Soldados desertores de EEUU esperan asilo en Canada

Por Marty Logan

Montreal, Canada, 3 de diciembre (IPS) — Activistas piden al gobierno y a toda la sociedad de Canadá que apoyen a los soldados de Estados Unidos que desertan del ejército y solicitan asilo ante Ottawa para no ser trasladados a Iraq.

La presión de los activistas aumenta conforme se acerca una audiencia en la Junta de Inmigración y Refugiados, prevista para el próximo lunes, en la que el soldado estadounidense Jeremy Hinzman sabrá si se le concede su tan anhelado asilo en Canadá.

Las autoridades ya aclararon que no considerarán el argumento de Hinzman de que se negó a servir al ejército de su país en Iraq porque esa guerra era “ilegal” según normas internacionales.

“Eso hará que nosotros apelemos, si es necesario, pero Jeremy hubiera preferido haberlo planteado de esa forma. Es claramente un error, y algo decepcionante”, dijo a IPS desde Toronto Lee Zaslofsky, de la canadiense Campaña de Apoyo a los Opositores de la Guerra.

El activista sostiene que hay un asunto político de fondo.

“Esto no se trata sólo de responder a la pregunta: ¿Podemos hacer que la Junta entienda que Jeremy y los otros entran en la definición de refugiados? El asunto aquí es: ¿Permitirá el gobierno de Canadá que estos hombres se queden?”, añadió.

Hinzman llegó a Canadá el 3 de enero con su esposa y su pequeño hijo desde una unidad del ejército en Estados Unidos, pocos días antes de que se cumpliera la fecha en que debía ser trasladado a Iraq.

Hinzman, quien participó de la ofensiva militar en Afganistán de 2001, había pedido ser reasignado a otras tareas arguyendo ser “objetor de conciencia”, pero su solicitud fue rechazada.

El proceso para ser reconocido como tal en el ejército puede demorar un año, explicó Bill Galvin, del estadounidense Centro sobre Conciencia y Guerra.

“Es un año en el que dices públicamente que no puedes hacer algo porque va contra tu conciencia, y sin embargo estás obligado a hacerlo”, afirmó.

Galvin dijo a IPS que el Centro, invocando la Ley de Libertad de Información, exigió en varias oportunidades al Departamento de Defensa que revele cuántos soldados han pedido ser reconocidos como objetores de consciencia en los últimos años, pero nunca recibió respuesta.

El activista señaló que el grupo ahora mismo está gestionando unas 20 solicitudes y estima que otras 10 organizaciones en Estados Unidos están haciendo el mismo trabajo, además de los soldados que hacen las gestiones por su propia cuenta.

Galvin, objetor de conciencia durante la guerra de Vietnam (1964-1975), aconseja a los soldados desertores, denominados por el ejército “ausentes sin permiso” (“absent without leave”, o AWOL), que piensen dos veces antes entrar a Canadá.

“Cientos de soldados pasan a ser AWOL todos los días. La deserción es un delito. Y si tu intención es no volver más y evitar ir a la guerra, es mucho más grave”, señaló.

“Parte del problema reside en que cuando los soldados van a Canadá y piden asilo, están dándole evidencia al gobierno de Estados Unidos. Por eso, ir a Canadá sólo empeora las cosas con el ejército”, añadió Galvin.

Camilo Mejía y Stephen Funk, dos soldados que desertaron del ejército de Estados Unidos y pidieron asilo en Canadá, fueron sentenciados a un año de prisión por un tribunal militar de su país a comienzos de año.

Mejía, de 28 años, es hijo del conocido músico nicaragüense Carlos Mejía Godoy. Fue declarado desertor cuando no se reintegró a su unidad en Iraq después de una licencia. El joven se negó a volver tras haber presenciado abusos y maltrato de prisioneros en un campamento de detención cerca del aeropuerto de Bagdad.

