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Bolivia: Congreso pone a Sánchez de Lozada ante
la justicia
Por Franz Chávez
La Paz, Bolivia, 14 oct (IPS) — El Congreso
de Bolivia autorizó este jueves a la Corte Suprema de Justicia
el inicio de un proceso de responsabilidad al ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, casi un año después de su renuncia
acosado por la llamada guerra del gas y la muerte de 67 manifestantes.
El clima de fuerte presión social, que incluye la marcha de 2.000
campesinos hacia La Paz y otras movilizaciones en recuerdo de la revuelta
popular que culminó el 17 de octubre de 2003 con el cambio de
gobierno, venció las resistencias de los partidos que formaron
la alianza de apoyo a Sánchez de Lozada (2002-2003) y que aún
mantienen su peso en el parlamento.
El debate para quitarle los fueros, llamados caso de corte, que protegen
de ser juzgados por la vía ordinaria a los presidentes y ministros
incluso hasta después de dejar los respectivos cargos, ocupó
esta vez 12 horas y se extendió hasta esta madrugada, mostrando
en escena las estrategias políticas de dos frentes.
El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales y cercano
al presidente Carlos Mesa, intentó primero sin éxito obtener
los dos tercios de votos necesarios para enjuiciar a Sánchez
de Lozada y a los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín,
de Defensa, y Yerko Kukoch, de Gobierno, en apego a recomendaciones
de la Comisión Mixta de Constitución que examinó
el tema.
Pero el intento de postergar una decisión parlamentaria por parte
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex mandatario,
al trabar esa iniciativa del MAS con otra propuesta, se volvió
finalmente en su contra.
La sugerencia dilatoria del MNR de ampliar el proceso judicial a los
15 integrantes del gabinete que acompañó a Sánchez
de Lozada, entre los que se cuentan dirigentes del Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR) no
amilanó a los representantes de estos dos últimos partidos.
Así, esa segunda moción logró el respaldo de 126
votos, frente a 13 en contra y un voto en blanco, lo cual terminó
convirtiéndose en motivo de festejo para el MAS por permitir
la posibilidad de llevar al banquillo de los acusados al influyente
político y prominente empresario minero que ya había gobernado
Bolivia de 1993 a 1997.
En tanto, a 100 kilómetros de La Paz, alrededor de 2.000 campesinos
cultivadores de la tradicional hoja de coca y de otras variantes agrícolas,
organizados por el MAS, reanudaron este jueves su marcha hacia la sede
del gobierno nacional para llevar a cabo este viernes actos de protesta
y de homenaje a los caídos en octubre de 2003.
A fines de septiembre y hasta el 17 de octubre del pasado año,
movimientos sindicales y campesinos protagonizaron la denominada guerra
del gas, que tuvo su epicentro en la empobrecida ciudad de El Alto,
contigua a La Paz, en oposición a la anunciada venta de gas natural
a Estados Unidos y México a través del septentrional puerto
chileno de Patillos.
Bloqueos de carreteras y el corte del suministro de gasolina a La Paz
llevaron al entonces presidente Sánchez de Lozada a movilizar
al ejército, que reprimió a los manifestantes con el saldo
en sólo una semana de 67 muertos y 300 heridos, según
datos aportados por la Asociación de Víctimas de la Guerra
del Gas de la ciudad de El Alto.
La reacción popular se tradujo en manifestaciones masivas que
paralizaron por completo las actividades de las dos ciudades y presionaron
a Sánchez de Lozada a dimitir y dejar el gobierno en manos del
Congreso para pocas horas después huir del país.
El parlamento eligió el camino de la sucesión constitucional
y designó en su reemplazo el 17 de octubre al entonces vicepresidente
Carlos Mesa, quien había renunciado al cargo -- aunque no había
sido aceptada formalmente -- unos días antes apenas comenzó
la represión y se conocieron las primeras muertes.
Actualmente, Sánchez de Lozada vive en Estados Unidos y desde
allí reclamó hace algunos días, mediante un mensaje
televisado, un juicio justo. Su equipo de abogados reclama por lo que
entienden incumplimiento de procedimientos legales como la notificación
al principal inculpado y el derecho a su defensa en las diferentes fases
del juicio.
