Derrota de EEUU

Por Kintto Lucas

Quito, Ecuador, 19 nov (IPS) — El consenso en la declaración final de la VI Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, que culmina este viernes en la capital de Ecuador, no refleja las visiones divergentes de Estados Unidos y la mayoría de los países de la región. Las diferencias se manifestaron por momentos como duras discrepancias. Por ejemplo, cuando el vicepresidente de Brasil y ministro de Defensa en ejercicio José Alencar se opuso tajantemente a cualquier intento de formar una fuerza militar multinacional para intervenir en el conflicto colombiano.

Alencar fue más allá y cuestionó (aludiendo a Estados Unidos) el papel de los países que creen que el terrorismo se combate interviniendo en otras naciones.

Washington se dedicó a impulsar su visión, en la que los aspectos de seguridad interior y de defensa confluyen en una única estrategia, y en la que se debilitan las competencias y soberanías nacionales en beneficio de un combate “global” al terror.

El secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, había afirmado el miércoles que América Latina debía cerrar filas y trabajar más duro para prevenir actos terroristas en el hemisferio.

“Las nuevas amenazas del siglo XXI no reconocen fronteras. Terroristas, narcotraficantes, secuestradores y pandillas criminales forman una combinación antisocial que busca crecientemente desestabilizar a las sociedades civiles”, añadió.

Rumsfeld apuntó que los enemigos “encuentran refugio en zonas fronterizas y áreas donde el gobierno no está presente”.

Esa referencia tiene que ver con el interés de Washington de ejercer un mayor control e inclusive intervenir militarmente en los conflictivos límites de Colombia y en la “triple frontera”, entre Argentina, Brasil y Paraguay, dijo el activista Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador.

Pero en los 36 puntos de la Declaración se resumen las coincidencias a las que arribaron los ministros americanos.

En el más controvertido (que trata sobre una nueva arquitectura de seguridad hemisférica para enfrentar el tráfico de drogas y el aumento de la pobreza, consideradas como dos nuevas amenazas para la defensa) no fue tenida en cuenta la tesis estadounidense.

La delegación de Estados Unidos, con apoyo de Colombia, Perú y Granada, insistió en que debía darse prioridad a la “lucha contra el narcoterrorismo”.

Sin embargo, prevaleció la visión de Brasil y del bloque sudamericano, que considera primordial abatir la pobreza como mecanismo para fortalecer la seguridad hemisférica.

Tampoco fue de recibo la iniciativa colombiana y estadounidense de crear una fuerza multinacional para intervenir en Colombia, un país que vive una guerra interna de más de cuatro décadas, con diversos actores armados, y en la que Washington ya toma parte con una fuerte asistencia militar y económica a Bogotá.

La propuesta rechazada incluía exhortar a la Organización de Estados Americanos que elaborara una lista de grupos e individuos terroristas e insurgentes de la región, para impedir que obtengan visas y circulen por los diferentes países.

Según la declaración, cada Estado deberá determinar la mejor forma de ejercer la soberanía en su territorio, sobre la base de sus requerimientos, leyes, circunstancias y recursos, y respetando los tratados y obligaciones internacionales.

Los ministros también instaron a determinar claramente cometidos y misiones apropiadas para sus fuerzas de defensa y seguridad, y los mecanismos para alcanzar estos objetivos.

Estados Unidos insistió en su postura, secundado por Colombia, de establecer una cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Hasta el final de los diálogos, la delegación de ese país insistió en que se incluyera en el documento la situación que atraviesa Colombia respecto del narcotráfico y la guerrilla.

El ministro colombiano Jorge Alberto Uribe, visiblemente molesto, señaló a los medios de comunicación que su país seguirá insistiendo en futuras reuniones para que se tomen en cuenta estas propuestas.

El ministro de Defensa de Ecuador, general retirado Nelson Herrera, señaló que su país no aceptaba involucrarse en el conflicto colombiano.

Fueron elocuentes las palabras del capitán de navío Jorge Gross Albornoz, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa ecuatoriano, que intervino en varias sesiones de trabajo: “El problema de Colombia es de los colombianos”, y “no se puede perseguir el terrorismo con terrorismo”.

