Daño corto y vergüenza larga para OEA y Costa Rica

Por José Eduardo Mora

San Jose, Costa Rica, 9 oct (IPS) — La renuncia del ex presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez a la Secretaría General de la OEA y la petición de su captura por corrupción implican un daño pasajero y una gran vergüenza para el foro hemisférico y Costa Rica, estimaron analistas. Rodríguez, el primer centroamericano en ocupar el máximo cargo de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en más de 50 años, se transformó también en el primer secretario general de ese organismo que debió renunciar al puesto, asediado por acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en su país.

José Antonio Lobo, ex ministro y asesor de Rodríguez, lo había acusado el 30 de septiembre de recibir durante su gobierno (1998-2002) comisiones millonarias en negocios de telecomunicaciones con la empresa francesa Alcatel, y el actual presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, exigió su dimisión.

Rodríguez, de 64 años, desmintió la acusación, pero se vio forzado a presentar su renuncia a la Secretaría General de la OEA el viernes, sólo 23 días después de asumir ese cargo.

De inmediato, la Fiscalía General de Costa Rica pidió su captura, que entrará en vigor el día 15, cuando el funcionario deje efectivamente su puesto y quede sin efecto su inmunidad de diplomático internacional.

Además de causar una conmoción en los 34 países integrantes de la OEA (todos los del continente americano excepto Cuba), y en especial en los que más apoyaron su candidatura, este escándalo implica “inestabilidad del sistema interamericano en el corto plazo” opinó el analista y experto en política exterior Luis Guillermo Solís.

Sin embargo, su figura “no es tan grande como para afectar de manera permanente la imagen de la OEA y de Costa Rica”, señaló Solís, miembro de la Fundación para la Paz y la Democracia y catedrático de la Universidad de Costa Rica, en entrevista con IPS.

En Costa Rica, el presidente Pacheco se mostró complacido con la salida de Rodríguez y aseguró que era “necesaria para evitarle mayores vergüenzas al país”.

“Estoy totalmente satisfecho con la renuncia. Debió hacerlo antes, porque él es acusado de delitos muy graves y debe venir a responder por ellos”, dijo el mandatario a la prensa costarricense.

El gobierno de Pacheco le quitó el apoyo al ex presidente el 2 de este mes, tan sólo dos días después de que se destapara el escándalo Alcatel-Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Alcatel ganó en 2001 una licitación del ICE por 148 millones de dólares para instalar en el país centroamericano 400.000 líneas de teléfonos celulares.

De acuerdo con la confesión de un implicado, Alcatel “premió” con 9,6 millones de dólares a quienes contribuyeron al éxito de la licitación. De esa comisión, 2,4 millones fueron a cuentas de la esposa de Lobo, 60 por ciento de los cuales eran para Rodríguez, según admitió el ex director del ICE ante la fiscalía.

Lobo, que hoy está en la cárcel, explicó también el movimiento de fondos desde cuentas de su esposa a cuentas de la esposa de Rodríguez.

La explicación de Rodríguez fue que sólo le había pedido a Lobo, su antiguo amigo personal, un préstamo de 140.000 dólares para solventar los gastos de su campaña por la Secretaría General de la OEA.

Tras afirmar que no renunciaría, viajó a Haití y luego a Grenada para inspeccionar la situación de esos países caribeños después del paso de un devastador huracán.

Pero la presión por su renuncia fue muy grande. Uno de los países que más presionó fue Argentina, cuyo apoyo resultó clave para que el ex mandatario costarricense fuera elegido por aclamación para el máximo cargo de la OEA, el pasado 15 de junio.

El embajador de Argentina ante la OEA, Rodolfo Gil, opinó que “las excusas dadas por Miguel Angel no son sólidas”.

En su carta de renuncia presentada al Consejo Permanente de la OEA, Rodríguez expresó su deseo de “evitar costos” a su familia y a la organización, y aseguró que viajaría voluntariamente a Costa Rica para enfrentar los cargos judiciales en su contra y aclarar los hechos.

En Costa Rica, existe la percepción generalizada de que Rodríguez debió renunciar mucho antes, para evitar lesionar la imagen internacional del país que lo promovió a la OEA.