La memoria colectiva de los trágicos acontecimientos del año
pasado, volvió con mayor drama con la exhumación de cuerpos
de las personas fallecidas, iniciadas el lunes y que aún continúan
en un humilde cementerio de El Alto, con el propósito de verificar
las causas de las muertes.
Familias pobres reclamaron justicia al retirar la tierra de las sepulturas
de hombre, mujeres y niños, cuyos cuerpos fueron cubiertos con
la bandera boliviana en un velorio al aire libre, a la espera de los
exámenes forenses.
El diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Germán
Choquehuanca, pronosticó que el resultado de la votación
es el final político del MNR, el partido que en 1952 protagonizó
una revolución de carácter nacionalista y en 1985 cambió
su orientación a favor de una economía de libre mercado.
En opinión del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana
(COB), Jaime Solares, el juicio sólo podrá culminar con
una sentencia contra el ex presidente si previamente son removidos los
actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, elegidos durante
los gobiernos de Sánchez de Lozada y de Hugo Banzer, el ex dictador
de los años 70 que luego gobernó democráticamente
de 1997 hasta su muerte en 2001.
Actualmente, el único ex dictador latinoamericano en una cárcel
es el boliviano Luis García Meza, quien fue procesado en un juicio
de responsabilidades junto a sus ex colaboradores.
Este ex general de ejército fue condenado en rebeldía
a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, y posteriormente
capturado en Brasil y extraditado a Bolivia en 1994.
Indymedia contra los caballos de Troya
Por Diana Cariboni
Montevideo, Uruguay, 14 oct (IPS) — Antes
de volver a operar con normalidad, el Centro de Medios Independientes
(Indymedia) analizará sus servidores confiscados y devueltos
sin explicaciones por agentes de Estados Unidos, para verificar la integridad
de los contenidos y la ausencia de programas espía.
“El acceso inmediato a los servidores que alojan el servicio de
radio de Indymedia y más de 20 de sus sitios web, se pospondrá
hasta que la Fundación Frontera Electrónica (EFF, por
sus siglas en inglés) confirme su integridad y preserve las evidencias
para una futura acción legal”, dijo a IPS el abogado Kurt
Opsahl.
“Algunos de esos sitios ya están funcionando con servidores
de respaldo”, agregó Opsahl, de la EFF, organización
estadounidense no gubernamental que presta asistencia legal a Indymedia
en este caso.
Los técnicos están tratando los servidores “como
si hubieran sido alterados, pues no sabemos si la información
está intacta o si se insertaron programas espías”,
dijo a IPS Pablo Ortellado, de Indymedia Brasil, uno de los sitios que
volvió a funcionar con un respaldo propio 24 horas después
de la confiscación de dos servidores el jueves 7.
Ese día, oficiales esgrimiendo una “orden federal”
exigieron a la filial británica de la compañía
estadounidense Rackspace la entrega de los servidores que contenían
los sitios de Indymedia, dijo entonces un comunicado de la firma.
Según la agencia de noticias AFP, Joe Parris, portavoz del estadounidense
Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés),
admitió que esa institución había confiscado los
equipos, pero por pedido de terceros países y en cumplimiento
del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés).
Dicho tratado establece procedimientos de asistencia recíproca
de sus miembros en investigaciones sobre terrorismo internacional, secuestro
y lavado de dinero.
Pero el martes, “en una conversación telefónica con
la EFF, Parris negó cualquier participación del FBI en
la medida”, dijo Opsahl a IPS en una entrevista por correo electrónico.
“Los discos confiscados fueron devueltos misteriosamente el miércoles,
de la misma manera que desaparecieron, sin ninguna información
sobre quién los tomó, por qué o por órdenes
de quién”, afirma una declaración de Indymedia divulgada
este jueves.
“Un empleado de Rackspace envió una comunicación
electrónica a un voluntario de Indymedia relatando que los discos
habían sido devueltos y que ‘la orden judicial se está
cumpliendo... Le haré saber de cualquier otra información
disponible que se me permita divulgar’”, reza el texto.