El ministro argentino José Pampuro aseguró que Buenos Aires prestaría todo el apoyo político necesario para que los problemas de Colombia no se extiendan porque “es un conflicto del que Argentina tampoco estará exenta”, pero se mostró contrario a cualquier intervención militar extranjera.

El ministro de Defensa de Chile, Jaime Ravinet, explicó que “hay un ánimo de apoyar y cooperar con Colombia, pero no de intervenir en su interior”.

Jorge Luis García Carneiro, titular de la cartera venezolana, fue enfático al señalar que el ejército de su país no está “para hacer la guerra afuera de sus fronteras” y que el país está “llevando adelante un proceso importante que es la unión de sus Fuerzas Armadas con su pueblo”.

Un punto de la Declaración, propuesto por Ecuador, compromete esfuerzos coordinados para la eliminación de minas terrestres en los países de la región, proceso que incluirá las denominadas minas inteligentes, fabricadas y utilizadas por Estados Unidos.

A pesar de la derrota de sus propuestas, el encuentro de Quito sirvió a Washington para establecer acuerdos con los países centroamericanos sobre un plan de cooperación y “fortalecimiento” de la seguridad regional.

La intención es crear un área de seguridad conjunta, a la que Estados Unidos se comprometió a respaldar con recursos humanos, tecnológicos y logísticos.

El ministro de Defensa de Honduras, Federico Brevé, dijo que el acuerdo permitirá que los países del istmo intercambien información de inteligencia para fortalecer la seguridad conjunta.

Según Gastón Chillier, experto en seguridad continental de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos expuso en Quito “énfasis exclusivo en el terrorismo como único punto de la agenda”.

Washington no tuvo “en cuenta las prioridades principales de América Latina: el debilitamiento de las instituciones democráticas, la pobreza y la desigualdad social," añadió.

Trabajadores contra el libre comercio en Chile

Por Daniela Estrada

Santiago, Chile, 20 nov (IPS) — Trabajadores de diversos sectores productivos denunciaron este sábado en el Foro Social Chileno, que se realiza paralelamente a la XII Cumbre de APEC en la capital del país, los negativos efectos sobre sus condiciones borales de los tratados de libre comercio.

La liberalización del comercio es una de las metas principales de APEC (siglas en inglés del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), que reúne a Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, China, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa-Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

El presidente chileno Ricardo Lagos y su par chino Hu Jintao anunciaron hace dos días en Santiago el inicio de conversaciones para un tratado bilateral de libre comercio, y lo mismo se proponen hacer los miembros del foro Asia-Pacífico, creado en 1989, al terminar este domingo su cumbre, que se realiza por primera vez en Chile.

“Una economía abierta como la que tenemos ha significado alta competitividad de las empresas chilenas, con graves costos para los trabajadores”, dijo a IPS la directora del no gubernamental Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinoza.

Entre esas secuelas están la progresiva disminución de las remuneraciones, las olas de despidos en numerosas empresas que cerraron sus puertas porque no podían competir, y la enorme cantidad de trabajadores por cuenta propia que hay actualmente en el país, adujo.

“La vida de la familia chilena en las últimas tres décadas ha sufrido un cambio brutal. En 1973 éramos el segundo país con mejor distribución de la riqueza de América Latina, y hoy somos el segundo país con peor distribución, sólo superados por Brasil”, apuntó Espinoza.

El deterioro laboral fue tratado en uno de los 186 paneles de debate organizados por el Foro Social Chileno, que reúne a más de 200 organizaciones sociales de todo el país. El encuentro, que finaliza este domingo, fue inaugurado el viernes con una multitudinaria marcha que culminó con incidentes entre manifestantes y la policía.

Bajo el lema “Otro mundo es posible, otro Chile también”, este encuentro expresa un rechazo al modelo neoliberal imperante en el mundo, y a su expansión mediante tratados de libre comercio, y postula una globalización solidaria, centrada en la diversidad, los derechos humanos, la justicia social y la soberanía de los pueblos.

