Superpotencia de la bioenergía en Brasil]

Por Mario Osava

Rio de Janeiro, Brasil, 4 de nov (Tierramérica) — El alza del precio del petróleo y la inminente entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, por la ratificación de Rusia, aceleran un proceso que conduce a Brasil a afirmarse como una potencia de la bioenergía.

Las exportaciones de alcohol producido a partir de caña de azúcar deben pasar de 800 millones de litros el año pasado a 2.000 millones este año, y la expansión tiende a mantenerse con independencia de los precios del petróleo.

Son muchos los países que, como Japón, se aprestan a mezclar etanol con su gasolina, o aumentar el agregado de ese alcohol al combustible, para reducir la contaminación del aire.

Se augura que las fuentes renovables tendrán un decidido impulso global con la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto (1997), que controla la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.

El Senado de Rusia anunció el 27 de este mes la ratificación del tratado. Una vez promulgada por el Ejecutivo ruso, el protocolo de Kyoto entrará en vigencia, pues se completa así el número de países requerido: aquellos que emitan el 55 por ciento de los gases invernadero.

En Brasil, el combustible de fuente renovable recupera la popularidad que tuvo en los años 80, y no sólo por su menor precio. Crece aceleradamente la demanda de automóviles “bicombustible”, que pueden usar gasolina, alcohol o cualquier mezcla de ambos, lanzados el año pasado.

En 1985 y 1986 los vehículos impulsados a alcohol habían alcanzado la fantástica proporción de 76 por ciento del total producido en Brasil. Pero problemas de abastecimiento y precios afectaron la credibilidad del programa Proalcohol, de sustitución de combustibles, iniciado luego de la crisis petrolera de 1973.

La producción de automóviles a alcohol tocó fondo en 1997, cuando fue 0,06 por ciento del total, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores.

Desde entones registró una lenta recuperación, acentuada desde el año pasado, cuando 84.173 automóviles que usan alcohol carburante, incluyendo “bicombustibles”, fueron 4.6 por ciento del total. Este año esa cantidad debe quintuplicarse, ya que la producción de enero a septiembre sumó 253.817 unidades. Las de septiembre fueron 32 por ciento del total de ese mes.

La posibilidad de usar uno u otro combustible contribuye, junto con el precio, a rescatar la confianza en el alcohol, ya que elimina el riesgo de desabastecimiento o súbita elevación de precios.

Además, toda la gasolina en Brasil lleva de 20 a 25 por ciento de adición de alcohol anhidro, reduciendo el consumo de petróleo y la contaminación. Y se empieza a fabricar en el país aviones para fumigación que usan etanol.

El subsidiado desarrollo de Proalcohol costó unos 40.000 millones de dólares, pero el país “ya recuperó esos gastos” y cosecha ahora los frutos, incluso por la tecnología desarrollada, dijo a Tierramérica el investigador Osvaldo Stella Martins, del Centro Nacional de Referencia sobre Biomasa.

La caña necesaria para hacer de Brasil el mayor productor mundial de azúcar y alcohol genera gran cantidad de bagazo, fuente de calor y electricidad, que va al mercado energético, además de alimentar las propias centrales azucareras y destilerías.

Ahora el nuevo programa de biodiesel entusiasma a investigadores y empresarios. El gobierno anunció que autorizará en noviembre su adición al combustible diesel petrolero, en proporción de dos por ciento que se elevará a cinco por ciento dentro de algunos años.

Además de reducir importaciones y mejorar el ambiente, ese programa será de inclusión social, al generar cientos de miles de empleos y favorecer la agricultura familiar en áreas pobres, según el ministro de Ciencia y Tecnología, Eduardo Campos.

Por eso se piensa priorizar la producción a partir de ricino (Ricinus communis) en el noreste, la región más pobre del país, pero el biodiesel de ricino deberá ser fuertemente subsidiado, ya que cuesta el triple del petrolero, señaló Stella, ingeniero mecánico con doctorado en Ecología y Recursos Naturales.

El aceite de ricino, materia prima de centenares de productos químicos, medicinales y cosméticos, tiene gran demanda mundial insatisfecha, y sería más lógico promover su producción como insumo industrial, en vez de usarlo para biodiesel y cargar a la sociedad con el costo de los subsidios, para “resolver un problema de Petrobras”, la empresa petrolera estatal, opinó.

El problema es que Petrobras debe producir combustible diesel sin azufre, por motivos ambientales, y le conviene sustituir ese aditivo lubricante por biodiesel, transfiriendo costos a la sociedad, explicó el experto.

De todas formas, también se investiga para producir biodiesel a partir de varios otros vegetales, e incluso de grasa procedente de residuos orgánicos urbanos.

La alternativa que más entusiasma a Stella y a Laercio Couto, presidente de la Red Nacional de Biomasa para Energía e ingeniero forestal, es aprovechar desechos madereros y agrícolas.

La producción de madera sólo aprovecha 45 por ciento del árbol, y deja una “fantástica” riqueza en biomasa, dijo Couto a Tierramérica.

Los residuos compactados en esferas o cilindros, para reducir volumen y humedad además de facilitar el transporte, empiezan a ser exportados a Europa. Pero se vendieron 40.000 toneladas el año pasado, y la demanda es dos millones de toneladas, destacó.

Brasil, con su disponibilidad de tierras, sol y agua, es un inmenso productor de biomasa, y la fotosíntesis hace del país una potencia energética según José Bautista Vidal, el “padre” de Proalcohol.

Sin embargo, las largas distancias y la insuficiente infraestructura que encarecen el transporte aún traban el negocio energético más allá del aprovechamiento local, apuntó Couto.