Lo cierto hasta ahora es que nadie sabe quiénes ni por qué
confiscaron los equipos de Indymedia, una red colectiva de comunicación
con más de 140 sitios web en todo el mundo, que desde 1999 representa
una importante fuente de noticias del movimiento contrario a la globalización.
Indymedia fue creada originalmente para divulgar puntos de vista contrarios
a la Organización Mundial del Comercio, que celebraba ese año
su conferencia ministerial en la ciudad estadounidense de Seattle. Aun
hoy, tiene una estructura abierta, pues cualquier persona desde cualquier
parte del mundo puede publicar libremente textos, imágenes e
incluso vídeos en cualquiera de sus páginas locales.
“No hay nada oficial. No hemos visto el papelito con la orden judicial.
Investigaciones y juicios a Indymedia hay continuamente, el tema aquí
es aclarar sobre este secuestro de servidores”, dijo a IPS el activista
Libertinus, de Indymedia Uruguay, uno de los sitios que continúa
fuera de servicio.
Seis de los 21 medios afectados están funcionando con respaldos,
como el de Brasil. Los sitios que cayeron el 7 de octubre corresponden
a Alemania, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Gran Bretaña, Portugal, República Checa, Serbia
y Uruguay.
“La EFF adoptará medidas legales para descubrir qué
pasó realmente con los servidores de Indymedia y para asegurar
que los medios de comunicación por Internet sean protegidos de
violaciones notorias a la Constitución” estadounidense como
ésta, señala una declaración de la fundación.
“Las órdenes secretas para silenciar medios de comunicación
deben estar más allá de la esfera de lo posible en un
país que cree en la libertad de expresión”, dijo
Opsahl.
Según Libertinus, “la nueva situación ha retrasado
el proceso” de recuperación del servicio, pues “los
técnicos se han dedicado a instalar los servidores e investigar
su contenido”. A su juicio, los sitios volverán a funcionar
este fin de semana.
Algunas cosas, sin embargo, parecen aclararse.
“En su primer comunicado, Rackspace dijo que debió entregar
el equipamiento ante una orden federal. Como Gran Bretaña no
es una federación y la empresa es estadounidense, comenzamos
a sospechar que la orden venía de Estados Unidos”, dijo
Ortellado.
“En un comunicado posterior, mencionando tratados de cooperación
internacional, confirmamos las sospechas”, agregó.
Este jueves, Indymedia Italia afirmó que un proceso en la ciudad
de Bologna precipitó la medida de confiscación.
La fiscal bolognesa Marina Plazzi, que investiga a una “Federación
Informal Anarquista”, envió un pedido de información
a autoridades estadounidenses respecto de notas publicadas en el sitio
Indymedia Italia, uno de los alojados en los servidores en Gran Bretaña,
sostuvo el Centro de Medios Independientes.
Las autoridades estadounidenses, extralimitándose en cumplir
el pedido, libraron una orden de requisa, agregó Indymedia.
Otra posibilidad que manejan los activistas es que el pedido procediera
de autoridades de Suiza, preocupadas por imágenes publicadas
en uno de los sitios de Indymedia Francia, en que agentes policiales
suizos encubiertos aparecían fotografiando a manifestantes en
una protesta callejera.
Estamos ante una violación de los derechos civiles a escala global,
opinó Ortellado.
“La policía suiza protesta contra noticias aparecidas en
un sitio web francés alojado en un servidor británico
y logra que el gobierno estadounidense confisque las máquinas
y deje fuera de servicio a más de 20 medios independientes”,
describió el activista.
En su opinión, la devolución de los equipos no quita gravedad
al hecho, “pues no resuelve la confiscación de los datos.
Todo indica que la información fue copiada y se encuentra en
posesión de autoridades, quienesquiera que éstas sean”.
Organizaciones de derechos humanos y de periodistas han expresado solidaridad
con Indymedia y repudió a la medida.
El Centro de Medios Independientes solicita adhesiones a través
de Internet a una carta dirigida a autoridades de los países
presuntamente implicados.
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