Para Mario Carazo, presidente en Costa Rica de la organización anticorrupción Transparencia Internacional, Rodríguez debía de renunciar de inmediato, para evitarle dificultades al sistema interamericano y una vergüenza mayor a este país de América Central.

Por la situación presentada con Rodríguez y otros escándalos de corrupción que se viven en Costa Rica, el próximo martes habrá una marcha nacional convocada por las universidades en contra de la corrupción pública.

La decisión de Rodríguez “se había postergado demasiado”, opinó también Solís, pero insistió en que el daño a la imagen del sistema interamericano y de Costa Rica será transitorio.

“Actualmente hay un gran malestar por lo sucedido con Rodríguez, quien es una vergüenza para Costa Rica, pero su figura no es tan grande como para afectar tanto al sistema interamericano”, señaló el analista.

“La OEA tiene mecanismos para enfrentar las turbulencias y la primera medida es que el secretario adjunto, (el estadounidense) Luigi Einaudi, relevará a Rodríguez en su cargo”, explicó. Además, añadió, la renuncia de Rodríguez no impedirá que la organización regional continúe con las políticas previstas en el mediano y largo plazo.

Rodríguez había sustituido el 15 de septiembre al colombiano César Gaviria, quien estuvo al frente de la organización hemisférica durante dos períodos, cada uno de ellos de cinco años. La ceremonia oficial de asunción fue el 23 de septiembre.

Organismos como Transparencia Internacional, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el propio Congreso de Costa Rica habían instado a Rodríguez a que renunciara.

La petición de captura en su contra fue entregada en San José de Costa Rica a la embajada de Estados Unidos, por encontrarse en Washington la sede de la OEA, declaró el fiscal general costarricense, Francisco Dall’nese.

Indigenas-Colombia: No al BID

Por Constanza Vieira

Bogota, Colombia, 9 oct (IPS) — Los máximos representantes de los pueblos indígenas de Colombia se niegan a recibir préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a “ser involucrados en los mercados formales, en los circuitos financieros o en la economía de mercado”. Los indígenas colombianos no aceptan ningún tipo de apoyo, en forma de créditos o préstamos, que ponga en riesgo su diversidad, su territorio, su patrimonio cultural y la sabiduría ancestral, o “la cosmovisión propia de cada comunidad”.

Así lo hicieron saber esta semana en una “Decisión” firmada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y por la agrupación de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), que reúne a los ancianos sabios (líderes espirituales) de los 90 pueblos originarios de este país sudamericano.

Aunque suman casi un millón, los aborígenes colombianos no llegan a dos por ciento de la población nacional.

Los indígenas sólo admiten donaciones no reembolsables que fortalezcan sus “procesos organizativos”, la afirmación de su “autonomía e identidad” y la preservación y conservación de sus “territorios, garantías y derechos”.

También aceptan “la creación de fondos especiales que atiendan los requerimientos de los pueblos indígenas” según sus propios “planes de vida”, trazados por cada comunidad en pleno y equivalentes a los planes de desarrollo de la que ellos denominan “cultura occidental”.

El BID invitó el lunes y el martes a representantes de organizaciones indígenas nacionales y regionales a un “taller de consulta” de dos días en La Vega, un poblado cercano al occidente de Bogotá en el departamento de Cundinamarca, con el fin de recoger elementos para el Marco Estratégico para el Desarrollo Indígena y la Política Operativa para Pueblos Indígenas.

Ambos documentos están en elaboración y deben ser aprobados en febrero por la dirección del BID, con sede en Washington.

En el cronograma del BID, el taller debía quedar como constancia de que las comunidades habían sido consultadas. El proyecto prevé también consultas con “gobiernos, donantes y otros actores de la sociedad civil” y, según el banco, el procedimiento ya se ha hecho en todos los demás países de América Latina.

Entre los indígenas, una consulta implica numerosas asambleas de toda la comunidad, en las que cada cual toma la palabra y finalmente los ancianos resumen y orientan el consenso.