Empresas sin empresarios y sin fomento en Argentina

Por Marcela Valente

Buenos Aires, Argentina, 29 de noviembre (IPS) — “Tenemos máscaras antigás, gomeras [hondas] y piedras”, afirma el trabajador de una fábrica de cerámicas argentina gestionada por sus operarios y amenazada por las autoridades, que pretenden cobrarse una deuda millonaria contraída por sus antiguos dueños. El caso de la fabricante de cerámica Fasinpat (Fábrica Sin Patrones) ilustra la orfandad en que el Estado deja a trabajadores dispuestos a impedir que las plantas industriales en las que laboraron por décadas se transformen en gigantescos depósitos de maquinaria oxidada asomando entre las malezas de un pueblo fantasma.La tendencia de trabajadores poniendo en marcha industrias y empresas de servicios arruinadas comenzó tímidamente en Argentina a mediados de los años 90. Pero con el colapso económico de 2001, las fábricas autogestionadas emergieron como hongos tras la lluvia. “Somos 170 empresas que mantenemos más de 10.000 puestos de trabajo”, dijo a IPS Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. El contexto de 2001 no es un mero detalle. La actividad financiera se detuvo, la fuga de capitales había dejado al país casi sin divisas. Las industrias dejaron de producir por falta de insumos y por la brutal contracción de la demanda interna. La pobreza se “tragó” en dos o tres años a más de la mitad de la población argentina de 37 millones, y el desempleo pasó la barrera de 20 por ciento de la población económicamente activa. En semejante panorama (y pese a la magnitud del movimiento de empresas recuperadas), el fomento estatal se ha manifestado apenas en medidas aisladas y no hay una política pública para el sector, explicó Murúa.. Desde 2003, la actividad económica del país se recuperó notablemente. Pero no han terminado los problemas individuales que afrontan las unidades productivas. En algunos distritos, los trabajadores que conducen fábricas abandonadas por sus dueños consiguieron leyes que les permiten gestionarlas. También hay alcaldías asociadas al negocio, como ocurre con la fábrica de tractores Zanello, hoy la principal exportadora del sector. En otros lugares esos mecanismos se demoran, y la incipiente producción queda en la zozobra, ante la imposibilidad de emprender proyectos de largo plazo. Pero hay casos en los que el Estado se ha puesto en contra de la iniciativa productiva, como en Fasinpat. Hasta 2001, esa empresa se llamaba Zanón, líder en el sector cerámico, ubicada en la austral provincia de Neuquén. Por su mala gestión, la compañía contrajo una deuda de más de 100 millones de dólares con el Estado provincial, la banca estatal y el Banco Mundial, y en 2001 sus dueños resolvieron cerrarla. Pero 260 de sus trabajadores se resistieron a ese destino, y se las ingeniaron para mantener activa la producción, utilizando al menos 20 por ciento de la capacidad instalada. Poco después, cuando habían logrado duplicar el volumen de producción y aparecía firme la posibilidad de vender al exterior, convocaron a otros 220 empleados. Entonces, el gobierno neuquino del derechista de Jorge Sobisch inició una ofensiva contra la fábrica, reclamándole a través de la justicia el pago de una deuda de más de tres millones de dólares, contraída por Zanón con el estado provincial. En su última resolución, la justicia advirtió que liquidaría las deudas con máquinas que están funcionando en la fábrica. En virtud de ese litigio, se produjeron cinco intentos de desalojar la planta, resistidos por los 480 operarios, sus familias, y varios miles de pobladores de la región que defienden la empresa como propia. En diálogo telefónico con IPS, Alejandro López, secretario sindical de Fasinpat, explicó que los trabajadores reclaman al juez desde hace tres años la expropiación de la planta y que se los reconozca transitoriamente como una cooperativa capaz de gestionarla y hacerla producir. A diferencia de otras empresas recuperadas que mutan a cooperativas, la idea final de quienes conducen Fasinpat es estatizarla y mantener su administración bajo control obrero. Como reconocen que tal solución podría llevar mucho tiempo, admiten pasar transitoriamente por la forma de una cooperativa. “Ya lo discutimos en asamblea. Estamos dispuestos a defender la fábrica como sea. Nos compramos máscaras antigás, tenemos gomeras [hondas] y piedras, reforzamos las guardias de los compañeros en el perímetro de la planta, que actúan día y noche, y organizamos una red telefónica”, dijo el delegado sindical. El presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas relató a IPS su encuentro, un mes atrás, con el mandatario Néstor Kirchner, en el que le reclamó una ley general de expropiaciones. Esa norma facilitaría a los trabajadores de una empresa en quiebra la opción de mantenerla activa. Murúa también solicitó a Kirchner la entrega, por única vez, de un subsidio equivalente a 5.000 dólares por cada puesto de trabajo, que permitiría crear un fondo de financiamiento, pues la precariedad jurídica de estos emprendimientos impide el acceso a crédito bancario. “Si tuviésemos ese capital podríamos incorporar más empleados y exportar”, dijo Murúa, y recordó que todas las empresas han logrado prosperar con la autogestión. “El 60 por ciento incorporó más personal y en muchos casos con salarios más altos que los que tenían antes”, precisó.. Según Murúa, Kirchner creyó factible el establecimiento de un fondo y ordenó estudiar el asunto al Ministerio de Acción Social. En cambio, consideró más complicada la reforma legal. “Nos reunimos hace 26 días. Estoy contando los días a ver si [el gobierno] cumple”, dijo Murúa. Kirchner había anunciado en diciembre del año pasado que destinaría dos millones de dólares a una línea de créditos blandos para estas empresas. Esta tendencia productiva abarca principalmente pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, textiles, de alimentos, imprentas, de maquinaria agrícola, cerámica, y cada vez más servicios de transporte, restaurantes, escuelas, hospitales y hoteles. El camino es casi siempre el mismo. Los empresarios dejan de pagar salarios y otras obligaciones por un tiempo prolongado y luego abandonan la compañía con deudas millonarias. Alertados por una nutrida experiencia de casos similares, los empleados se preparan para evitar el vaciamiento y esperan que los propietarios se retiren para tomar el timón. La gran mayoría de estas empresas funcionan como cooperativas y, en algunos casos, son sociedades anónimas que incorporan capitales privados o una participación del Estado. En ocasiones, los propietarios huidizos, tentados por el reflorecimiento de lo que fue de ellos, procuran el retorno reclamando sus derechos de propiedad ante los tribunales. “Lamentablemente este no es un asunto de coyuntura o una consecuencia de la crisis. El fenómeno de las empresas autogestionadas va a seguir creciendo y consolidándose aun cuando la economía crezca, porque hay muchas empresas chicas en problemas que seguirán cayendo”, vaticinó Murúa.