Países andinos chocan con Washington por patentes

Por Constanza Vieira

Bogota, Colombia, nov (Tierramérica) — El acceso a los recursos genéticos en la región andina, que alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta, es un punto de discordia en el tratado de libre comercio que Estados Unidos negocia desde mayo con Colombia, Ecuador y Perú.

La propuesta estadounidense establece acceso libre para patentar plantas y animales, a los que designa como “inventos” en el capítulo sobre propiedad intelectual del borrador del tratado, norma que entraría en contradicción con la legislación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La CAN, integrada por los tres países que negocian el tratado y también por Bolivia (observador en el proceso) y Venezuela, prohíbe expresamente patentar seres vivos, salvo microorganismos desde 1998.

Propiedad intelectual y agricultura son las dos áreas en las que, tras cinco rondas de negociación, no hay acercamiento entre las partes. Ambas se abordarán en la sexta ronda, prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la sudoccidental ciudad estadounidense de Tucson, dijo a Tierramérica Hernando José Gómez, jefe negociador colombiano.

Las normas en los países de la CAN, que suman 4,7 millones de kilómetros cuadrados, establecen que la biodiversidad es patrimonio nacional y regional, y reconocen el saber tradicional asociado con el uso de recursos genéticos.

Los andinos se acogen además al Convenio de 1991 de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que establece un marco de propiedad intelectual de variedades de plantas muy semejante a las patentes, y reconoce derechos de científicos, fitomejoradores y agricultores.

Una fuente del equipo negociador colombiano dijo a Tierramérica que tiene instrucciones de “no contrariar la norma andina”, y que los representantes de su país, Ecuador y Perú trabajan en armonía.

Además, Gómez recordó que las tres delegaciones sudamericanas cuentan con respaldo de los otros dos miembros de la CAN. “El 99 por ciento de los textos andinos ya están sobre la mesa”, aseguró.

Pero la propuesta estadounidense de patentar plantas y animales ha generado preocupación en amplios sectores de la comunidad andina.

El tratado “realmente es un negocio de patentes. Estados Unidos quiere, por decirlo así, imponer que todos los países adopten tratados sobre las patentes. Y ése es uno de los grandes problemas en el tema de la biodiversidad”, dijo a Tierramérica Manuel Rodríguez, ex ministro colombiano de Ambiente.

“Muchas cosas relacionadas con el acceso a recursos genéticos tienen que ver con las patentes. Por ejemplo, Estados Unidos no ha reconocido ni va a reconocer el conocimiento tradicional. Pero eso tampoco lo va a resolver el tratado, y uno puede suponer que van a encontrar la forma de aplazarlo (el tema) y sacar adelante el acuerdo”, agregó.

Washington logró que las negociaciones sean secretas, y su propuesta no es de dominio público, como tampoco lo es la de los andinos, aunque en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, parlamentarios e investigadores de universidades pueden ver ambos textos en una terminal de computador, sin posibilidades de copia y previa firma de un compromiso de “confidencialidad”.

Funcionarios de ese ministerio indicaron que los periodistas no tiene acceso a esa terminal, pero Tierramérica pudo leer la propuesta andina sobre propiedad intelectual, bajo la condición de no tomar apuntes. En general, esa propuesta interpreta la norma de la CAN en la materia.

“No puede ser de otra manera. La norma andina se aplica de manera prevalente”, dijo a Tierramérica Luis Ángel Madrid, funcionario del ministerio y negociador portavoz en la mesa sobre propiedad intelectual.

Pero Margarita Flórez, abogada ambientalista del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, con sede en Bogotá, discrepa con Madrid.

“Los estadounidenses quieren que se permita patentar plantas y animales” y prevalecerá ”el tratado bilateral, que será más específico y posterior (a la norma andina)”, dijo Flórez. ”Los tratados se firman para cumplirlos, y Estados Unidos tiene muchísimas maneras de hacerlos cumplir”, aseveró.

“Lo que se defiende en estos tratados no es el libre comercio. Los productos están sin arancel hace mil años. El problema es el derecho del inversor, defendido con patas y manos” en la propuesta estadounidense, alegó.