“Cualquier acercamiento, conversación o consulta debe ser el resultado final de un proceso interno de análisis y discusión de las comunidades con sus autoridades”, precisa la declaración indígena.

La ONIC y la AICO rechazaron “que se aplique a los pueblos indígenas los conceptos de pobreza, bienestar e inclusión social asociados con el desarrollismo occidental y que sólo buscan ‘marcar’ con indicadores ajenos a nuestra propia concepción del mundo, a nuestras comunidades sustraídas y reducidas a la marginación”, añade.

“La concepción de desarrollo, pobreza, bienestar e inclusión social de los pueblos indígenas no es la de cubrir necesidades creadas, sino la permanencia en el tiempo, en el territorio, la afirmación de nuestra identidad y soberanía alimentaria”.

El BID parte de la base de que hay “correlación” entre comunidades indígenas y pobreza.

Para José Evelis Andrade, presidente de ONIC, “mientras estos bancos (internacionales) han tenido fracasos en la disminución de la pobreza, no quieren asumir que existen otras formas de economía para que la gente acceda al desarrollo”.

“A los bancos les interesa generar ganancias y crecimiento económico. Pero lo que se ha hecho es agravar la situación social, que no se compadece con ese crecimiento económico”, dijo a IPS.

“Lo que han hecho en América Latina es incrementar la deuda externa, y lo que vemos es que el panorama es cada vez más devastador. Queremos un crecimiento que no genere esas deudas y desigualdades, porque con ese sistema los países ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres”, afirmó.

La Decisión rechaza también “el concepto de ‘desarrollo con identidad’ del BID, pues es sinónimo de endeudamiento, que podría comprometer e hipotecar el futuro de nuestra autonomía, territorio y nuestros derechos”.

Para el BID, “desarrollo con identidad” significa generar condiciones para que los indígenas puedan acceder a financiación.

Pero Andrade teme a la contraprestación. “Como los indígenas sólo poseen sus territorios para poner como prenda de garantía, tendríamos que responder con nuestros territorios. Vemos con mucha preocupación ese aspecto”, arguyó.

Según el líder de ONIC, las prioridades de crecimiento económico y social, no se constatan en la práctica. “Lo que ha ocurrido es devastación, deterioro cultural y problemas sociales”, dijo.

Añadió que los bancos “necesitan financiar grandes obras de infraestructura, que se han convertido, para los pueblos indígenas, en motivo de inseguridad, deterioro ambiental y desarticulación organizativa, sin hablar de la violencia que se ha generado en esos territorios”.

Hace un año se leía en la revista BIDAmérica que “para fines del año 2002, los proyectos que incluían a grupos indígenas como beneficiarios y participantes representaban más del 20 por ciento de la cartera total del Banco” en el ámbito continental.

El BID considera que su Marco Estratégico para el Desarrollo Indígena sirve para que estos pueblos puedan “enfrentar los desafíos de la globalización”. Además, la institución trata de incentivar la exportación de productos étnicos y “consolidar la economía en los territorios indígenas, aumentando la productividad”, así como reducir “la discriminación en los mercados comerciales y financieros”.

Colombia es el país más avanzado en América Latina en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dueños de territorios colectivos de más de 27 millones de hectáreas, una superficie más grande que Inglaterra.

En sus territorios, las autoridades indígenas tienen carácter estatal y autonomía para el manejo de los asuntos comunitarios internos, incluida la aplicación de justicia. La ley las respalda a la hora de trazar sus opciones de vida, sus modelos de salud y educación y definir sus prioridades de inversión.

“Los proyectos desarrollados con y para los pueblos indígenas no pueden ir en detrimento del ambiente, ni de los derechos ancestrales, individuales y colectivos de nuestros pueblos, ni la economía tradicional, los fundamentos cosmogónicos y las garantías a nuestros saberes ancestrales”, advierte la Decisión de ONIC y AICO.

Sucesivos gobiernos de Colombia han llevado al país a niveles de endeudamiento “irreversibles” e “insostenibles”, según diferentes expertos. El déficit fiscal podría llegar a 10 por ciento, al tiempo que la deuda pública podría alcanzar 50 por ciento del producto interno bruto.