepto democrático de laicidad del Estado.

También el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio María Rouco Varela, al conocer este viernes el anuncio del gobierno de Zapatero, se manifestó en desacuerdo con la iniciativa gubernamental y declaró a un grupo de periodistas que el casamiento homosexual “no responde a la verdad del matrimonio”.

Consultados sobre este tema, dirigentes del PSOE remitieron a esta corresponsal a las palabras pronunciadas por Zapatero el 15 de abril de 2004, en su discurso de investidura como presidente del Consejo de Ministros.

En esa ocasión, Zapatero enfatizó que los “homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido”.

Para ello “modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

El centroderechista Partido Popular (PP), hasta ese entonces gobernante y en la actualidad principal fuerza opositora, se manifestó de acuerdo en regular las uniones civiles de parejas de hecho, tanto hetero como homosexuales, pero dejando expresamente fuera el derecho de adopción.

Tras el anuncio de este viernes, su portavoz y ex ministro, José María Michavila, criticó la decisión adoptada en el Consejo de Ministros y acusó al gobierno de no ser dialogante.

Pero la importancia de esta decisión se puede evaluarse desde distintos puntos de vista. Y un dato importante a tener en cuenta es que en España, hace 25 años, ser homosexual era un delito condenado por una ley puesta en vigor durante la dictadura franquista (1939-1975).

Por el contrario, hoy, según un estudio del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de junio de 2004, el porcentaje de población que cree que los homosexuales deben tener iguales derechos que los heterosexuales supera el 68 por ciento.

Estimaciones del mismo CIS elevan a cuatro millones la cantidad de homosexuales, prácticamente 10 por ciento de la población de España.

No obstante, ajenos a estos porcentajes, el PP, la Iglesia Católica y las organizaciones y entidades afines a ésta, se pronuncian y movilizan contra la nueva ley, mientras los demás partidos políticos, sindicatos y organizaciones de distinta índole la apoyan.

Así, la Unión General de Trabajadores (UGT—socialista), una de las dos centrales sindicales mayoritarias del país, se pronunció de inmediato de forma favorable.

La secretaria de Juventud y Políticas Sociales de la UGT, Marta Robledo, manifestó que lograr la igualación total de los derechos de las parejas del mismo sexo es una “importante conquista” de los derechos civiles de los españoles.

Por esa razón, añadió, ahora exigirán al ayuntamiento de Madrid, dirigido por el miembro del PP Alberto Ruiz Gallardón, que modifique su posición negativa a abrir un registro de parejas de hecho y que lo haga “sin discriminación sexual”.

Asimismo, la medida gubernamental ahonda más la separación con la Iglesia Católica que se ha venido manifestando en las últimas semanas, al plantear el gobierno una modificación de la ley fiscal que actualmente la beneficia aportándole grandes recursos y otra destinada a quitar la religión como materia en la educación básica.