El ex ministro de Ambiente ecuatoriano, Edgar Isch, coincidió al señalar que las leyes del comercio internacional tienden a socavar las normas sobre ambiente nacionales y multilaterales.

Para la Organización Mundial de Comercio, sus normas están ”por encima” de los acuerdos internacionales sobre ambiente, dijo.

En Estados Unidos, según el ex ministro, “la administración Bush ha reducido o eliminado alrededor de 200 normas ambientales, en muchos casos para favorecer el libre comercio”.

Sin embargo, sostuvo que el tratado andino “no es inevitable y, tal como están dadas las cosas, no es la mejor vía para el desarrollo”.

El acuerdo podría estar listo en febrero y entraría en vigencia en 2006, si lo aprueban los parlamentos de los cuatro países. Pero los opositores al tratado en las naciones andinas han pedido, como mínimo, la suspensión de las negociaciones y la difusión de las propuestas.

En Colombia, por ejemplo, el movimiento indígena propuso un referendo contra el tratado.

Apuesta energética baja tensión fronteriza

Por Humberto Márquez

Caracas, Venezuela, 11 nov (IPS) — Colombia y Venezuela, gobernadas por líderes con programas políticos contrapuestos, encuentran en la sed mundial de energía proyectos sobre los cuales entenderse, mientras bajan volumen a sus diferencias sobre la lucha contra el terrorismo y las culpas por la violencia fronteriza.

El presidente colombiano Alvaro Uribe recibió esta semana en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias a su homólogo venezolano Hugo Chávez, para pasar revista a los proyectos de cruzar sus fronteras con gasoductos y oleoductos que conecten las zonas productoras del océano Atlántico con las consumidoras del Pacífico asiático y americano.

“Existe un claro interés colombiano en aprovechar su ubicación geográfica como vía de tránsito para lo que será el comercio de hidrocarburos después del año 2020, y sobre todo del gas natural como energético de punta”, dijo a IPS Carlos Romero, profesor de posgrado en asuntos internacionales en la Universidad Central de Venezuela.

Es un interés congruente con el de Venezuela, dueña de las mayores reservas de gas en la región —146 billones de pies cúbicos y esperanzas de agregar otros 170 billones-y también con el de Trinidad-Tobago, de reservas superiores a 26 billones de unidades.

Uribe y Chávez habían pactado en julio construir un gasoducto de 177 kilómetros, que costará entre 135 y 170 millones de dólares, para llevar el fluido desde Ballenas, en el norte colombiano, hasta Maracaibo, noroeste venezolano, hasta el año 2007.

Pero después de esa fecha, cuando mermen las existencias colombianas y Venezuela conecte los campos de gas de su oriente con las áreas consumidoras de occidente, el flujo de gas se revertiría y llegaría al norte colombiano por el mismo tendido.

Chávez y Uribe acordaron empalmar ese proyecto con una conexión gasífera a Panamá y sumarse al Plan Puebla-Panamá (de interconexión vial y energética entre México y América Central) para llevar el hidrocarburo por todo el istmo centroamericano e incluso alcanzar América del Norte.

Los presidentes también sostuvieron proyectos de interconexión eléctrica y nuevas carreteras, en momentos en que el comercio binacional crece y en los primeros ocho meses de 2004 pasó de 1.500 millones de dólares, lo que abre posibilidades de alcanzar un récord de más de 2.500 millones de dólares al cierre del año.

La idea de alianza para el largo plazo fue subrayada por la propuesta de un oleoducto de unos 1.300 kilómetros, que enlace la zona petrolera de Maracaibo, en el oeste venezolano, hasta las costas del Pacífico colombiano, lo que permitiría a Venezuela y Trinidad-Tobago exportar hidrocarburos al prometedor mercado asiático.

“Chávez en su visión de largo plazo intenta diversificar los mercados y hacerse menos dependiente de Estados Unidos”, destino de uno de cada dos barriles de petróleo que produce Venezuela, según el docente de estudios internacionales Italo Luongo.