La representante de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, Magdalena Castillo, compartió su experiencia como empleada de la transnacional de calzado Bata, de capitales canadienses, que se vio perjudicada con la apertura económica de Chile al exterior en los años 90.

De los casi 6.000 trabajadores con que contaba esa empresa en 1996 hoy quedan sólo 1.400. Además, se ha contratado mayoritariamente a jóvenes, a quienes se paga el sueldo mínimo, de unos 200 dólares mensuales, refirió Castillo, quien agregó que a los operarios se les exige ser “polifuncionalidad”, o sea ejecución de muchas y diversas tareas.

El dirigente sindical de la Viña San Pedro, Mario Olivares, se refirió a las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector vitivinícola, uno de los más pujantes de la economía chilena y que es mostrado como ejemplo en APEC.

“La Viña San Pedro, una de las empresas chilenas líderes en la exportación de vinos, exige a sus empleados largas y extenuantes horas de trabajo, con turnos rotativos y sueldos mínimos”, señaló Olivares.

Las empresas vitivinícolas realizan la recolección de uvas con temporeras (trabajadoras temporales) bajo formas de subcontratación, mientras en el medio rural desaparece el inquilinato, antigua modalidad que permitía que los trabajadores vivieran en los fundos (haciendas), donde podían criar sus animales y cosechar sus propios alimentos.

Mauricio Díaz, delegado de la Federación Unión Bancaria, criticó la rebaja de los salarios que han sufrido los empleados de los bancos establecidos en Chile y la gran cantidad de tareas distintas que deben asumir como consecuencia de la eliminación de puestos de trabajo.

“Esto se torna más grave si se considera que en los últimos años se ha registrado una rentabilidad bancaria nunca antes vista en el continente”, indicó.

Díaz lamentó la poca conciencia que tienen los propios empleados de los abusos a los que son sometidos. “La gente cree que las injusticias y arbitrariedades son normales. Ya ni se dan cuenta que están siendo explotados”, aseguró.

En ese mismo sentido, Carlos Aguilar, representante de una institución ecuménica de Costa Rica que se opone a los tratados de libre comercio, llamó a los chilenos a crear un frente de lucha latinoamericano en contra de los acuerdos comerciales.

Aguilar destacó que en casi todos los países de la región hay organizaciones opuestas a los TLC y que otro tanto ocurre en agrupamientos subregionales como el Mercado Común del Sur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Comunidad Andina de Naciones, que reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El dirigente costarricense abogó por hacer surgir de este foro el germen para un frente continental de organizaciones críticas de los tratados comerciales.

Chile es el segundo país de América Latina con más tratados y acuerdos comerciales, sólo superado por México, y el gobierno del presidente chileno Ricardo Lagos mantiene negociaciones para nuevos convenios con China, India y Nueva Zelanda.

La representante del Centro de Responsabilidad Social Corporativa de Corea del Sur, Young-Ok Chang, invitada también al debate, expresó la molestia que existe entre los agricultores de ese país por el tratado de libre comercio firmado con Chile, que entró en vigencia en abril de este año. Según la activista, ese acuerdo perjudicará enormemente a los pequeños productores en beneficio de las grandes transnacionales que, según señaló, controlan la producción agrícola sudcoreana.

Young-Ok instó a los asistentes a preocuparse del destino que tiene el dinero que cada uno invierte al comprar ropa, alimentos o cualquier otro producto. “La idea es que elijamos artículos hechos por empresas que aportan socialmente, es decir, que protegen el ambiente y respetan los derechos de los trabajadores”, explicó.

El chileno Hernán Méndez, presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, criticó el discurso oficial que muestra ante esta cumbre a un Chile floreciente, lo cual a su juicio no corresponde a la realidad de los trabajadores.

“En la APEC no están representados los trabajadores, no estamos considerados. En Chile no ha habido ‘chorreo’. Sólo recibimos lo que nos quieren dar”, recalcó, contra la tesis neoliberal de que en una economía de mercado el crecimiento económico genera automáticamente aumentos de ingresos de toda la población.