No a la privatización del agua en Uruguay

Por Raúl Pierri

Montevideo, Uruguay, 31 de oct (IPS) — Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país.

En forma paralela a la elección de un nuevo gobierno, los uruguayos se pronunciaron afirmativamente este domingo por introducir en la Carta Magna que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son “derechos humanos fundamentales”.

El plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y saneamiento y varios grupos de la sociedad civil, obtuvo el respaldo de 60 por ciento del electorado. Para su aprobación necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los votantes.

El ganador de las elecciones de este domingo, Tabaré Vázquez, de la coalición izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), fue uno de los impulsores de la reforma.

La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó “un precedente histórico en la defensa del agua, a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa”, señalaron 127 organizaciones de 36 países que enviaron una carta en respaldo a la Comisión.

Estos grupos destacaron que la reforma uruguaya “asegura la defensa de la soberanía sobre un recurso natural ante la embestida de las corporaciones trasnacionales”.

Sin embargo, y a pesar de haberla votado, la mayoría de la población desconoce los alcances de los cambios, según las encuestas, y el nuevo parlamento elegido este domingo deberá elaborar una legislación que defina los mecanismos de su aplicación.

A partir de ahora, los servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados en Uruguay “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, y se cancelarán todas las concesiones en la materia a firmas privadas.

Las principales afectadas son las compañías de capital español Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios de agua potable en el sudoriental departamento de Maldonado.

Este punto fue el que motivó las principales críticas del gobernante Partido Colorado, de empresarios y de algunos sectores del centroderechista Partido Nacional, quienes rechazaron la iniciativa argumentando que “ahuyentará inversiones” y “habilitará expropiaciones al estilo de otros regímenes estatales autoritarios”.

Pero tanto Vázquez como el senador Danilo Astori, su futuro ministro de Economía, aseguraron durante la campaña electoral que la norma no tiene carácter retroactivo, y dieron a entender que no se verían afectadas las empresas españolas.

De hecho, ambos se esforzaron por llevar tranquilidad a las compañías de ese país en una visita que realizaron a Europa.

Astori admitió que hay visiones contrapuestas entre juristas del EP-FA, y que todo se resolvería con una legislación aclaratoria, mientras el presidente electo dijo ante empresarios durante la campaña que la reforma no afectará a las compañías extranjeras.

“Las consultas jurídicas que hemos hecho al interior de nuestra fuerza política establecen que los criterios, si se aprueba esta reforma, no se aplican retroactivamente por razones obvias, sino hacia delante”, dijo Vázquez.

“Así que el cumplimiento de los compromisos asumidos no tiene que ser sólo por parte del Estado uruguayo sino de las empresas que asumen esos compromisos”, añadió.

Sin embargo, miembros de la Comisión y de la propia coalición izquierdista subrayaron que, según la norma, sí se suspenderán las concesiones a todas las firmas.

“La discusión sobre la retroactividad es capciosa. El concepto de retroactividad no tiene nada que ver con el texto. Sencillamente, una vez aprobada la reforma, caen las concesiones vigentes”, explicó a IPS el delegado del Frente Amplio en la Comisión, Carlos Coitiño.

Por su parte, el jurista Guillermo García Duchini, co-redactor del proyecto de reforma, señaló a IPS que el “rescate de las concesiones” por parte del Estado está ya previsto en el mismo pliego de concesión, cuando se establece que éstas se suspenderán en caso de que vayan contra el interés público.

Y éste es el caso de la reforma, explicó García Duchini, ya que ésta establece que los recursos hídricos del país forman parte del dominio público, y que por eso su gestión “deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico”.

Al suspenderse las concesiones, se indemnizará a las firmas, pero no por el lucro cesante, sino sólo por las inversiones no amortizadas.

La dirección, organización y explotación de los recursos hídricos queda a cargo de la empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE), aunque podrá en algún caso pasar a las alcaldías, señaló García Duchini.

Algunas obras en particular, como de mantenimiento, pueden ser licitadas, pero OSE no perderá la gestión ni “el contacto directo con el público”.

Aguas de la Costa pertenece a la española Aguas de Barcelona, que a su vez es filial de la francesa Suez-Lyonnaise des Eaux. Desde que se instaló en Maldonado en 1992, las tarifas del servicio pasaron a ser siete veces más altas que en el resto del país.

Uragua, propiedad de las firmas españolas Cartera Uno, Iberdrola y Aguas de Bilbao, atiende el suministro de agua potable de las sudorientales ciudades de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis.

En enero de 2002, en plena temporada turística, OSE recomendó a la población de Maldonado que hirviera el agua distribuida por esa firma española antes de ingerirla, pues se habían detectado en ella colibacilos fecales.

Activistas estiman que en algunos años unas pocas empresas en el mundo controlarán casi 75 por ciento del líquido empleado para consumo humano. Las principales firmas son las francesas Vivendi-Générale des Eaux y Suez Lyonnaise des Eaux, que controlan 40 por ciento del mercado y brindan servicios a unas 110 millones de personas en más de 100 países.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han dedicado a fomentar la privatización del agua en el Sur en desarrollo, poniéndola como condición para conceder sus préstamos, dice la activista canadiense Maude Barlow en su libro “El oro azul”, que presentó el mes pasado en Montevideo.

“La concentración del poder en manos de una única empresa y la incapacidad de los gobiernos de recuperar el dominio de los servicios de suministro permiten a las firmas imponer sus intereses sobre el gobierno, reduciendo así el poder democrático de los ciudadanos”, dice Barlow.

En ese contexto, la reforma aprobada en Uruguay marca un precedente mundial.