Romero observa en el proyecto “una señal del control y estabilidad que ha logrado imponer en Colombia la presidencia de Uribe, aun con el país dividido y sin vencer en los conflictos que le oponen con la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”.

Ese control “le da a Uribe más capacidad y también necesidad de negociar con el gobierno, de signo político distinto, de la vecina Venezuela, por lo demás comprador de alimentos colombianos para sus programas sociales, lo que explica en parte el auge comercial. Colombia es la gran beneficiaria de estos acuerdos”, opinó Romero.

Uribe se inclina a la derecha y cuenta con el firme respaldo de Washington, en tanto Chávez defiende tesis de izquierda y teje alianzas con La Habana. Pese a sus diferencias ”ambos son líderes fuertes, pragmáticos, directos y sostienen con firmeza proyectos de largo plazo”, recordó a IPS otro analista internacional, Alberto Garrido.

Uribe tiene la aprobación de dos de cada tres colombianos, según encuestas, y avanza cambios en la Constitución para presentarse a la reelección para un nuevo cuatrienio en 2006, en tanto Chávez tiene abierta esa posibilidad, para gobernar hasta el 2013, y acaba de ganar con 59 por ciento de votos un referendo sobre su mandato (2000-2007).

En las reuniones de julio y este noviembre, ambos mandatarios subsumieron en acuerdos económicos sus diferencias políticas, después de que Chávez ha criticado por años el Plan Colombia de lucha contra la guerrilla, a la que rehúsa tratar como enemiga, pues no acepta tomar partido en el conflicto colombiano, lo que ha despertado reacciones de Washington.

A su vez, Chávez ha dicho que sectores de la “oligarquía colombiana” y el comandante del ejército de ese país, el general Martín Carreño—que acaba de ser relevado por Uribe—han apoyado distintos complots para desalojarlo del poder.

La extensa frontera común, de 2.219 kilómetros, ha sido campo para roces armados y asignación de culpas de lado y lado. En el último incidente, el 17 de septiembre pasado, presuntos irregulares colombianos atacaron en la frontera a un equipo petrolero venezolano y dieron muerte a cuatro militares y una ingeniera civil.

Chávez negó en Cartagena que apoyase a la guerrilla, y con su peculiar estilo dijo que ”Juro por Dios y mi madre santa que si yo apoyara a la guerrilla no tendría cara para venir aquí”, al tiempo que aseguró que, aunque está por la paz, “no permitiremos que actúen en nuestro territorio fuerzas irregulares de ningún género”.

Uribe expresó “reconocimiento por el interés del gobierno del presidente Chávez para ayudarnos en este problema de seguridad que tantos dolores de cabeza ha causado en Colombia y al hermano pueblo de Venezuela”.

La ocasión también sirvió para desmentidos sobre una carrera armamentista, después de que Caracas pactó con Rusia la compra de unos 40 helicópteros con los que reforzará las labores de vigilancia de su ejército en la frontera.

Pero Beatriz de Majo, experta en cuestiones colombo-venezolanas, observó a IPS que la polémica y los riesgos de confrontación están servidos “y los acuerdos económicos no son sino una cobertura sobre el problema de seguridad que se abrirá en la frontera”.

En lo que resta de año, recordó De Majo, los acuerdos de Uribe con las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia llevarán a desmovilizar unos 3.000 paramilitares en el oriente colombiano, incluida la cuenca del río Catatumbo, que nace en Colombia y desemboca en el venezolano lago de Maracaibo.

“Se creará un vacío de fuerza en una zona con cultivos de droga, y las guerrillas serán tentadas a ocupar esos espacios y controlar la zona. ¿Qué hará el ejército colombiano? Seguramente intervenir, vendrán nuevos choques armados y previsiblemente la confrontación desbordará la violencia hacia Venezuela”, dijo De Majo.

Según la especialista, “bastaría una chispa para que Chávez arme una hoguera y utilice el episodio para galvanizar a sus seguidores en el continente”.

Para Romero, en cambio, el tejido de acuerdos económicos crea intereses compartidos que pueden servir como muro de contención para una escalada del conflicto.